Santo Domingo, RD.-El Ministerio Publico solicitara medida de coerción contra el ex-procurador Jean Alan Rodríguez, quien fue perseguido a través de la Operación Medusa, activada la noche de este lunes 28 de junio, acusada de una serie de ilicitos penales, como asociación de malhechores, entre otros actos de corrupción.Nacionales
Juez conocerá en las próximas horas solicitud de medidas de coerción contra Jean Alain.
Santo Domingo, RD.-El Ministerio Publico solicitara medida de coerción contra el ex-procurador Jean Alan Rodríguez, quien fue perseguido a través de la Operación Medusa, activada la noche de este lunes 28 de junio, acusada de una serie de ilicitos penales, como asociación de malhechores, entre otros actos de corrupción.Además de Rodríguez, en el caso están implicados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
La Operación Medusa, encabezada por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), comenzó con 38 allanamientos simultáneos realizados la noche del lunes en el Distrito Nacional y otras demarcaciones, mientras que los arrestos se realizaron entre lunes y martes.
Los arrestados fueron trasladados a la cárcel preventiva localizada en el cuarto piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El Ministerio Público les solicitará medidas de coerción en las próximas horas por corrupción contra el Estado Dominicano, en violación a las disposiciones del artículo 146, numeral 1, de la Constitución.
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, también les imputa violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
Enfrentarán, además, cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, de fecha 27 de junio de 1927, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como de los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El auto de acusación del Ministerio Público, para presentar ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, incluye cargos de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre soborno.
El exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en cuanto a lo relacionado con lavado de activos y circunstancias agravadas del lavado, así como de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, en lo concerniente a los hechos cometidos antes de 2017.
Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que Las intensas lluvias que afectan el país han dejado en las últimas 24 horas 23 comunidades incomunicadas y 880 personas desplazadas.
El organismo también reporta tres viviendas destruidas, 59 afectadas parcialmente y 176 con daños, como consecuencia de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos.
El COE detalla que cientos de familias han tenido que abandonar sus hogares como medida de prevención ante el avance de las lluvias.
Tal es el caso de la provincia de Elías Piña, donde se registró un deslizamiento de tierra, que afectó parcialmente dos viviendas, lo que obligó al desplazamiento de unas diez personas hacia casas de familiares y amigos.En Sánchez Ramírez, las condiciones climáticas provocaron la caída de cinco postes del tendido eléctrico en el distrito municipal de Angelina, específicamente en el sector Barrio Lindo.
Asimismo, en Cotuí, varios árboles cayeron sobre la carretera Cotuí-Platanal debido a los fuertes vientos, lo que obligó a brigadas a realizar labores de despeje, mientras en el sector Vista del Valle también reportó afectaciones.
El desbordamiento del río Majagual ha dejado incomunicadas a las comunidades de Blanco de Jima Abajo con Fantino, en la provincia de La Vega, dificultando el tránsito y el acceso a servicios básicos.
En la provincia María Trinidad Sánchez, específicamente en el municipio de Nagua, se registraron inundaciones urbanas en los sectores Cumajón y Guayo.
En San Juan, las lluvias provocaron anegaciones en la comunidad de Pedro Corto, aunque sin daños a viviendas, así como en el kilómetro 5 de la carretera San Juan–Las Matas de Farfán.
Uno de los casos más críticos ocurrió en Samaná, donde el desbordamiento del río El Limón destruyó una vivienda y anegó otra, causando la pérdida de ajuares. Las familias afectadas fueron trasladadas a casas de allegados.
El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó que siete acueductos se encuentran fuera de servicio debido a las lluvias, afectando a unos 86,500 usuarios en distintas localidades.
Ante este panorama, el COE mantiene seis provincias en alerta amarilla y 16 en alerta verde, debido al riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.
Nacionales
Gente que no entiende por qué no se ha convocado al CNM para evaluar jueces de la Suprema.
Santo Domingo, R.D.-El presidente Abinader fue emplazado por la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) en su calidad de titular del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a convocar «de manera inmediata» a ese órgano para iniciar la evaluación de once jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuyo período constitucional venció el pasado 4 de abril.
La organización recordó que once magistrados se encuentran pendientes de evaluación, etapa indispensable para determinar su permanencia o eventual sustitución en el cargo.
Advirtió que la ausencia de convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia.
La ROI subrayó que, aunque la Constitución no fija un plazo específico para realizar la convocatoria del CNM, sí establece que el proceso debe llevarse a cabo una vez cumplido el período de siete años desde la designación de los jueces.
El colectivo también alertó sobre la necesidad de evitar las controversias que marcaron el proceso de evaluación de 2025, el cual —según indicó— estuvo rodeado de cuestionamientos por falta de transparencia, escasa motivación en las decisiones y la aplicación de criterios no contemplados en la normativa.
Asimismo, expresó preocupación ante la posibilidad de que algunos jueces opten por no someterse a la evaluación, como reacción a experiencias previas consideradas injustas o lesivas a la independencia judicial. Citó como ejemplo los casos de las magistradas Miriam Germán Brito y Pilar Jiménez.
«Cuando quienes deben ser evaluados desconfían del proceso, lo que está en juego es la legitimidad de la justicia«, advirtió la entidad.
En ese sentido, la ROI insistió en que la evaluación del desempeño de los jueces de la SCJ y de otras altas cortes debe basarse en criterios objetivos, previamente establecidos y aplicados con total transparencia, garantizando el debido proceso, la independencia judicial y la igualdad de género.
La organización informó que puso en circulación un informe sobre el proceso de evaluación y selección de jueces de la SCJ y del Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2025, en el que recoge las principales incidencias del proceso anterior y formula recomendaciones para fortalecer futuros procedimientos.
Finalmente, recordó que, mientras no se realice la evaluación de desempeño de los actuales magistrados, no es posible abrir un nuevo proceso de selección, ya que no existen vacantes en la Suprema Corte de Justicia.
La ROI está integrada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), el Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano, segun Luis Abinader, trabaja diariamente para estabilizar precios en los principales productos de la canasta basica familiar, en medio de la guerra en Oriente Próximo, cuyas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán parecen estar estancadas.
“Ante esta crisis mundial, estamos atendiendo diariamente con la mesa de precios para estabilizar los precios”, dijo Abinader durante la entrega de nuevos vehículos al Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre) en el Palacio Nacional.
Amortiguar los precios de los alimentos básicos ha sido uno de los principales objetivos del gobierno.
El lunes, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovaton, aseguró que ningún producto ha subido de precio y agregó que el abastecimiento del país “no ha tenido problemas”.
“El gobierno ha ejecutado de manera sistemática un plan basado en dos objetivos fundamentales: mantener las proyecciones de crecimiento económico del país y mitigar, especialmente en las familias más vulnerables, el impacto de esta crisis”, explicó Lovaton.
República Dominicana ha sufrido los efectos del conflicto en Medio Oriente, principalmente con los precios de los combustibles, que ya han subido en tres ocasiones. Solo la gasolina premium acumula un alza de 24 pesos.
Una comisión del gobierno ha sostenido reuniones con sectores empresariales, políticos y religiosos para analizar el escenario internacional. La más reciente tuvo lugar el lunes con los representantes de las centrales sindicalistas del país, el sexto encuentro en total.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, indicó que el plan para enfrentar la crisis internacional “consiste en la aplicación de los subsidios aplicados al precio de los combustibles y los fertilizantes”.
Al menos 25 de un total de 60 vehículos recibió el Inespre para mejorar la cadena de distribución de alimentos a precios asequibles, según explicó Abinader.
“Inespre tiene que ser el puente entre el productor y el consumidor, y en eso está el gobierno: buscando precios justos para toda la población dominicana”, dijo.
El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, explicó que los nuevos vehículos operarán tanto en frío como a temperatura ambiente, beneficiando a dos actores de la cadena de comercialización: por un lado, el productor, que podrá colocar sus productos sin distorsiones, y por el otro el consumidor, que podrá adquirirlos a precio de costo.
“Así reducimos la intermediación abusiva y fortalecemos un sistema más justo, más eficiente y más humano. Seguimos trabajando y avanzando hacia un país donde los alimentos lleguen de manera digna a cada hogar vulnerable de la República Dominicana”, dijo el funcionario.