Análisis Noticiosos
Es el momento de investigar todas las cooperativas de ahorros y Creditos.
El escándalo desatado en la cooperativa de ahorros y créditos COOP-HERRERA justifica que todas las asociaciones de este género sean sometidas a una profunda investigación por el Ministerio Público, no por el Instituto y Crédito Cooperativa (IDECOOP), porque parece que muchos de los protagonistas de estos fraudes tienen a través del ente del Estado su impunidad garantizada.
La mejor evidencia de las grandes irregularidades en este tipo de instituciones es cuando un directivo se mueve como si fuera dueño de la misma y en casi todas hay personas que llevan años con el control de ellas y parece que ellos se autos eligen en las direcciones de estas organizaciones sin fines de lucro.
Sólo hay que hacer una revisión de lo que ocurre en las principales cooperativas de ahorros y créditos del país, como por ejemplo La Altagracia, La San José, La Mamoncito y la Vega Real, en las que los que las dirigen llevan décadas con el control de ellas.
En la Altagracia está asentado hace muchos años como presidente Rafael Narciso Vargas y en los demás cargos personas puestas por él, pero no se sabe por qué no abandona la función dirigencial que ocupa para que otros socios alcancen también llegar a ese cargo.
Esa situación amerita una minuciosa investigación de las personas que actúan y se mueven socialmente como dueños de las cooperativas de ahorros y préstamos, quienes tienen muy bien montada una logística para la comisión de fraudes en contra de los socios.
Otro caso emblemático fue el que representó Joaquín Hernández de la Cooperativa San José, quien se retiró tras varias décadas de tener el control absoluto de la misma, quien era prácticamente el dueño de la referida organización, y dejó la posición cuando le era prácticamente imposible seguir como administrador general por estar enfermo, cuyos hijos exhiben una riqueza que parece que no puede ser justificada.
Pero el fenómeno es general en prácticamente todas las cooperativas de ahorros y crédito, las cuales han terminado manejadas por personas que por el sólo hecho de tener tantos años controlándolas son pasibles de una profunda investigación.
Naturalmente, esta investigación jamás debe hacerla el Instituto de Crédito Cooperativo (IDECOOP), ya que su incumbente, no importa como se llame, regularmente recibe una especie de bonos de estas instituciones como una forma de que los que actúan al margen de la ley tengan garantizada su impunidad.
Realmente no se trata de una acusación en contra de nadie, pero las sospechas son muchas por una serie de factores, porque quién no sabe que ese comportamiento de apropiarse de lo que no es suyo no sólo ocurre en las cooperativas, sino en prácticamente todas las entidades que manejan fondos de la gente y del Estado.
Una medida que debía tomarse en lo inmediato para evitar estos fraudes y sustracción de dinero de la gente a través de las cooperativas de ahorros y préstamos es prohibir terminantemente que una persona ocupe una posición directiva en estas organizaciones por más de un periodo de un año.
Es una verdadera plaga la corrupción que se produce en todas las instituciones públicas y privadas que manejan dinero del Estado y de la gente, lo cual es comprobable en los partidos políticos, cuyos dirigentes no le rinden cuentas a nadie, entre otras organizaciones importantes de la sociedad.
Basta ya de tanta desvergüenza y de la proliferación de tantos inescrupulosos que no les importa otra cosa que lo monetario sin importar quién caiga, como ocurre ahora en la COOP-HERRERA, donde el tufo a ladrón campea por doquier.
Naturalmente, ahora hay que esperar las defensas de los abogados que serán contratados con el mismo dinero robado para lograr una supuesta inocencia de los imputados, la cual está determinada por la inversión económica que se haga.
Es una historia o pesadilla de nunca acabar.
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.