Santo Domingo, RD.-La guerra de las encuestas provocan un alto nivel de desinformación a solo seis días para que las dos principales organizaciones políticas del país elijan a sus candidatos presidenciales, congresionales y municipales.Nacionales
La desinformación de la guerra de encuestas a seis días elección de candidatos.
Santo Domingo, RD.-La guerra de las encuestas provocan un alto nivel de desinformación a solo seis días para que las dos principales organizaciones políticas del país elijan a sus candidatos presidenciales, congresionales y municipales.Hasta ahora nadie sabe con precisión qué pasará entre los aspirantes presidenciales Leonel Fernández, quien gobernó República Dominicana en los períodos 1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012, y su oponente más potencial en el PLD, el renunciante ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, quien es apoyado por el sector del presidente Danilo Medina.
Cuando inició la precampaña de manera oficial el 7 de julio pasado todas las mediciones asignaban una amplia ventaja al expresidente Fernández en este proceso. Su distancia se acrecentó cuando el presidente Medina se vio precisado a desistir el 22 de ese mes de buscar una segunda reelección en medio de amplias protestas internas y externas.
El escenario político comenzó a cambiar cuando el 10 de agosto Castillo presentó su precandidatura en la reunión del Comité Central, y cuando luego fue seleccionado entre los otros seis aspirantes danilistas el 7 de este mes, como su única ficha para enfrentar a Fernández.
Un caso contrario ocurre en el ámbito del opositor PRM donde la tendencia de las encuestas se ha mantenido invariable, otorgando un margen insalvable en favor del precandidato presidencial Luis Abinader, contra el expresidente Hipólito Mejía (2000-2004).
La guerra de encuestas, que termina el próximo jueves, se inició con la precampaña. En efecto: Abinader es el candidato favorito en el PRM con 86.1% frente a Mejía, un 9.8%, Mientras en el PLD Leonel registra 32.1% contra un 31.1% de Medina y 8.1% de Margarita Cedeño, publicó la firma ABC Marketing el 16 de julio cuando todavía no había nada definido.
Pero ya el 6 de julio la firma Sigma Dos había publicado que Medina gozaba de un 59.5% de aceptación, lo que fue refutado por legisladores contrarios, mientras el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, advertía que el equipo del mandatario utilizaba las encuestas como herramienta de manipulación mediática para confundir a la población y la opinión pública,
A estos resultados continuó la encuestadora Asisa Research Group el 23 de julio afirmando que el 77% rechazaba la reforma de la Constitución para permitir la repostulación de Medina, y un 69% aprobaba las movilizaciones frente al Congreso Nacional. Hipólito (23%) y Medina (20%) alcanzaron la mayor proporción de posibles candidatos por los que los encuestados nunca votaría.
El 29 de julio se conoció la encuesta telefónica automatizada de Newlink, en la que el expresidente Fernández obtuvo un 50.5%, superando a todos los demás aspirantes presidenciales del PLD y situaba a Abinader como el político con mejor imagen.
Asisa realizó otra encuesta entre el 23 y 25 de agosto en la que Fernández obtuvo un 69% y Gonzalo Castillo un 12%. También Newlink-CDN publicó otra el 21 de ese mes donde Fernández ganaría las primarias con un 58.5% frente a un 17.7% de Castillo. El día 22 la empresa MIERCanalis-CPI Latinoamérica otorga a Fernández 67% contra un 11% de Castillo.
Sin embargo, al entrar septiembre algunas encuestadoras comienzan a ofrecer resultados con amplias diferencias, lo cual llama a la atención.
Por ejemplo el 5 de este mes la firma mexicana Polmav otorgó 69.5% para Fernández, frente a 13.4% de Castillo, pero un día después Newlink advirtió que Castillo continuaba subiendo y había escalado a un 47.4%, mientras Fernández descendía en las preferencias por tercera semana consecutiva, ubicándose en un 52.6%, o sea, una ventaja de apenas cinco puntos porcenturales.
El 16 de este mes la firma estadounidense Berland Team dio al expresidente Fernández como favorito para ganar las primarias del 6 de octubre con un 70%, frente a un 27% de Castillo. Mientras que ese mismo día la encuestadora Polimetrics afirmó que Castillo aventajaba con un 45.6% frente al 44.5% de Fernández, un empate técnico.
El día 19 la firma peruana ABC-Marketing señaló a Fernández como ganador con un 44.9% por encima de Castillo que obtuvo un 35.7%, mientras ese mismo día la CID Latinoamérica coloca a Castillo con un 48% de preferencias contra un 42% de Fernández.
Las últimas dos encuestas establecen lo siguiente: Sigma Dos, el miércoles pasado otorga un 40.6% a Gonzalo Casillo, mientras que a Fernández lo ubica en un 34.7%. También incluye que el 20.2% no votaría.
Un día después, el jueves 26, la firma Asisa Research Group publicó otra encuesta en la que Leonel Fernández barrería en las primarias del PLD con un 69.3%, frente a un 29.4% de Gonzalo Castillo. Igual ocurriría en el PRM, donde Abinader registra un 78.6% y Mejía un lejano 16.4%.
Las firmas encuestadoras están reguladas por la Ley 15-19 del Régimen Electoral. Tienen que estar registradas en la Junta Central Electoral y en la publicación de los resultados deben precisar denominación y domicilio, característica técnica de la encuesta, como el método de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error, nivel de representatividad, procedimiento de selección de los encuestados, fecha de realización , texto íntegro de las preguntas, número de personas que no contestaron y quien la financia.
El próximo domingo el PLD y el PRM seleccionarán de manera simultánea a los candidatos para las elecciones presidenciales, congresionales y municipales del próximo año. El PLD celebrará primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral, mientras que el PRM lo hará con el padrón cerrado de la organización.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.