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En RD la presión tributaria no es tan baja como se dice

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CARITOSRolando Mejía hizo un paréntesis en su lectura sabatina del diario, para hacer cálculos y cotejos sobre su particular situación impositiva. Estaba leyendo una información basada en estadísticas ofrecidas por un organismo internacional que daba cuenta que la República Dominicana tiene una de las presiones tributarias más bajas de la región.

La presión tributaria–proporción del PIB que el Gobierno recibe en impuestos– que para el caso de la República Dominicana la Comisión Económica para el América Latina y el Caribe (Cepal) la sitúa en un 13.5%, contrasta con la situación particular de Rolando Mejía y la de otros integrantes del llamado núcleo de la clase media dominicana.

Rolando Mejía, un profesional de la informática que labora en una importante empresa del sector financiero y que también imparte docencia en una institución de educación superior, tomó nota de situaciones impositivas que en su caso suben su presión impositiva a más de un 30% de sus ingresos.

Leyó con detenimiento y particular interés una declaración dada por dos dirigentes de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) que da cuenta de que el 53% del precio que paga el adquiriente de vehículo está dado por los impuestos (18% de ITBIS, 17% de la primera placa, arancel que dependiendo de la procedencia del vehículo puede ser hasta 10%, el impuesto al CO2 y otras cargas) y comparó lo que pudo haber sido y no fue con el precio del auto que seis meses atrás adquirió en una feria, con financiamiento de un banco.

Para obtener el préstamo, el banco le obligó a “ponerle un seguro full”, con la póliza endosada a favor del acreedor.

El valor de la póliza, unos RD$50,000, tenía un componente de 16% (RD$8,000) del impuesto selectivo que se le aplica a los seguros, incluyendo los seguros de vida.

Recordó que cada pago realizado al banco le ha generado un cargo equivalente al 0.0015% del valor del pagaré de RD$20,000 mensual, por concepto del impuesto a los cheques. Pero más reciente, la noche del viernes anterior, ante un anuncio del Ministerio de Industria y Comercio de que el galón de gasolina aumentaría desde la medianoche cinco pesos el galón, se anticipó y llenó el tanque de combustible.

Luego de decirle que chequeara la pantalla, el bombero le indicó el monto: RD$3,000. De ese monto RD$1,044 eran impuestos (34.81% del valor).
Como era fin de semana, Rolando decidió ir con la familia a comer a un modesto restaurante, donde los más jóvenes almorzaron comidas modernas (pizza, hamberguer) y los adultos pidieron platos tradicionales, esencialmente criollos.

La tradicional pregunta del mesero de “algo para tomar” obligó a pedir refrescos, limonadas, agua y par de cervecitas . Rechazó la sugerencia de “algún postre”, pidió la cuenta que le redondeó RD$3,500, que incluía el 10% de la famosa “propina legal” (que hay dudas de si llega realmente al camarero) y 18% del ITBIS, un impuesto que no grava los alimentos crudos, pero si son cocinados, al ser procesados, aunque se trate de un pica pollo, entonces pierde la exención fiscal y paga como cualquier exquisitez.

El panorama de Rolando Mejía no es muy distante al de un amplio universo de personas y empresas, que cuestionan los indicadores de presión tributaria global, por entender que sus casos particulares distan mucho de las estadísticas y reportes oficiales.

La Cepal sitúa a la República Dominicana entre los tres países de América Latina y el Caribe con menos presión tributaria. Los otros dos son Guatemala (13.6%) y Haití (14.3%). El cálculo está realizado al año 2011.

En el 2010 el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) dio a conocer un estudio que le preparó la firma Ecocaribe, sobre la carga tributaria que afecta a los sectores productivos en la República Dominicana, según el cual la presión tributaria global era superior en tres o cuatro puntos porcentuales a la reportada. Para el caso de los sectores productivos estimaba, en ese entonces, que era de un 26%.

El estudio tomaba en cuenta que en el cálculo tradicional de la presión tributaria se omitían los pagos o aportes por concepto de la seguridad social, los tributos menores tampoco son incluidos y los impuestos municipales: “casi insignificantes en términos estadísticos”.

Sumas millonarias que se pagan obligatoriamente y tampoco son incluidas en el cálculo de la presión se originan en las contribuciones que pagan las instituciones del sistema financiero, pero que no ingresan por las fuentes tradicionales de recaudación. Para entonces, los autores del estudio citaron los siguientes conceptos: supervisión bancaria, RD$3,802 millones; Fondo de Contingencia, RD$2,526 millones, y Fondo de Consolidación Bancaria, RD$867 millones. Esos valores son calculados esencialmente sobre los activos consolidados del sistema, por lo que se entiende que los montos en la actualidad, por el crecimiento vegetativo del mercado, son mayores. l

Una base de cálculo más amplia pero obviada

La base de datos “fuera del cálculo tradicional” tiene otros componentes que la amplían, según el estudio hecho por encargo del Conep. Incluye los aportes de empleados públicos al INAVI y los aportes obligatorios al INFOTEP. La investigación planteaba que como al sector informal sólo llegan los impuestos indirectos, la  carga media, incluyendo la SS, fue de 10.2% para el sector informal y 26.2% en el formal. La conclusión general del estudio del Conep es que cuando se habla de que normalmente la presión tributaria del país “ronda entre el 16% o 17%, la realidad es que se acerca al 20%”. El estudio aclara que eso “no significa que esté planteando que el nivel es alto para los patrones internacionales”, pero sí plantea que “es más que los números habitualmente publicitados”.

EL CARIBE.

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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM

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Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha  convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.

Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.

Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.

También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.

El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.

En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.

“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.

La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.

En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.

El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.

47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.

Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.

Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.

“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.

¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?

La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.

A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.

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El PLD participó en discusion sobre encuestas, dice Paliza.

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Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza,  presidente del PRM,  reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.

Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.

«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.

Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.

«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.

Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.

Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.

«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.

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Autoridades desmantelan red de trata de personas en Puerto Plata.

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Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).

La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.

Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.

La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.

Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.

También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.

Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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