Análisis Noticiosos
Es el momento de investigar todas las cooperativas de ahorros y Creditos.
El escándalo desatado en la cooperativa de ahorros y créditos COOP-HERRERA justifica que todas las asociaciones de este género sean sometidas a una profunda investigación por el Ministerio Público, no por el Instituto y Crédito Cooperativa (IDECOOP), porque parece que muchos de los protagonistas de estos fraudes tienen a través del ente del Estado su impunidad garantizada.
La mejor evidencia de las grandes irregularidades en este tipo de instituciones es cuando un directivo se mueve como si fuera dueño de la misma y en casi todas hay personas que llevan años con el control de ellas y parece que ellos se autos eligen en las direcciones de estas organizaciones sin fines de lucro.
Sólo hay que hacer una revisión de lo que ocurre en las principales cooperativas de ahorros y créditos del país, como por ejemplo La Altagracia, La San José, La Mamoncito y la Vega Real, en las que los que las dirigen llevan décadas con el control de ellas.
En la Altagracia está asentado hace muchos años como presidente Rafael Narciso Vargas y en los demás cargos personas puestas por él, pero no se sabe por qué no abandona la función dirigencial que ocupa para que otros socios alcancen también llegar a ese cargo.
Esa situación amerita una minuciosa investigación de las personas que actúan y se mueven socialmente como dueños de las cooperativas de ahorros y préstamos, quienes tienen muy bien montada una logística para la comisión de fraudes en contra de los socios.
Otro caso emblemático fue el que representó Joaquín Hernández de la Cooperativa San José, quien se retiró tras varias décadas de tener el control absoluto de la misma, quien era prácticamente el dueño de la referida organización, y dejó la posición cuando le era prácticamente imposible seguir como administrador general por estar enfermo, cuyos hijos exhiben una riqueza que parece que no puede ser justificada.
Pero el fenómeno es general en prácticamente todas las cooperativas de ahorros y crédito, las cuales han terminado manejadas por personas que por el sólo hecho de tener tantos años controlándolas son pasibles de una profunda investigación.
Naturalmente, esta investigación jamás debe hacerla el Instituto de Crédito Cooperativo (IDECOOP), ya que su incumbente, no importa como se llame, regularmente recibe una especie de bonos de estas instituciones como una forma de que los que actúan al margen de la ley tengan garantizada su impunidad.
Realmente no se trata de una acusación en contra de nadie, pero las sospechas son muchas por una serie de factores, porque quién no sabe que ese comportamiento de apropiarse de lo que no es suyo no sólo ocurre en las cooperativas, sino en prácticamente todas las entidades que manejan fondos de la gente y del Estado.
Una medida que debía tomarse en lo inmediato para evitar estos fraudes y sustracción de dinero de la gente a través de las cooperativas de ahorros y préstamos es prohibir terminantemente que una persona ocupe una posición directiva en estas organizaciones por más de un periodo de un año.
Es una verdadera plaga la corrupción que se produce en todas las instituciones públicas y privadas que manejan dinero del Estado y de la gente, lo cual es comprobable en los partidos políticos, cuyos dirigentes no le rinden cuentas a nadie, entre otras organizaciones importantes de la sociedad.
Basta ya de tanta desvergüenza y de la proliferación de tantos inescrupulosos que no les importa otra cosa que lo monetario sin importar quién caiga, como ocurre ahora en la COOP-HERRERA, donde el tufo a ladrón campea por doquier.
Naturalmente, ahora hay que esperar las defensas de los abogados que serán contratados con el mismo dinero robado para lograr una supuesta inocencia de los imputados, la cual está determinada por la inversión económica que se haga.
Es una historia o pesadilla de nunca acabar.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.