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Acusado liderar banda que mató pareja de La Guáyiga fue enviado a Najayo.
Un año de prisión fue impuesto al ciudadano norteamericano Dylan Alberto Ortiz, implicado en la muerte de una pareja en La Guáyiga por parte del juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.
A Ortiz, quien cumplirá la medida de coerción en la cárcel de Najayo, el Ministerio Público lo acusa de liderar una banda que secuestró y posteriormente asesinó a la pareja La Guáyiga. Son los esposos Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco.
«Nuestro representado no tiene nada que ver en este caso. Hay una persona de esos (implicados) que le servía como guía cuando él venía al país. Esto porque él no conoce aquí ni siquiera una calle. Cuando iba a una discoteca aquí alguien lo llevaba», indicó el abogado Julio Benzant.
El jurista sostuvo que apelarán la decisión del juez Joan Rodríguez. Con los argumentos de que Dylan Ortiz cogió un vuelo y vino personalmente a entregarse a las autoridades para que «se aclarezca que no tuvo nada que ver con el crimen».
Al bajar de la sala de audiencia el imputado Dylan Alberto Ortiz habló. «Me entregué para dar la clara y aclarar todo de lo que me están acusando».
Ministerio Público pide a implicados caso pareja de La Guáyiga entregarse
El fiscal de Santo Domingo Oeste, Edward López, aseguró que van a demostrar ante el tribunal la participación del imputado en el asesinato de la pareja de La Guáyiga.
López instó a los demás implicados que se encuentran prófugos a entregarse por las vías que crean pertinentes.
«Aprovecho está oportunidad para exhortarles que se entreguen por la vía que crean prudente. Por los derechos humanos, por los medios de comunicación, por la fiscalía. Para que se eviten situaciones lamentables», expresó el fiscal.
Expediente
Recientemente el órgano persecutor realizó un interrogatorio a uno de los apresados por el hecho (José Alfredo Ventura Tupete). A este le dictaron prisión preventiva la semana pasada.
Ventura Tupete dice que Ortiz junto al prófugo Leonardo Méndez Mojica, alias Naldo, lo invitaron a formar parte de una red. Esto fue luego de matar al joven Jaquéz Rodríguez dentro de una de las habitaciones de su hotel. También a Elizabeth Almarante Pacheco, a la que asesinaron en otro lugar.
Al caso también vinculan a los hermanos prófugos Eddy Manuel Álvarez Ramírez (Moreno y/o Niño), José Miguel Álvarez Ramírez (Bebe).
Según el Ministerio Público, el 24 de enero del presente año, en horas de la madrugada, los esposos Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco desaparecieron de su casa. Vivían en el sector La Guáyiga, municipio Pedro Brand.
A raíz de sus desaparición los miembros de la Unidad de Desaparecidos de la Policía Nacional bajo dirección del Ministerio Público iniciaron las investigaciones.
Después de los hechos, las autoridades dieron seguimiento a un vehículo marca Hyundai, modelo Tucson (2020), yip de color gris. Al carro lo utilizaron para transportar a la pareja de La Guáyiga. Se determinó que lo rentaron al señor Alfredo Antonio Nova Pérez.
Las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público establecen que el prófugo Leonardo Méndez Mojica había rentado el vehículo antes mencionado desde el 21 al 27 de enero del presente año.
Este al ser entregado de manera voluntaria a las autoridades por el señor Alfredo Antonio Nova Pérez, responsable del vehículo, se ejecutaron varias inspecciones que arrojaron el lugar donde se encontraron los cuerpos sin vida de la pareja de esposos.
El cuerpo del hoy occiso Miguel Jaquéz Rodríguez fue encontrado completamente atado con cintas pegantes transparentes y el cadáver de la señora Elizabeth Almarante Pacheco estaba igualmente atado con este mismo tipo de cinta. Los cuerpos sin vida fueron encontrados en un pozo séptico en el municipio de Los Alcarrizos.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.