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Es Ilegal decisión de pleno de SCJ porque provino de jueces inhabilitados por estar recusados.
Por Elba García
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia acaba de confirmar que la República Dominicana está ante un fiasco de un órgano que tiene una misión y una función tan delicada en una sociedad que carece de todo y ahora también de un sistema de justicia mínimamente creíble.
La decisión tomada frente a las recusaciones de cinco jueces, incluido el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, luego de que se comprobara que éste fue parte de la campaña de uno de los imputados del caso Odebrecht durante el año 2016, quien recibió fondos de la multinacional para sus aspiraciones de seguir como senador por la provincia de San Cristóbal.
Ese vínculo del presidente del más alto tribunal de justicia del país tiene el agravante que los fondos usados en esa campaña, por lo menos en las aspiraciones del senador de San Cristóbal, Tommy Galán, fueron donados por la corruptora Odebrecht.
La cuestión es tan delicada que esos fondos impactaron de manera directa a todo el que estuvo involucrado en esa campaña electoral, principalmente al hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien se desempeñó como coordinador de la misma.
El argumento de los jueces es realmente risible, porque la discusión no tiene nada que ver con un asunto ideológico como dijeron, sino con una cuestión de intereses y ético-moral, pero además estos magistrados envían un mensaje muy equivocado en virtud de que los que están recusados deliberaron para liberar a sus colegas de la situación.
La SCJ estaba en un problema legal muy grave en razón de que la cantidad mínima de jueces que puede deliberar frente a la recusación en contra de algunos de ellos, no puede ser menor de 12, pero sólo habían 10 hábiles, lo cual requería recurrir a jueces de las cortes de apelación que es un grado inferior en el sistema de justicia.
En consecuencia, el razonamiento lógico ante tal irregularidad es que la decisión tomada es totalmente nula, porque ha sido evacuada por magistrados que no están hábiles para tal cosa, planteándose un serio problema técnico-jurídico y de la normativa procesal.
El caso que se ha presentado está claramente explicado en el artículo 78 del Código Procesal Penal, el cual especifica las razones de cualquier recusación
Este proceder al margen de la ley mantiene muy preocupada a la sociedad dominicana, donde los órganos del Estado que deben velar por el estado de derecho son manipulados y puestos al servicio del partidarismo político.
Con estas acciones y la indiferencia mostrada por los demás poderes del Estado se constituye en una amenaza que pone en cuestionamiento todo el ordenamiento jurídico nacional, cuyas bellaquerías son impulsadas por los propios dirigentes de los partidos políticos.
Parece servir de muy poco la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia que frente al caso que genera la situación denunciada, el juicio de fondo del caso Odebrecht, plantea que la República Dominicana no ha avanzado prácticamente nada en términos de institucionalidad, lo cual podría tener un impacto demoledor para la economía nacional.
La decisión emanada del pleno de la Suprema Corte de Justicia plantea que su presidente sólo tiene una opción como miembro de ese tribunal colegiado y es fallar con una condena en contra de los procesados, porque de lo contrario seria mucho mas profundo y de características diferentes el reclamo que puede hacer el ciudadano.
En los últimos años los gobiernos, sobre todo el del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se muestran resistentes a los reclamos de la sociedad civil y de los poderes fácticos, algunos de los cuales, si bien son prácticamente cómplices de los atropellos y violaciones al sistema de justicia, los demás en algún momento han mostrado su preocupación por el fenómeno.
Desde hace algunos años amplios sectores de la vida nacional cuestionan el comportamiento del Ministerio Público, que depende directamente del Poder Ejecutivo, pero ahora se agrega la Suprema Corte de Justicia, lo cual pone en cuestionamiento toda la judicatura nacional.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.