Análisis Noticiosos
Es prioridad lo que se pide
Por Juan Bolívar Díaz
Cerca un tercio viviendas del Gran Santo Domingo carece de agua
Es probable que muchos vieran y escucharan esta semana por Teleantillas al ingeniero Alejandro Montás, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y no quedaran impresionados por los datos que aportó, dramáticos indicadores de nuestro nivel de pobreza, y de los absurdos de esta sociedad que se presume en la postmodernidad, y de esta capital que Leonel Fernández nos legó como el Nueva York chiquito, el pequeño Miami o el Mónaco del Caribe.
Montás, quien es miembro del Comité Central del partido que ha gobernado el país durante 12 de los últimos 16 años, planteó que apenas el 5 por ciento de la gran urbe dispone de alcantarillado sanitario, razón por la cual sus deshechos van a los ríos circundantes y contaminan todas las fuentes acuíferas el litoral marítimo y el subsuelo.
A esa contaminación hay que agregar la generada por el vertido de las plantas industriales y de los aceites de los vehículos y de las decenas de miles de plantas eléctricas que operamos hasta en los barrios más pobres, gracias a las cuales pueden sobrevivir igual número de pequeñas y medianas empresas y paliarse los apagones. También permiten que muchos “olviden” lo doloroso que es depender del servicio energético público en esta postmodernidad que tanto nos enorgullece.
El director de la CAASD dijo que todavía cerca de un tercio de las viviendas de la urbe no disponen de agua potable. Y aquí fue optimista, ya que la última encuesta Enhogar de la Oficina Nacional de Estadística estableció que a nivel nacional esa carencia alcanza al 56%. Agregó que ya la ciudad necesita otro sistema de acueducto para satisfacer sus necesidades y que los apagones complican la situación, porque el 70% del agua se genera con electricidad.
Para colmo señaló que el 54% del agua del acueducto se pierde por falta de racionalidad, fugas y averías. No se le puede criticar el haber olvidado decir que en muchos barrios pobres hay que comprar el agua por tanques o latas, por lo que les sale más cara que a los ricos, contaminación aparte.
Y no es que falten estudios sobre las necesidades de agua y alcantarillado sanitario de la capital y el costo de la inversión que requiere, sobre los mil millones de dólares, que él espera se haga en 20 años, lo que implica que esta modernidad va para largo. Se requiere una red de 3,400 kilómetros de alcantarillas y acometidas para 500 mil viviendas estimadas en 612 millones de dólares, incluido un emisor submarino para verter las aguas sanitarias a 300-500 metros de la playa y a 30 metros de profundidad. El nuevo acueducto demanda 250 millones de dólares y no se sabe cuántos más para sustituir viejas tuberías de 6-8-12 pulgadas de diámetro por nuevas de 20 pulgadas.
No se agobien, porque falta una perla: para cumplir sus responsabilidades la CAASD requeriría un presupuesto anual de RD$5,000 millones, pero solo recibe RD$1,250 millones, que apenas le dan para pagar personal y gastos fijos, entre ellos 924 millones por la precaria energía con que opera el acueducto. Como consecuencia, ocho de las 12 plantas de tratamiento de las aguas del Gran Santo Domingo están dañadas y no hay con qué rehabilitarlas. Más o menos que a nivel nacional, donde están fuera de servicio 24 de 28 de esos sistemas, según declaró hace unos meses el director del INAPA.
Aunque muchos vivamos en una burbuja mágica, embrujados por la ostentación pública y privada, fascinado por el verbo elocuente de nuestros líderes constructores de palacios, elevados y metros, promotores de la malversación y la ostentación, esta gran urbe donde se concentra la inversión, es un tremendo espejo de la pobreza nacional.
Por eso es más absurdo que haya quienes pidan un aeropuerto para San Francisco de Macorís, a 45 minutos del de Licey al Medio, Santiago, y a una hora y cuarto del de Catey, Samaná. Y que otros aboguen enfáticamente por una nueva carretera norte sur, aunque hiera la mayor fuente de agua del país, que costará más de 500 millones de dólares y que el ministro de Obras Públicas acaba de definir como turística y ecológica, en vez de mejorar vías ya existentes.
Necesitamos un gran exorcismo a la fastuosidad y altas dosis de racionalidad para establecer prioridades, para no comprar autos de lujo ni hacer una piscina antes de disponer de suficiente agua potable, electricidad, escuelas y atención hospitalaria, además de alcantarillados sanitarios en un país que pretende vivir del turismo.
Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.