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Acusado liderar banda que mató pareja de La Guáyiga fue enviado a Najayo.
Un año de prisión fue impuesto al ciudadano norteamericano Dylan Alberto Ortiz, implicado en la muerte de una pareja en La Guáyiga por parte del juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.
A Ortiz, quien cumplirá la medida de coerción en la cárcel de Najayo, el Ministerio Público lo acusa de liderar una banda que secuestró y posteriormente asesinó a la pareja La Guáyiga. Son los esposos Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco.
«Nuestro representado no tiene nada que ver en este caso. Hay una persona de esos (implicados) que le servía como guía cuando él venía al país. Esto porque él no conoce aquí ni siquiera una calle. Cuando iba a una discoteca aquí alguien lo llevaba», indicó el abogado Julio Benzant.
El jurista sostuvo que apelarán la decisión del juez Joan Rodríguez. Con los argumentos de que Dylan Ortiz cogió un vuelo y vino personalmente a entregarse a las autoridades para que «se aclarezca que no tuvo nada que ver con el crimen».
Al bajar de la sala de audiencia el imputado Dylan Alberto Ortiz habló. «Me entregué para dar la clara y aclarar todo de lo que me están acusando».
Ministerio Público pide a implicados caso pareja de La Guáyiga entregarse
El fiscal de Santo Domingo Oeste, Edward López, aseguró que van a demostrar ante el tribunal la participación del imputado en el asesinato de la pareja de La Guáyiga.
López instó a los demás implicados que se encuentran prófugos a entregarse por las vías que crean pertinentes.
«Aprovecho está oportunidad para exhortarles que se entreguen por la vía que crean prudente. Por los derechos humanos, por los medios de comunicación, por la fiscalía. Para que se eviten situaciones lamentables», expresó el fiscal.
Expediente
Recientemente el órgano persecutor realizó un interrogatorio a uno de los apresados por el hecho (José Alfredo Ventura Tupete). A este le dictaron prisión preventiva la semana pasada.
Ventura Tupete dice que Ortiz junto al prófugo Leonardo Méndez Mojica, alias Naldo, lo invitaron a formar parte de una red. Esto fue luego de matar al joven Jaquéz Rodríguez dentro de una de las habitaciones de su hotel. También a Elizabeth Almarante Pacheco, a la que asesinaron en otro lugar.
Al caso también vinculan a los hermanos prófugos Eddy Manuel Álvarez Ramírez (Moreno y/o Niño), José Miguel Álvarez Ramírez (Bebe).
Según el Ministerio Público, el 24 de enero del presente año, en horas de la madrugada, los esposos Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco desaparecieron de su casa. Vivían en el sector La Guáyiga, municipio Pedro Brand.
A raíz de sus desaparición los miembros de la Unidad de Desaparecidos de la Policía Nacional bajo dirección del Ministerio Público iniciaron las investigaciones.
Después de los hechos, las autoridades dieron seguimiento a un vehículo marca Hyundai, modelo Tucson (2020), yip de color gris. Al carro lo utilizaron para transportar a la pareja de La Guáyiga. Se determinó que lo rentaron al señor Alfredo Antonio Nova Pérez.
Las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público establecen que el prófugo Leonardo Méndez Mojica había rentado el vehículo antes mencionado desde el 21 al 27 de enero del presente año.
Este al ser entregado de manera voluntaria a las autoridades por el señor Alfredo Antonio Nova Pérez, responsable del vehículo, se ejecutaron varias inspecciones que arrojaron el lugar donde se encontraron los cuerpos sin vida de la pareja de esposos.
El cuerpo del hoy occiso Miguel Jaquéz Rodríguez fue encontrado completamente atado con cintas pegantes transparentes y el cadáver de la señora Elizabeth Almarante Pacheco estaba igualmente atado con este mismo tipo de cinta. Los cuerpos sin vida fueron encontrados en un pozo séptico en el municipio de Los Alcarrizos.
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
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Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.