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En la mira del Pepca RD$1,447.5 millones entregó Estado al PLD
- Corresponden a contribuciones económicas entregadas por la JCE entre los años 2012-2016
- Los recursos fueron manejados durante la presidencia en el PLD de Leonel Fernández
Las contribuciones económicas del Estado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) objeto de investigación por la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), ascienden a los RD$1,447.5 millones y corresponden a la presidencia que en ese entonces ejercía el exmandatario Leonel Fernández.
Se trata de partidas entregadas al PLD a través de la Junta Central Electoral (JCE) entre los años 2012 y 2016, en cuyo periodo fungía como secretario de finanzas del partido Víctor Díaz Rúa.
Conforme a los reglamentos sobre la distribución de la contribución económica dictados por la JCE, el PLD recibió en el 2012 un monto de RD$374,189,333.33; entre el 2013 y 2015 se les entregaron por año RD$214,678,256.00 y en el 2016 fueron RD$429,356,512.80 para un total de RD$1,447,580,614.13.
Las pesquisas sobre los fondos al PLD se realizan a raíz de que el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, externara a la procuradora general de la República, Miriam Germán, las trabas que puso la organización para la auditoría a los fondos públicos que recibió entre los años 2012 y 2016.
En consecuencia, la Pepca y la Dirección de Persecución requirieron al presidente interino del PLD, Temístocles Montás, así como al contralor, Francisco Liranzo, y el gerente financiero, Audilio Vargas, quienes fueron interrogados este jueves. Fueron en compañía de José Dantés Díaz y Juan Luis Bello, se la secretaría de asuntos jurídicos.
El político llegó a la Procuraduría General de la República a las 11:00 de la mañana, y según se informó ingresó por la parte trasera del edificio. Los interrogatorios fueron realizados por Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.
Temístocles Montás dio a conocer que durante su comparecencia ante la Procuraduría General de la República (PGR), explicó por qué no había sido posible realizar las auditorías de la Cámara de Cuentas a los fondos recibidos de la JCE en los períodos electorales de 2012 y 2016.
Precisó que durante su gestión de diez meses como presidente interino del PLD, solo recibió una comunicación de la Cámara de Cuentas para realizar las auditorías.
“Tan pronto recibimos la comunicación de la Cámara de Cuentas, instruimos a los departamentos contables y financieros del partido para que procedieran la coordinar los trabajos y recibir los equipos auditores”, dijo Montás en un comunicado de prensa.
Aclaró que desde agosto de 2014 hasta agosto de 2019, la Cámara de Cuentas remitió tres comunicaciones a las pasadas autoridades del PLD, en la persona de Leonel Fernández; pero que desconoce las razones por las cuales no obtemperaron el requerimiento.
Montás mostró su disposición de colaborar con el propósito de garantizar que los auditores puedan realizar su trabajo.
En el periodo 2012-2016, las contribuciones económicas del Estado se entregaban a los partidos en cumplimiento de la antigua Ley Electoral 275-97 que disponía el reparto de un 80% en partes iguales entre las organizaciones que obtuvieron más del 5% de los votos válidos emitidos en los últimos comicios. El restante 20% se dividía entre un 12% y 8% entre los demás partidos.
diariolibre.com
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.