Santo Domingo.-Arribaron a un acuerdo el Ministerio Público (MP)  con los representantes de Meljo Comercial E.I.R.L. y Optimus E.I.R.L., acusadas en el expediente por corrupción administrativa de la Operación Coral, y cada una deberá pagar una multa de tres mil salarios mínimos y una indemnización de RD$20 millones a favor del Estado dominicano.

Asimismo, logró que, mediante un procedimiento penal abreviado, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenara la disolución de las empresas, la clausura de los locales y el decomiso de los bienes que puedan tener a su nombre.

El fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Jonathan Pérez Fulcar, detalló que los representantes de ambas empresas sirvieron como “prestanombres” al coronel Rafael Núñez de Aza y a la madre de sus hijos, la primer teniente (PN) Jehohanan Lucía Rodríguez, quienes son los dueños reales de las sociedades comerciales y están acusados en el expediente.

“Pusieron a dos personas que no tienen un perfil económico acorde. Uno de ellos es pintor de Santo Domingo Oeste y, la otra, una joven estudiante que trabajaba en la casa de la acusada Jehohanan Lucía Rodríguez, a la cual puso a firmar un documento para colocarle como dueña, a pesar de no tener el perfil ni conocimiento de las operaciones”, señaló Pérez Fulcar a su salida de la audiencia.

El abogado del Estado dominicano, José Alberto Ortiz, detalló que los gerentes de las empresas Meljo Comercial E.I.R.L y Optimus E.I.R.L. se sumarán como testigos de la acusación del MP y de la demanda civil que representa.

Las sociedades comerciales Meljo Comercial E.I.R.L y Optimus E.I.R.L., son dos de las cuatro empresas que fueron separadas del expediente de la Operación Coral el año pasado, mediante las cuales desfalcaron al Estado dominicano con un aproximado de RD$360 millones, a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).

Por su parte, la jueza Yanibet Rivas Méndez declaró en rebeldía a las empresas S. S. A. Corporation SRL y S.O.S Carretera SRL, tras no comparecer ante la audiencia de este martes, pese a que sus representantes fueron citados.

El proceso

Los acusados de la Operación Coral y Coral 5G movieron más de RD$4,500 millones y adquirieron bienes por más de RD$2 mil millones, mediante un entramado de corrupción de al menos 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, entre los años 2012 y 2020. Además, sustrajeron los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Entre los acusados están, el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Julio Camilo de los Santos Viola; Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez De Aza, el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez; el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.

De igual manera, al general Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos Viola (FARD) y José Manuel Rosario Pirón, así como Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco y otros.

El inicio del juicio ha presentado contratiempos debido a la ausencia de acusados y representantes legales de estos, por lo que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pauta la audiencia para el jueves 6 de junio, a las 9:00 de la mañana.

Santo Domingo.- La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amala Pilarte, fue condenada este martes por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia por lavado de activos.

Sin embargo, previo a la lectura del dispositivo de la sentencia, el tribunal resaltó cuáles fueron las acusaciones que sí se pudieron comprobar durante este proceso judicial.

Así lo indicó la magistrada Nancy Salcedo, integrante del referido tribunal, y quien fue delegada en comunicar la decisión.

En su intervención, esta jueza afirmó que el comportamiento financiero de la legisladora y sus allegados coincidía con el modus operandi de organizaciones criminales que se dedican a cometer los tipos de delitos que Pilarte fue acusada.

De igual forma aseguró que, tras examinar el informe de investigación y de análisis financiero de Pilarte, se demostró que la acusada intentó diversificar e integrar los valores productos de actividades ilícitas con la adquisición y ventas de inmuebles.

“Para esta Suprema Corte, los indicios debidamente probados por la Procuraduría General de la República (PGR) permiten arribar a la única conclusión lógica que consta en la acusación y esta es: la acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional, a sabiendas de su origen ilícito”, subrayó Salcedo.

El tribunal es presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Salcedo, María Garabito, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco y condenó a cinco años de prisión a Pilarte.

Esta sentencia deberá ser cumplida en la cárcel de Rafey-Mujeres.

Además le fue impuesto el pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público.

«A partir de la valoración realizada a las pruebas, esta Segunda Sala ha logrado extraer

una pluralidad de indicios, especialmente relacionados con las relaciones comerciales

del entorno familiar de la acusada, su comportamiento financiero y el origen de los

valores que se movilizaron a través de sus productos bancarios. Sin lugar a duda, estos

indicios no se limitan a la disparidad entre los ingresos de la acusada y los montos

movilizados por ella, ya que esta Sala Penal extrajo de las pruebas que el

comportamiento financiero de la Rosa Amalia Pilarte López —y sus relacionados—

coinciden con el modus operandi de las organizaciones criminales que se dedican a este

tipo de infracciones.

Para esta Suprema Corte, los indicios debidamente probados por la Procuraduría

General de la República permiten arribar a la única conclusión lógica que consta en la

acusación, esta es que la acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para

colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional, a sabiendas de su origen

ilícito, comúnmente mediante transacciones en efectivo.

Además, se demostró que la acusada intentó diversificar e integrar los valores producto

de actividades ilícitas, con la adquisición y venta de inmuebles, como sostiene el órgano

de persecución.

Como esta Sala Penal ha venido sosteniendo, en el tipo penal de lavado de activos se da

la postura de la autonomía material relativa, donde se requiere que los activos materia

de lavado se vinculen a una actividad previa a través de indicios razonables que

persuadan al órgano jurisdiccional que se ha cometido el lavado de activos, como ha

ocurrido en este caso, donde se ha podido establecer un nexo lógico entre los indicios

que demuestran el origen ilícito de los bienes poseídos con la actividad de lavado; es

decir, que el origen o conexión de los activos materia de lavado se ha vinculado con

actividades criminales previas que integran la tipicidad la infracción».

¿DE QUÉ ERA ACUSADA?

Según el expediente del Ministerio Público, la diputada formaba parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos.

El documento describió que en la investigación se verificó que el modus operandi de la red era colocar sumas cuantiosas de dinero en el sistema financiero y otras ramas de la actividad económica para lograr “diversificar el producto proveniente del narcotráfico, aprovechando y utilizando vínculos familiares y de afinidad para hacer más eficaz dicha actividad ilícita de lavado de activos”.

Asimismo se detalló que se comprobó la existencia de transacciones bancarias realizadas por Pilarte que reflejan montos millonarios, presuntamente producto de las actividades ilícitas del entramado, estableciendo como la mujer es partícipe de la red de lavado junto a su esposo y también acusado Miguel Arturo López Florencio (Miky López).

El órgano persecutor también señaló que Pilarte tenía “pleno conocimiento” de que adquirió varios productos bancarios que se utilizaron para desarrollar un circuito de lavado de activos que tenía como fin “ocultar el verdadero origen de los fondos procedes del tráfico ilícito de drogas”.

La diputada habría colocado en el sistema financiero, según el órgano, más de 4,400 millones de pesos a través de depósitos en efectivo “que no puede justificar” pues por su actividad laboral como odontóloga, la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Impuestos Internos apuntan que la diputada solo había generado por su trabajo formal y lícito por concepto de salarios hasta el año 2021 solo RD$ 13,571,307.

Similarmente fue acusada de utilizar testaferros. De acuerdo con el referido documento, Pilarte utilizó a su hermana Francia Pilarte para ocultar uno de los vehículos de la estructura.

La legisladora también habría servido de testaferro para su esposo y para otros miembros de la red de lavado de activos, adquiriendo varios inmuebles y traspasándolos a otras personas a nombre de la razón social “Inversiones Inmobiliaria Cutuú, SRL”, representada por su cuñado Manuel Antonio Inoa Valdez.