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Acusado liderar banda que mató pareja de La Guáyiga fue enviado a Najayo.
Un año de prisión fue impuesto al ciudadano norteamericano Dylan Alberto Ortiz, implicado en la muerte de una pareja en La Guáyiga por parte del juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.
A Ortiz, quien cumplirá la medida de coerción en la cárcel de Najayo, el Ministerio Público lo acusa de liderar una banda que secuestró y posteriormente asesinó a la pareja La Guáyiga. Son los esposos Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco.
«Nuestro representado no tiene nada que ver en este caso. Hay una persona de esos (implicados) que le servía como guía cuando él venía al país. Esto porque él no conoce aquí ni siquiera una calle. Cuando iba a una discoteca aquí alguien lo llevaba», indicó el abogado Julio Benzant.
El jurista sostuvo que apelarán la decisión del juez Joan Rodríguez. Con los argumentos de que Dylan Ortiz cogió un vuelo y vino personalmente a entregarse a las autoridades para que «se aclarezca que no tuvo nada que ver con el crimen».
Al bajar de la sala de audiencia el imputado Dylan Alberto Ortiz habló. «Me entregué para dar la clara y aclarar todo de lo que me están acusando».
Ministerio Público pide a implicados caso pareja de La Guáyiga entregarse
El fiscal de Santo Domingo Oeste, Edward López, aseguró que van a demostrar ante el tribunal la participación del imputado en el asesinato de la pareja de La Guáyiga.
López instó a los demás implicados que se encuentran prófugos a entregarse por las vías que crean pertinentes.
«Aprovecho está oportunidad para exhortarles que se entreguen por la vía que crean prudente. Por los derechos humanos, por los medios de comunicación, por la fiscalía. Para que se eviten situaciones lamentables», expresó el fiscal.
Expediente
Recientemente el órgano persecutor realizó un interrogatorio a uno de los apresados por el hecho (José Alfredo Ventura Tupete). A este le dictaron prisión preventiva la semana pasada.
Ventura Tupete dice que Ortiz junto al prófugo Leonardo Méndez Mojica, alias Naldo, lo invitaron a formar parte de una red. Esto fue luego de matar al joven Jaquéz Rodríguez dentro de una de las habitaciones de su hotel. También a Elizabeth Almarante Pacheco, a la que asesinaron en otro lugar.
Al caso también vinculan a los hermanos prófugos Eddy Manuel Álvarez Ramírez (Moreno y/o Niño), José Miguel Álvarez Ramírez (Bebe).
Según el Ministerio Público, el 24 de enero del presente año, en horas de la madrugada, los esposos Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco desaparecieron de su casa. Vivían en el sector La Guáyiga, municipio Pedro Brand.
A raíz de sus desaparición los miembros de la Unidad de Desaparecidos de la Policía Nacional bajo dirección del Ministerio Público iniciaron las investigaciones.
Después de los hechos, las autoridades dieron seguimiento a un vehículo marca Hyundai, modelo Tucson (2020), yip de color gris. Al carro lo utilizaron para transportar a la pareja de La Guáyiga. Se determinó que lo rentaron al señor Alfredo Antonio Nova Pérez.
Las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público establecen que el prófugo Leonardo Méndez Mojica había rentado el vehículo antes mencionado desde el 21 al 27 de enero del presente año.
Este al ser entregado de manera voluntaria a las autoridades por el señor Alfredo Antonio Nova Pérez, responsable del vehículo, se ejecutaron varias inspecciones que arrojaron el lugar donde se encontraron los cuerpos sin vida de la pareja de esposos.
El cuerpo del hoy occiso Miguel Jaquéz Rodríguez fue encontrado completamente atado con cintas pegantes transparentes y el cadáver de la señora Elizabeth Almarante Pacheco estaba igualmente atado con este mismo tipo de cinta. Los cuerpos sin vida fueron encontrados en un pozo séptico en el municipio de Los Alcarrizos.
Santo Domingo, R.D.-Los cuatro candidatos presidenciales plantearon este miércoles durante el llamado «Verdadero Debate» la creación masiva de empleos, redistribución de riqueza y múltiples reformas para combatir la inseguridad.
Estas respuestas fueron emitidas luego de que a los aspirantes se les preguntó “¿cuáles aspectos debe contener un plan de seguridad ciudadana que realmente garantice la paz y vida de las personas?”.
La primera en responder fue la candidata del partido Opción Democrática, Virginia Antares Rodríguez, quien aseguró que la inseguridad es la principal preocupación de las familias dominicanas, afirmando que se debe abordar en tres niveles: a largo plazo, a mediano plazo y en lo inmediato.
Fotografía muestra a Virginia Antares, de Opción Democrática (OP).GLAUCO MOQUETE
Afirmó que a mediano y largo plazo la única forma de reducir la inseguridad es disminuir la desigualdad social que existe en el país, indicando que su solución para este problema es introducir un cambio en la política salarial, a fin de que los ingresos de los dominicanos aumenten progresivamente a través de los años.
También propuso una reforma educativa, con el objetivo de multiplicar las oportunidades de la juventud dominicana.
En cuanto a lo inmediato, resaltó la necesidad de una “reforma profunda” a la Policía Nacional y al Poder Justicia dominicano. La primera incluiría una depuración de las filas de la uniformada, mientras que la segunda estaría orientada a minimizar el tiempo de espera del sistema judicial.
La segunda en tomar la palabra fue María Teresa Cabrera, del Frente Amplio.
La candidata presidencial del partido Frente Amplio, María Teresa CabreraGLAUCO MOQUETE
Cabrera aseguró que el problema de inseguridad en República Dominicana es uno de los muchos males que afectan a la sociedad que, en su opinión, provienen en su mayoría de un flagelo: la concentración de riquezas.
Afirmó que con una redistribución adecuada de las riquezas, junto a servicios públicos más eficientes, una buena estrategia de inclusión social y una depuración de las instituciones que combaten el crimen, se puede aumentar el nivel de seguridad en el país.
Luego de esta respuesta le llegó el turno al aspirante de Patria Para Todos, Fulgencio Severino.
El candidato presidencial del partido Patria Para Todos, Fulgencio SeverinoGLAUCO MOQUETE
El aspirante presidencial dijo que tiene un plan de gobierno sobre el tema de inseguridad enfocado alrededor de 5 ejes.
El primero de estos ejes gira en torno a garantizar el acceso a un empleo y salario digno; el segundo consiste en desarrollar un mayor y mejor acceso a la educación para la juventud del país.
Asimismo, indicó la necesidad de garantizar mejores condiciones de las comunidades de República Dominicana.
En cuarto lugar abogó por la modificación del sistema penitenciario, indicando que su plan contempla principalmente la rehabilitación de los internos y su posterior reinserción en la sociedad.
Finalmente, destacó la imperiosidad de combatir la “narcopolítica”, afirmando que el narcotráfico y microtráfico son una de las causas principales de la alta inseguridad en los barrios.
El candidato presidencial de GenS, Carlos PeñaGLAUCO MOQUETE
Al final le tocó a Carlos Peña, candidato presidencial de Generación de Servidores (GenS). Indicó que, de acurdo a estudios realizados, la razón principal de la inseguridad en el país se debe al alto nivel de desempleo, por lo que aseguró que pretende crear 500 mil empleos durante cada año de su Gobierno, si resulta ser elegido.
Explicó que para crear estos empleos eliminará el Impuesto Sobre la Renta, para crear más trabajos.
Santo Domingo, R.D.-El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional flexibilizó este martes las medidas de coerción a tres de los imputados de participar en esta red llamada Coral y Coral 5 G acusada de desfalco de dinero público durante el Gobierno de Danilo Medina, cuya decisión se produce a 48 horas del inicio del juicio de fondo en su contra.
El Tribunal no hizo caso al Ministerio Público que se opuso a las nuevas medidas de coerción contra los tres imputados, al considerar de que estos no presentaron nuevos presupuestos ni pruebas novedosas que permitieran al tribunal variar las medidas de coerción anterior.
El tribunal dispuso que el general de la Fuerza Aérea (FARD) Julio de los Santos Viola deje de cumplir el arresto domiciliario y le impuso una garantía económica de un millón de pesos, aunque le mantuvo el impedimento de salida del país sin previa autorización judicial.
Además, dictaminó que el radio de acción del localizador electrónico que utiliza el general De los Santos Viola le fuera ampliado a nivel nacional.
Con relación al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, la corte también le retiró el arresto domiciliario y a cambio le impuso una garantía económica de 100 mil y le mantiene el impedimento de salida del país sin previa autorización judicial.
Mientras que para el coronel de la Policía Rafael Núñez D’ Aza dispuso asimismo el cese de arresto domiciliario a cambio de una garantía económica de 100 millones de pesos, impedimento de salida sin previa del país autorización judicial y amplió a todo el territorio nacional el radio de acción del localizador que utiliza.
Al igual que el Ministerio Público, el abogado del Estado José Alberto Ortiz dijo que lo más prudente era mantener la medida de coerción vigente para no contaminar el juicio de fondo que comienza este jueves 18 de abril.
Los imputados cumplen medida de coerción, tras ser imputados de pertenecer al presunto entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano en más de 4 mil 500 millones de pesos entre los años 2012 y 2020.
Además, están acusados de sustraer los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Entre los acusados también están el mayor del Ejército Nacional Raúl Alejandro Girón Jiménez; el mayor general Adán Cáceres Silvestre; el general de la Armada de República Dominicana (ARD) Boanerges Reyes, así como el capitán de navío de ese mismo organismo Franklin Antonio Mata Flores.
También el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora) y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
Santiago, R.D.-Tres medidas de coerción fueron impuestas por la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago a una mujer acusada de ser cómplice en la muerte a tiros de su esposo en el municipio de Tamboril.
La magistrada Yiberty Polanco, del referido tribunal, impuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y la colocación de grilletes electrónicos contra Daneris Pérez Espinal.
«Dentro del proceso que se lleva a cabo, está ya no podrá ser víctima ni testigo, sino, que en este proceso pasó a ser un imputado más, junto a Fabricio Antonio Báez Pérez y a Giancarlos Café», explicó Carlos Villanueva, abogado de la familia de la víctima. Asimismo, Informó que analizará la motivación que haga la jueza para determinar si apela o no la decisión.
«Hubo manipulación de los hijos, (dijeron) que ella estaba enferma (…). entonces, su mamá está enferma y mi hermano, ¿adónde?, muerto, lo acribilló, ordenado por su mamá, su sobrino y el sicario», criticó Ana Dolores al advertir que las cosas no se van a quedar así.
De acuerdo al Ministerio Público, la mujer habría pagado la suma de RD$4 millones a un sobrino para que éste contratara a un sicario que acabara con la vida de Julio César Rodríguez Paula, de 68 años