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Es posible que China esté venciendo el coronavirus, pero a un costo muy alto

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The New York Times
Pekín, China.-A medida que el nuevo coronavirus avanza por el mundo derrumbando mercados, restringiendo los viajes a nivel global y suspendiendo las clases para cientos de millones de niños, los gobiernos buscan con desesperación formas de contenerlo.

China, el lugar donde apareció por primera vez, dice que tiene la respuesta.

Para sorpresa de algunos, parece que el país que en un inicio ocultó y gestionó mal el brote, ya lo está controlando… al menos según sus cifras oficiales. En estos últimos días, ha disminuido de manera drástica el número de casos nuevos a la vez que están apareciendo contagios en otros países. La Organización Mundial de la Salud ha aplaudido la respuesta de Pekín.

El sábado, los funcionarios reportaron solo 99 casos nuevos (de los cerca de 2000 que había diariamente apenas hace una semana) y por segundo día consecutivo, no se detectó ninguno en la provincia de Hubei, excepto en su capital, Wuhan, el epicentro del brote.

China afirma que la tendencia demuestra que sus medidas de contención —que incluyen el confinamiento de casi 60 millones de personas en Hubei, además de una cuarentena estricta y restricciones de viajes para cientos de millones de ciudadanos y extranjeros— están funcionando. También ha comenzado a tratar de presentar estos esfuerzos como exitosos en su propaganda dentro y fuera del país.

El resto del mundo, que en muchos lugares está atemorizado con sus primeros casos, lo ha tomado en cuenta. Pero también existen inquietudes acerca de que las cifras de China sean erróneas o estén incompletas. La verdadera prueba será si el virus vuelve a brotar cuando los niños regresen a las aulas y los trabajadores a las fábricas, y cuando las personas que tienen que trasladarse comiencen a volver a usar los autobuses o el metro.

La estrategia contundente de China plantea interrogantes más de fondo para otros países. Su campaña ha tenido un costo muy alto para los medios de subsistencia de la población y la libertad a nivel personal. Incluso los países que puedan copiar a China, deben preguntarse si el remedio no es peor que la enfermedad.

“Creo que hicieron una labor estupenda en el combate al virus”, señaló Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. “Pero no sé si es sustentable. ¿Qué han logrado en realidad los chinos? ¿En verdad han contenido al virus? ¿O solo lo han inhibido?”

En otros países, Italia, Corea del Sur e Irán están teniendo dificultades para controlar la diseminación del virus. En Estados Unidos, donde ahora existen más de 400 casos confirmados, han criticado al gobierno por reducir el despliegue de los kits de pruebas clínicas y permitir que el virus se propagara a las comunidades vulnerables, como en un asilo de ancianos en Seattle. Ahora, el brote amenaza con alcanzar un crecimiento a nivel global y está intensificando una reacción negativa contra la inmigración y la globalización.

Los países que están analizando la aplicación de la estrategia de China tienen que considerar la forma en que esta ha afectado casi todos los ámbitos de la población de este país.

La economía casi se ha paralizado y muchas pequeñas empresas señalan que tal vez pronto se les agote el dinero. Los pacientes con enfermedades graves están teniendo problemas para encontrar atención médica oportuna, y algunos han muerto. Han puesto a cientos de millones de personas en algún tipo de aislamiento. De acuerdo con China Daily, el periódico del Estado, hasta el vienes, más o menos 827.000 personas aún estaban bajo cuarentena en Pekín.

“Me ha preocupado que solo se enfoquen en controlar el virus”, señaló Jennifer Nuzzo, investigadora principal en el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud. Nuzzo recomendó una respuesta más mesurada, como las tomadas por los gobiernos de Hong Kong y Singapur. Ahí, los funcionarios aplicaron cuarentenas focalizadas pero no cerraron los centros de trabajo, lo que permitió que sus respectivas economías siguieran funcionando mientras que, hasta ahora, sí han contenido el virus de manera exitosa.

“Debemos tener una perspectiva amplia del impacto que esto implica para la sociedad”, comentó Nuzzo, “y hacer una mejor evaluación de las repercusiones sociales de estas medidas que no solo se enfoque en las cifras”.

Para China, las cifras son fundamentales.

El número de casos que se reportaron el sábado representó una disminución importante en comparación con los de hace dos semanas y media, cuando China registraba cerca de 2000 casos nuevos y hasta 100 fallecimientos al día. El sábado se informó de otras 28 muertes, todas ellas en Hubei.

En cambio, el viernes se reportaron en Italia 48 fallecimientos provocados por el virus.

Según las cifras oficiales, en efecto, la propagación se ha detenido fuera de Wuhan. Excepto uno de los 99 casos de los que se informó el sábado, todos fueron en Wuhan o de personas que habían llegado a China procedentes de otro país.

Estas cifras indican que, cuando se aplican a fondo, las estrictas medidas de confinamiento podrían sofocar la diseminación del virus, afirmó William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Vanderbilt.

“Este es el experimento más grande relacionado con la salud pública en la historia de la humanidad”, comentó Schaffner. “No pueden desaparecerlo, pero sí lo debilitaron, y eso le proporcionó al resto del mundo un poco más de tiempo”.

No obstante, es abrumador el número total de contagios en China: más de 80.000. Además, existen razones para dudar de las cifras oficiales.

Durante los primeros días del brote, la escasez de kits para realizar pruebas clínicas y de camas en los hospitales significó que no se les pudiera hacer análisis a muchas personas. Es probable que muchos casos leves no se hayan detectado. En estas últimas semanas, el gobierno ha cambiado varias veces la forma de hacer el recuento de los casos, lo cual ha arrojado fluctuaciones importantes en las cifras reportadas, pese a que los expertos afirman que esos ajustes son comunes.

Los especialistas médicos señalan que ha habido pocos indicios de que el gobierno haya realizado pruebas a gran escala para detectar el coronavirus fuera de las instalaciones médicas de Hubei. Según los expertos, hasta que no amplíen el alcance de las pruebas, será imposible determinar la verdadera magnitud de la epidemia debido a que tal vez quienes tengan una infección leve no vayan al médico.

“En este momento, estamos concentrados en la punta del iceberg”, señaló David Hui, director del Centro Stanley Ho de Enfermedades Infecciosas Nuevas en la Universidad China de Hong Kong.

El Partido Comunista en el poder celebra el descenso del brote como una señal de superioridad de su sistema político autoritario y jerárquico que les otorga a los funcionarios un poder casi ilimitado. Pero sus medidas estrictas están poniendo a prueba la paciencia de sus ciudadanos, muchos de los cuales creen que se hubieran podido evitar esas medidas tan drásticas si, en primera instancia, los funcionarios no hubieran ocultado la magnitud del brote ni silenciado a los informantes.

Hay indicios de que la ira y la frustración van en aumento entre los habitantes de Hubei. Los sitios de las redes sociales chinas están inundados de las publicaciones de los residentes que afirman haber perdido su empleo debido a la prolongada cuarentena, lo que ha dificultado pagar los préstamos y las hipotecas. Otros han hablado de escasez de alimentos en su comunidad.

El jueves pasado, como un reproche público poco común al gobierno, algunas personas disgustadas que viven en una comunidad residencial de Wuhan abuchearon a funcionarios de alto nivel cuando estos pasaron caminando por sus vecindarios para hacer una inspección.

“¡Falso! ¡Todo es falso!”, les gritó un residente a los delegados, entre los que estaba Sun Chunlan, un vice primer ministro encargado de dar respuesta al brote por parte del gobierno central.

Más tarde, el Diario del Pueblo, un periódico estatal, dijo que las acusaciones fueron dirigidas a los funcionarios locales del vecindario que habían “simulado” la entrega de vegetales y de carne a los residentes. Sun ordenó que se realizara una investigación inmediata de este asunto.

China desea reactivar su economía fuera de Hubei, pero los funcionarios locales se encuentran también muy presionados para no correr riesgos y disminuir el número de contagios. Pese a que las provincias han reducido su nivel de alerta por el virus, muchas empresas están decidiendo pecar de precavidas. De acuerdo con un informe de Caixin, una revista china muy prestigiosa, algunas compañías han incluso falseado las cifras del consumo de energía para llegar a las metas rigurosas de las empresas que vuelven a operar.

Algunos expertos se preguntan cada vez más si la cuarentena en China dejará de tener sentido a medida que el coronavirus se disemine más. Ellos señalan que debido a la propagación del virus en el mundo y a la dificultad para detectar los casos leves, es poco probable que llegue a eliminarse por completo… ni siquiera en China.

“Sí creo que sea probable que la disminución de los casos signifique que tal vez todas estas impresionantes medidas que se han tomado estén teniendo resultados”, afirmó Marc Lipsitch, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard. “Pero no creo que se llegue a erradicar”.

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Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse

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Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.

MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.

La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.

Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.

El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.

Trasladan 18 acusados a Estados Unidos

Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.

La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.

El rastro del dinero

Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.

Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.

Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.

Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.

Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.

Intereses económicos detrás del complot

La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.

De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.

El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.

Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.

El asesinato de Jovenel Moïse

Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.

Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.

Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.

Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.

Cerca de 30 personas acusadas

La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.

Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.

Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.

El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.

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CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca

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Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.

WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.

Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.

La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.

Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.

Trump defiende su decisión

El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.

Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.

La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.

Una controversia constitucional

El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.

La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.

Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.

La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.

Antecedentes de enfrentamientos con la prensa

No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.

En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.

Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.

Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.

El conflicto afecta la cobertura presidencial

La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.

CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.

Los jueces tendrán la palabra

El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.

CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.

El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.

Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.

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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida

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Agencia Efe

Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.

El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.

La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la IndiaChina y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.

Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.

El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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