Opinión
En el PLD se rompió la taza
Por Juan Bolívar Díaz
No hay dudas de que la confrontación que tiene al borde de la división al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rebasa con mucho los límites de ese partido y se convierte en una crisis de la democracia dominicana. La debacle del partido que ha dominado la nación en 20 de los últimos 24 años, nos sorprende cuando se viene configurando una desestabilización económica, además de la política, institucional, y de seguridad ciudadana y servicios básicos que sufrimos desde hace años.
Llegamos a las elecciones primarias en medio de la mayor crisis del turismo dominicano en sus cuatro décadas de gran desarrollo, tras la cancelación de una alarmante proporción de las reservas que tenían los hoteles para la ya próxima temporada de invierno y para la siguiente. También con saltos preocupantes en la tasa cambiaria y reducción en 15 mil millones de pesos en los ingresos fiscales del 2019, reconocida por el presidente de la nación.
Nos alcanza esta crisis con una de las peores tandas de apagones y de escasez de agua de los últimos años, con grave epidemia de dengue, e indignación generalizadas tras acontecimientos como el atentado que casi cuesta la vida a David Ortiz, la indignación por las últimas revelaciones sobre los sobornos de Odebrecht y por las complicidades en el escape de El Abusador, para sólo quedarnos en los últimos tres meses.
Y sin embargo, el principal ejecutivo de la corporación energética estatal, fue el jefe de la campaña electoral del delfín del presidente Danilo Medina, y los ministros de Salud y Turismo, y directores de los sistemas de agua y riego fueron encargados provinciales. Por suerte que el director de Impuestos Internos, Magín Díaz, dijo que lo suyo era velar por los ingresos fiscales, cuando también le dieron una responsabilidad proselitista. Por encima de todos se vio al presidente de la República y la más abusiva irrupción del gobierno, lo que explica que Castillo gastara en propaganda en dos meses muchas veces más que todos los demás precandidatos presidenciales juntos de los dos partidos participantes en las primarias.
Por una desenfranada ambición de monopolizar el poder, o de volver a controlarlo, las facciones peledeistas convirtieron el certamen en un inmundo y vergonzante mercado de compra y venta de votos a la vista de todo el que quiso ver. Tanto que Participación Ciudadana con menos de medio millar de observadores, pudo advertir esa práctica criminal en la tercera parte (32.73%) de los centros de votación.
En el afán de mantener el poder a toda costa, los danilistas le pusieron una soga al cuello al presidente de su propio partido, para luego quejarse de que esté pataleando, como si no fuera lo normal en quien está siendo asfixiado, que si queda vivo le irá encima a sus verdugos. Y Leonel Fernández quedó vivísimo, aún si perdió por menos del 2 por ciento, ahora cosechando las siembras de abusos del Estado que instituyó hasta llevar a Medina al gobierno en el 2012.
La JCE y el gobierno no tienen mejor alternativa que atender los reclamos de revisión. Con las actas debería ser suficiente. Pero aún contar los cerca de 2 millones de votos luce la salida más corta. Sobre todo si los leonelistas no tienen razón y han perdido. Por cierto que habría ayudado que informaran cuál fue el resultado de la comprobación del voto físico con el electrónico en el 20% de las mesas de votación, que de haber sido una muestra aleatoria y secreta, casi triplicaba lo necesario para establecer el resultado real.
¿Confianza? ¿Racionalidad? Eso es mucho pedir, después de todas las desproporciones y los juramentos de que el poder del presidente no se desafía, porque siempre se impone. Pero, aunque puedan tener razones para desconfiar, a los leonelistas no les resultará fácil demostrar que hubo, aún si se produjo, manipulación electrónica.
Mientras el hacha va y viene, parece que en el PLD se rompió la taza, sin árbitros en capacidad de proponer soluciones, porque todos se apandillaron. Y comprometieron a los organismos partidistas y al Estado. Ellos admiten que es casi imposible evitar la división, con los actuales niveles de irracionalidad y confrontación, que cuando concurren dispersan hasta las familias, aún cuando saben que separados pierden todos.
Ojalá que el costo no sea grave para la sociedad, en términos económicos y sociales, como ya lo ha sido en la institucionalidad democrática. Y que sirva para que la sociedad civil, en especial las llamadas fuerzas vivas, apuesten más por los principios y las normativas que por los intereses individuales y coyunturales. Sobre todo al magnificarse los desafíos que nos esperan para febrero y mayo próximos.-
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
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La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.