Opinión
Entre la negligencia y la complicidad
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13 años agoon
Uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es: “Supervisar e inspeccionar todas las obras de infraestructura de transporte que se ejecutan en el país, para garantizar su seguridad y funcionalidad en el tiempo.”
Vistos los casos y comprobados los hechos, tenemos que llegar a la conclusión de que el ministro Víctor Díaz Rúa y sus funcionarios no están cumpliendo satisfactoriamente con lo que establecen las leyes, reglamentos y decretos que desde 1887 rigen esa institución pública. El increíble e inefable caso del robo de los cables tensores del importante puente Juan Pablo Duarte sobre el río Ozama expone, de nuevo, la selectiva indiferencia de estos funcionarios que sólo los dominicanos entendemos por lo habitual de su ocurrencia.
Informa el Ministerio de Obras Públicas que el puente Duarte redujo su capacidad de carga en más de la mitad debido al robo de cables y de piezas de esa estructura. Olvida el ministro de Obras Públicas que también durante el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, bajo los reinados de Jimmy Durán y de Diandino Peña, se sustituyeron cables del puente. También Freddy Pérez y Miguel Vargas Maldonado, durante el gobierno de Hipólito Mejía, le entraron a los cables del puente. Y cada vez se gastaron millones de dólares sin que se estableciera la negligencia o la complicidad de todos esos jerarcas de Obras Públicas. Otra vez habrá que comprar cables, justo ahora “cuando se echan las palomas”, y el gobierno consume sus últimos días con el control del presupuesto.
¿Cómo es posible que la mayor parte de los cables que sostienen el puente colgante de la capital dominicana hayan podido ser sustraídos sin que alguna autoridad civil o militar haya percibido que este delito se estuvo cometiendo durante meses, sino años, a plena luz del día? Esa estructura no está en algún lugar apartado de la geografía dominicana. Ha sido, desde hace 57 años, el principal vínculo que une a Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, oficialmente la capital dominicana. Por sus alrededores circula diariamente cerca de un millón de personas. Entre estos transeúntes hay miles de militares asignados a la Marina de Guerra y a la base militar de San Isidro. ¿No hubo servicio policial, incluidos los agentes de tránsito de AMET, asignados para vigilar esa área?
¿Ninguna autoridad coincidió con el momento en que algún camión, inexplicablemente, transportaba toneladas de piezas metálicas robadas? ¿Ningún funcionario o empleado del MOPC es responsable de la inspección periódica como lo establecen los objetivos de la institución? Entonces, ¿cómo es posible que este delito haya podido cometerse impunemente durante tanto tiempo? ¿Nadie en Aduanas preguntó por qué en estos dos períodos de gobierno consecutivos de Leonel Fernández la exportación de metales no producidos en el país se multiplicó por cinco? ¿Nadie sintió curiosidad por saber de dónde salía tanto metal? Cualquiera podría especular que el saqueo permanente fue varias veces denunciado y concluir que las autoridades decidieron no actuar.
Pregunto: ¿Es este un caso de negligencia oficial o de complicidad? Negligente se aplica a la persona que no pone el cuidado o el interés debido en las tareas que debe realizar. Cómplice es quien contribuye, sin tomar parte directa en la ejecución material, a la comisión de un delito. Ahora habría que determinar qué sanción merecen los funcionarios por negligentes o cuanto castigo les corresponde en el caso de que fueran cómplices. Afortunadamente, si hubiera interés desde la Procuraduría General de la República, podría establecerse la cadena de responsabilidades que no fueron asumidas desde el Ministro de Obras Públicas hasta el Sargento del puesto policial más cercano.
Ahora, el ministro de Obras Públicas nos dice a los imbéciles dominicanos que colocará cámaras de vigilancia en los puentes para evitar que el robo continúe. Más bien debían ser instaladas en su despacho para determinar en qué usa el tiempo que le niega a la supervisión de los puentes. Volvemos ahora a encontrarnos con el caso del pirómano que, luego de provocar el incendio, reclama que lo felicitemos porque ayuda a recoger las cenizas del desastre que provocó.
Opinión
Estados Unidos se queda sin moral para exigir a otros respeto por la ley.
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21 horas agoon
febrero 21, 2025Por José Cabral.
Este pasado 5 de noviembre se celebraron elecciones en los Estados Unidos en las que fue escogido como presidente de la nación más poderosa del mundo un criminal convicto.
Donald Trump ha sido condenado por una serie de delitos civiles y penales y todavía tiene otros pendientes, los cuales de seguro serán sobreseídos hasta que ocupe la jefatura del Estado.
Pero poca importa que las cosas ocurran de ese modo, porque ya Trump tiene un sello como un criminal convicto que desde cualquier perspectiva que se vea impacta negativamente a los Estados Unidos.
Es la primera vez que en este país se escoge un presidente condenado por la comisión de delitos comunes, lo cual deja mucho que decir.
Esta elección tiene dos aristas a analizar, la primera es que la alta votación del ciudadano norteamericano en su favor no deja dudas de que este hombre recibe todo el apoyo de su pueblo, lo que quiere decir que aplaude y aprueba sus andanzas.
Lo otro es que, con la elección de un criminal convicto, los Estados Unidos no pueden pedirles a los demás países una conducta diferente a la que ha tenido Trump.
Presionar y exigir que los actores políticos, por ejemplo, de Latinoamérica que usan la corrupción administrativa en el manejo del Estado, sería como pedir lo que no se puede dar, es decir, demandar una conducta moral que difiere de la que ha exhibido el jefe del Poder Ejecutivo en la potencia de norte.
Se puede decir, entonces, que de ahora en adelante no se le puede tolerar a los Estados Unidos que publique informes sobre la corrupción que se produce desde los gobiernos en Latinoamérica y el mundo, porque no tiene la moral para ello.
Cómo pedirle, por ejemplo, a los haitianos que no involucren el Estado con acciones al margen de la ley cuando su presidente está metido hasta los tuétanos en esos asuntos.
Lo otro es que los ciudadanos de los Estados Unidos deben sentirse orgullosos de su presidente electo, pese a sus condenas por la comisión de una serie de actos que riñen con la ley.
Las cosas son así de sencillas, pero también de complejas.
Por Isaías Ramos
En una era marcada por el caos y la desilusión, la fatiga de la indignación se ha infiltrado profundamente en nuestras vidas, amortiguando la llama de la empatía y la acción colectiva.
Nos rodeamos de injusticias que, aunque nos afectan diariamente, a menudo no logran despertar nuestra indignación. Este adormecimiento emocional no solo amenaza nuestra moralidad individual, sino también el tejido de nuestra sociedad democrática.
La indignación, lejos de ser un sentimiento negativo, es un catalizador poderoso para el cambio y una respuesta vital ante la injusticia. En el corazón de cada movimiento significativo que ha cambiado el curso de la historia, ha estado la indignación convertida en acción.
Así fue con nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, cuya respuesta a las provocaciones despectivas fue transformar su indignación en una fuerza constructiva que desafió el status quo y forjó un camino hacia la democracia y la justicia social.
Juan Pablo Duarte, enfrentado a desafíos y provocaciones, encarnó la respuesta más fértil a la injusticia. Su experiencia es emblemática; durante una ocasión notable, un capitán español, en un acto de desprecio flagrante, le espetó a Duarte y a sus compatriotas: «Ustedes no tienen nombre, porque ni ustedes ni sus padres merecen tenerlo, porque son cobardes y serviles, inclinan la cabeza bajo el yugo de los esclavos». Estas palabras, lejos de quebrantar el espíritu de Duarte, encendieron una chispa de indignación que se transformó en un impulso revolucionario.
Hoy, nos enfrentamos a una encrucijada crítica: podemos seguir siendo testigos pasivos de la erosión de nuestros principios y valores fundacionales, o podemos optar por reavivar nuestra capacidad de indignarnos.
Cada uno de nosotros posee el poder de efectuar cambios significativos. Las grandes olas de reforma social siempre han comenzado con el despertar de la conciencia colectiva, tal como lo demostró Duarte.
Es hora de rechazar la resignación y la apatía que han calado en nuestras vidas. Debemos conectar con nuestros sentimientos más profundos de justicia y equidad para reclamar un sistema en el que la corrupción y la opresión no sean las normas, sino la excepción; un sistema donde la igualdad de oportunidades no sea un lema vacío, sino una realidad palpable.
Este cambio comienza con la educación y la información. Debemos estar informados sobre las acciones de aquellos en el poder y ser críticos con la información que consumimos. Participar activamente en los procesos cívicos y sociales es crucial. El derecho a elegir y ser elegibles para los cargos, consagrado en nuestra Constitución y reafirmado por sentencias judiciales, es un faro de luz que no debemos desperdiciar.
La pasividad nos convierte en cómplices del deterioro de nuestro entorno. Pero al optar por la indignación activa, nos convertimos en arquitectos de nuestro futuro. Desde el Frente Cívico y Social, te invitamos a indignarte no solo por ti, sino por aquellos que han perdido su voz en el estruendo de la indiferencia. Transformemos esa indignación en un movimiento imparable hacia un futuro donde prevalezca el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades bajo un Estado profundamente comprometido con el bienestar de todos sus ciudadanos.
Estamos convencidos de que este es nuestro momento para actuar y redefinir el curso de nuestra historia, tal como hizo Duarte en su tiempo. La fatiga de la indignación puede ser superada; solo requiere que cada uno de nosotros decida despertar y actuar. La esperanza de un mañana mejor está en nuestras manos.
¡Despierta, RD!
Opinión
Derechos de las personas durante la investigación de la Corte Penal Internacional
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2 días agoon
febrero 20, 2025Por Rommel Santos Diaz
En las investigaciones realizadas de conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.
De acuerdo con el Estatuto de Roma nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.
En el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional , quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad.
De conformidad con el Estatuto de Roma nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.
Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional y esa persona haya de ser interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, o en cumplimiento de una solicitud hecha de acuerdo las disposiciones del Estatuto de Roma tendrá el derecho a ser informada.
Dentro de los derechos que tiene una persona en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional el Estatuto de Roma señala el de ser informada de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte.
Antes del interrogatorio la persona también deberá ser informada de que tiene derecho a guardar silencio , sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia.
Cabe destacar que en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional la persona tiene derecho a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre fuere necesario en interés de la justicia y , en cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes.
Finalmente, la persona tendrá el derecho a ser interrogada en presencia de un abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma.