Análisis Noticiosos
Es prioridad lo que se pide
Por Juan Bolívar Díaz
Cerca un tercio viviendas del Gran Santo Domingo carece de agua
Es probable que muchos vieran y escucharan esta semana por Teleantillas al ingeniero Alejandro Montás, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y no quedaran impresionados por los datos que aportó, dramáticos indicadores de nuestro nivel de pobreza, y de los absurdos de esta sociedad que se presume en la postmodernidad, y de esta capital que Leonel Fernández nos legó como el Nueva York chiquito, el pequeño Miami o el Mónaco del Caribe.
Montás, quien es miembro del Comité Central del partido que ha gobernado el país durante 12 de los últimos 16 años, planteó que apenas el 5 por ciento de la gran urbe dispone de alcantarillado sanitario, razón por la cual sus deshechos van a los ríos circundantes y contaminan todas las fuentes acuíferas el litoral marítimo y el subsuelo.
A esa contaminación hay que agregar la generada por el vertido de las plantas industriales y de los aceites de los vehículos y de las decenas de miles de plantas eléctricas que operamos hasta en los barrios más pobres, gracias a las cuales pueden sobrevivir igual número de pequeñas y medianas empresas y paliarse los apagones. También permiten que muchos “olviden” lo doloroso que es depender del servicio energético público en esta postmodernidad que tanto nos enorgullece.
El director de la CAASD dijo que todavía cerca de un tercio de las viviendas de la urbe no disponen de agua potable. Y aquí fue optimista, ya que la última encuesta Enhogar de la Oficina Nacional de Estadística estableció que a nivel nacional esa carencia alcanza al 56%. Agregó que ya la ciudad necesita otro sistema de acueducto para satisfacer sus necesidades y que los apagones complican la situación, porque el 70% del agua se genera con electricidad.
Para colmo señaló que el 54% del agua del acueducto se pierde por falta de racionalidad, fugas y averías. No se le puede criticar el haber olvidado decir que en muchos barrios pobres hay que comprar el agua por tanques o latas, por lo que les sale más cara que a los ricos, contaminación aparte.
Y no es que falten estudios sobre las necesidades de agua y alcantarillado sanitario de la capital y el costo de la inversión que requiere, sobre los mil millones de dólares, que él espera se haga en 20 años, lo que implica que esta modernidad va para largo. Se requiere una red de 3,400 kilómetros de alcantarillas y acometidas para 500 mil viviendas estimadas en 612 millones de dólares, incluido un emisor submarino para verter las aguas sanitarias a 300-500 metros de la playa y a 30 metros de profundidad. El nuevo acueducto demanda 250 millones de dólares y no se sabe cuántos más para sustituir viejas tuberías de 6-8-12 pulgadas de diámetro por nuevas de 20 pulgadas.
No se agobien, porque falta una perla: para cumplir sus responsabilidades la CAASD requeriría un presupuesto anual de RD$5,000 millones, pero solo recibe RD$1,250 millones, que apenas le dan para pagar personal y gastos fijos, entre ellos 924 millones por la precaria energía con que opera el acueducto. Como consecuencia, ocho de las 12 plantas de tratamiento de las aguas del Gran Santo Domingo están dañadas y no hay con qué rehabilitarlas. Más o menos que a nivel nacional, donde están fuera de servicio 24 de 28 de esos sistemas, según declaró hace unos meses el director del INAPA.
Aunque muchos vivamos en una burbuja mágica, embrujados por la ostentación pública y privada, fascinado por el verbo elocuente de nuestros líderes constructores de palacios, elevados y metros, promotores de la malversación y la ostentación, esta gran urbe donde se concentra la inversión, es un tremendo espejo de la pobreza nacional.
Por eso es más absurdo que haya quienes pidan un aeropuerto para San Francisco de Macorís, a 45 minutos del de Licey al Medio, Santiago, y a una hora y cuarto del de Catey, Samaná. Y que otros aboguen enfáticamente por una nueva carretera norte sur, aunque hiera la mayor fuente de agua del país, que costará más de 500 millones de dólares y que el ministro de Obras Públicas acaba de definir como turística y ecológica, en vez de mejorar vías ya existentes.
Necesitamos un gran exorcismo a la fastuosidad y altas dosis de racionalidad para establecer prioridades, para no comprar autos de lujo ni hacer una piscina antes de disponer de suficiente agua potable, electricidad, escuelas y atención hospitalaria, además de alcantarillados sanitarios en un país que pretende vivir del turismo.
Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.