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Enumeran problemas en tres de los grupos licitan en la CDEEE
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13 años agoon
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LA REDACCIÓN
Sede principal de la CDEEE, en Santo Domingo.
SANTO DOMINGO.- Se encuentra en el último nivel el proceso de licitación iniciado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para las dos plantas a carbón de 300 megavatios, con las cuales se busca enfrentar en lo inmediato el problema de la falta energía en la República Dominicana.
En dicho proceso participan cuatro grupos o consorcios. Son ellos 1) China Gezhouba Group Company Limited; 2) Posco Engineering & Construction Co., Ltd.; 3) Norberto Odebrecht, S. A. y Tecnimont S.p.A., y 4) SEPCOIII Electric Power Construction Corporation, Shanghai Electric Group Company Limited y Dynamics Solutions (DR), S.R.L.
La entrega de las ofertas se efectuó en un acto en presencia de los miembros del Comité de Licitación que preside el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, directivos de las empresas oferentes y funcionarios y personalidades invitadas.
Sin embargo, según reportan medios de prensa, tres de los grupos participantes han evidenciado tener problemas.
China Gezhouba Group
Según publica el periódico Listín Diario en su edición de este lunes la China Gezhouba Group, dedicada a la construcción e ingeniería de tecnología de gas natural y de hidroeléctricas desde 1971 y la cual tiene sede en China, tiene números contables al 31 de diciembre de 2012 que reflejan que ella no está cerca de cumplir los requisitos financieros para el proyecto.
“Carga con pasivos por 63,944 millones yuanes, equivalentes a US$10,487 millones, y su patrimonio neto es de 12,464 millones de yuanes o US$2,045 millones, con un índice de endeudamiento cinco (5.13) veces mayor a su patrimonio. En las bases de precalificación se establece que debe ser cuatro como máximo”, agrega el diario.
Norberto Odebrecht, S. A. y Tecnimont S.p.A.
La primera de estas firmas está diversificada, con vasta experiencia, en los sectores de ingeniería, construcción, productos químicos y petroquímicos. Se ha involucrado en proyectos petroleros, administrando varias plataformas. Además, en su portafolio de activos posee centrales hidroeléctricas, parques eólicos y solares, acumulando más de 1,400 megavatios de potencia instalada. De su lado, Maire Tecnimont SpA es la sociedad matriz del grupo italiano Maire Tecnimont, que consta de por lo menos 50 empresas en el sector de ingeniería y cuenta con un buen manejo de habilidades de proyectos que no estén relacionados con el mecanismo “llave en mano”.
Sin embargo, el Listín Diario señala que los proyectos están relacionados con la poca experiencia en esta modalidad y resalta que en 2007 se realizó un proceso de licitación para la construcción de las centrales y Tecnimont se habría adjudicado ambos contratos con días de diferencia, gracias a una prórroga.
“La empresa enfrenta actualmente un juicio arbitral en la Cámara de Comercio de París con Colbún, por los retrasos en la construcción de la central de carbón Santa María, Chile, demandada por US$300 millones”, agrega. Tecnimont encabeza el consorcio que construye a Bocamina II, de Endesa, que también ha sufrido retrasos.
Endesa informó que no habrá acuerdo de indemnización ni compensaciones económicas para ningún grupo que se sienta afectado por el funcionamiento de la central termoeléctrica Bocamina. Odebrecht presentó una demanda federal contra el Estado de la Florida por su nueva ley que prohíbe la adjudicación de los contratos públicos a las empresas que tienen negocios o intereses en Cuba y Siria.
Con menos obstáculos
Un panorama con menos obstáculos tiene el consorcio entre SepcoIII Electric Power Construction Corporation, Shanghai Electric Group Company Limited y Dynamics Solutions (DR), S.R.L, según lo publicado.
En el caso de SepcoIII, que diseña, construye y opera plantas de energía, es una empresa china. Su experiencia se fundamenta en proyectos llave en mano.
Las tecnologías diseñadas por la compañía incluyen centrales térmicas, plantas de energía nuclear, gas, eólicas, solares e hidroeléctricas, así como subestaciones eléctricas. La empresa ha ido por el camino de la expansión internacional con proyectos en India, Egipto, Indonesia, Jordania, Nigeria, Arabia Saudita y Singapur, entre otros. En el ranking es la primera de energía encargada de contratos llave en manos en China es la mayor en proyectos de energía convencional en la nación asiática con capacidad total instalada de 93,000 megavatios.
Mientras, Shangai Electric Group ha demostrado experiencia en el ramo. Ha logrado una serie de avances desde 1949, incluyendo los primeros 6,000 kilovatios a combustibles fósiles, el primer generador de gas de refrigeración en el mundo, con generación nuclear en China y otras
Conflictos con terceros
Todas las proponentes están bajo la mira. La firma Posco Engineering & Construction Co., Ltd, la segunda en la lista, es la cuarta mayor productora de acero, logrando en 2011 la menta de 39.1 millones de toneladas. Se convirtió en la 146 de 500 empresas más grandes del mundo. Actualmente opera con dos molinos integrados en Corea del Sur.
Posco, como empresa, tiene logros al más alto nivel en el mundo, pero al mismo tiempo su experiencia en construcción de plantas a carbón es débil, ya que cuenta con sólo tres construidas: Angamos, de 260 megas; Campiche, de 270 megas; y N. Vent., de 270 megas, todos en Chile. Su cliente es AES. Reúne una experiencia en 1,060 megavatios en total.
DoosanHeavy Industries, empresa suplidora de calderas utilizadas por Posco, presenta problemas por supuesta corrupción interna en la empresa, como malversación de fondos y fraudes contables en 2005 y 2006. Los proyectos que ejecuta esta empresa en Chile están bajo cuestionamientos por la tala de árboles, presión contra los habitantes de las comunidades aledañas y otros señalamientos contra los habitantes.
Todo indica que en los próximos 12 meses la empresa tendrá dificultades en su perfil financiero por su nivel consistente con su calificación BAA1, debido a sus grandes inversiones y ganancias moderadas.
almomento.net
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Obispos se reunen con Abinader en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado
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13 horas agoon
julio 3, 2026
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.

El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.

También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
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Garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa”.
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13 horas agoon
julio 3, 2026
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.

La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
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13 horas agoon
julio 3, 2026
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
