Editorial
Es Saludable la Corrección del Entuerto.
El presidente de la República Dominicana ha permitido respirar por lo menos un poco de aire puro en el contaminado ambiente social y moral que afecta a todo el país.
La rectificación del presidente Medina aporta un granito de arena para borrar de la sociedad dominicana la creencia generalizada de que lo que pertenece al Estado no es de nadie y que en consecuencia cualquiera se puede apropiar de los bienes públicos sin el menor riesgo de ser sentado en el banquillo de los acusados.
La negociación con los que cometieron el gran fraude en Bahía de las Águilas constituyó una legitimación y legalización del hurto del patrimonio público, cuyos falsos propietarios eran premiados por nada más y nada menos que el jefe del Estado dominicano, el presidente Danilo Medina.
Esa decisión ya prácticamente se convertía en el lastre más pesado para un hombre que habló durante toda la pasada campaña electoral de transparencia y de persecución de la corrupción.
Sin embargo, la presión de las organizaciones sociales y de los medios de comunicación social hicieron que el presidente Medina reconsiderara la decisión de beneficiar a falsificadores, cuyo mensaje de semejante negociación era la legalización del fraude que hoy arropa a toda la República Dominicana, convirtiéndose en una verdadera cultura.
La negociación fue una especie de institucionalización del robo, de la apropiación de lo ajeno, de lo que pertenece a todo el pueblo dominicano.
Semejante disparate nunca debió ocurrir, el cual constituyó y aún constituye el principal error del Gobierno, porque no se entiende cómo el presidente pudo incurrir en semejante contrasentido, sobre todo si se atribuye la rectificación a la presión ejercida por la sociedad civil, la oposición y los medios de comunicación social.
No sabemos como el presidente pudo cometer semejante torpeza e incluso atribuyéndole al Estado la incapacidad para buscar una solución al problema sobre la base de lo que establece el ordenamiento jurídico.
Ahora lo que se impone es la continuación del juicio penal que se les conoce a los involucrados en la apropiación ilegal de los terrenos ubicados en Bahía de las Águilas.
Sencillamente la procuraduría general de la República, instancia superior del ministerio público, debe jugar su papel de acusador y persecutor de los estafadores de la Bahía de las Águilas con el propósito de que reciban la sanción que establecen las leyes penales de la República Dominicana, a fin de sentar un saludable precedente en contra de aquellos que tienen la convicción de que apropiarse del patrimonio público no tiene ningún riesgo de recibir la sanción que manda el sistema de justicia.
Bien por el presidente Medina.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana