Santo Domingo, RD.-Los imputados en la Operación Falcón no es la primera vez que algunos de ellos se ven involucrados en negocios del bajo mando y que la DEA lleva a cabo conjuntamente con las autoridades dominicanas operativos de este tipo y que son apresados hasta en plena acción delictiva.Nacionales
Protagonistas de Operación Falcon son reincidentes.
Santo Domingo, RD.-Los imputados en la Operación Falcón no es la primera vez que algunos de ellos se ven involucrados en negocios del bajo mando y que la DEA lleva a cabo conjuntamente con las autoridades dominicanas operativos de este tipo y que son apresados hasta en plena acción delictiva.Cuatro del grupo, compuesto por 21 personas, que llegaron a traficar aproximadamente 2,500 kilos de cocaína semanales desde 2012, son reincidentes con responsabilidad criminal en varias ocasiones sin que estas hayan logrado impedir continuar con sus acciones, ya que salían de los procesos judiciales con facilidad, a pesar de tener fuertes imputaciones, según el Ministerio Público.
En noviembre de 2016, las autoridades estadounidenses en Puerto Rico, encabezadas por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE), apresaron y les decomisaron a Erick Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales 1,786 kilos de cocaína su cargo.
En ese momento, los dos cabecillas de la investigada red de narcotráfico que tenía mando de control en Santiago, se desprendieron de la droga que tenía un valor de US$45 millones de dólares en el mercado negro.
Junto a ellos, resultaron apresados otros cuatro: Kevin de Morla Santana, Rudy Contreras Severino, José Morales Soto, Sandy Hernández Mieses y Jonathan Jiménez Díaz.
“Todos, salvo Jiménez Díaz, estaban previamente acusados por un gran jurado federal en Puerto Rico por tratar de introducir droga desde la República Dominicana”, dice el periódico Primera Hora de Puerto Rico, en una nota atribuida a la agencia EFE.
El tercero de los reincidentes, José Alejandro de la Cruz Morales, es catalogado por el Ministerio Público como una persona con conducta violenta.
“Al momento del arresto trato de evadirse”, puntualiza la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público.
Los registros periodísticos apuntan a que José Alejandro Cruz Morales, hermano de Juan José de la Cruz Morales tiene algunos casos abiertos en distintas jurisdicciones, entre ellos uno por 400 kilos de cocaína, en el que tiene una orden de arresto.
Archivos constan que en 2012 fue capturado de camino a Santiago donde entregaría una “nevera playera” con casi US$500,000 dólares en efectivo, como parte de una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico.
De igual forma, al año siguiente volvió a los medios citado entre los responsables de la muerte a tiros de dos hombres, la noche del 18 de junio de 2013 en la carretera que comunica la autopista Duarte con el Santo Cerro, en La Vega.
“Se trató de un ajuste de cuentas por una negociación con drogas”, dicen los medios del momento.
También fue apresado intentando ingresar ilegalmente a Puerto Rico, donde ya tenía antecedentes penales y había sido repatriado hace años por hechos delictivos.
No obstante, el juez Duvergé Mejía favoreció a De la Cruz Morales con un auto de no ha lugar porque la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) no tenía orden de arresto para apresarlo, a pesar de haberlo encontrado in fraganti.
La cuarta reincidente María Olimpia Tavares Rodríguez, conocida como Oli y La Princesa, fue condenada en 2013 por transparentar cerca de RD$100 millones en una red de lavado de activos internacional que dirigía su pareja sentimental en ese entonces, el colombiano Huber Oswaldo Buitrago Ruiz, condenado en 2016 por la misma acción.
Al momento de su arresto, las autoridades mostraron US$1,003,000.00; 24,500.00 euros y RD$150,000.00, y 20 vehículos de lujo incautados en 14 allanamientos realizados de forma simultánea en el Distrito Nacional, y las provincias Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago.
El entonces juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó tres meses de prisión preventiva con envío a la cárcel de Najayo Mujeres en marzo de 2013. Medio año después, un tribunal dispuso su puesta en libertad.
Dentro de la Operación Falcón se le conocerá coerción a los imputados Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro.
Además, Angélica María Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rogríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
Santo Domingo, R.D.-Según declaraciones del abogado defensor de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, iniciarán mañana los trámites legales correspondientes para se les otorgue su libertad, luego que el tribunal le impusiera garantía de 50 millones de pesos, como medida de coerción.
Estos están acusados de homicidio involuntario, por el desplome del techo del club nocturno Jet Set que cobró la vida de 236 personas.
«En el día de hoy la oficina de la procuradora fiscal está cerrada para los trámites administrativos, lo cual entiendo que ese trámite se agotará el día de mañana, si Dios quiere», explicó.
Argumentó que la jueza Fátima Veloz no encontró riesgo de fuga u obstaculización en la investigación, para determinar si era necesario o no el estado de prisión preventiva, mientras se agotaba la fase de investigación.
La medida fue impuesta el día de ayer por el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional tras 12 horas de litigación y una garantía económica de RD$50 millones como medida de coerción, además de impedimento de salida y presentación periódica en el tribunal.
El jurista agregó que conversó con Antonio Espaillat, quien está de acuerdo con la decisión tomada, porque responde a los presupuestos planteados y que se encuentra «deseoso de poder incorporarse a sus empresas«, como también de estar al frente en sus ocupaciones y responsabilidades familiares.
Compensación económica
En cuanto a la compensación económica para las familias de los afectados, lo calificó como un acuerdo para conciliar esta etapa que adolece a todos los afectados.
“Es una tragedia que impacta no solamente en términos físicos, sino psicológico, mental y laboral, muchos elementos, y eso hay que trabajarlo por etapa. Esos acuerdos permiten conciliar una etapa. Luego hay que pasar con la parte personal individual para ir sanando, tú entiendes, ir recuperando los efectos de lo que significa esta tragedia”, expresó.
Sobre la decisión del Ministerio Público de apelar a la coerción impuesta, respondió que es un derecho conferido a la institución y debe hacer uso de ese recurso.
“Ese es un derecho que la propia resolución ha establecido y que las leyes le confieren a esa institución para si los considera de lugar proceder a hacer ese recurso”, sostuvo.
Santo Domingo. – Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, rechazó este miércoles el inicio de una campaña política a destiempo y exhortó a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a respaldar al presidente de la República, Luis Abinader, para que continué realizando una excelente gestión gubernamental.
De los Santos recordó que apenas estamos a mediados del año 2025, y que, para el inicio de la precampaña, todavía faltan dos años, según los establecido en la Ley de Régimen Electoral, que está para regir los certámenes electorales.
“Todos los compañeros y compañeras de nuestro partido y demás organizaciones partidarias, sabemos que hay un activismo político. En el caso del PRM, entiendo que lo que debemos es concentrarnos en gobernar y ayudar al presidente Abinader para que haga la mejor gestión de gobierno posible”, afirmó el representante de Sánchez Ramírez.
El presidente de la Cámara Alta recomendó a los precandidatos presidenciales a esperar el momento establecido en la ley para presentar sus aspiraciones políticas y salir con todo su derecho a realizar sus campañas.
Al ser abordado por periodistas que cubren la fuente congresual, el legislador informó que el Congreso Nacional recibió del Poder Ejecutivo el proyecto que viene a regular las bancas ubicadas en las cercanías de centros educativos, y dijo que éste responde a la creciente preocupación por su impacto en jóvenes y niños.
“Todos sabemos que ha habido una gran preocupación porque, por ejemplo, en las áreas donde están los centros educativos se encuentran al lado, al frente, a la izquierda, a la derecha, de una escuela, en cualquier esquina hay una banca de juego de azar, que, para esos jóvenes, no es lo más apropiado”, dijo.
Precisó que esta iniciativa fue remitida a la Comisión de Hacienda para su estudio y se espera que sea tratado con agilidad, “a pesar de que la agenda legislativa está cargada con temas de mucha prioridad.
“Nosotros tenemos el compromiso de sacar proyectos que llevan décadas en el Congreso Nacional, como es el Código Penal, que asumimos el compromiso de ver cómo le damos salida en esta legislatura. Además de la Ley de Aguas de la República Dominicana y la reforma al Código Laboral, entre otras importantes iniciativas”, concluyó.
Santo Domingo. – Los propietarios de la colapsada discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, serían juzgados no por cada victima, sino por un hecho, pese a que la tragedia dejó 235 muertos, de acuerdo con la abogada Carolina Morel.
Según la jurista, la calificación provisional otorgada por el Ministerio Público a este caso se basa en «un solo hecho»: el colapso del techo de la discoteca.
Carolina enfatizó que la interpretación común sobre la aplicación de las penas es errónea. «Muchas personas se preguntan que si esto es individual por cada víctima, situación que no es así, es por un solo hecho,» afirmó.
«El Ministerio Público le ha dado una calificación temporal por violación a los artículos 319 y 320 del Código Penal, donde el más gravoso es el 319 que establece penas que oscilan entre tres meses a dos años,» explicó la abogada.