Entre la negligencia y la complicidad

Uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es: “Supervisar e inspeccionar todas las obras de infraestructura de transporte que se ejecutan en el país, para garantizar su seguridad y funcionalidad en el tiempo.”

Vistos los casos y comprobados los hechos, tenemos que llegar a la conclusión de que el ministro Víctor Díaz Rúa y sus funcionarios no están cumpliendo satisfactoriamente con lo que establecen las leyes, reglamentos y decretos que desde 1887 rigen esa institución pública. El increíble e inefable caso del robo de los cables tensores del importante puente Juan Pablo Duarte sobre el río Ozama expone, de nuevo, la selectiva indiferencia de estos funcionarios que sólo los dominicanos entendemos por lo habitual de su ocurrencia.

Informa el Ministerio de Obras Públicas que el puente Duarte redujo su capacidad de carga en más de la mitad debido al robo de cables y de piezas de esa estructura. Olvida el ministro de Obras Públicas que también durante el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, bajo los reinados de Jimmy Durán y de Diandino Peña, se sustituyeron cables del puente. También Freddy Pérez y Miguel Vargas Maldonado, durante el gobierno de Hipólito Mejía, le entraron a los cables del puente. Y cada vez se gastaron millones de dólares sin que se estableciera la negligencia o la complicidad de todos esos jerarcas de Obras Públicas. Otra vez habrá que comprar cables, justo ahora “cuando se echan las palomas”, y el gobierno consume sus últimos días con el control del presupuesto.

¿Cómo es posible que la mayor parte de los cables que sostienen el puente colgante de la capital dominicana hayan podido ser sustraídos sin que alguna autoridad civil o militar haya percibido que este delito se estuvo cometiendo durante meses, sino años, a plena luz del día? Esa estructura no está en algún lugar apartado de la geografía dominicana. Ha sido, desde hace 57 años, el principal vínculo que une a Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, oficialmente la capital dominicana. Por sus alrededores circula diariamente cerca de un millón de personas. Entre estos transeúntes hay miles de militares asignados a la Marina de Guerra y a la base militar de San Isidro. ¿No hubo servicio policial, incluidos los agentes de tránsito de AMET, asignados para vigilar esa área?

¿Ninguna autoridad coincidió con el momento en que algún camión, inexplicablemente, transportaba toneladas de piezas metálicas robadas? ¿Ningún funcionario o empleado del MOPC es responsable de la inspección periódica como lo establecen los objetivos de la institución? Entonces, ¿cómo es posible que este delito haya podido cometerse impunemente durante tanto tiempo? ¿Nadie en Aduanas preguntó por qué en estos dos períodos de gobierno consecutivos de Leonel Fernández la exportación de metales no producidos en el país se multiplicó por cinco? ¿Nadie sintió curiosidad por saber de dónde salía tanto metal? Cualquiera podría especular que el saqueo permanente fue varias veces denunciado y concluir que las autoridades decidieron no actuar.

Pregunto: ¿Es este un caso de negligencia oficial o de complicidad? Negligente se aplica a la persona que no pone el cuidado o el interés debido en las tareas que debe realizar. Cómplice es quien contribuye, sin tomar parte directa en la ejecución material, a la comisión de un delito. Ahora habría que determinar qué sanción merecen los funcionarios por negligentes o cuanto castigo les corresponde en el caso de que fueran cómplices. Afortunadamente, si hubiera interés desde la Procuraduría General de la República, podría establecerse la cadena de responsabilidades que no fueron asumidas desde el Ministro de Obras Públicas hasta el Sargento del puesto policial más cercano.

Ahora, el ministro de Obras Públicas nos dice a los imbéciles dominicanos que colocará cámaras de vigilancia en los puentes para evitar que el robo continúe. Más bien debían ser instaladas en su despacho para determinar en qué usa el tiempo que le niega a la supervisión de los puentes. Volvemos ahora a encontrarnos con el caso del pirómano que, luego de provocar el incendio, reclama que lo felicitemos porque ayuda a recoger las cenizas del desastre que provocó.