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Sepultan hijo de regidora en SFM, mientras apresan a acusados del crimen
SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – Centenares de personas dieron sepultura al hijo de la regidora por el partido Revolucionario Moderno (PRM) Sonia María Susana viuda Alcalá, quien fue ultimado de un disparo durante un incidente por un estacionamiento en el sector San Martin de esta ciudad.
Alcalá María, fue ultimado de un tiro en el pecho por el nombrado Fran Reynaldo Grullón Lora cuando este intervenía en una discusión para que el victimario retirara su vehículo para poder movilizarse, lo que aparentemente dio origen a la discusión donde desenfundó una pistola que portaba de manera ilegal y le dio el tiro que le provocó la muerte instantáneamente.
En la comandancia nordeste de la policía Nacional informaron en la tarde de este domingo que fue apresado Fran Reynaldo Grullón, el presunto victimario de Alcalá María, quien en las próximas horas será sometido a la acción de la justicia acusado de cometer el hecho de sangre conjuntamente con José Luis Taveras Cepeda, quien figura como el propietario del vehículo donde emprendió la huida tras cometer el hecho de sangre.
‘’De acuerdo al reporte preliminar, el suceso se originó por una supuesta reclamación por parte de la víctima hacia ambos hombres, en lo que se refiere al tema de estacionamiento, por lo que Frank Reynaldo, portando la citada arma de fuego, salió del vehículo en que se transportaba junto a José Luis Cepeda y le disparó a Diego ocasionándole la herida mortal’’ dice el parte policial, entregado a los medios de comunicación.
A pesar de la situación del protocolo en los actos funerarios los representes de los diversos sectores sociales, culturales y deportivos donde el joven forma parte abarrotaron la funeraria municipal para darle el ultimo adio a un joven que se supo entregar al deporte y la sociedad francomacorisana totalmente en valores.
Por la funeraria municipal pasaron el Senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, el alcalde Siguió Ng de la Rosa, la gobernadora provincia Ziomara Cortez Marte, regidores amigos y familiares quienes mostraron su consternación por el hecho de sangre.
Ante de darle sepultura su cadáver fue llevada a la cancha deportiva del sector Los Rieles uno de los lugares donde Alcalá María tenía una gran participación en el entrenamiento deportivo de los jóvenes de esa barriada.
Aquí en tono enérgico el alcalde Ng de la Rosa, destacó las cualidades de Alcalá María, donde un grupo de jóvenes lanzaron globos blancos y negros al aire como un reconocimiento póstumo a su compañero ido a destiempo.
‘’Vamos a proponer en los próximos días en la sala municipal que esta cancha deportiva lleve el nombre de Diego Alcalá María, como un homenaje por siempre a su memoria, anunció el alcalde., Ng de la Rosa.
En nombre de la familia dio las palabras de gracias el dirigente deportivo William Hernández, quien dijo que es necesario que las autoridades establezcan responsabilidad y los culpables paguen por esta muerte que ha llenado de dolor a los francomacorisanos.
Al que destacar que la víctima era hijo del agrimensor Diego Alcalá María, quien falleció el pasado mes de diciembre, tras padecer del Covid 19, y la deportiva del arco y la flecha, regidora Sonia María Susana, quien consternada por la muerte de su hijo reclamó que se haga justicia, también en el mes de enero murió su madre la señora Carmen Susana Vda. María, sumando tres las personas fallecidas familiarmente entre los meses de diciembre y febrero.
Senador llama a la paz en los barrios
Con relación al crimen del joven Alcalá María el Senador de la provincia Duarte, Licenciado Franklin Romero, lamentó el mismo al tiempo de llamar a los diversos sectores especialmente aquellos donde se han producidos hechos de sangre a buscar otros tipos de métodos para evitar que el luto y el dolor llegue a más hogares francomacorisanos.
‘’Tenemos que poner un Stop a los hechos de violencia que están produciéndose en los barrios de San Francisco de Macorís, esta sociedad de hombres y mujeres dedicadas a trabajar y preocuparse por el desarrollo no merece que siga viendo caer día tras días a sus mejores hijos, vamos a reflexionar y hacer esfuerzo para que esta situación se le ponga punto final.
El congresista entiende que la violencia lo que genera es más violencia, indicando que con muchas frecuencias vemos como mueren los jóvenes en esta ciudad, algunos por asuntos ligados a la drogadicción, otros por rencillas personales, en fin, son muertos todos, y esto tiene que cambiar, la población no aguante más ver morir a sus mejores hijos’’, sostuvo.
Franklin Romero, propuso que es necesario que en esos sectores barriales se unifiquen y sus residentes busquen una herramienta que permita que la violencia no continúe con el curso que actualmente se está desarrollando.
Romero, puso como ejemplo que recientemente se han producido dos hechos de sangre en esa misma barriada que han llenado de consternación a todos los residentes en esta ciudad, por lo que abogó por la formación de un frente encabezado por todos los sectores de la sociedad, y las autoridades policiales y judiciales con la finalidad de buscar una salida y se paren de una vez por todos los hechos de sangre que mantiene alarmados a los ciudadanos.
El Senador Franklin Romero, se pronunció en esos términos al participar en un homenaje póstumo que se le realizo al joven Diego Alcalá María, antes de ser sepultado.
Las autoridades enfrentan una creciente demanda de intervenciones por riñas, violencia de género, contaminación acústica y desacuerdos entre vecinos, situaciones que representan un desafío para la prevención de homicidios y la seguridad ciudadana.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Policía Nacional enfrenta importantes desafíos operativos debido a la frecuencia de conflictos familiares, enfrentamientos entre ciudadanos y alteraciones de la convivencia comunitaria, que obligan a movilizar personal y recursos para impedir que situaciones cotidianas terminen en hechos de violencia.
Las discusiones por estacionamientos, el volumen excesivo de la música, los problemas de pareja y las diferencias personales figuran entre los incidentes que requieren intervenciones policiales constantes en distintos sectores del territorio nacional.
De acuerdo con estadísticas oficiales reseñadas este domingo, aproximadamente el 59 % de los homicidios registrados en República Dominicana está relacionado con conflictos de convivencia y problemas interpersonales, lo que evidencia que una proporción significativa de las muertes violentas se produce fuera del ámbito de los atracos y de las actividades atribuidas a organizaciones criminales.
Conflictos sociales concentran gran parte de los hechos violentos
Los datos citados indican que durante los últimos dos meses más del 70 % de los hechos violentos registrados estuvo vinculado con situaciones de conflictividad social, una proporción superior al comportamiento tradicional, situado entre el 58 % y el 60 %.
Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención y resolución pacífica de controversias en las comunidades.
Los enfrentamientos pueden comenzar con desacuerdos aparentemente menores, pero adquirir mayor gravedad cuando intervienen otras personas, existe consumo de alcohol o alguno de los involucrados utiliza armas.
En esas circunstancias, las patrullas policiales deben desplazarse hasta el lugar de los acontecimientos, identificar a los participantes y adoptar las medidas necesarias para restablecer la tranquilidad.
Violencia de género representa otro desafío para las autoridades
La localización de personas requeridas por la justicia por delitos relacionados con violencia de género constituye otra de las responsabilidades que demandan esfuerzos de la institución policial.
Según datos ofrecidos por la Policía Nacional el mes pasado, 53,877 personas figuraban con órdenes pendientes de localización por distintas infracciones penales.
De ese universo, 17,635, equivalentes al 32.7 %, estaban vinculadas a imputaciones por violencia de género.
La cantidad de requerimientos pendientes evidencia la magnitud de las labores de búsqueda y localización, así como la necesidad de garantizar respuestas oportunas para proteger a las víctimas.
En los casos de violencia intrafamiliar, las intervenciones requieren especial atención por la posibilidad de amenazas reiteradas, agresiones y situaciones que pueden poner en peligro la integridad física o la vida de las personas afectadas.
No obstante, el número de órdenes pendientes no representa necesariamente la cantidad de casos activos atendidos diariamente ni permite establecer por sí solo el volumen de personal policial asignado a esas actuaciones.
Ruido y fiestas callejeras generan conflictos entre residentes
La contaminación acústica también constituye una fuente recurrente de enfrentamientos comunitarios.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples ENHOGAR-MICS 2025, citados en el informe, el 40.4 % de los hogares manifestó estar expuesto a música elevada procedente de bares, colmados o viviendas vecinas.
Otro 38 % reportó afectaciones por ruidos originados en vehículos, talleres mecánicos y plantas eléctricas.
Estos problemas ocasionan denuncias constantes y pueden provocar disputas cuando los responsables de las emisiones sonoras desatienden los reclamos de quienes se consideran perjudicados.
Los operativos contra las fiestas callejeras conocidas como teteos y los equipos de sonido utilizados a volúmenes excesivos forman parte de las acciones dirigidas a preservar la tranquilidad pública.
Dependiendo de las circunstancias, estas actuaciones requieren coordinación con el Ministerio Público y las autoridades responsables de la protección ambiental.
Disputas por estacionamientos pueden terminar en agresiones
Los desacuerdos relacionados con el uso de parqueos y espacios comunes también representan un motivo de intervención policial.
Un conflicto reciente en el residencial El Sembrador, ubicado en Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, puso de relieve cómo las diferencias entre residentes pueden agravarse y provocar situaciones de peligro.
Según versiones ofrecidas por vecinos, el enfrentamiento se produjo en medio de desacuerdos sobre la utilización de estacionamientos asignados a los apartamentos.
Durante el incidente, un hombre fue captado en video portando una escopeta y un cinturón con municiones, circunstancia que generó preocupación entre los residentes.
Este tipo de acontecimientos evidencia la importancia de disponer de mecanismos de administración y resolución de controversias en complejos residenciales, especialmente cuando existen diferencias sobre derechos de uso de áreas compartidas.
Manifestaciones también requieren despliegue policial
Las protestas comunitarias y las movilizaciones ciudadanas representan otra responsabilidad para los organismos encargados de mantener la seguridad pública.
Las manifestaciones motivadas por deficiencias en los servicios de agua potable, electricidad, asfaltado y otras demandas sociales requieren medidas de organización del tránsito y protección de los participantes.
La presencia policial en estos escenarios debe orientarse a garantizar tanto la seguridad ciudadana como el ejercicio legítimo de los derechos de reunión y manifestación pacífica.
Cuando existe riesgo de enfrentamientos, corresponde a las unidades especializadas actuar bajo criterios de necesidad, legalidad y proporcionalidad.
Prevención y mediación como alternativas
El volumen de incidentes derivados de problemas de convivencia plantea la necesidad de complementar las actuaciones policiales con mecanismos institucionales de prevención.
La mediación comunitaria, la educación ciudadana, la intervención temprana y la coordinación con organizaciones sociales pueden contribuir a evitar que determinados desacuerdos terminen en agresiones.
Sin embargo, en situaciones de violencia intrafamiliar o de género, la mediación no debe sustituir las medidas de protección ni los procedimientos legales que correspondan, especialmente cuando existe riesgo para las víctimas.
Los especialistas en seguridad ciudadana consideran fundamental diferenciar los conflictos susceptibles de soluciones dialogadas de aquellos que requieren una intervención policial y judicial inmediata.
Seguridad ciudadana más allá de la delincuencia organizada
Las estadísticas expuestas revelan que los desafíos de seguridad no se limitan al combate contra estructuras criminales, narcotráfico y delitos patrimoniales.
Una parte importante de la violencia surge de relaciones familiares, diferencias personales y dificultades de convivencia que pueden intensificarse cuando no existen mecanismos eficaces de prevención.
Esta realidad obliga a desarrollar estrategias de seguridad que incorporen la educación para la convivencia, la protección de personas vulnerables y una mayor capacidad de respuesta institucional.
El principal desafío consiste en evitar que las diferencias cotidianas se conviertan en acontecimientos violentos, al tiempo que se garantiza que la Policía Nacional disponga de recursos suficientes para atender las emergencias y cumplir sus demás responsabilidades de seguridad ciudadana.
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Reportan posible secuestro de cinco soldados de El Salvador por bandas armadas en Haití
Los militares habrían desaparecido en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, mientras persiste la incertidumbre sobre su paradero. Las autoridades todavía no han confirmado oficialmente el incidente.
SANTO DOMINGO.– La presunta desaparición de cinco militares salvadoreños desplegados en Haití ha generado preocupación en medio del deterioro de la seguridad que afecta a ese país, luego de que trascendieran informaciones sobre un posible secuestro perpetrado por organizaciones criminales que operan en la capital haitiana.
Según informaciones divulgadas este domingo por el periódico dominicano El Día, citando fuentes relacionadas con la crisis haitiana, los integrantes del contingente internacional habrían quedado aislados en una zona situada al norte del aeropuerto de Puerto Príncipe, donde posteriormente se habría perdido contacto con ellos.
Las versiones preliminares señalan que, cuando unidades de apoyo llegaron al lugar donde presuntamente se encontraban los soldados, estos ya no estaban presentes.
También se teme que dos de los cinco efectivos hayan resultado heridos, aunque esa información tampoco ha sido confirmada por fuentes oficiales.
Sin confirmación de las autoridades
Hasta el momento de la publicación de las informaciones, ni el Gobierno de El Salvador ni las autoridades haitianas o los responsables de la misión internacional de seguridad habían ofrecido una declaración pública que permitiera confirmar el supuesto secuestro.
El medio que difundió la noticia indicó que intentó obtener una versión del Gobierno salvadoreño, sin conseguir una respuesta oficial.
La ausencia de confirmación mantiene abiertas las interrogantes sobre las circunstancias de la desaparición denunciada, la condición física de los militares y la posible participación de grupos armados.
El Salvador participa en operaciones internacionales contra las pandillas
El personal salvadoreño forma parte de los esfuerzos internacionales desplegados para apoyar a las instituciones haitianas en el enfrentamiento de las organizaciones criminales que mantienen bajo su influencia importantes sectores de Puerto Príncipe.
La participación de El Salvador comenzó con labores relacionadas principalmente con evacuaciones médicas y posteriormente fue ampliada para incorporar otras capacidades de apoyo operativo.
El pasado 29 de septiembre, la Asamblea Legislativa salvadoreña autorizó la continuidad de la participación de efectivos, aeronaves y recursos militares en las operaciones internacionales desarrolladas en territorio haitiano.
En abril de 2026, el Ministerio de Defensa de ese país había informado sobre el despliegue de la denominada Fuerza de Tarea Libertad, destinada a realizar operaciones de evacuación médica, búsqueda y rescate, patrullaje aéreo y apoyo a las autoridades de seguridad de Haití.
Un informe de Naciones Unidas había documentado anteriormente la presencia de 77 efectivos salvadoreños asignados a funciones de asistencia y evacuación médica.
Grupos criminales mantienen influencia sobre zonas estratégicas
El supuesto incidente ocurre en un contexto de persistente violencia, caracterizado por el control o influencia que ejercen las pandillas sobre numerosos sectores de la capital haitiana y corredores de comunicación estratégicos.
Las organizaciones armadas han logrado mantener capacidad de movilización y operación pese a los esfuerzos de las autoridades nacionales y de los contingentes internacionales desplegados para contenerlas.
Un informe correspondiente al período abril-agosto de 2026 advirtió sobre la influencia de estos grupos en rutas de acceso a Puerto Príncipe y otras áreas consideradas esenciales para la movilidad y el funcionamiento de servicios.
De acuerdo con los datos reseñados, al 31 de agosto la fuerza internacional contaba con 1,213 efectivos uniformados provenientes de seis países, incluido El Salvador.
Posible impacto sobre la misión internacional
De confirmarse el secuestro, el incidente representaría un nuevo desafío para las operaciones internacionales de seguridad en Haití, particularmente por haberse producido presuntamente en las proximidades de una infraestructura estratégica como el aeropuerto de la capital.
También pondría de relieve los riesgos que enfrentan los contingentes extranjeros encargados de colaborar con las fuerzas haitianas en un territorio donde las organizaciones criminales mantienen una considerable capacidad de acción.
La Fuerza de Supresión de Pandillas, conocida por sus siglas en inglés GSF, dispone de un mandato para desarrollar operaciones contra estructuras criminales, proteger instalaciones estratégicas y fortalecer las capacidades de respuesta de las instituciones de seguridad haitianas.
Sin embargo, las dificultades para recuperar el control de zonas dominadas por grupos armados continúan representando un importante obstáculo para la estabilización del país.
Mientras se espera una declaración de las autoridades correspondientes, persiste la incertidumbre sobre la situación de los cinco militares salvadoreños.
Hasta que exista una confirmación oficial o evidencia independiente suficiente, el supuesto secuestro debe considerarse una información preliminar y no un hecho comprobado.
Fuente de la información inicial: periódico El Día, 18 de octubre de 2026.
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Tribunal descarta prisión preventiva contra psiquiatra investigada por internamiento involuntario de ingeniero
La doctora Ylsa Emperatriz Quero Cabrera deberá presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales y cumplir una garantía económica de RD$50,000. Su defensa sostiene que la imputación carece de pruebas suficientes y cuestiona la actuación del Ministerio Público.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este dispuso medidas de coerción no privativas de libertad contra la psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera, investigada por su presunta participación en el internamiento involuntario de un ingeniero en un centro de salud mental.
El magistrado Leomar Cruz Quezada ordenó que la profesional cumpla con presentación periódica y una garantía económica de RD$50,000, rechazando la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público.
La decisión se produjo en medio de cuestionamientos de la defensa sobre los elementos probatorios utilizados para vincular a la médica con los acontecimientos investigados.
Defensa rechaza imputaciones contra la especialista
El abogado Jean Cristofer Pérez, representante legal de Quero Cabrera, afirmó que el órgano acusador no ha presentado evidencias suficientes para establecer la presunta participación de su defendida en los hechos.
El jurista argumentó que la psiquiatra ni siquiera aparece mencionada en una acusación presentada anteriormente dentro del mismo expediente, circunstancia que, a su entender, debilita los fundamentos de la nueva imputación.
Asimismo, cuestionó que la investigación contra su representada se apoye en declaraciones atribuidas a otra persona involucrada en el proceso.
Según explicó, una de las imputadas habría manifestado que actuó siguiendo instrucciones de la profesional de la salud mental, versión cuya credibilidad y circunstancias deben ser examinadas por las autoridades judiciales.
Pérez también objetó la calificación jurídica relacionada con una presunta complicidad en violencia intrafamiliar, al considerar que el Ministerio Público no ha explicado adecuadamente los fundamentos de esa atribución.
Investigación por traslado e internamiento contra la voluntad del paciente
El caso se relaciona con el traslado de un ingeniero desde una empresa constructora ubicada en Alma Rosa II, Santo Domingo Este, hacia un establecimiento dedicado a la atención de pacientes con condiciones de salud mental.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hombre habría sido trasladado e ingresado al centro sin su consentimiento.
Las autoridades investigan las circunstancias en que se produjo el procedimiento y la posible intervención de distintas personas en su ejecución.
Entre las involucradas figura Nancy Estervina de Jesús, expareja del ingeniero, quien también enfrenta imputaciones relacionadas con los hechos.
Según la versión atribuida a esta última por los investigadores, el ingreso del paciente se habría realizado siguiendo indicaciones de Quero Cabrera.
La defensa de la especialista rechaza esa interpretación y asegura que sus actuaciones se desarrollaron dentro de un protocolo de atención médica.
Profesionales de la salud expresan preocupación
La audiencia estuvo acompañada de manifestaciones de respaldo a la psiquiatra por parte de médicos y especialistas en salud mental, quienes acudieron a las inmediaciones de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.
Los profesionales expresaron inquietud por las posibles consecuencias que procesos de esta naturaleza podrían tener sobre la atención de personas que atraviesan situaciones de emergencia psiquiátrica.
El abogado Pérez advirtió que la judicialización de determinadas actuaciones médicas podría generar temor entre especialistas al momento de intervenir en casos que requieran decisiones urgentes.
No obstante, la controversia también plantea la necesidad de garantizar que cualquier internamiento involuntario se realice bajo los requisitos legales, las evaluaciones clínicas correspondientes y el respeto a los derechos fundamentales del paciente.
Debate sobre responsabilidad médica y derechos de los pacientes
El proceso judicial ha puesto de relieve la importancia de establecer una diferenciación entre las intervenciones médicas justificadas por razones clínicas y aquellas actuaciones que pudieran constituir restricciones ilegales a la libertad individual.
En situaciones de emergencia psiquiátrica, la protección de la salud del paciente debe armonizarse con su dignidad, autonomía y las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico.
La existencia de una indicación profesional no elimina automáticamente la necesidad de comprobar las condiciones en que se produjo un traslado o internamiento.
De igual manera, la apertura de una investigación penal contra un especialista no constituye por sí misma una demostración de culpabilidad.
En el caso de Quero Cabrera, corresponderá a las autoridades determinar si existieron actuaciones contrarias a la ley y establecer las eventuales responsabilidades individuales conforme a las pruebas.
Con la imposición de presentación periódica y garantía económica, la psiquiatra continuará vinculada al proceso judicial en libertad, mientras avanzan las investigaciones sobre las circunstancias del internamiento cuestionado.
La decisión sobre las medidas de coerción no representa una sentencia sobre el fondo del expediente ni determina la inocencia o culpabilidad de la investigada, quien mantiene intacto su derecho constitucional a la presunción de inocencia.