Análisis Noticiosos
Errores y omisiones de la Procuraduría en el manejo del escándalo Odebrecht
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9 años agoon
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LA REDACCIÓNPor Juan Bolívar Díaz
La dependencia de los papeles de Brasil ha sido casi total en el rol de la Procuraduría General de la República (PGR) para sancionar los sobornos, sobrevaluaciones de obras, estimadas sobre US$1,200 millones, financiamientos electorales y abuso del territorio nacional por Odebrecht para la mayor operación de corrupción transnacional.
Desaprovechó el generoso pacto con la empresa transgresora sin reclamar el interrogatorio de sus ejecutivos que operaron en el país para documentar las implicaciones, quedando a expensas de generalidades fácilmente destructibles por la defensa y con una instancia de poco peso documental y errores garrafales.
Datos generales en Brasil. Los más optimistas se aferran a la esperanza de que en los 8 meses que tiene de plazo, la PGR encuentre suficientes pruebas documentales o testimonios concretos para que jueces de la Suprema Corte de Justicia puedan condenar a los 14 imputados por los sobornos de Odebrecht en el país, muy escasos en la instancia con que solicitó su privación de libertad.
Los pesimistas y desconfiados, que parecen mayoría, creen que la instancia es lo más que pudieron lograr las autoridades judiciales y políticas para tratar de contener el clamor nacional e internacional por el fin de la impunidad sin mayores complicaciones políticas, aún al interior del Gobierno. Se quedaron en generalidades y acusaciones indirectas, sin afirmaciones categóricas ni montos, y apenas sobre los sobornos que habrían mediado para la contratación de 17 obras por casi 6 mil millones de dólares en el período 2001-14.
El Ministerio Público dominicano no ha reclamado interrogar en Brasil a los ejecutivos de la Odebrecht que operaron en el país, como lo hizo el de Perú, que el 16 de mayo pasado interrogó en Curitiba al presidente del consorcio Marcelo Odebrecht buscando detalles sobre financiamientos políticos que involucran a tres expresidentes.
El interrogatorio a los ejecutivos Marcos Vasconcelos, Ernesto Sa Viera y Luis da Rocha, que aparecen refiriendo que Angel Rondón habría sobornado a varios funcionarios y legisladores dominicanos, sería fundamental para obtener precisiones. Por igual a los ejecutivos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Fernando Migliaccio, Hilberto Alves da Silva y Eduardo Soares, que han testimoniado financiamiento de campañas electorales dominicanas a través de Joao Santana.
A expensas del exterior. La realidad es que durante meses la PGR pareció depender del “listado de sobornados” que le entregaría la Justicia brasileña, y eso no ha ocurrido, porque era imposible que allá pidieran los detalles de montos, sistemas de pagos, fechas o intermediarios de las implicaciones en los 12 países que incluyó el escándalo de sobrevaluaciones de obras públicas, mediante el soborno y el financiamiento electoral.
El pacto firmado con Odebrecht establecía la obligación de sus ejecutivos de entregar toda la información y documentación de sus delitos, en un plazo de 60 días luego reducido a 30, pero eso no ha ocurrido ni parece que se le esté exigiendo, ya que la PGR aduce ahora que lo comprometido era lo confesado ante la Justicia brasileña.
A presiones internacionales se atribuye el que las autoridades hayan procedido a imputar a 14 personas, repartiendo responsabilidades políticas y a que lo hicieran aparatosamente, filtrando implicados y avisando fechas y horas para dar “una demostración de firmeza” y de paso distraer la atención de quienes reclaman el fin de la impunidad. Espectáculo fue también el traslado de la mayoría de los imputados en un autobús turístico de amplios ventanales, y en horario avisado que permitió concentración de testigos.
Lo peor fue el aparataje que acompañó los arrestos, tratándose de personas con responsabilidades públicas que habían accedido a responder ante las autoridades investigativas y manifestaban disposición a los procedimientos judiciales, varios encausados con indicios tan débiles que no resistirían un habeas corpus.
Estiman sobrevaluaciones. Fue un grupo periodístico peruano de investigaciones que develó hace meses la ruta del Lava Jato en República Dominicana, identificando un entramado de empresas, que mediante 16 transferencias aportaron 4 millones 396 mil dólares a la firma CineArt 2013, creada en Santo Domingo por asociados de Joao Santana, que se cree estaban destinados a financiamiento político, entre octubre de 2013 y julio de 2014.
Esta semana el consorcio internacional de investigación periodística Convoca Investiga Lava Jato, publicó una evaluación de más de 50 obras construidas por Odebrecht en siete países, estimando que tuvieron costos adicionales a lo originalmente contratado por más de 6 mil millones de dólares, en muchos casos investigados como sobrevaluaciones. El mayor volumen ocurrió en Perú con 1,932 millones de dólares, seguido por Panamá con 1,778 millones y República Dominicana 1,217 millones de dólares.
Convoca, entre cuyos socios está el importante diario Folha, de Sao Paulo, identifica a
Leonel Fernández como el presidente que más contratos otorgó a Odebrecht, con 12, seguido del difunto mandatario venezolano Hugo Chávez y el panameño Ricardo Martinelli ambos con 11. Este último fue detenido esta semana en Miami requerido por las autoridades judiciales de Panamá.
Justo en Venezuela, República Dominicana y Panamá fue donde Odebrecht confesó los mayores montos pagados en sobornos, por 98 millones de dólares, 92 y 59 millones respectivamente. Ejecutivos de la constructora han dicho que el patrón de sobrevaluaciones era el 22 por ciento. Los 1,217 millones que Convoca atribuye a las sobrevaluaciones de las 17 obras en el país equivalen al 20.4 por ciento. Los estimados son fruto del análisis de una base de datos compartida por 20 periodistas de siete países. Sus resultados se pueden comprobar en la dirección electrónica “investigalavajato.convoca.pe”
Errores inconcebibles. Hay que leer detenidamente las 326 páginas de la instancia acusatoria de la PGR para detectar múltiples errores de diversa magnitud, algunos tan sonados como el haber convertido en 100 millones de pesos dos depósitos por 500 mil pesos cada uno en una cuenta del imputado Roberto Rodríguez. La “aclaración” después, ridiculizada por la defensa fue que se trató de un “error mecanográfico”, aunque figura en dos cuadros, en números y letras, y se argumenta sobre su magnitud.
Los redactores llegan al extremo de confundir revaluaciones de propiedades inmobiliarias de una declaración jurada a otra con intento de ocultar su patrimonio, cuando en esos casos fue de actualizar su valor siempre elevándolos, con lo que les suben el “enriquecimiento ilícito”. Le atribuyen a dos legisladores 7 y 8 automóviles de lujo, registrados en la DGII, como no declarados, ignorando la práctica generalizada de vender exoneraciones, que durante años permanecen a nombre del beneficiario.
Es significativo que la hija de Angel Rondón, Angelina Rondón Marte, 37 años, no esté imputada, aunque se le identifica como accionista de sus empresas receptoras de dinero de Odebrecht y se especifica que recibió depósitos bancarios por 326 millones de pesos y 14.7 millones de dólares, totalizando más de 1,170 millones de pesos. Esta suma supera el patrimonio que la misma instancia atribuye a 12 de los imputados, exceptuando a Rondón y Díaz Rúa. Tampoco fue imputado el primo, Kelly Rondón, gerente administrativo de Conamsa, que recibió 23 millones de dólares de Odebrecht. Se le atribuye haber colocado más de 50 millones de pesos en cuentas bancarias, entre 2007 y 2017.
Mientras a César Sánchez le imputan haber elevado su patrimonio en 7 millones de pesos en cuatro años, a Tommy Galán por 12 millones en seis años como senador, a Temístocles Montás en 35 millones de pesos, tras 17 años de ministro. A Máximo de Oleo y Bernardo Castellanos parece que no les encontraron patrimonio. Y abundan los datos falsos en muchas imputaciones, incluyendo las de Andrés Bautista, cuyo abogado, Carlos Salcedo, destrozó en la audiencia, como la de atribuirle aprobaciones congresuales cuando ya no estaba en el Senado. Y muchos dislates más que no caben en este espacio.
Análisis Noticiosos
El reconocimiento de cuerpos por videollamada: duelo a distancia venezolano
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17 horas agoon
agosto 13, 2026
Caracas.- Norellys Marrero dejó un ejemplar del libro Vida, de Paulo Coelho, en la mesa de noche de su hija Liz el día antes de abandonar Los Ángeles. Viajaba de vuelta a Venezuela luego de vivir tres años con ella y esperar la respuesta de una solicitud de asilo que le fue negada. “Te lo dejo aquí para que nunca te olvides de que, pase lo que pase, uno nunca puede perder la esperanza de vivir hasta el final”, le dijo. Dos meses después, Norellys murió junto a su otra hija y su nuero en La Guaira, durante el doblete sísmico del 24 de junio en Venezuela.
Pero, a diferencia de otras historias, Liz vivió la tragedia por videollamada. Estaba a punto de ir a dar clases a la academia de baile donde trabaja desde hace 11 años cuando su mejor amigo —que también es artista y vive en Turquía— la llamó para decirle que había habido un terremoto catastrófico y que llamara a su familia. “Aparecieron todos, excepto mi núcleo familiar. Y ahí, cuando yo veo que todo el mundo contesta, que todo el mundo escribe y no escucho a los míos y llamo, llamo, llamo… ahí yo, automáticamente, ya sabía”, dice Liz.
La bailarina contactó desde Los Ángeles a motorizados en La Guaira para que fueran a ver el estado del edificio; también a su canosa tía Maribel, que perdió carro y casa pero se fue a participar en las labores de rescate, e incluso le mostraron las manos del cadáver de su hermana para que las reconociera. “¿Pero para qué iba a reconocer unas manos? Quería ver el cuerpo completo de mi hermana, que apareció debajo de su esposo. Yo creo que ellos quedaron vivos y con la fuerza que les quedaba empujaron a su hijo para que pudiera salir, porque los encontraron impulsando los brazos hacia arriba y Samuel estaba encima de ellos”, describe Liz.

Sus sobrinos sobrevivieron. Sebastián, de 16 años, estaba en la playa de Macuto celebrando la fiesta de San Juan y vio cómo todo se desplomaba a su paso. Samuel, de 11, quedó atrapado junto a su familia, y un turista lo rescató 24 horas después tras ver cómo su cabeza sobresalía entre los escombros. Ahora Samuel tiene cuatro fracturas y una parálisis facial. “Está en el hospital, todavía muy delicado. No habla, no puede mover la cara, tiene que hacer terapia de lenguaje, terapia ocupacional, y lo atienden entre fisioterapeutas, neurocirujanos e intensivistas. Lo acompaña una enfermera las 24 horas, y no se le puede dar de alta porque, cuando lo intentaron, convulsionó”, explica Liz.
Fue ella quien organizó cómo decirle a su otro sobrino que sus padres habían muerto. De nuevo, por videollamada: “Contacté a un psiquiatra y fue mi sobrino con toda la familia a su consultorio. El abuelo le dio a Sebastián la noticia y ese fue el momento más difícil de mi vida: ver a Sebastián tirándose al piso y gritando, a través de la pantalla. Porque ese dolor también lo tengo yo, yo también perdí a mi mamá en el mismo momento que él”, recuerda Liz.
Desde entonces, sus sobrinos están bajo la custodia de su abuelo paterno, mientras Liz ha organizado una campaña en GoFundMe a beneficio de su futuro como beisbolistas profesionales, carrera de la que sueña ser manager. “Gracias a la danza he reunido más de 70 mil dólares en un mes. Ya tengo 13 ciudades confirmadas donde se van a hacer talleres de danza para donar a los niños. También en la ciudad hacen un festival que se llama Next Fest LA y, gracias a las redes, vieron lo que estoy haciendo y me llamaron para patrocinar un escenario a beneficio de mi familia”, explica.

Los vecinos al rescate de supervivientes
El caso de Crismar Chacín es similar. Su vida transcurre en Los Ángeles desde 2021, cuando consiguió una beca para The American Academy of Dramatic Arts. Desde entonces, no ha vuelto a La Guaira. Su papá se suicidó hace cuatro años, cuando ya Crismar vivía en el extranjero, y su hermano Cristian, de 19 años, murió atrapado en uno de los edificios que se derrumbó en Los Corales el día del terremoto.
“Hija, hubo un terremoto”, le dijo su mamá a través de una llamada mientras Crismar estaba en una biblioteca. “La primera persona que me contó fue mi mamá, que estaba en Caribe y me llamó para decirme que todo se había venido abajo. La llamada duró menos de cinco minutos y sentí que se estaba acabando el mundo. La escuché cuando logró llegar al edificio, gritar por Cristian y que no respondiera”, recuerda.
Al edificio no llegaron rescatistas hasta el día siguiente y, en ese momento, estaban priorizando el rescate solamente donde se escuchara vida: “Eran vecinos a mano limpia tratando de salvar gente. Mi tío se lanzó una travesía desde Catia La Mar hacia Los Corales porque la policía había dado la orden de que no se metieran a los edificios, y mi tío dijo que él sí iba a meterse. Así encontraron a Cristian y a otros vecinos el viernes 26 de junio”, explica.
Crismar estaba con su mamá en la llamada cuando identificaron a su hermano. “A pesar de estar en la distancia, algo me dijo que intentara llamarla a ver si entraba la señal, y fue justo en el momento en el que lo identificaron por su tatuaje”, dice. Sin embargo, ahí no lo pudieron extraer y tuvieron que echarle cal al cuerpo para preservarlo. “El piso tres quedó en planta baja y todo el peso del edificio estaba encima de nuestros familiares. Así que no fue posible sacarlos sin la ayuda correcta, que llegó cuatro días después gracias a los topos mexicanos”, explica.

Por eso Liz destaca el sentido de comunidad que ha vivido gracias a este momento: “Pasó lo peor en La Guaira, y la única razón por la que mis sobrinos están vivos es porque en ese momento había comunidad. El único que te puede salvar cuando no hay luz, no hay agua, no hay internet, es el que te quiere”, dice.
Crismar enfrenta una larga espera por la legalización de su estatus en Estados Unidos, lo que le impide salir del país para estar con su mamá, que ahora se quedó sola. “Lo peor ha sido estar pegada al teléfono hablando con mi mamá y sentirme completamente inútil porque no puedo ni ir para allá ni traérmela, porque ya los venezolanos venimos con ciertas limitaciones. No es la primera pérdida que vivo lejos después de haberme ido de Venezuela, y tampoco es la primera vez que no puedo ir y abrazar inmediatamente a mi mamá”, dice.
Liz, en cambio, está esperando una residencia permanente en Estados Unidos y el trámite no le permite salir del país. “Pero olvídate. En el momento en que se resuelva lo de mi green card, que debe ser en un par de meses, estaré volando a Venezuela a ver a mis sobrinos”, dice.
Liz Marrero y Crismar Chacín son ejemplo de los nueve millones de venezolanos que emigraron masivamente entre 2014 y 2024 debido a la crisis humanitaria compleja que vive el país. Ambas están tratando de entender cómo avanzar legalmente para estar más cerca de los suyos. “Tengo que validar ante Estados Unidos y Venezuela que soy una persona trabajadora de bien, que hace impacto en la comunidad, que siempre ha sido generosa, profesional y súper exitosa. Pero es muy difícil, porque uno tiene que lidiar con sus sentimientos y, a la vez, tienes que lidiar con trámites legales y frenar un poco el corazón”, dice Liz.
Ambas se hacen preguntas que las ayuden a aliviar la pena, pero las respuestas no llegan tan fácilmente. Crismar lo resume así: “No sé por qué a los venezolanos nos está tocando esto y es un sentimiento muy específico e indescriptible el que tú estés buscando un mejor futuro y trabajando por tu familia afuera pero no puedes estar ahí cuando estas cosas pasan”. Liz, por su parte, lo deja a la fe: “¿Por qué nos pasan estas cosas? Ya yo me molesté con Dios y lo perdoné. Ahora tengo que seguir”.
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Análisis Noticiosos
La aportación clave de la comunidad marroquí en España: “Las remesas son críticas para Marruecos”
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1 semana agoon
agosto 6, 2026El dinero enviado desde España representa más del 1% del PIB del país magrebí, mientras que el procedente de toda la emigración alcanza el 7,5%
Madrid.-Más de un millón de personas de origen marroquí viven en España, lo que la convierte en la comunidad extranjera más numerosa, por delante de Colombia. Y también en un elemento de considerable importancia para la economía del país magrebí, muchos de cuyos ciudadanos siguen intentando emigrar a Europa como ha mostrado lo sucedido recientemente en Ceuta. Marruecos (y su tejido productivo, y sus hogares) depende en gran medida de las remesas de sus ciudadanos en el extranjero, el dinero que el emigrante envía a los familiares que se han quedado allí. Solo las procedentes de España sumaron casi 1.589 millones de euros en 2025, según datos del Banco de España, lo que equivale a algo más del 1% del PIB del país vecino.“La comunidad marroquí en España es un actor económico de primer orden para Marruecos, comparable a una gran exportación nacional por su capacidad para generar un flujo constante de recursos”, señala Rut Bermejo, investigadora para Migraciones del Real Instituto Elcano. “Su importancia económica se explica tanto por su tamaño como por su elevado nivel de participación laboral”, añade.
España es la segunda mayor fuente de remesas hacia Marruecos y representa en torno al 15% del total de las que recibe el país, según datos coincidentes de las autoridades monetarias marroquíes y europeas. Está por detrás solo de Francia, con unos 3.400 millones de euros, que suponen más del 30% del total. La superioridad francesa se debe al hecho de contar con la mayor comunidad de expatriados marroquíes del mundo con diferencia (más de 1,5 millones). Italia completa el podio de fuentes de ingresos extranjeros a Marruecos, con unos 800 millones de euros, algo menos del 10% del total recibido por el país norteafricano.
Cifras en millones de euros

“Las remesas son críticas para Marruecos. Sin ellas, sería totalmente insostenible mantener el nivel de importaciones actual del país”, señala Íñigo Moré, del centro de investigaciones Remesas.org, en declaraciones a este diario. Como muchos países en desarrollo, Marruecos importa más de la mitad de todo lo que consume (el 53% del PIB, según el Banco Mundial), algo difícil de costear con una divisa débil, el dirham, equivalente a menos de 10 céntimos de euro. La otra ventaja, como apunta Moré, es que se trata de un ingreso sin ninguna contrapartida, a diferencia del generado por un sector productivo como el turismo, con sus exigencias de inversión en infraestructura o pago de empleados. Este es dinero gratis e inmediato.
Las transferencias internacionales también impulsan la actividad local y favorecen al conjunto de la economía tanto a corto como a largo plazo, como precisa Bermejo: “Las remesas se destinan al sostenimiento de padres, hijos o familiares que permanecen en Marruecos, y se emplean en financiar vivienda o la educación y salud de esos hijos. También pueden servir para que familiares pongan en marcha pequeños negocios”.
En 2025 las remesas a Marruecos representaron un 7,5% de la economía del país. Cuánto representan en el PIB de Marruecos las remesas internacionales

Moré atribuye principalmente el avance de las transferencias desde territorio español a que, desde la pandemia, los inmigrantes marroquíes dejaron de viajar tanto y empezaron a hacer los envíos por vía bancaria o de empresas remesadoras. Otro factor citado por el experto es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en España: se ha elevado más de un 60% desde 2018, hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales.
Evolución de las remesas desde España destinadas a Marruecos sobre el total
Cifras en millones de euros

“Los marroquíes se ven más afectados por la subida del SMI, porque desempeñan trabajos peor remunerados, con mayor peso en la agricultura o la construcción, debido a la barrera lingüística. Si no hablas español, no puedes trabajar de camarero ni acceder a muchos empleos del sector servicios”, señala Moré. Le da la razón un estudio del Real Instituto Elcano basado en datos del INE a cierre de 2024. En conjunto, los inmigrantes africanos representan el 15,6% de los ocupados en la agricultura y el 14% en la construcción, en los dos casos muy por encima de cualquier otro grupo. En la hostelería, en cambio, su peso se limita al 12%, por detrás de latinoamericanos y asiáticos.
Ganen más o menos que otros inmigrantes, los marroquíes cobran mucho más en España que en su país, y eso es lo que más les importa. Quienes perciben el salario mínimo en la orilla norte del Mediterráneo disfrutan de un poder adquisitivo casi tres veces superior al que tendrían con el salario mínimo en Marruecos, según la Organización Internacional del Trabajo. El sueño de vivir en suelo español se explica también con la razón.
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El Tribunal Superior Electoral y la figura de la inadmisibilidad.
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2 semanas agoon
julio 30, 2026Por José Cabral
Nadie puede negar que el Tribunal Superior Electoral (TSE) exhibe en sus audiencias a través de sus jueces una alta solemnidad, la cual sirve de poco para mejorar la administración de justicia electoral y la democracia.
El TSE se ha vuelto experto en la aplicación de la figura de la inadmisibilidad, la cual es la vía mas fácil para no tener que conocer una demanda o acción de amparo, cuya decisión no tiene otro destino que recurrir en revisión ante el TC.
Se observa en este tribunal que, así como proyecta una gran solemnidad, opera como una trinchera de los partidos políticos para que mantengan su control sobre todo el sistema, principalmente del electoral.
Podría citar docenas de casos en los que el TSE se comporta como un instrumento de defensa de lo mal hecho de los partidos políticos y de otros órganos del Estado como la Junta Central Electoral (JCE), cuya última resolución ha incurrido en la violación de una serie de derechos fundamentales electorales.
Un ejemplo de los contras sentidos del TSE está la declaratoria de incompetencia de la demanda que busca la nulidad de la resolución de la JCE, que prohíbe las encuestas políticas hasta que no lleguen los tiempos de la pre-campana.
Esa decisión que, ha creado todo un debate nacional en el que participan algunos jueces del TSA que dieron su voto salvado o disidente y que cuestionan el hecho de que el tribunal reniegue de su responsabilidad de emitir sentencias ajustadas al estado de derecho, implica una grave distorsión del respeto del mandato de la ley y la Constitucion.
Evidentemente que el TSE al declararse incompetente para conocer las acciones legales interpuestas en contra de la decisión del JCE representa una forma vulgar de negar justicia, pero igual ocurre con una serie de acciones de amparo y que estos juzgadores se van por la vía de la inadmisibilidad como una forma de huir a su compromiso de impartir justicia en el ámbito electoral.
La frustración que causa este comportamiento de unos jueces que en sus decisiones toman más en cuenta el cuido de sus altos salarios que propiciar una buena administración de justicia, no es exclusivo del TSE, sino de todo el sistema de justicia del país.
Tengo la tesis que hasta que en la República Dominicana no se cambie la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) difícilmente este cuadro pueda cambiar, porque el quid del asunto consiste en que los cometen los delitos son precisamente los que tienen el control de este órgano que designa a todos los jueces del país.
