Nacionales
En RD el 5% de las viviendas es de tabla de palma
Quince de cada 100 viviendas poseen madera y el 76.7% tiene el bloque o concreto como material predominante en las paredes. –
En República Dominicana 15 de cada 100 viviendas poseen madera, mientras que el 5% posee tabla de palma y el 76.7% tiene como material predominante en las paredes el bloque o concreto, de acuerdo con datos de Encuesta EnHogar.Los principales resultados del estudio, a cargo de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) relacionados con el tipo de viviendas existente en el país indican que el 78% de ellas son independientes; 9.3% corresponden a apartamentos y 6.2% a piezas en cuarterías o parte atrás.
Por zona de residencia, el área urbana (84.1%) supera a la rural (55.7%) en cuanto a la proporción de viviendas con paredes de bloque o cemento. La proporción de las viviendas en la zona rural que poseen madera y tabla de palma como material predominante en las paredes es de 26.5% y 12.8%, respectivamente.
De acuerdo con los datos de la ONE, en República Dominicana, el promedio de personas por hogar es de 3.3 miembros, resultado que muestra una tendencia a la baja del tamaño promedio de los hogares dominicanos.
EnHogar es una encuesta por muestreo probabilístico, con un tamaño de muestra efectiva de 31,975 hogares con una tasa de respuesta de 93.4%. Es de alcance nacional, con los dominios o niveles de inferencia estadística: Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Santo Domingo Norte y Resto de los Municipios (Boca Chica, San Antonio de Guerra y Pedro Brand); las 32 provincias, 10 regiones de planificación; las cuatro regiones geográficas del país (Ozama o Gran Santo Domingo, Norte o Cibao, Sur y Este), y los dominios que se basan en la concentración poblacional: Ciudad Santo Domingo, Grandes Ciudades, Resto Urbano y Zona Rural.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la EnHogar 2015 (el levantamiento más actualizado que existe sobre la cuestión), el combustible sólido es utilizado por el 10.0% de los hogares. Otros indicadores relacionados con el saneamiento básico hacen referencia a que un 47.6% de los hogares accede al agua a través del acueducto dentro de la vivienda; en el caso del acueducto en el patio de la vivienda, el porcentaje es de 30.5%. La proporción de hogares que accede a través de algún pozo es de 7.4%.
El 78.9% de los hogares consume agua procesada proveniente de botellones, un 8.2% opta por consumir agua procesada de camioncito y solo el 6.6% de los hogares consume agua para beber del acueducto del patio o dentro de la vivienda. Por otro lado, a nivel nacional los resultados obtenidos en el estudio revelaron que el 95.5% de la población utiliza servicios sanitarios mejorados para la eliminación de las excretas.
La energía eléctrica
En la República Dominicana alrededor de 97 de cada 100 hogares (96.9%) utilizan energía eléctrica del tendido público. Desde la perspectiva de las 10 regiones de residencia en que se divide el país, existe una marcada tendencia hacia la utilización de este recurso como forma de alumbrado principal. Sin embargo, merece especial destaque el alto porcentaje de hogares (6.4%) de la región Cibao Nordeste que utiliza planta eléctrica como principal tipo de alumbrado.
De acuerdo con los resultados del estudio, el 77.9% de los hogares, en la República Dominicana eliminan los desechos sólidos que producen mediante la recogida por parte de los ayuntamientos. Un 12.4% de los hogares quema los desechos, mientras que un 4.1% los tira en un patio, un solar o en la calle, indica la investigación.
Estufa, teléfono celular y el uso de los televisores
Los principales bienes de que disponen los hogares en el país (por frecuencia de tenencia) son: la estufa (88.9%); teléfono celular (88.8%) y el televisor (84.5%). Otros tres bienes con alta presencia en los hogares son nevera, abanico y radio con valores de 76.2%, 75.8% y 48.7%, respectivamente. EnHogar obtuvo información sobre el estado conyugal de la población de 12 años y más de edad. Los datos del estudio presentan porcentajes muy similares a estudios anteriores, donde el 31.7% de la población está soltera.
Actas de nacimiento y la especialización en el país
Por otro lado, del total de la población de 15 años y más que logra realizar especialización, 63.6% son mujeres y 36.4% hombres. También, en la EnHogar se obtuvo información acerca de la población de 15 años y más que realizó alguna especialización, por tipo. Los resultados arrojan que del total de personas que realizaron alguna especialidad, el 41.4% hizo maestría, 38.0% diplomado, 13.5% postgrado y 5.0% cursó doctorado. De acuerdo con los datos oficiales, el 6.7% de la población dominicana carece de acta de nacimiento.
elcaribe.com.do
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.