Análisis Noticiosos
Encuestas confirman que Abinader corre delante, tras la división del PLD
Por Juan Bolívar Díaz
La percepción de que la división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) abriría perspectivas de un cambio de gobierno para los comicios del año próximo ha sido ratificada en dos encuestas realizadas después que el expresidente de la nación y de la organización gobernante renunciara a la misma y conformara una nueva formación política.
Una amplia encuesta realizada por una firma internacional por encargo de empresarios arroja ventajas de entre 12 y 16 puntos para el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader, superando por 23 y 22 puntos a Gonzalo Castillo y Leonel Fernández en una segunda vuelta. Proporciones similares registra otra encuesta encargada por ese partido.
Divididos en tres polos
La encuesta de 33 preguntas, encargada por empresarios que no han sido identificados, confirma que tras la división del PLD, se han conformado tres polos de competencia electoral con las candidaturas de Luis Abinader, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, con el primero corriendo con notable ventaja. La investigación fue realizada del 24 al 26 de octubre con una muestra nacional representativa, siguiendo los estándares internacionales.
A la pregunta de por quién votaría si las elecciones presidenciales fueran hoy, Abinader registró 38.5%, Castillo 25.6 y Fernández 17.4, seguidos de Ramfis Domínguez Trujillo 2.5, David Collado 0.8 y Guillermo Moreno 0.6%. El 13.7% dijo que no sabe o no respondió y 1% dijo que por ninguno. La respuesta a quién le gustaría a usted que ganara fue Abinader 40%, Castillo 26, Fernández 21, Collado 4, Domínguez 3 y Moreno 2%.
Reducidos a 4 candidatos, las respuestas a la pregunta por quién votaría hoy otorgan 40.6% a Abinader, 25.5 para Castillo, Leonel 21.7, y ahí David Collado, quien no ha sido postulado a la presidencia, pero fue incluido en múltiples escenarios, alcanza 9%. Con sólo tres opciones las preferencias marcan 44.4 para Abinader, 28.3 para Castillo y Fernández queda en 24.3%. Al preguntarse quién cree que ganará la presidencia, 42% opinó que Abinader, 30 Castillo y 14 Fernández.
Fuentes bien informadas dijeron que los resultados de esta encuesta son conocidos por los diversos candidatos. Un alto dirigente del PRM confirmó que procedía de ámbitos empresariales y aseguró que una encuesta propia, realizada casi en las mismas fechas por el Centro Económico del Cibao, arroja resultados muy similares.
Abinader en segunda vuelta
El candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader y aliados, realizaron un encuentro con seguidores y demás aspirantes a cargos electivos en su cierre de campaña, efectuado en la avenida George Washington con Máximo Gómez.
Foto: Carmen Suárez/Acento.com.do
13/05/2016
La encuesta de circulación restringida marca una ventaja de 23 y 22 puntos para el candidato del PRM en una segunda vuelta, con 59 a 36 % de preferencia si se enfrenta al del PLD, y 57 a 35% si fuera contra Leonel Fernández de La Fuerza del Pueblo (LFP). Si la segunda vuelta fuera entre Castillo y Fernández, el primero ganaría 46 a 36%, Castillo a Collado 46 a 37, y Collado ganaría a Fernández por 44 a 40%, pero en estos últimos tres casos hasta16% dice que no votaría por ninguno.
Cuando se preguntó por alianzas, la ventaja de Abiander se reduce a 37%, Castillo 26, Fernández 23 y Collado 20. El perremeista encabeza también, con 13 puntos de ventaja, ante la pregunta quién cree usted que haría mejor trabajo. Igual saca ventaja en la medición del rechazo, pues sólo 7% dijo que jamás votaría por él, 21 por Castillo, 37 por Fernández, 14.5 por Domínguez Trujillo, 2.5 por Moreno y 0.6% no votaría por Collado.
Los efectos de la división del PLD quedan manifiestos en las respuestas sobre las simpatías partidarias, al registrar un empate técnico 38 a 36.8 con el PRM. Se preguntó por el PTD o Fuerza del Pueblo, y sólo registró 6.9%, obviamente porque todavía no se había definido como el nuevo partido de Leonel Fernández. El Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano, registraron simpatías reducidas a 2.6 y 1.7%.
La decadencia del PLD se manifestó también en que un 72% favoreció que a partir del 2020 gobierne otro partido y un 69% que mostró acuerdo con que se necesita cambio en la forma de hacer política y gobernar el país.
Un resultado previsible
En ningún círculo político o de analistas se muestra sorpresa cuando se le refieren los resultados de la primera encuesta conocida tras la división del PLD, e incluso un dirigente peledeísta recordó que varios de ellos habían advertido que de producirse la escisión, hasta podrían perder el poder. Felucho Jiménez dijo y repitió en enero y julio que “o nos entendemos o e/ pa/ fuera que vamos” Desde luego, faltan 7 meses para las elecciones presidenciales, y tres meses y medio para las municipales de febrero, y la generalidad espera que el poder gubernamental ayudará suficientemente a recuperar buena parte de lo perdido
Para muchos la división del PLD ha sido más profunda de lo que estimaban, partiendo del resultado de las primarias, donde Gonzalo Castillo, beneficiario de todo el poder del gobierno, apenas superó a Leonel Fernández por 1.4%. Los que pensaban que pocos seguirían a un Leonel derrotado en las primarias, han quedado sorprendidos por la cantidad de dirigentes y hasta candidatos electos que han renunciado al partido para seguir al expresidente. 27 de los 36 diputados que seguían a Fernández, el 75%, ya renunciaron al PLD para constituir un nuevo bloque legislativo, que le impide al gobierno contar con mayoría en la cámara baja, lo que no había ocurrido desde el 2006.
Algunos cifran esperanzas de reducir a Leonel en la posibilidad de que no pueda presentar su candidatura, en virtud de las disposiciones de las nuevas leyes de Partido y del Régimen Electoral que impiden a quien pierda la elección primaria en un partido, ser postulado por otro al mismo certamen electoral. Los leonelistas asumen que no se le aplica o que lograrán eliminarlo ante el Tribunal Superior Electoral y en última instancia ante el Tribunal Constitucional, en virtud de la supremacía del derecho constitucional a elegir y ser elegido.
Las perspectivas del PRM
A diferencia del PLD, el PRM comenzará su campaña electoral unificado, y con la plena incorporación de los que perdieron la primaria, y habiendo cerrado pactos con otros cinco partidos reconocidos, en tanto se prepara para lanzar en noviembre los lineamientos básicos para una amplia coalición político-social, confluyendo con grupos y activistas sociales que buscan capitalizar el descontento y las expectativas que se expresaron en el movimiento Marcha Verde.
Su candidato presidencial, Luis Abinader, ya obtuvo en el 2016 el 35% de la votación, cuando el partido apenas tenía un año y meses de reconstituido, tras la división del PRD, y apenas contaba el uno por ciento (ahora el 20%) del financiamiento estatal a los partidos. Esa votación fue significativa también porque la lograron luchando contra todo el Estado que se lanzó a imponer la reelección del presidente Danilo Medina, quien entonces mantenía alto nivel de aprobación. Ahora el candidato del PLD arranca con poco arraigo y con el partido dividido.
Pese a sus buenas perspectivas, el PRM tendría que lograr respaldo suficiente, tanto del resto de los partidos de oposición, incluyendo al polo que representa la candidatura de Leonel Fernández, y de la sociedad en general, para contener la irrupción del gobierno en la campaña electoral y el abuso de los recursos del Estado.
En su segundo informe de observación electoral 2020, el movimiento cívico Participación Ciudadana llamó al liderazgo nacional, político, económico, social y religioso a concertar avances democráticos para el 2020, y planteó que la JCE tiene “el desafío de frenar el desmedido uso de los recursos del Estado a favor del candidato oficialista, incluyendo el nombramiento como coordinadores a los más altos funcionarios públicos. Si no hace esto no podrá garantizar unas elecciones ni siquiera mínimamente democráticas y equitativas”.
Acuerdos para candidaturas
En lo inmediato el PRM tiene que explicar en detalles el alcance de los acuerdos que se discuten entre muy diversos partidos de oposición, incluyendo a los que ahora respaldan la candidatura presidencial de Leonel Fernández, para acuerdos puntuales en torno a candidaturas para senadores y alcaldes, que habían comenzado mucho antes de que se produjera la división del PLD. Es obvio que no se trata de una “alianza de Abinader y Leonel” como quieren vender los voceros peledeístas y los más radicales antileonelistas, ya que ambos se disputan el poder.
El PRM no puede darse el lujo de aparecer aliado al expresidente Fernández, a quien como gran parte de la oposición, ha considerado fundador del dominio del PLD sobre todas las instancias del Estado, del clientelismo, el rentismo y la corrupción como forma de mantener el control del Estado. Pero además no tiene necesidad de arriesgar su posición de alternativa al cansancio generado por el peledeísmo, aunque tácticamente concentre su atención en el candidato del PLD y del presidente Danilo Medina.
Eso no es incompatible con algunos acuerdos puntuales en candidaturas a senadores para evitar que los privilegiados financiamientos y barrilitos con que cuentan los actuales, casi todos buscando reelegirse, dejen al PLD con el control del Senado, con lo que aún si perdiera el Poder Ejecutivo, podría condicionar a un nuevo gobierno. La diversidad en el Senado es una apuesta fundamental para los cambios que pregonan los perremeístas.
Tienen que explicar claramente cómo se vienen tejiendo acuerdos entre una docena de partidos, agrupados en Juntos Podemos, entre los cuales cuatro han pasado ahora a apoyar la candidatura presidencial de Leonel Fernández, que implicarían intercambios de apoyos provinciales o municipales los otros niveles de elección. También se barajan acuerdos puntuales para candidatos a senadores y alcaldes entre los cinco aliados a la candidatura presidencial de Abinader, el Partido Reformista, que también pasó a apoyar a Leonel, y otros como Alianza País, que postula a Guillermo Moreno para presidente de la República.
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
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Análisis Noticiosos
Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro
El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas
Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.
Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.
El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.
El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.
Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.
El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.
El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.
El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.
Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.
En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.
Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.
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México.-La historia de Zhi Dong Zhang se parece más a la de un agente doble durante la Guerra Fría que a la de un capo chino del fentanilo. Acusado de mover miles de kilos de droga y de blanquear millones de dólares a través de una organización criminal con tentáculos en medio mundo, Zhi Dong fue detenido en otoño del año pasado en Ciudad de México. Es un objetivo prioritario para Estados Unidos y todo parecía listo para su inminente extradición. Pero este verano escapó y dio comienzo una peripecia por varios países en un desesperado intento por esquivar la justicia estadounidense.
La decisión del juez fue criticada incluso por la presidenta, Claudia Sheinbaum. En plena negociación de un acuerdo de seguridad con EE UU, que tiene al fentanilo como enemigo público número uno, la mandataria salió a defender los avances de su Gobierno en el combate contra el crimen y cargó contra la decisión judicial. “El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”. “¿Cómo es posible?”, insistió la mandataria, quien argumentó que su Gobierno ha estado insistiendo “en la corrupción del Poder Judicial”. El mismo juez de la capital que dio la polémica orden de mandar a Zhi Dong a arresto domiciliario hizo lo mismo con el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.
La fuga del narco chino sucedió además en un momento especialmente delicado. Seis días antes, un tribunal federal de Georgia había emitido nuevos cargos contra Zhi Dong. En concreto, le acusan de lavar, solo entre los años 2020 y 2021, al menos 20 millones de dólares en Estados Unidos, a través de una compleja trama de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.
Célula mexicana, célula china
El cerco sobre Zhi Dong se estrechó tras la detención reciente de uno de sus operadores, Ruipeng Li, al que le confiscaron cientos de documentos bancarios vinculados con Zhi Dong. Según la denuncia del tribunal de Georgia, a la que ha tenido acceso este diario, Li explicó a las autoridades estadounidenses cómo estaba organizado el negocio criminal. Por un lado, una célula mexicana se encargaba de recolectar el dinero de la venta de droga a los traficantes finales. Por otro, una célula china se dedicaba a recibir ese dinero negro y lavarlo a través de la red de empresas y cuentas bancarias.
La denuncia recoge un listado exhaustivo de los pagos por goteo que se realizan en distintas cuentas y en diferentes Estados: Georgia, California, Illinois, Nueva York, Michigan. Siempre por sumas que no superaban los 100.000 dólares y siempre en entidades solventes como Bank of América, JP Morgan o Wells Fargo. Según la denuncia, porque “esos bancos están acostumbrados a recibir altas sumas de dinero sin hacer demasiadas preguntas”. La mayoría de las transacciones eran a favor de la empresa Mnemosyne International Trading Inc, una de las compañías fachada vinculadas a Zhi Dong.
La investigación de la DEA incluye la intervención de llamadas y mensajes, así como seguimientos a las casas de seguridad donde resguardaban la droga. Zhi Dong utilizaba palabras clave para comunicarse con sus cómplices. “Coffee” significaba fentanilo. “Food”, cocaína. Los cálculos sobre la cantidad total de droga que la organización transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.
La denuncia judicial incluye también una descripción de Zhi Dong. Nacido en Pekín en 1987. Algo más de un metro setenta de estatura y unos 80 kilos. Pelo negro y ojos marrones. Alías: Brother Wang, El Chino, Tocayo, Pancho y Nelson Mandela. El enigmático capo chino usaba diferentes identidades y pasaportes falsos para moverse sin levantar sospechas entre América, Asía y Europa. Hasta su fuga de Ciudad de México y su intento de entrada en Rusia y posterior destino en Cuba. Las andanzas de Zhi Dong parece que esta vez están más cerca de acabar en una prisión estadounidense.
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