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Opinión

Entre el júbilo y la tristeza

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Por Juan Bolívar Díaz

JUAN-BOLIVAR-DIAZ-2-300x199111-e1372603134555La promulgación de la Ley 169-14 (muy simbólico el número) que revoca una de las ignominias más graves en la historia institucional de la República, produce júbilo y debe ser celebrada por todos los que mostraron sensibilidad y solidaridad con decenas de miles de personas a quienes la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional despojaba de la nacionalidad que se les había conferido acorde con el régimen constitucional del jus solis que rigió en el país hasta el 2010.

Aunque hace justicia a un importante segmento de la dominicanidad, la ley penaliza en extremo al grupo más pobre entre los pobres y más vulnerable, los que nunca fueron registrados o a quienes se les negó el registro en violación de un derecho humano fundamental, a los cuales se les declara extranjeros, ordenándoles registrarse como tales para luego de dos años tener opción a la naturalización ordinaria, lo que trueca el júbilo en tristeza. Habrá familias con hijos dominicanos y extranjeros a la vez.

Aunque no se haya obtenido una victoria total frente al odio y la discriminación que inició en marzo del 2007 la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, ratificada luego por su Pleno, hay que celebrar que se haya tenido que revocar la ignominia del despojo retroactivo de sus actas de nacimiento a decenas de miles de personas que habían sido documentadas como dominicanas.

Nunca se sabrá con certeza cuántos eran los despojados, entre otras razones, porque, al abarcar ocho décadas, unos ya transitaron al descanso eterno, otros emigraron a distintas latitudes y muchos viven tan excluidos que han prescindido de toda documentación. La última cifra de los desnacionalizados que se ha manejado en los organismos públicos es de 24 mil 392, que luce bien conservadora. Pero si esos a su vez tuvieran un promedio de dos hijos sin declarar, totalizarían 73 mil 176. Recuérdese que Juliana Deguis, la protagonista de la sentencia, tiene cuatro hijos que ahora, al recuperar su nacionalidad, podrá declarar como dominicanos.

Haber revocado el despojo es ya una gran victoria que por momentos parecía imposible por la conjunción de fuerzas políticas que concurrían en el discrimen y por la indiferencia y el miedo de muchos que debieron contribuir a la contención del odio y el chantaje ultranacionalista.

Aunque se haya aceptado la ley como una solución parcial, como transacción para limitar la intransigencia y la irresponsabilidad, se debe deplorar que a otras decenas de miles que nacieron en el país y han vivido en él por décadas, se les declare extranjeros y se les obligue a regularizarse como tales, bajo amenaza de deportación, lo que constituiría otra grave ignominia, porque aquí tienen su arraigo y porque los protegía el régimen del jus solis hasta la Constitución del 2010, como ya dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2005, en el caso de las niñas Yean y Bosico. Los organismos internacionales de derechos humanos ya han adelantado que seguirán defendiendo los derechos de estos, y ojalá que algún día sean reafirmados.

Mientras tanto hay que celebrar la revocación de la peor parte de la ignominia, junto a la valentía de Ana María e Isidro Belique, la serena decisión de lucha de Elena Lorac y Juan Telemín, y el coraje de Altagracia Jean, Rosa Iris Diendomi, Epifania Charl, Juan Alberto Antonine y Germania René, entre tantos otros dominicanos y dominicanas descendientes de haitianos que se empoderaron de sus derechos, se asociaron en “Reconocidos” y crecieron en la lucha.

Esta victoria, aunque parcial, no se habría logrado sin el apoyo fundamental del Centro Bonó, institución de los jesuitas que enaltece las valores cristianos, y de muchas otras entidades religiosas y sociales, como el Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas, Dominicanos por Derecho o el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, que integró a más de 500 personas, cuyo empuje fue fundamental en la etapa post sentencia. Los abrazos solidarios multiplicaron la sinergia.

Nadie debe dudar del valor fundamental que ha tenido la solidaridad internacional que hay que agradecer y proclamar contra todo chantaje nacionalista. Porque los derechos humanos son universales.

Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.

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Opinión

El Lenguaje y la Politiquería

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por José Cabral

El Senado de la República Dominicana se aboca a conocer  este miércoles el polémico proyecto de ley de extinción de dominio, la cual plantea una distorsiones del sistema jurídica de la Republica Dominicana que amenazan la confianza que debe primer en cualquier nación civilizada y que procura tener crecimiento y desarrollo.

Las principales contradicciones entre los legisladores consiste en tres elementos que la politiquería busca proyectar de una forma que hace mucho daño a la precaria institucionalidad que existe en el país.

Los aspectos tienen que ver con si la ley es orgánica o ordinaria, la retroactividad y  la prescriptibilidad, los cuales constituyen asuntos muy delicados  que comprometen la seguridad jurídica y la fortaleza que debe exhibir en esta materia el Estado.

Lo primero es que una ley es orgánica o no a partir de si toca o no los derechos fundamentales y el proyecto de extinción de dominio plantea despojar de cualquier derecho real adquirido con dinero producto de lavado de activos, narcotráfico o de la sustracción de fondos públicos, entre otros.

Desde esta perspectiva no debía estar en discusión la condición de orgánica de la referida pieza legislativa, por lo que su aprobación no podría ser de otra forma que  no sea mediante una mayoría especializada, es decir, las dos terceras partes de los congresistas presentes en la sesión en la que se busque su aprobación.

Sin embargo, en lo que respecta a esta condición del proyecto, los legisladores del partido oficial, el Revolucionario Moderno, buscan su aprobación a través de una mayoría simple, lo cual plantea  un problema legal que muy probablemente el  Tribunal Constitucional  podría declararla inconstitucional.

En lo que respecta a la retroactividad de la ley , los legisladores saben que esa es otra razón muy poderosa para que tenga acogida un recurso directo de inconstitucionalidad y perderse todo el esfuerzo que se ha hecho al respecto.

Estos detalles también ha generado que los senadores y diputados  del PRM recurran a una figura jurídica que no existe y que no es más que cambiar un término por otro cuando hablan de retrospectividad, porque en realidad ambas cosas persiguen  el  mismo propósito.

Lo lamentable del asunto que ahora los peledeístas han dicho que van a votar a favor del proyecto de ley de extinción de dominio a sabiendas de que de ellos mismos surgirá el primer recurso para que la ley sea declarada inconstitucional.

Todo lo que ocurre en el Congreso Nacional no es más que el resultado de la politiquería que rige la vida de los senadores y diputados, ya que hay una famosa expresión que dice que auyama no pare calabazos y es importante decir  que ellos vienen de una escuela, que son los partidos  políticos, que muy poco les importante la seguridad jurídica y el mejoramiento de los niveles de institucionalidad del país.

En conclusión, los partidos políticos mediante sus representantes en todas las instancias públicas y privadas no abandonan su comportamiento  porque en realidad se trata de una cultura que no cambiaraá hasta que el país no llegue a un estadio diferente de progreso y crecimiento social, político y económico.

El lenguaje de la politiquería encamina la nación a la pérdida total de su credibilidad y de su democracia, lo cual tendría un peligroso impacto social, económico y político.

En verdad los legisladores están mas preocupados en proteger sus intereses personales y de los personajes procesables que hay dentro de sus partidos que evacuar una ley que en realidad mejore o cambie los patrones de conductas  que  consisten en cogerse lo que no es suyo y ponerse al servicio del bajo mundo.

Ojala escarmienten!

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Opinión

40 años de activismo conservador para eliminar derechos

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Por Rosario Espinal

40 años de activismo conservador para eliminar derechos

MIAMI (FL, EEUU), 03/05/2022.- Una mujer sostiene una pancarta que dice «Mi útero es propiedad privada, ¡No lo toques!» durante un acto celebrado este martes a las afueras de la llamada Torre de la Libertad en Miami, Florida. Nikki Fried, aspirante a la nominación demócrata para la gobernación de Florida, afirmó este martes que la posible revocación del fallo que blinda el derecho al aborto en EE.UU. es «un punto de inflexión» en la democracia del país e instó a los estadounidenses a «alzar la voz» para defenderla. EFE/Ana Mengotti

Las dos instituciones claves para lograrlo han sido el Partido Republicado y las iglesias evangélicas blancas. El vínculo entre estas dos instituciones se estableció con fuerza a partir del triunfo de Ronald Reagan en 1980.

En un clásico ensayo de aquel entonces sobre la crisis de la democracia en Estados Unidos, el politólogo Samuel Huntington escribió que la democracia estadounidense tenía una sobrecarga de demandas sociales que no podía atender por más que el Estado intentara; por tanto, había que detenerlas para evitar una crisis de gobernabilidad.

En aquel tiempo el Partido Republicano había perdido legitimidad por el escándalo Watergate y necesitaba forjar una nueva base de apoyo electoral. Su tabla de salvación para recuperar votantes fueron las iglesias evangélicas blancas que se propagaban con el llamado tele evangelismo y comenzaban a aglutinar millones de feligreses en mega iglesias.

El proyecto neoconservador que articuló el Partido Republicano tenía tres componentes esenciales:

1) Geopolítico: ganar finalmente la Guerra Fría, que consiguieron con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS. 2) Económico: limitar los derechos de los trabajadores y beneficiar el capital (el llamado neoliberalismo), de ahí el ataque al sindicalismo y al Welfare State. 3) Socio-religioso: la “moralización” de la política que impulsaron con el apoyo del movimiento denominado “mayoría moral” de origen evangélico.

Esta “mayoría moral” asumió con ahínco las siguientes luchas: 1) lectura de la Biblia en las escuelas públicas, 2) eliminar el derecho al aborto, 3) combatir los avances de la comunidad LGBT y 4) expandir los derechos religiosos mediante garantías constitucionales.

Para el Partido Republicano ha sido muy rentable electoramente asegurar una base evangélica blanca que, en su ala radical, es anti-negra, anti-mujeres con derechos, anti-LGBT, antinmigrante y antiambientalista. Para el liderazgo evangélico blanco, la alianza con el Partido Republicano ha permitido su consolidación de poder en la constelación religiosa de Estados Unidos.

En el post-1960, la Suprema Corte de Justicia jugó un papel crucial otorgando nuevos derechos ciudadanos para responder a las demandas sociales.

Tomó unos 40 años para que los conservadores alcanzaran una mayoría de jueces en la Suprema Corte de Justicia (todos católicos, no evangélicos) que han comenzado ahora a derogar derechos. Su argumento central es que la Constitución no los estableció originalmente. El primer episodio fue el pasado viernes 24 de junio contra el derecho al aborto.

Esa decisión evidencia que los derechos humanos, cívicos y políticos nunca están totalmente garantizados y que las cortes operan con criterios políticos modificando disposiciones legales

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Opinión

Implicaciones del triunfo electoral de Petro en Colombia

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Por Narciso Isa Conde

Está plenamente justificada la desbordante alegría desatada a escala colombiana, latino-caribeña y mundial, externadas por las fuerzas partidarias de la libertad, la vida y la paz, ante la confirmación del difícil triunfo electoral de Gustavo Petro, Francia Márquez y el Pacto Histórico de Colombia.

Nadie con un mínimo de sensibilidad humana y amor por la libertad puede no celebrar en grande el desalojo de esa escoria criminal (mezcla de uribismo fascistoide, extrema derecha, narco-política, más oligarquía lacaya e inescrupulosa), del Palacio de Nariño y las estructuras gubernamentales.

Esa victoria –alimentada por una historia y un presente de resistencias y rebeldías heroicas- equivale a la derrota en las urnas de las fuerzas de extrema derecha y neofascista y su desplazamiento del gobierno; lo que marca un viraje político hacia una coyuntura más favorables para acumular fuerzas transformadoras y avanzar hacia victorias más trascendentes.

No se ha ganado la pelea, solo un importante round.

De todas maneras se trata de un hito democrático en la prolongada historia de sufrimientos y penurias para el pueblo colombiano, precedido de las luchas libradas contra las grotescas violaciones a los acuerdos de paz y de la reciente insurrección sin armas provocada por la masacre ejecutada por el nefasto Gobierno de Iván Duque  durante la huelga general del 2019.

En ese heroico capítulo, todavía inconcluso en tanto entonces no fue posible  resquebrajar las estructuras de poder y el Estado narco-terrorista (satélite de EE.UU e intervenido por el Pentágono, el pueblo urbano terminó de perder el miedo. Los “nadie” se convirtieron en sujetos de cambio al politizarse los movimientos sociales, llegando a reclamar multitudinariamente la destitución de Duque.

Sin esa epopeya el Pacto Histórico no hubiera  alcanzado este triunfo electoral de Petro.

Ella convirtió en bagazo despreciado por la mayoría del pueblo a los autores de 60 años de guerra sucia y más de 180 de malos gobiernos.

El regocijo por lo que implica como logro de significativo valor político desplazar del gobierno las bestias que administraban ese Estado, no debe obviar que en las condiciones colombianas el curso electoral del cambio político, limita el alcance del mismo y resta la profundidad necesaria.

También lo limita el predominio de una visión liberal-reformista combinada con socialdemocracia moderada, centrista o centro-izquierdista, del grupo hegemónico del PACTO HISTÓRICO y sobre todo del propio Gustavo Petro. Y esto no lo digo en tono denigrante, sino esforzándome por hablar con apego a la verdad y sin menospreciar el impacto positivo de ese cambio político en la actual sociedad.

Esas realidades, por demás, tienden afectar el potencial reformador del nuevo gobierno en un país en el que predomina el presidencialismo a nivel institucional y en el que el resto de las instituciones (electivas y permanentes) están infectadas de todo lo que representó la execrable facción perdedora en estas elecciones, en tanto fuerza política, social, militar y paramilitar con fuerte apoyo internacional.

Hay que decir las cosas como son y no exagerar: el presidente electo no representa el marxismo, ni posiciones de izquierda revolucionaria, como dicen algunos; dejándose llevar por los calificativos interesados de las derechas y las cadenas imperialistas.

Su izquierdismo, su antiimperialismo, hace tiempo quedaron atrás.

Sus valores se refieren a las libertades, a la lucha contra la corrupción y los crímenes de Estado y al combate de las discriminaciones relevantes.

Petro, como presidente electo, en tono conciliador, anunció su disposición a entenderse con esa ultraderecha y su fuerte componente neofascista, que por ese medio nunca han entrado en razones ni cedido a sus despropósitos; destacándose siempre como persistentes enemigos de la paz.

Incluso desde hace tiempo, desde sus diferentes roles políticos, Petro ha establecido puentes con sectores del poder estadounidense y ciertas elites oligárquicas.

Mientras tanto Biden y el gobierno de EEUU -luego de haberse comprometido durante décadas con el Estado terrorista colombiano- no esconde su interés de “reforzar” las relaciones con el nuevo gobierno; lo que jamás implicaría dejar de intervenir, tutelar y usar a Colombia como plataforma de agresión militar contra otros países soberanos de la región y de cara a una eventual conquista de la Amazonía por la fuerza.

Y Petro no habla de recuperar soberanía, ni toca los peliagudos temas de las bases militares gringas y la brigada de tropas especiales estadounidenses radicadas en territorio colombiano.

Además, luego de anunciar nuevos impuestos a las grandes ganancias capitalistas, tampoco hay señales claras de hasta dónde y en qué grado va enfrentar y/o revertir las contra-reformas neoliberales.

Claro que Petro es diferente en sentido positivo al uribismo y a la extrema derecha criminal: en materia de corrupción y narco-corrupción, en vocación democrática liberal; en política ambiental, en la cuestión de género, el tema racial y otras vertientes.

Y esto en Colombia podría ser importante para abrir contradicciones y determinadas compuertas hacia cambios más profundos.

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