Análisis Noticiosos
Encuestas confirman que Abinader corre delante, tras la división del PLD
Por Juan Bolívar Díaz
La percepción de que la división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) abriría perspectivas de un cambio de gobierno para los comicios del año próximo ha sido ratificada en dos encuestas realizadas después que el expresidente de la nación y de la organización gobernante renunciara a la misma y conformara una nueva formación política.
Una amplia encuesta realizada por una firma internacional por encargo de empresarios arroja ventajas de entre 12 y 16 puntos para el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader, superando por 23 y 22 puntos a Gonzalo Castillo y Leonel Fernández en una segunda vuelta. Proporciones similares registra otra encuesta encargada por ese partido.
Divididos en tres polos
La encuesta de 33 preguntas, encargada por empresarios que no han sido identificados, confirma que tras la división del PLD, se han conformado tres polos de competencia electoral con las candidaturas de Luis Abinader, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, con el primero corriendo con notable ventaja. La investigación fue realizada del 24 al 26 de octubre con una muestra nacional representativa, siguiendo los estándares internacionales.
A la pregunta de por quién votaría si las elecciones presidenciales fueran hoy, Abinader registró 38.5%, Castillo 25.6 y Fernández 17.4, seguidos de Ramfis Domínguez Trujillo 2.5, David Collado 0.8 y Guillermo Moreno 0.6%. El 13.7% dijo que no sabe o no respondió y 1% dijo que por ninguno. La respuesta a quién le gustaría a usted que ganara fue Abinader 40%, Castillo 26, Fernández 21, Collado 4, Domínguez 3 y Moreno 2%.
Reducidos a 4 candidatos, las respuestas a la pregunta por quién votaría hoy otorgan 40.6% a Abinader, 25.5 para Castillo, Leonel 21.7, y ahí David Collado, quien no ha sido postulado a la presidencia, pero fue incluido en múltiples escenarios, alcanza 9%. Con sólo tres opciones las preferencias marcan 44.4 para Abinader, 28.3 para Castillo y Fernández queda en 24.3%. Al preguntarse quién cree que ganará la presidencia, 42% opinó que Abinader, 30 Castillo y 14 Fernández.
Fuentes bien informadas dijeron que los resultados de esta encuesta son conocidos por los diversos candidatos. Un alto dirigente del PRM confirmó que procedía de ámbitos empresariales y aseguró que una encuesta propia, realizada casi en las mismas fechas por el Centro Económico del Cibao, arroja resultados muy similares.
Abinader en segunda vuelta
El candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader y aliados, realizaron un encuentro con seguidores y demás aspirantes a cargos electivos en su cierre de campaña, efectuado en la avenida George Washington con Máximo Gómez.
Foto: Carmen Suárez/Acento.com.do
13/05/2016
La encuesta de circulación restringida marca una ventaja de 23 y 22 puntos para el candidato del PRM en una segunda vuelta, con 59 a 36 % de preferencia si se enfrenta al del PLD, y 57 a 35% si fuera contra Leonel Fernández de La Fuerza del Pueblo (LFP). Si la segunda vuelta fuera entre Castillo y Fernández, el primero ganaría 46 a 36%, Castillo a Collado 46 a 37, y Collado ganaría a Fernández por 44 a 40%, pero en estos últimos tres casos hasta16% dice que no votaría por ninguno.
Cuando se preguntó por alianzas, la ventaja de Abiander se reduce a 37%, Castillo 26, Fernández 23 y Collado 20. El perremeista encabeza también, con 13 puntos de ventaja, ante la pregunta quién cree usted que haría mejor trabajo. Igual saca ventaja en la medición del rechazo, pues sólo 7% dijo que jamás votaría por él, 21 por Castillo, 37 por Fernández, 14.5 por Domínguez Trujillo, 2.5 por Moreno y 0.6% no votaría por Collado.
Los efectos de la división del PLD quedan manifiestos en las respuestas sobre las simpatías partidarias, al registrar un empate técnico 38 a 36.8 con el PRM. Se preguntó por el PTD o Fuerza del Pueblo, y sólo registró 6.9%, obviamente porque todavía no se había definido como el nuevo partido de Leonel Fernández. El Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano, registraron simpatías reducidas a 2.6 y 1.7%.
La decadencia del PLD se manifestó también en que un 72% favoreció que a partir del 2020 gobierne otro partido y un 69% que mostró acuerdo con que se necesita cambio en la forma de hacer política y gobernar el país.
Un resultado previsible
En ningún círculo político o de analistas se muestra sorpresa cuando se le refieren los resultados de la primera encuesta conocida tras la división del PLD, e incluso un dirigente peledeísta recordó que varios de ellos habían advertido que de producirse la escisión, hasta podrían perder el poder. Felucho Jiménez dijo y repitió en enero y julio que “o nos entendemos o e/ pa/ fuera que vamos” Desde luego, faltan 7 meses para las elecciones presidenciales, y tres meses y medio para las municipales de febrero, y la generalidad espera que el poder gubernamental ayudará suficientemente a recuperar buena parte de lo perdido
Para muchos la división del PLD ha sido más profunda de lo que estimaban, partiendo del resultado de las primarias, donde Gonzalo Castillo, beneficiario de todo el poder del gobierno, apenas superó a Leonel Fernández por 1.4%. Los que pensaban que pocos seguirían a un Leonel derrotado en las primarias, han quedado sorprendidos por la cantidad de dirigentes y hasta candidatos electos que han renunciado al partido para seguir al expresidente. 27 de los 36 diputados que seguían a Fernández, el 75%, ya renunciaron al PLD para constituir un nuevo bloque legislativo, que le impide al gobierno contar con mayoría en la cámara baja, lo que no había ocurrido desde el 2006.
Algunos cifran esperanzas de reducir a Leonel en la posibilidad de que no pueda presentar su candidatura, en virtud de las disposiciones de las nuevas leyes de Partido y del Régimen Electoral que impiden a quien pierda la elección primaria en un partido, ser postulado por otro al mismo certamen electoral. Los leonelistas asumen que no se le aplica o que lograrán eliminarlo ante el Tribunal Superior Electoral y en última instancia ante el Tribunal Constitucional, en virtud de la supremacía del derecho constitucional a elegir y ser elegido.
Las perspectivas del PRM
A diferencia del PLD, el PRM comenzará su campaña electoral unificado, y con la plena incorporación de los que perdieron la primaria, y habiendo cerrado pactos con otros cinco partidos reconocidos, en tanto se prepara para lanzar en noviembre los lineamientos básicos para una amplia coalición político-social, confluyendo con grupos y activistas sociales que buscan capitalizar el descontento y las expectativas que se expresaron en el movimiento Marcha Verde.
Su candidato presidencial, Luis Abinader, ya obtuvo en el 2016 el 35% de la votación, cuando el partido apenas tenía un año y meses de reconstituido, tras la división del PRD, y apenas contaba el uno por ciento (ahora el 20%) del financiamiento estatal a los partidos. Esa votación fue significativa también porque la lograron luchando contra todo el Estado que se lanzó a imponer la reelección del presidente Danilo Medina, quien entonces mantenía alto nivel de aprobación. Ahora el candidato del PLD arranca con poco arraigo y con el partido dividido.
Pese a sus buenas perspectivas, el PRM tendría que lograr respaldo suficiente, tanto del resto de los partidos de oposición, incluyendo al polo que representa la candidatura de Leonel Fernández, y de la sociedad en general, para contener la irrupción del gobierno en la campaña electoral y el abuso de los recursos del Estado.
En su segundo informe de observación electoral 2020, el movimiento cívico Participación Ciudadana llamó al liderazgo nacional, político, económico, social y religioso a concertar avances democráticos para el 2020, y planteó que la JCE tiene “el desafío de frenar el desmedido uso de los recursos del Estado a favor del candidato oficialista, incluyendo el nombramiento como coordinadores a los más altos funcionarios públicos. Si no hace esto no podrá garantizar unas elecciones ni siquiera mínimamente democráticas y equitativas”.
Acuerdos para candidaturas
En lo inmediato el PRM tiene que explicar en detalles el alcance de los acuerdos que se discuten entre muy diversos partidos de oposición, incluyendo a los que ahora respaldan la candidatura presidencial de Leonel Fernández, para acuerdos puntuales en torno a candidaturas para senadores y alcaldes, que habían comenzado mucho antes de que se produjera la división del PLD. Es obvio que no se trata de una “alianza de Abinader y Leonel” como quieren vender los voceros peledeístas y los más radicales antileonelistas, ya que ambos se disputan el poder.
El PRM no puede darse el lujo de aparecer aliado al expresidente Fernández, a quien como gran parte de la oposición, ha considerado fundador del dominio del PLD sobre todas las instancias del Estado, del clientelismo, el rentismo y la corrupción como forma de mantener el control del Estado. Pero además no tiene necesidad de arriesgar su posición de alternativa al cansancio generado por el peledeísmo, aunque tácticamente concentre su atención en el candidato del PLD y del presidente Danilo Medina.
Eso no es incompatible con algunos acuerdos puntuales en candidaturas a senadores para evitar que los privilegiados financiamientos y barrilitos con que cuentan los actuales, casi todos buscando reelegirse, dejen al PLD con el control del Senado, con lo que aún si perdiera el Poder Ejecutivo, podría condicionar a un nuevo gobierno. La diversidad en el Senado es una apuesta fundamental para los cambios que pregonan los perremeístas.
Tienen que explicar claramente cómo se vienen tejiendo acuerdos entre una docena de partidos, agrupados en Juntos Podemos, entre los cuales cuatro han pasado ahora a apoyar la candidatura presidencial de Leonel Fernández, que implicarían intercambios de apoyos provinciales o municipales los otros niveles de elección. También se barajan acuerdos puntuales para candidatos a senadores y alcaldes entre los cinco aliados a la candidatura presidencial de Abinader, el Partido Reformista, que también pasó a apoyar a Leonel, y otros como Alianza País, que postula a Guillermo Moreno para presidente de la República.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.