Análisis Noticiosos
Errores y omisiones de la Procuraduría en el manejo del escándalo Odebrecht
Por Juan Bolívar Díaz
La dependencia de los papeles de Brasil ha sido casi total en el rol de la Procuraduría General de la República (PGR) para sancionar los sobornos, sobrevaluaciones de obras, estimadas sobre US$1,200 millones, financiamientos electorales y abuso del territorio nacional por Odebrecht para la mayor operación de corrupción transnacional.
Desaprovechó el generoso pacto con la empresa transgresora sin reclamar el interrogatorio de sus ejecutivos que operaron en el país para documentar las implicaciones, quedando a expensas de generalidades fácilmente destructibles por la defensa y con una instancia de poco peso documental y errores garrafales.
Datos generales en Brasil. Los más optimistas se aferran a la esperanza de que en los 8 meses que tiene de plazo, la PGR encuentre suficientes pruebas documentales o testimonios concretos para que jueces de la Suprema Corte de Justicia puedan condenar a los 14 imputados por los sobornos de Odebrecht en el país, muy escasos en la instancia con que solicitó su privación de libertad.
Los pesimistas y desconfiados, que parecen mayoría, creen que la instancia es lo más que pudieron lograr las autoridades judiciales y políticas para tratar de contener el clamor nacional e internacional por el fin de la impunidad sin mayores complicaciones políticas, aún al interior del Gobierno. Se quedaron en generalidades y acusaciones indirectas, sin afirmaciones categóricas ni montos, y apenas sobre los sobornos que habrían mediado para la contratación de 17 obras por casi 6 mil millones de dólares en el período 2001-14.
El Ministerio Público dominicano no ha reclamado interrogar en Brasil a los ejecutivos de la Odebrecht que operaron en el país, como lo hizo el de Perú, que el 16 de mayo pasado interrogó en Curitiba al presidente del consorcio Marcelo Odebrecht buscando detalles sobre financiamientos políticos que involucran a tres expresidentes.
El interrogatorio a los ejecutivos Marcos Vasconcelos, Ernesto Sa Viera y Luis da Rocha, que aparecen refiriendo que Angel Rondón habría sobornado a varios funcionarios y legisladores dominicanos, sería fundamental para obtener precisiones. Por igual a los ejecutivos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Fernando Migliaccio, Hilberto Alves da Silva y Eduardo Soares, que han testimoniado financiamiento de campañas electorales dominicanas a través de Joao Santana.
A expensas del exterior. La realidad es que durante meses la PGR pareció depender del “listado de sobornados” que le entregaría la Justicia brasileña, y eso no ha ocurrido, porque era imposible que allá pidieran los detalles de montos, sistemas de pagos, fechas o intermediarios de las implicaciones en los 12 países que incluyó el escándalo de sobrevaluaciones de obras públicas, mediante el soborno y el financiamiento electoral.
El pacto firmado con Odebrecht establecía la obligación de sus ejecutivos de entregar toda la información y documentación de sus delitos, en un plazo de 60 días luego reducido a 30, pero eso no ha ocurrido ni parece que se le esté exigiendo, ya que la PGR aduce ahora que lo comprometido era lo confesado ante la Justicia brasileña.
A presiones internacionales se atribuye el que las autoridades hayan procedido a imputar a 14 personas, repartiendo responsabilidades políticas y a que lo hicieran aparatosamente, filtrando implicados y avisando fechas y horas para dar “una demostración de firmeza” y de paso distraer la atención de quienes reclaman el fin de la impunidad. Espectáculo fue también el traslado de la mayoría de los imputados en un autobús turístico de amplios ventanales, y en horario avisado que permitió concentración de testigos.
Lo peor fue el aparataje que acompañó los arrestos, tratándose de personas con responsabilidades públicas que habían accedido a responder ante las autoridades investigativas y manifestaban disposición a los procedimientos judiciales, varios encausados con indicios tan débiles que no resistirían un habeas corpus.
Estiman sobrevaluaciones. Fue un grupo periodístico peruano de investigaciones que develó hace meses la ruta del Lava Jato en República Dominicana, identificando un entramado de empresas, que mediante 16 transferencias aportaron 4 millones 396 mil dólares a la firma CineArt 2013, creada en Santo Domingo por asociados de Joao Santana, que se cree estaban destinados a financiamiento político, entre octubre de 2013 y julio de 2014.
Esta semana el consorcio internacional de investigación periodística Convoca Investiga Lava Jato, publicó una evaluación de más de 50 obras construidas por Odebrecht en siete países, estimando que tuvieron costos adicionales a lo originalmente contratado por más de 6 mil millones de dólares, en muchos casos investigados como sobrevaluaciones. El mayor volumen ocurrió en Perú con 1,932 millones de dólares, seguido por Panamá con 1,778 millones y República Dominicana 1,217 millones de dólares.
Convoca, entre cuyos socios está el importante diario Folha, de Sao Paulo, identifica a
Leonel Fernández como el presidente que más contratos otorgó a Odebrecht, con 12, seguido del difunto mandatario venezolano Hugo Chávez y el panameño Ricardo Martinelli ambos con 11. Este último fue detenido esta semana en Miami requerido por las autoridades judiciales de Panamá.
Justo en Venezuela, República Dominicana y Panamá fue donde Odebrecht confesó los mayores montos pagados en sobornos, por 98 millones de dólares, 92 y 59 millones respectivamente. Ejecutivos de la constructora han dicho que el patrón de sobrevaluaciones era el 22 por ciento. Los 1,217 millones que Convoca atribuye a las sobrevaluaciones de las 17 obras en el país equivalen al 20.4 por ciento. Los estimados son fruto del análisis de una base de datos compartida por 20 periodistas de siete países. Sus resultados se pueden comprobar en la dirección electrónica “investigalavajato.convoca.pe”
Errores inconcebibles. Hay que leer detenidamente las 326 páginas de la instancia acusatoria de la PGR para detectar múltiples errores de diversa magnitud, algunos tan sonados como el haber convertido en 100 millones de pesos dos depósitos por 500 mil pesos cada uno en una cuenta del imputado Roberto Rodríguez. La “aclaración” después, ridiculizada por la defensa fue que se trató de un “error mecanográfico”, aunque figura en dos cuadros, en números y letras, y se argumenta sobre su magnitud.
Los redactores llegan al extremo de confundir revaluaciones de propiedades inmobiliarias de una declaración jurada a otra con intento de ocultar su patrimonio, cuando en esos casos fue de actualizar su valor siempre elevándolos, con lo que les suben el “enriquecimiento ilícito”. Le atribuyen a dos legisladores 7 y 8 automóviles de lujo, registrados en la DGII, como no declarados, ignorando la práctica generalizada de vender exoneraciones, que durante años permanecen a nombre del beneficiario.
Es significativo que la hija de Angel Rondón, Angelina Rondón Marte, 37 años, no esté imputada, aunque se le identifica como accionista de sus empresas receptoras de dinero de Odebrecht y se especifica que recibió depósitos bancarios por 326 millones de pesos y 14.7 millones de dólares, totalizando más de 1,170 millones de pesos. Esta suma supera el patrimonio que la misma instancia atribuye a 12 de los imputados, exceptuando a Rondón y Díaz Rúa. Tampoco fue imputado el primo, Kelly Rondón, gerente administrativo de Conamsa, que recibió 23 millones de dólares de Odebrecht. Se le atribuye haber colocado más de 50 millones de pesos en cuentas bancarias, entre 2007 y 2017.
Mientras a César Sánchez le imputan haber elevado su patrimonio en 7 millones de pesos en cuatro años, a Tommy Galán por 12 millones en seis años como senador, a Temístocles Montás en 35 millones de pesos, tras 17 años de ministro. A Máximo de Oleo y Bernardo Castellanos parece que no les encontraron patrimonio. Y abundan los datos falsos en muchas imputaciones, incluyendo las de Andrés Bautista, cuyo abogado, Carlos Salcedo, destrozó en la audiencia, como la de atribuirle aprobaciones congresuales cuando ya no estaba en el Senado. Y muchos dislates más que no caben en este espacio.
Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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Análisis Noticiosos
Estudio asegura que jardines Suizos esconden toneladas de oro de sus propietarios
Agencia Efe
Ginebra.- Las familias suizas acumulan en total, a modo de inversión segura, unas 200 toneladas de oro valoradas en 15,000 millones de francos (16,000 millones de euros), y una parte de ellas han sido enterradas en los jardines de sus propiedades, revela un estudio publicado por la Universidad de San Galo (este del país).
A esta conclusión han llegado los autores del estudio del que se hace eco este jueves la televisión nacional RTS, realizado mediante encuestas a unos 3,000 residentes en el país, a los que se les preguntó si poseían reservas de oro y dónde las guardaban, lo que dio resultados inesperados.
Un 15 % indicaron que guardaban su oro en un lugar secreto de la vivienda y un 5 % enterrado en el jardín, lo que en este último caso equivaldría a 10 toneladas del metal precioso valoradas en 750 millones de francos (800 millones de euros).
El estudio se refiere únicamente al oro en lingotes o en monedas y excluye el utilizado en joyas y otros objetos.
Aunque dos tercios de los encuestados en el estudio consideran que el oro es un valor seguro para la inversión, son más los ciudadanos del país que invierten en el sector inmobiliario o en el bancario.
Los encuestados con reservas de oro aseguraron que no venderían estas peculiares fortunas más que en caso de absoluta necesidad, pese a que actualmente el precio del oro se encuentra en valores récord que se aproximan ya a los 2.800 dólares (2.600 euros) por onza (medida de peso de metales preciosos equivalente a unos 31 gramos).