Rolando Mejía hizo un paréntesis en su lectura sabatina del diario, para hacer cálculos y cotejos sobre su particular situación impositiva. Estaba leyendo una información basada en estadísticas ofrecidas por un organismo internacional que daba cuenta que la República Dominicana tiene una de las presiones tributarias más bajas de la región.
La presión tributaria–proporción del PIB que el Gobierno recibe en impuestos– que para el caso de la República Dominicana la Comisión Económica para el América Latina y el Caribe (Cepal) la sitúa en un 13.5%, contrasta con la situación particular de Rolando Mejía y la de otros integrantes del llamado núcleo de la clase media dominicana.
Rolando Mejía, un profesional de la informática que labora en una importante empresa del sector financiero y que también imparte docencia en una institución de educación superior, tomó nota de situaciones impositivas que en su caso suben su presión impositiva a más de un 30% de sus ingresos.
Leyó con detenimiento y particular interés una declaración dada por dos dirigentes de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) que da cuenta de que el 53% del precio que paga el adquiriente de vehículo está dado por los impuestos (18% de ITBIS, 17% de la primera placa, arancel que dependiendo de la procedencia del vehículo puede ser hasta 10%, el impuesto al CO2 y otras cargas) y comparó lo que pudo haber sido y no fue con el precio del auto que seis meses atrás adquirió en una feria, con financiamiento de un banco.
Para obtener el préstamo, el banco le obligó a “ponerle un seguro full”, con la póliza endosada a favor del acreedor.
El valor de la póliza, unos RD$50,000, tenía un componente de 16% (RD$8,000) del impuesto selectivo que se le aplica a los seguros, incluyendo los seguros de vida.
Recordó que cada pago realizado al banco le ha generado un cargo equivalente al 0.0015% del valor del pagaré de RD$20,000 mensual, por concepto del impuesto a los cheques. Pero más reciente, la noche del viernes anterior, ante un anuncio del Ministerio de Industria y Comercio de que el galón de gasolina aumentaría desde la medianoche cinco pesos el galón, se anticipó y llenó el tanque de combustible.
Luego de decirle que chequeara la pantalla, el bombero le indicó el monto: RD$3,000. De ese monto RD$1,044 eran impuestos (34.81% del valor).
Como era fin de semana, Rolando decidió ir con la familia a comer a un modesto restaurante, donde los más jóvenes almorzaron comidas modernas (pizza, hamberguer) y los adultos pidieron platos tradicionales, esencialmente criollos.
La tradicional pregunta del mesero de “algo para tomar” obligó a pedir refrescos, limonadas, agua y par de cervecitas . Rechazó la sugerencia de “algún postre”, pidió la cuenta que le redondeó RD$3,500, que incluía el 10% de la famosa “propina legal” (que hay dudas de si llega realmente al camarero) y 18% del ITBIS, un impuesto que no grava los alimentos crudos, pero si son cocinados, al ser procesados, aunque se trate de un pica pollo, entonces pierde la exención fiscal y paga como cualquier exquisitez.
El panorama de Rolando Mejía no es muy distante al de un amplio universo de personas y empresas, que cuestionan los indicadores de presión tributaria global, por entender que sus casos particulares distan mucho de las estadísticas y reportes oficiales.
La Cepal sitúa a la República Dominicana entre los tres países de América Latina y el Caribe con menos presión tributaria. Los otros dos son Guatemala (13.6%) y Haití (14.3%). El cálculo está realizado al año 2011.
En el 2010 el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) dio a conocer un estudio que le preparó la firma Ecocaribe, sobre la carga tributaria que afecta a los sectores productivos en la República Dominicana, según el cual la presión tributaria global era superior en tres o cuatro puntos porcentuales a la reportada. Para el caso de los sectores productivos estimaba, en ese entonces, que era de un 26%.
El estudio tomaba en cuenta que en el cálculo tradicional de la presión tributaria se omitían los pagos o aportes por concepto de la seguridad social, los tributos menores tampoco son incluidos y los impuestos municipales: “casi insignificantes en términos estadísticos”.
Sumas millonarias que se pagan obligatoriamente y tampoco son incluidas en el cálculo de la presión se originan en las contribuciones que pagan las instituciones del sistema financiero, pero que no ingresan por las fuentes tradicionales de recaudación. Para entonces, los autores del estudio citaron los siguientes conceptos: supervisión bancaria, RD$3,802 millones; Fondo de Contingencia, RD$2,526 millones, y Fondo de Consolidación Bancaria, RD$867 millones. Esos valores son calculados esencialmente sobre los activos consolidados del sistema, por lo que se entiende que los montos en la actualidad, por el crecimiento vegetativo del mercado, son mayores. l
Una base de cálculo más amplia pero obviada
La base de datos “fuera del cálculo tradicional” tiene otros componentes que la amplían, según el estudio hecho por encargo del Conep. Incluye los aportes de empleados públicos al INAVI y los aportes obligatorios al INFOTEP. La investigación planteaba que como al sector informal sólo llegan los impuestos indirectos, la carga media, incluyendo la SS, fue de 10.2% para el sector informal y 26.2% en el formal. La conclusión general del estudio del Conep es que cuando se habla de que normalmente la presión tributaria del país “ronda entre el 16% o 17%, la realidad es que se acerca al 20%”. El estudio aclara que eso “no significa que esté planteando que el nivel es alto para los patrones internacionales”, pero sí plantea que “es más que los números habitualmente publicitados”.
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.