Análisis Noticiosos
Es de derechos humanos, no de dogmas religiosos
Por Juan Bolívar Díaz
Al conocer la petición del presidente Danilo Medina de despenalizar el aborto en tres circunstancias específicas, el Congreso Nacional afronta el desafío de legislar para todos y en función del Estado de derechos, evadiendo las presiones de las iglesias que quieren imponer sus creencias y dogmas religiosos a toda la sociedad.
Valentía de Danilo. Fue un acto de valentía del presidente Danilo Medina el haber observado los artículos del Código Penal recién aprobado por el Congreso en los cuales se penaliza el aborto sin hacer excepción de circunstancias en que esté en juego la vida y la dignidad de la madre, en contradicción con dogmas sustentados por el poder fáctico religioso.
La comunicación con la que el mandatario devolvió al Congreso el nuevo Código Penal es específica y, contrario a lo que se ha querido presentar en obvia manipulación, no está abogando por el aborto ni por “una cultura de muerte”, sino por derechos de las mujeres y respeto a la vida y la diversidad, instituidos en la Constitución de la República y en numerosos tratados internacionales.
El documento presidencial plantea que la complejidad de la infracción relativa a la interrupción del embarazo, en la que entra en juego la vida de la madre, “exige ineludiblemente hacer explícitos los supuestos excepcionales en los que debe prevalecer el derecho fundamental a la vida de la mujer embarazada, o el derecho al respeto de su dignidad humana y de su integridad psíquica y moral, resguardándose al mismo tiempo también la seguridad jurídica de quienes tienen la obligación de brindar asistencia médica”.
Los argumentos de la observación se resumen en que “lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que debe regir al Estado sería equiparar nuestra legislación con la mayoría de los países del mundo, que permite la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimientos de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y sólo en tres supuestos debidamente fundamentados: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida”.
Dogmas ya superados. Las iglesias dominicanas, amparadas en el atraso y en el oportunismo político, insisten en batallas hace tiempo perdidas en casi todo el mundo. Estudios internacionales documentan que sólo en el estado del Vaticano y en Malta, Chile, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, se mantiene la prohibición absoluta del aborto. En 47 países, Europa, Australia, Estados Unidos y Canadá, se autoriza en general, y en otros 145 cuando peligra la “salud física o psíquica” de la madre, y en caso de violación e incesto.
Hasta el siglo pasado el dogmatismo religioso impuso a toda la sociedad la también “indisolubilidad del matrimonio” y se estigmatizó a los que por todo el mundo legalizaban el divorcio. En Chile, último en el continente, eso ocurrió hace apenas 10 años, con la oposición de la Iglesia Católica. Hoy sólo en la católica Filipinas está prohibido el divorcio, “por mandato divino”. Todavía se oponen a que el Estado eduque y proporcione a los pobres preservativos para planificar su familia y evitar embarazos no deseados.
Es imposible citar los innumerables tratados y documentos internacionales y de las asociaciones nacionales que legitiman los derechos a la vida y la dignidad de la mujer, subordinando los embarazos que atenten contra ellas. Pero es imprescindible citar la respuesta que ha dado a los dogmáticos el vocero del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena: “Ninguna ley puede obligar a una mujer embarazada a morir cuando gracias a la ciencia médica puede vivir, ninguna ley puede obligar a una mujer a parirle un hijo al delincuente que la violó, ninguna ley puede impedir a un médico mantener viva a una mujer embarazada que podría morir”.
El derecho a la prédica. Aunque muchos dogmas religiosos, en contradicción con la ciencia y el desarrollo social, son rechazados por fieles creyentes, los pastores tienen derecho a proclamarlos. No hay que ser ateo para rechazarlos, porque hasta entre los teólogos hay disensiones. Al final del Concilio Vaticano II, Paulo VI creó una comisión pontificia sobre planificación familiar que concluyó aprobando los anticonceptivos, pero medio siglo después, la doctrina sigue invariable, aunque las encuestas indican que más del 80 por ciento de los católicos los usan.
Los predicadores podrían tener éxito en que una parte de sus fieles acepten subordinar la vida de la mujer, de la madre, a menudo con otros hijos pequeños, y de la esposa, a un embarazo inviable como el ectópico, o cargar y dar a luz una criatura con deformidades incompatibles con la vida. Podrán lograr incluso que algunas acepten el fruto de la violencia, pero no pueden imponerlo a quien crea lo contrario.
Es frecuente que muchos creyentes de todos los niveles sociales apelen a la interrupción del embarazo en esas circunstancias, con el apoyo de sus médicos, y cuando no encuentren posibilidad de hacerlo en el país, viajarán muy cerca (a Puerto Rico o Florida) para que les practiquen el aborto. Muy pocos creerán que es un mandato divino aceptar que una niña violada, embarazada y traumatizada tenga que cargar toda su vida con el fruto de ese crimen. Menos aún que manden a la cárcel a una que prefiera abortarlo.
Es terriblemente contradictorio que los fundamentalistas antiabortistas acepten que un policía decida él solo matar a un delincuente en las calles, sin mayor oportunidad de vida, por el solo hecho de sentirse amenazado. “Derecho a la defensa” que niegan a la mujer y a la ciencia médica. Con silencio y hasta justificación eclesial en 20 años la Policía ha dado muerte a unos 4 mil jóvenes pobres, delincuentes y presuntos delincuentes como el padre José Tineo.
Políticas de salud pública. Es un maniqueísmo pretender que si el Estado respeta derechos y conciencias está promoviéndo la promiscuidad sexual. La educación y los preservativos son cuestiones universales de las políticas de salud, y en vez de promover el aborto podrían reducirlo, ya que en los hospitales se cuentan por decenas de miles cada año. Las más ignorantes, pobres e indigentes llegan y mueren por las complicaciones de métodos primitivos.
Esas políticas son más urgentes en un país que lidera el continente en embarazos de niñas y adolescentes, muchos por violación o incesto, y con una de la más altas tasas de mortalidad materno-infantil. Ahora que el presidente Medina ha tenido la valentía de defender el interés social por encima de dogmas, se debe esperar es que el debate sea respetuoso, argumentativo, abierto a la pluralidad, sin el chantaje de las excomuniones o las condenas eternas que tantas ignominias han producido en la historia de la humanidad.
Posiciones absolutistas
La Conferencia del Episcopado Dominicano y diversos voceros, así como el Consejo de Unidad Evangélica (CODUE) y otros sectores religiosos abogan por la posición absolutista, según la cual desde que dos células se unen nada puede separarlas. Se amparan en el artículo 37 de la Constitución, donde lograron consagrar la inviolabilidad de la vida “desde la concepción hasta la muerte”.
Sostienen que la “legalización del aborto es dictar pena de muerte”, como si se estuviera promoviendo todo tipo de aborto. Dicen que aún en peligro de muerte, tanto la madre como el médico deben procurar “salvar las dos vidas”, sin reconocer excepciones en las que solo hay una vida real, como cuando el desarrollo del feto es inviable o trae graves deformaciones.
Como ejemplo suficiente está el llamado embarazo ectópico, cuando la fertilización se produce fuera del útero, mayormente en la trompa de la mujer; ese proyecto de ser humano es absolutamente inviable, no puede desarrollarse ahí ni trasplantarse al útero. Su único destino es estallar en un desangramiento, que mientras más se dilate será más riesgoso para la madre con graves complicaciones de salud y hasta la muerte. Eso no es religioso, sino científico, de políticas públicas.
Practicar el aborto cuando “la criatura tenga malformaciones”, es para esas iglesias “condenar a muerte a una vida indefensa e inocente”. Ignoran o manipulan el argumento presidencial, que se refiere a “malformaciones incompatibles con la vida”. Lo mismo rechaza la suspensión del embarazo cuando sea fruto de una violación o incesto, defendiendo el derecho de un ser en formación, pero ignorando el de la madre traumatizada por el implante de un germen a la fuerza.
Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.