Santo Domingo, RD.-Los imputados en la Operación Falcón no es la primera vez que algunos de ellos se ven involucrados en negocios del bajo mando y que la DEA lleva a cabo conjuntamente con las autoridades dominicanas operativos de este tipo y que son apresados hasta en plena acción delictiva.Nacionales
Protagonistas de Operación Falcon son reincidentes.
Santo Domingo, RD.-Los imputados en la Operación Falcón no es la primera vez que algunos de ellos se ven involucrados en negocios del bajo mando y que la DEA lleva a cabo conjuntamente con las autoridades dominicanas operativos de este tipo y que son apresados hasta en plena acción delictiva.Cuatro del grupo, compuesto por 21 personas, que llegaron a traficar aproximadamente 2,500 kilos de cocaína semanales desde 2012, son reincidentes con responsabilidad criminal en varias ocasiones sin que estas hayan logrado impedir continuar con sus acciones, ya que salían de los procesos judiciales con facilidad, a pesar de tener fuertes imputaciones, según el Ministerio Público.
En noviembre de 2016, las autoridades estadounidenses en Puerto Rico, encabezadas por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE), apresaron y les decomisaron a Erick Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales 1,786 kilos de cocaína su cargo.
En ese momento, los dos cabecillas de la investigada red de narcotráfico que tenía mando de control en Santiago, se desprendieron de la droga que tenía un valor de US$45 millones de dólares en el mercado negro.
Junto a ellos, resultaron apresados otros cuatro: Kevin de Morla Santana, Rudy Contreras Severino, José Morales Soto, Sandy Hernández Mieses y Jonathan Jiménez Díaz.
“Todos, salvo Jiménez Díaz, estaban previamente acusados por un gran jurado federal en Puerto Rico por tratar de introducir droga desde la República Dominicana”, dice el periódico Primera Hora de Puerto Rico, en una nota atribuida a la agencia EFE.
El tercero de los reincidentes, José Alejandro de la Cruz Morales, es catalogado por el Ministerio Público como una persona con conducta violenta.
“Al momento del arresto trato de evadirse”, puntualiza la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público.
Los registros periodísticos apuntan a que José Alejandro Cruz Morales, hermano de Juan José de la Cruz Morales tiene algunos casos abiertos en distintas jurisdicciones, entre ellos uno por 400 kilos de cocaína, en el que tiene una orden de arresto.
Archivos constan que en 2012 fue capturado de camino a Santiago donde entregaría una “nevera playera” con casi US$500,000 dólares en efectivo, como parte de una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico.
De igual forma, al año siguiente volvió a los medios citado entre los responsables de la muerte a tiros de dos hombres, la noche del 18 de junio de 2013 en la carretera que comunica la autopista Duarte con el Santo Cerro, en La Vega.
“Se trató de un ajuste de cuentas por una negociación con drogas”, dicen los medios del momento.
También fue apresado intentando ingresar ilegalmente a Puerto Rico, donde ya tenía antecedentes penales y había sido repatriado hace años por hechos delictivos.
No obstante, el juez Duvergé Mejía favoreció a De la Cruz Morales con un auto de no ha lugar porque la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) no tenía orden de arresto para apresarlo, a pesar de haberlo encontrado in fraganti.
La cuarta reincidente María Olimpia Tavares Rodríguez, conocida como Oli y La Princesa, fue condenada en 2013 por transparentar cerca de RD$100 millones en una red de lavado de activos internacional que dirigía su pareja sentimental en ese entonces, el colombiano Huber Oswaldo Buitrago Ruiz, condenado en 2016 por la misma acción.
Al momento de su arresto, las autoridades mostraron US$1,003,000.00; 24,500.00 euros y RD$150,000.00, y 20 vehículos de lujo incautados en 14 allanamientos realizados de forma simultánea en el Distrito Nacional, y las provincias Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago.
El entonces juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó tres meses de prisión preventiva con envío a la cárcel de Najayo Mujeres en marzo de 2013. Medio año después, un tribunal dispuso su puesta en libertad.
Dentro de la Operación Falcón se le conocerá coerción a los imputados Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro.
Además, Angélica María Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rogríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.