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En el país se observa un marcado retroceso en la disciplina e institucionalidad de la Junta Central Electoral.
Por Elba García
Hace algunos años atrás que existía la percepción de que algunas instituciones públicas habían tenido avances importantes en lo referente a su operatividad, pero en realidad lo que se ha producido es un retroceso que resulta más que preocupante.
La eficiencia en vez de aumentar con la tecnología lo que hace es disminuir y este fenómeno puede ser observado en instituciones como la Junta Central Electoral (JCE).
En los últimos días las personas que acuden en búsqueda de un servicio en este importante órgano, han tenido que sufrir una deficiencia que parece fuera de toda lógica.
El hecho de que la JCE maneje cuestiones tan delicadas y estratégicas de la vida nacional, como la organización de las elecciones, el registro civil y la expedición de la cédula de identidad personal y electoral, es más que preocupante el desorden y el caos jerarquizados que se pueden ver allí.
Es como si el país estuviera volviéndose loco, porque en la JCE no parece haber seguridad de nada y cuyo personal nunca tiene la certeza de la información a ofrecer.
Solicitar una información a través de la Ley 200-04 es una odisea que frustra a cualquier ciudadano, porque prácticamente no se recibe ninguna respuesta, pero peor aún si se intenta establecer alguna comunicación telefónica con su personal.
Es un cuadro que para creerlo habría que vivirlo, porque se trata de un verdadero caos institucionalizado y jerarquizado, donde todo puede ocurrir.
No hay forma de conseguir una información o documento con la celeridad que muchas veces requiere la circunstancia, ya que hasta una certificación de defunción para fines de una determinación de herederos es como una misión imposible.
Pero peor son las cosas cuando se demanda alguna constancia de cuestiones que son más delicadas, como ejemplo los documentos que depositan allí los partidos políticos, cuya mayoría, por no decir todos, se han dedicado a falsificar comprobantes de gastos que nunca han hecho y de ese modo crear mecanismos para enriquecer a determinados individuos.
La debilidad en esta materia es tan importante en la JCE que ahí no hay ningún control de los fondos que otorga el Estado a través de la Ley 33-18, lo cual lleva a muchos ciudadanos a pensar en la posibilidad de crear un partido como si fuera un ventorrillo o una sociedad comercial para beneficiarse de la corrupción que arroba la política nacional.
El problema va de lo pequeño a lo grande en la Junta Central Electoral (JCE), tanto es así que lo que se observa allí como que no ofrece la seguridad de que el país pueda tener las autoridades que legítimamente se merece.
En la Junta Central Electoral (JCE) lo más sencillo parece algo muy grande e incluso cualquiera se lleva la impresión que sus dependencias municipales ofrecen más seguridad que la sede nacional, aunque en lo referente a mucho de su personal podría asegurarse que si se mide el país por esos estándares fácilmente se llega a la conclusión de que ha colapsado totalmente.
Mostrando renovación de su cédula
Lograr una respuesta y la documentación necesaria para cualquier proceso es lo de nunca terminar y el personal de la JCE parece estar especializado para orientar a los que buscan servicios de exactamente aquellas cosas que no conocen y en consecuencia les complican la vida al ciudadano.
Debe decirse que estas deficiencias no son exclusivas de la JCE, sino que es un problema integral y transversal a todos los órganos y entes del Estado dominicano, pero lo penoso de esta realidad es que la tendencia es a empeorar en vez de mejorar porque las exigencias son cada día mayores.
La Junta Central Electoral (JCE) es un buen espejo para medir el fracaso que constituye la vida institucional del país, sobre todo en lo que respecta a la mejoría de los niveles de eficiencia que se hacen tan vitales e imprescindibles para tener una nación que en vez de que retroceda avance para que el país se ubique en el contexto de un verdadero crecimiento y desarrollo nacional.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.