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Opinión

Entrega de una persona a la Corte Penal Internacional (1 de 2)

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 91 del Estatuto de Roma establece que los Estados Partes deberán tomar en cuenta el ̈carácter específico de la CPI, cuando determinen sus requisitos para el proceso de entrega de personas. Además dispone que ̈aquellos requisitos no podrán ser más onerosos que los aplicables a las solicitudes de extradición conforme a los tratados o acuerdos celebrados por el Estado requerido y otros Estados, y de ser posible, serán menos onerosos ̈.

Se utilizó esta redacción para persuadir a los Estados, en lo posible, a introducir un proceso más sencillo para la entrega de personas a la Corte Penal Internacional que el proceso actual de extradición entre los Estados.

La idea detrás de esta disposición es eliminar los largos retrasos que involucran hoy los actuales procedimientos de extradición de nacionales de un Estado a otro. Esto es comprensible si se toman en cuenta las diferencias en la jurisprudencia y parámetros de debido proceso  entre distintas jurisdicciones,  y el  hecho de que los Estados necesitan proteger sus nacionales de posibles injusticias.

El régimen de la Corte Penal Internacional fue establecido  por los mismos Estados Partes. Durante la entrega de personas a la CPI no se deben tomar en cuenta las consideraciones  relativas al impacto a los valores nacionales en el ejercicio del derecho penal en los distintos Estados.

Estas inquietudes no surgen de la misma manera  con la Corte Penal Internacional, ya que no es una jurisdicción extranjera, como en el caso de un tribunal de otro Estado.

Todos los Estados Partes participaron activamente en la redacción del Estatuto de Roma  y participaran activamente en el desarrollo futuro de de reglas de procedimientos, a través de su participación en la Asamblea de los Estados Partes .Consiguientemente, todo nacional será tratado de conformidad con los estándares establecidos y mantenidos por los Estados Partes y no se deben seguir los mismos procedimientos engorrosos para la protección de nacionales de procesos que los Estados no pueden controlar.

En cuanto a las condiciones preliminares de la orden de entrega de la persona  el Estatuto de Roma también dispone facultades para que el Fiscal sobrepase muchos obstáculos que enfrentará antes de que la CPI emite una orden de entrega.

La solicitud de entrega de la CPI  es una base para asumir que:  se cometió un crimen dentro de la competencia de la Corte( artículo 53); existen suficientes razones para creer que cabe una orden  de entrega; el enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el  presunto crimen, a fin de establecer la veracidad de los hechos, podrá ampliar la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal de conformidad  con el Estatuto de Roma y, a esos efectos investigará tanto las circunstancias incriminantes  como las eximentes.

La Sala de Cuestiones Preliminares determina  que hay motivo razonable para la detención contra una persona  para asegurar su comparecencia en juicio, asegurar que la persona no obstruya  ni ponga en peligro la investigación  ni las actuaciones de la Corte, o impida que la persona siga cometiendo ese crimen  (artículo 58); y la Sala de Cuestiones Preliminares está convencida  de que hay motivo razonable para creer que la persona ha cometido el crimen establecido en la orden.

Adicionalmente todos los Estados tienen un interés en eliminar la comisión de los crímenes de la competencia de la CPI, debido a que  los crímenes que  mas  afectan gravemente a la comunidad internacional  en su conjunto.

El Estatuto  de Roma fue redactado  primordialmente para tratar estos crímenes, independientemente  de cualquier consideración política o diplomática  que exista entre los Estados.

El Estatuto  de Roma prevé muchas garantías  para que estos crímenes sean procesados de conformidad con los más altos estándares del derecho internacional, y principios procesales que garantizan la más alta protección, sometidos a un riguroso régimen de elegibilidad que   asegura que los Estados tengan la competencia inicial para enjuiciar y condenar estos crímenes.

Por lo tanto, el Estatuto de Roma dispone que no existen fundamentos para rechazar la entrega a la Corte Penal Internacional y requiere que los Estados cumplan con todas las solicitudes de detención  y entrega.

Una vez que el Estado ha ordenado la entrega de una persona, de conformidad  con los procedimientos del régimen de la CPI, la persona deberá ser entregada a la Corte lo más pronto posible . De esta manera los Estados  deben asistir a la Corte  con la dispensación de una justicia pronta.

En cuanto a las obligaciones de los Estados se destaca que los Estados deberán implementar un procedimiento para la entrega  de una persona a la CPI cuando sea requerido. No habrá ningún fundamento para rechazar la entrega.

El procedimiento no deberá requerir más exigencias que aquellas para los procedimientos normales de extradición del Estado deberá, dentro de lo posible, utilizarlo tomando en cuenta el carácter específico de la CPI.

Los Estados deberán garantizar que la persona sea entregada a la CPI lo mas pronto posible una vez que se emita orden de entrega de la persona.

En cuanto a la implementación  los Estados podrán tomar medidas sencillas para la ejecución de las solicitudes de entrega de la CPI, con el fin de asegurar que no se retrase innecesariamente la  valiosa labor de la Corte para la comunidad internacional.

Dentro de lo posible, los Estados deberán  establecer un procedimiento especial para la entrega  a la CPI, que elimine algunos de los obstáculos  usuales del procedimiento de extradición. Por ejemplo, podrían reducir la cantidad de apelaciones que pueda hacer una persona, o eliminar el derecho a apelar , con el fin de facilitar el proceso  de comparecencia de la persona ante la Corte Penal Internacional.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

Abstención erosiona a los tres; PRM aplasta PLD y FP

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Por Narciso Isa Conde

Avanza dictadura institucional PRM-EMPRESARIAL

A lo largo de los 58 años posteriores a la intervención militar de EEUU en 1965 y del despliegue de la contrarrevolución imperialista, síndicos o alcaldes, y sus consejos de regidores, han sido en gran medida instrumentos de partidos convertidos en compañías por acciones y de empresarios y mafias políticas que controlan alcaldías; mientras los partidos de gobierno siempre han procurado convertirlos en órganos del oficialismo.

Este proceso alcanzó niveles extremos en este periodo constitucional y se evidenció más aún -y en forma descarada- a lo largo de esta campaña electoral municipal; dominada por un partidismo conservador integrado por el PRM, PLD y FP, con fuertes inclinaciones neofascistas.

En esta oportunidad la concepción política que desde la presidencia de la república tiende a liquidar la independencia de los demás poderes del Estado, llegó al extremo de que los candidatos presidenciales encabezaron la campaña electoral municipal, con el propósito de controlar centralmente las alcaldías.

Dentro de ese clima perverso, el PRM y Luis Abinader se atrevieron a anunciar UN SOLO GOBIERNO, aludiendo a la unificación centralizada de todos los poderes del Estado bajo su control; lo que implica romper cánones fundamentales de la maltrecha democracia representativa y del liberalismo político, para imponer una dictadura partidocrática-empresarial.

Se atrevieron a plantear abiertamente esa fórmula dictatorial, porque todas las encuestas (no truqueadas) le aseguraban barrer a las dos desacreditadas mafias peledianas; en unos comicios montados sobre un sistema electoral excluyente del resto del sistema de partidos, agrupados o no en los dos bloques electorales (oficialista y “opositor”); y porque gran parte de la sociedad dominicana aplauden cualquier vía que implique castigar, disolver, a los dos PLD y a sus socios en tantas suciedades.

Los resultados de electorales del pasado 18 de febrero materializan parcialmente ese propósito dictatorial y sellan dentro de la hegemonía casi absoluta de un partido dominado por una elite empresarial, la subordinación del poder municipal, el cual, arrastrado por los designios del gobierno central y la voluntad presidencial, favorece la minimización de esas organizaciones opositoras.

Además, las alcaldías son débiles frente al Poder Ejecutivo.

Siempre han estado sometidas a presupuestos muy precarios e ilegales.

Los impuestos territoriales a corporaciones privadas son bajísimos y para colmo no los pagan y nadie se los cobra.

La reciente ley de ordenamiento territorial las despoja del derecho a autorizar y fiscalizar proyectos de alcance nacional con sede en su territorio. El Consejo de Gobierno y el presidente de la república deciden.

Ese cuadro habrá de empeorarse.

Cierto que el PRM arrasó a los dos PLD y casi los condenó a la extinción acelerada, pero por más que se oculte la verdad, estas votaciones además desnudan palmariamente, que las dos alianzas y todo ese sistema de partidos fue derrotado por una gran abstención,

· DERECHO A NO VOTAR DERROTÓ EL DERECHO A VOTAR.

Al tiempo que los defensores del sistema exaltan el derecho a votar y silencian el derecho a no votar, califican tales votaciones de “fiesta de la democracia”; sin evaluar la suma de trampas estructurales, ilegalidades y violaciones puntuales a las normativas legales y administrativas, cometidas en todas las fases del proceso.

De todas maneras, esta vez la decisión de ejercer el derecho a no votar, derrotó la ejecución del derecho a votar, al registrarse una gran abstención.

El padrón de la JCE supera los 8 millones de votantes, y los votos emitidos están por debajo de 4 millones.

Pero la cuestión se torna mucho más grave en las provincias de mayor cantidad de electores y a la vez las más pobladas, de acuerdo a las primeras proyecciones, donde la abstención llega a más del 60 y del 80 % del padrón electoral

La suma de los votos emitidos está bastante por debajo del total de los electores/as en esas provincias y municipios.

La alianza oficialista integrada por 25 partidos y la opositora por 4, cada una por separado, fueron vencidas por una abstención con un porcentaje más alto que la abstención general.

El componente fundamental de la abstención es juvenil, campesino y de sectores empobrecidos de las ciudades.

Además, en el contexto de unas elecciones estructuralmente tramposas y fraudulentas en varias vertientes, abundaron las violaciones impunes a todas las prohibiciones y a todas las normativas en relación con el uso de celulares, propaganda frente a los recintos de votación, carpas de partidos, compra de cédulas, bebederas y “teteos”.

Es esto lo que ha sido bautizado con el nombre de “fiesta de la democracia”, que en todo caso solo merecería el nombre de “fiesta de la partidocracia y la plutocracia”, verdadera francachela del poder de los partidos corrompidos y corruptores, y del poder del dinero, para impulsar iniciativas canallas.

· ILEGITIMIDAD DE ALCALDÍAS Y CANDIDATOS ELECTOS.

Legalidad y legitimidad son cosas diferentes.

La legitimidad exige más de la mitad de los votos válidos, trátese de personas, instituciones electas o gobiernos. Por debajo de ahí es ilegitimidad o precario apoyo popular en diferente grado,

En los resultados de estos comicios gran parte de los funcionarios y las instituciones electas obtuvieron votaciones muy por debajo de ese nivel. Abundan los porcentajes muy por debajo del padrón de su municipio o Distrito Municipal… entre el 20 y el 35%…

Síndicos, directores regidores, consejos municipales son respaldados por minorías; resulta así ilegítimos los electos e ilegítimas las instituciones que se eligen de esa manera. En fin de cuentas: procesos e instituciones antidemocráticas. El júbilo no procede ¡Nada que celebrar!

Porque un sistema electoral y de partidos incapaces de atraer mayorías no sirve; y el tema resulta aún más grave cuando no logra entusiasmar a los/as jóvenes, que son una mayoría creciente y facilitar la compra de votos.

Esto implica pérdida de autoridad de gobiernos y estado, por lo que muchos jóvenes se burlan de las disposiciones oficiales. Y tan masivo y generalizado es ese fenómeno, que no hay manera de evitarlo; fruto del irrespeto bien ganado por los partidos, los comicios y las autoridades civiles y militares.

La ilegitimidad es un buen caldo de cultivo para una de dos: o para cambiarlo todo, creando un nuevo sistema, forjando democracia real, poder del pueblo; o para abrirle cancha a un mesianismo neofascista seudo-religioso…tipo Milei y Bukele, o fórmulas como las de Noboa …

De entrada, hay que decidirse a no medrar en ese proyecto que van a completar en mayo próximo en el nivel presidencial y congresual, y sus derivadas institucionales.

Es necesario influir para lograr el máximo posible de ilegitimidad electoral en la perspectiva de luchar, más allá de esa coyuntura, por cambiarlo todo desde la movilización popular; creando un poder constituyente capaz de meter en crisis el poder constituido y dar el salto necesario hacia una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y PARTICIPATIVA.

Después de los recientes resultados a nivel de las votaciones municipales, no es difícil pronosticar, que si no se presentan fenómenos socio-políticos sorpresivos, el impacto de los resultados de estos comicios, le facilita a Luis Abinader-PRM-CONEP-EU completar su proyecto de un solo gobierno empresarial, institucionalmente dictatorial: con su reelección en primera vuelta, con la cuasi extinción del PLD y FP a lo PRD y FP, y el dominio casi absoluto del nuevo Congreso y los demás “poderes del Estado”.

Como también entender, que en este país, el paso a ese nuevo escalón podría tener en perspectiva un costo más alto de ilegitimidad para quienes lo están imponiendo y un desgaste mayor a mediano plazo.

Un costo político que es preciso estimular, cerrándole a la vez el paso a su desdoblamiento como neofascismo; apostando a la quiebra total de este sistema de partidos y este desorden institucional, y creando una alternativa a esta nueva modalidad de dictadura.

Algo factible, porque lo acontecido revela que el PRM, al tiempo de tener poder para diezmar al PLD, FP, PRD y asociados, va perdiendo progresivamente legitimidad y acumulando descontento en su contra.

El PRM es grande frente al PLD, FP y asociados. Pero frente al pueblo que deja de creer en las bondades del sistema de partidos y de esta falsa democracia, se va achicando paso a paso; lo que se expresa por el momento en la abstención que ilegitima sus candidaturas y cargos electivos.

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Otro Proceso Eleccionario Decepcionante.

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Por José Cabral

Este domingo el país se aboca a la escogencia de las autoridades de los gobiernos locales, los cuales son uno de los grandes fracasos de la llamada democracia representativa.

Es muy poca la credibilidad de los ayuntamientos de todos los municipios del país, ya que los mismos se caracterizan por la deficiencia y la malversación de sus presupuestos.

Son muy pocas las candidaturas a este nivel que están fundamentadas en propuestas, sino en aspiraciones muy personales.

Las elecciones municipales son el primer capítulo de los comicios generales para escoger las autoridades nacionales, incluidos presidente y vicepresidente de la República, así como senadores y diputados.

Pero unas y otras están afectadas de una alta falta de credibilidad como resultado del comportamiento de toda la clase política nacional.

E incluso son pocos los candidatos que sustentan sus aspiraciones en un plan programático, a largo plazo.

Sin embargo, hay que esperar que los resultados sean los mejores y que los munícipes de todos y cada uno de los gobiernos locales cumplan con su rol, con la satisfacción de las necesidades de su gente.

De lo contrario, los votantes de los municipios del país continuarán sólo con la esperanza de que llegue algo mejor y que sus expectativas sean satisfechas.

De no ser así, el país seguirá con la gran decepción que hoy caracteriza la actividad política nacional.

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Opinión

Entrega de una persona a la Corte Penal Internacional (2 de 2)

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Por Rommel Santos Díaz

Según el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual enumera los estándares básicos mínimos bajo el derecho internacional, una persona solo tiene derecho a  apelar  contra una condena o sentencia, no una orden de extradición  o entrega. El Estatuto de Roma es omiso respecto de las apelaciones contra órdenes de entrega a escala nacional.

Por lo menos los Estados Partes  deberían  contar con un procedimiento expedito para transportar  a las personas a la CPI, una vez que la orden de entrega se emita por el Estado. En la mayoría de los casos deberían poder remunerar los gastos de transporte de la persona hasta la CPI.

Los Estados deberán tener leyes y procedimientos vigentes que permitan  la entrega  tanto de nacionales como de extranjeros  que se encuentren en su territorio.

Los Estados deberán tomar en cuenta que el Estatuto de Roma no permite que los Fiscales  nacionales  tengan discreción alguna respecto a la inmunidad de entrega de personas debido a la necesidad de su asistencia con otras investigaciones o enjuiciamientos. Esto es comprensible debido a la gravedad de los crímenes de la competencia de la CPI.

El artículo 65 del Estatuto de Roma prevé  las consultas que el Fiscal realice con la defensa  para declarar la culpabilidad  no tienen carácter obligatorio. Solo la Corte puede decidir si se debe tomar en cuenta  la voluntad de una persona  para cooperar. Por ejemplo, podría considerarse como un factor atenuante durante el proceso de condena, según  el artículo 78, ( ́ circunstancias personales del  condenado ́ ́).

El artículo 9 del Estatuto de Roma regula que los Estados determinarán sus propios requisitos para la entrega de una persona en su Estado. Uno de los requisitos a considerar es la prueba suficiente que se requiere  para que el Estado permita la orden  de entrega. Este requisito deberá ser tan mínimo como sea posible, tomando en cuenta  la necesidad de que los Estados eviten  la creación de requisitos tediosos para la CPI.

El artículo 58 del Estatuto de Roma determina  que todas las órdenes de detención de la CPI  consignan  lo siguiente: a) el nombre de la persona y cualquier otro dato  que sirva para su identificación; b) una referencia expresa al crimen de la competencia de la CPI por el que se pide su detención; c)  una descripción concisa de los hechos  que presuntamente constituyan esos crímenes.

Estos componentes deberían prever la prueba suficiente  para ordenar la entrega, tomando en cuenta a las garantías procesales del Estatuto de Roma. Por consiguiente el método  mejor y más fácil para asegurar la prueba suficiente requerida para cumplir con las solicitudes  de la CPI es tomando los contenidos  requeridos por la CPI para una orden de detención como  el requisito mínimo.

Si un Estado decide utilizar sus procedimientos comunes de extradición para la entrega de personas a la Corte Penal Internacional, podrían necesitar enmiendas  de fondo a sus leyes  y procedimientos existentes.

Podría surgir de penalidad dual (doble incriminación) en términos de los requisitos nacionales. La doble penalidad no es un requisito bajo el Estatuto de la CPI. En otras palabras, el Estatuto  no requiere  que los Estados penalicen las ofensas de la CPI dentro de su territorio, para que puedan entregar personas  a la  CPI. Sin embargo, los Estados no podrán alegar que no existe una penalidad dual para  refutar una orden de entrega de una persona ante la CPI.

Si esta cuestión de doble penalidad surge en el ámbito nacional, la manera más sencilla de solucionar tales dilemas es incluyendo  todos los crímenes de la CPI dentro de los crímenes del territorio nacional, anexando o reproduciendo  la sección del Estatuto de la CPI  al Código Penal o su equivalente.

Todos estos crímenes deberán convertirse en ofensas que ameriten  la extradición. Estas dos técnicas permitirán que los Estados cooperen con más facilidad con otros Estados que estén enjuiciando estos crímenes  dentro de la competencia de la CPI, ya que no surgiría el problema de doble criminalidad  u ofensas que ameriten extradición en casos de extradición entre Estados.

Finalmente, si los procedimientos de extradición de un Estado Parte establecen la condicionalidad de la extradición a la existencia de un tratado,  en el caso de que el Estado reciba una solicitud de un Estado Parte con el cual no tiene un tratado de extradición deberá tomarse al Estatuto de Roma como la base legal de extradición en lo que respecta esos crímenes.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

 

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