Editorial
Entre el miedo y la vergüenza
En toda sociedad existen sentimientos capaces de condicionar la conducta de las personas. En la República Dominicana, dos de ellos merecen especial atención: el miedo y la vergüenza.
El miedo paraliza. La vergüenza oculta.
Uno puede impedir que una persona denuncie una injusticia; la otra puede llevarla a esconder durante años una realidad dolorosa por temor al juicio de los demás.
Ambos sentimientos forman parte de la condición humana. El problema comienza cuando dejan de ser reacciones circunstanciales y se convierten en fuerzas capaces de determinar la vida de las personas, silenciar problemas sociales y debilitar la capacidad de reclamar derechos.
Durante generaciones, la cultura dominicana ha convivido con una frase que resume buena parte de esa presión social: “¿Qué va a decir la gente?”
Detrás de esas pocas palabras se encuentra, muchas veces, una enorme carga emocional.
Por temor al “qué dirán”, algunas personas intentan aparentar una estabilidad económica que no poseen. Otras permanecen en relaciones deterioradas. Algunas familias esconden situaciones de violencia, adicciones, conflictos internos o dificultades financieras porque consideran que reconocer esos problemas públicamente constituye una vergüenza.
Así se construyen apariencias de normalidad mientras los verdaderos problemas permanecen ocultos.
Pero el miedo también ejerce su propia presión.
Existe miedo a denunciar al poderoso, miedo a perder el empleo, miedo a enfrentar intereses económicos o políticos, miedo a convertirse en objeto de represalias y miedo, simplemente, a quedarse solo cuando llega el momento de defender una posición.
Por eso, no todo silencio significa indiferencia.
Muchas veces el silencio es una forma de supervivencia.
El verdadero problema aparece cuando miedo y vergüenza coinciden.
La víctima de violencia puede temer a su agresor y, al mismo tiempo, sentir vergüenza de admitir lo que vive.
Quien ha sido estafado puede callar no solo por temor a perder más, sino por la incomodidad de reconocer que fue engañado.
Una familia en dificultades puede necesitar ayuda y, aun así, negarse a solicitarla porque teme ser señalada.
En esos casos, miedo y vergüenza terminan convirtiéndose en aliados de un mismo enemigo: el silencio.
Las redes sociales han añadido una dimensión nueva a esta realidad.
Hoy se exhiben viajes, vehículos, celebraciones, éxitos profesionales, relaciones sentimentales y estilos de vida cuidadosamente seleccionados. La sociedad digital ha convertido la imagen personal en una vitrina permanente.
Sin embargo, detrás de una fotografía de felicidad puede existir dolor. Detrás de una aparente prosperidad puede haber endeudamiento. Detrás de una pareja sonriente puede esconderse una relación rota.
El problema no está en compartir momentos positivos, sino en creer que la vida debe ser permanentemente perfecta para ser aceptada por los demás.
Esa presión fortalece nuevamente la vieja pregunta: “¿Qué van a pensar de mí?”
Una sociedad madura debe aprender a sustituir esa pregunta por otras más importantes.
¿Estoy actuando correctamente?
¿Estoy protegiendo mis derechos?
¿Necesito ayuda?
¿Estoy guardando silencio frente a una injusticia?
¿Estoy viviendo para satisfacer las expectativas de los demás o para enfrentar responsablemente mi propia realidad?
No podemos construir una sociedad libre si las personas sienten que denunciar es peligroso, pedir ayuda es humillante o reconocer un fracaso constituye una vergüenza.
Tampoco basta con pedirle valentía al ciudadano.
Las instituciones tienen la obligación de generar confianza. Quien denuncia debe sentirse protegido. Quien busca justicia debe encontrar respuestas. Quien necesita ayuda debe poder solicitarla sin ser humillado.
La familia, la escuela, los medios de comunicación y las instituciones públicas también tienen responsabilidades en la construcción de una cultura menos inclinada al juicio y más comprometida con la solidaridad.
El miedo y la vergüenza nunca desaparecerán completamente. Son emociones humanas.
Pero no podemos permitir que se conviertan en cárceles invisibles.
Cuando una persona deja de hablar por miedo, una injusticia puede continuar.
Cuando alguien oculta un problema por vergüenza, ese problema puede crecer.
Y cuando toda una sociedad comienza a guardar silencio, las consecuencias dejan de ser individuales y pasan a convertirse en colectivas.
Por eso, el verdadero desafío no consiste en determinar cuál pesa más, si el miedo o la vergüenza.
El verdadero desafío es construir una sociedad en la que ninguno de los dos pese tanto como para impedir denunciar, pedir ayuda, defender derechos, reconocer errores y volver a comenzar.
Tal vez haya llegado el momento de dejar de vivir pendientes únicamente del “qué dirán”.
Porque, frente a los grandes problemas de una sociedad, existe una pregunta mucho más importante:
¿Qué estamos dispuestos a hacer para cambiar lo que debe cambiar?
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.