Análisis Noticiosos
Es prioridad lo que se pide
Por Juan Bolívar Díaz
Cerca un tercio viviendas del Gran Santo Domingo carece de agua
Es probable que muchos vieran y escucharan esta semana por Teleantillas al ingeniero Alejandro Montás, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y no quedaran impresionados por los datos que aportó, dramáticos indicadores de nuestro nivel de pobreza, y de los absurdos de esta sociedad que se presume en la postmodernidad, y de esta capital que Leonel Fernández nos legó como el Nueva York chiquito, el pequeño Miami o el Mónaco del Caribe.
Montás, quien es miembro del Comité Central del partido que ha gobernado el país durante 12 de los últimos 16 años, planteó que apenas el 5 por ciento de la gran urbe dispone de alcantarillado sanitario, razón por la cual sus deshechos van a los ríos circundantes y contaminan todas las fuentes acuíferas el litoral marítimo y el subsuelo.
A esa contaminación hay que agregar la generada por el vertido de las plantas industriales y de los aceites de los vehículos y de las decenas de miles de plantas eléctricas que operamos hasta en los barrios más pobres, gracias a las cuales pueden sobrevivir igual número de pequeñas y medianas empresas y paliarse los apagones. También permiten que muchos “olviden” lo doloroso que es depender del servicio energético público en esta postmodernidad que tanto nos enorgullece.
El director de la CAASD dijo que todavía cerca de un tercio de las viviendas de la urbe no disponen de agua potable. Y aquí fue optimista, ya que la última encuesta Enhogar de la Oficina Nacional de Estadística estableció que a nivel nacional esa carencia alcanza al 56%. Agregó que ya la ciudad necesita otro sistema de acueducto para satisfacer sus necesidades y que los apagones complican la situación, porque el 70% del agua se genera con electricidad.
Para colmo señaló que el 54% del agua del acueducto se pierde por falta de racionalidad, fugas y averías. No se le puede criticar el haber olvidado decir que en muchos barrios pobres hay que comprar el agua por tanques o latas, por lo que les sale más cara que a los ricos, contaminación aparte.
Y no es que falten estudios sobre las necesidades de agua y alcantarillado sanitario de la capital y el costo de la inversión que requiere, sobre los mil millones de dólares, que él espera se haga en 20 años, lo que implica que esta modernidad va para largo. Se requiere una red de 3,400 kilómetros de alcantarillas y acometidas para 500 mil viviendas estimadas en 612 millones de dólares, incluido un emisor submarino para verter las aguas sanitarias a 300-500 metros de la playa y a 30 metros de profundidad. El nuevo acueducto demanda 250 millones de dólares y no se sabe cuántos más para sustituir viejas tuberías de 6-8-12 pulgadas de diámetro por nuevas de 20 pulgadas.
No se agobien, porque falta una perla: para cumplir sus responsabilidades la CAASD requeriría un presupuesto anual de RD$5,000 millones, pero solo recibe RD$1,250 millones, que apenas le dan para pagar personal y gastos fijos, entre ellos 924 millones por la precaria energía con que opera el acueducto. Como consecuencia, ocho de las 12 plantas de tratamiento de las aguas del Gran Santo Domingo están dañadas y no hay con qué rehabilitarlas. Más o menos que a nivel nacional, donde están fuera de servicio 24 de 28 de esos sistemas, según declaró hace unos meses el director del INAPA.
Aunque muchos vivamos en una burbuja mágica, embrujados por la ostentación pública y privada, fascinado por el verbo elocuente de nuestros líderes constructores de palacios, elevados y metros, promotores de la malversación y la ostentación, esta gran urbe donde se concentra la inversión, es un tremendo espejo de la pobreza nacional.
Por eso es más absurdo que haya quienes pidan un aeropuerto para San Francisco de Macorís, a 45 minutos del de Licey al Medio, Santiago, y a una hora y cuarto del de Catey, Samaná. Y que otros aboguen enfáticamente por una nueva carretera norte sur, aunque hiera la mayor fuente de agua del país, que costará más de 500 millones de dólares y que el ministro de Obras Públicas acaba de definir como turística y ecológica, en vez de mejorar vías ya existentes.
Necesitamos un gran exorcismo a la fastuosidad y altas dosis de racionalidad para establecer prioridades, para no comprar autos de lujo ni hacer una piscina antes de disponer de suficiente agua potable, electricidad, escuelas y atención hospitalaria, además de alcantarillados sanitarios en un país que pretende vivir del turismo.
Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy.
Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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Análisis Noticiosos
Estudio asegura que jardines Suizos esconden toneladas de oro de sus propietarios
Agencia Efe
Ginebra.- Las familias suizas acumulan en total, a modo de inversión segura, unas 200 toneladas de oro valoradas en 15,000 millones de francos (16,000 millones de euros), y una parte de ellas han sido enterradas en los jardines de sus propiedades, revela un estudio publicado por la Universidad de San Galo (este del país).
A esta conclusión han llegado los autores del estudio del que se hace eco este jueves la televisión nacional RTS, realizado mediante encuestas a unos 3,000 residentes en el país, a los que se les preguntó si poseían reservas de oro y dónde las guardaban, lo que dio resultados inesperados.
Un 15 % indicaron que guardaban su oro en un lugar secreto de la vivienda y un 5 % enterrado en el jardín, lo que en este último caso equivaldría a 10 toneladas del metal precioso valoradas en 750 millones de francos (800 millones de euros).
El estudio se refiere únicamente al oro en lingotes o en monedas y excluye el utilizado en joyas y otros objetos.
Aunque dos tercios de los encuestados en el estudio consideran que el oro es un valor seguro para la inversión, son más los ciudadanos del país que invierten en el sector inmobiliario o en el bancario.
Los encuestados con reservas de oro aseguraron que no venderían estas peculiares fortunas más que en caso de absoluta necesidad, pese a que actualmente el precio del oro se encuentra en valores récord que se aproximan ya a los 2.800 dólares (2.600 euros) por onza (medida de peso de metales preciosos equivalente a unos 31 gramos).