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Supuesto narcotraficante había sido apresado con el paquete “más grande” de cocaína.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades de los Estados Unidos con sede en Puerto ya habían apresado el 2 de noviembre de 2016, encabezadas por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE), a Erick Mosquea Polanco, quien utilizaba la identidad de Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite con un paquete de cocaína que alcanzó los 1,786 kilos, cuya captura ahora se produjo en Colombia el pasado viernes.
De acuerdo a los informes de las agencias judiciales de Estados Unidos, para ese momento la incautación era la más grande en la historia de Puerto Rico.
Vista de unos bultos que contienen 1.786 kilos de cocaína durante su presentación en una rueda de prensa celebrada hoy, miércoles 2 de noviembre 2016, en las oficinas de la dependencia en San Juan, Puerto Rico.EFE
La droga se encontró en una furgoneta en la residencia de un hombre conocido como Sandy Hernández Mieses. Esta casa está ubicada en la Urbanización Marina Bahía en Cataño, municipio aledaño a San Juan. Este hombre también está vinculado a la red de tráfico y lavado de activos Falcón.
Además de Mosquea Polanco y Sandy Hernández Mieses, fueron arrestados Juan José De la Cruz Morales, Kevin De Morla Santana, Rudy Contreras Severino, José Morales Soto y Jonathan Jiménez Díaz. Todos, han sido señalados en el país por casos el caso Falcón.
En el caso Falcón se menciona a Juan José de la Cruz Morales, algunos medios lo señalaron como si fuera la misma persona que José Morales Soto, aunque este también está vinculado en el caso.
Imagen de la droga incautada por U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE)ICE
Todos, salvo Jiménez Díaz, estaban previamente acusados por un gran jurado federal en Puerto Rico por tratar de introducir droga desde la República Dominicana.
Esta acusación explica que desde aproximadamente enero de 2013 hasta aproximadamente mayo de 2013, los acusados Erick Mosquea-Polanco; Juan José De La Cruz Morales; Kevin de Morla Santana; Rudy Contreras Severino; José Morales Soto; y Sandy Hernández Mieses conspiraron para importar intencionalmente y a sabiendas de intentar importar desde la República Dominicana a los Estados Unidos más de cinco kilogramos de cocaína.
El 25 de julio de 2018, asistido por abogado, Kelvin Morla Santana se declaró culpable de los cargos que se le imputaban. Este hombre también fue arrestado por el caso Falcón.
Juan José De la Cruz Morales
Este hombre, también arrestado en su momento junto a Mosquea Polanco en Puerto Rico, fue entregado en extradición a la isla Caribeña por el Ministerio Público dominicano por sus supuestos vínculos con el narcotráfico y lavado de activos procedentes del tráfico de drogas.
Este hombre enfrenta una posible condena de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.
Rudy Contreras Severino
También arrestado por el caso Falcón, Rudy Contreras Severino, conocido como Rudy Parcela, fue detenido en 2009 por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en un “bombardeo de cocaína en Miches, en la región Este de la República Dominicana”.
El vocero de la DNCD de ese momento, Roberto Lebrón, informó que Contreras Severino era deportado de los Estados Unidos, luego de cumplir cinco años de cárcel por narcotráfico.
También que estuvo vinculado a un decomiso de droga, pero logró escapar.
“Contreras Severino es un individuo que estuvo involucrado hace un tiempo en una operación de narcotráfico realizada en la Autopista Santo Domingo-Samaná, pero en esa ocasión logró, junto a otros individuos, evitar una acción penal en su contra”, agregó.
Sandy Hernández Mieses
Por su arresto en 2016, este hombre que estaba en sillas de ruedas presentó en 2019 una moción para suprimir las pruebas incautadas en su casa el día de su arresto ante el decomiso de 1,786 kilos de cocaína y lavado de dinero en Cataño, Puerto Rico.
Este hombre impugnó la conclusión del tribunal de distrito de que los agentes federales de policía se basaron válidamente en las excepciones al requisito de la orden judicial cuando registraron su casa, una camioneta de carga dentro de su garaje y una miniván estacionada en la entrada de su casa.
También afirmó, de manera más amplia, que toda la operación estuvo contaminada por la intención ilegal de los agentes de ejecutar un registro sin orden judicial, incluso antes de entrar en su casa para ejecutar la orden de arresto. Esta solicitud fue denegada.
Arresto de Mosquea Polanco
Erick Randhiel Mosquea Polanco, fue capturado por el Ejército Nacional Colombiano y la Fiscalía General de ese país el pasado viernes 6 de diciembre, acumuló alrededor de 166 millones de dólares por lavado de activo provenientes del narcotráfico.
La acusación indica que desde el 2012, esta red traficaba alrededor de 2,500 kilos de cocaína semanal, cerca de 10 toneladas, los cuales eran enviados a Estados Unidos y Europa.
Al momento de su arresto, este dominicano, señalado como el cabecilla de la red Falcón, desarticulada en el país en septiembre de 2021, se encontraba en una lujosa casa en la vereda Yerbabuena de Chía Cundinamarca, en las afueras de Bogotá, Colombia.
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.