Opinión
¿Es Venezuela culpable de la retoma de la lucha armada por FARC-EP?
Por Narciso Isa Conde
En esa conspiración macabra participa, además de Trump e Iván Duque, una comparsa continental de presidentes neofascistas; destacándose la demencial amenaza del régimen ultraderechista chileno, que amenaza con enviar sus aviones a bombardear a Venezuela.
Los responsables de 60 años de guerra sucia y terrorismo de Estado -el poder imperialista estadounidense, la oligarquía colombiana y las cúpulas políticas y militares pervertidas- culpan ahora a la Venezuela bolivariana y chavista, que tanto odian, del relanzamiento de las FARC-EP como fuerza insurgente.
Las culpan y usan esa falaz acusación como pretexto para reemprender sus planes de desestabilización, sus trajines golpistas y su pretensión de invadir militarmente y fraccionar el territorio venezolano con el propósito de instalar en el poder a su instrumento neofascista que por el momento encabeza Juan Guaidó.
En esa conspiración macabra está comprometida una comparsa continental agringada de calaña neofascista, destacándose en la demencial declaratoria del presidente chileno, que sin medir la capacidad de defensa anti-área venezolana, amenaza con su enviar sus bombarderos pinochetistas a Venezuela si su Guaidó es tocado con el pétalo de una flor.
Pero más allá de esas fanfarronadas peligrosas, es necesario seguir examinando los por qué de la retoma por FARC-EP de la ruta de la insurgencia armada, siendo la paz un anhelo vital del pueblo colombiano y países vecinos; algo fundamental para pulverizar los falsos argumentos de esta patraña.
- RAZONES DE LA INSURGENCIA POPULAR ARMADA Y EL RELANZAMIENTO DE FARC-EP.
Seguro estoy de que no es una determinación caprichosa y menos una receta del Estado vecino al que las fuerzas dominantes en EEUU y en Colombia tienen dos décadas agrediendo con nuevas modalidades de guerras imperialistas; procurando persistentemente hacer fracasar su autodeterminación y reeditando en escala tipo Libia, Afganistán, Irak, Yemen, Brasil, Argentina, Honduras… una agenda desestabilizadora parecida a la aplicada contra Cuba en las últimas 59 años y re-actualizada permanentemente.
Tampoco lo es el hecho de que el ELN, a la luz de los hechos vividos, no se haya desarmado ni desmovilizado a pesar de su vocación de paz.
Las razones reales son, sin dudas, de fuerza mayor, tanto por sus raíces históricas como por el impacto de una actualidad violenta con impronta de tragedia impuesta desde el poder imperial.
En ese plano y a propósito de lo que ha acontecido y sigue aconteciendo en Colombia, me parece oportuno recordar estos párrafos de uno de mis artículos escrito hace casi 4 años cuando, en la cercanía de la firma de los Acuerdos de Paz de la Habana, aparecieron los primeros nubarrones del sabotaje interno y externo al proyecto de paz con justicia social, democracia y soberanía; asumido con vehemencia, talento y creatividad por la delegación de paz de las FARC-EP, encabezada precisamente por los comandantes Iván Márquez y Jesús Santrich:
“La paz, como anhelo inmensamente mayoritario, no debe ser obviada por la insurgencia armada; pero tampoco ella puede sujetarse al pérfido interés evidenciado por las fuerzas enemigas, que por demás han estructurado un país sin soberanía con un sistema neoliberal perverso.”
“El camino de la paz verdadera, no el de la paz como farsa, a mí entender precisa tener muy en cuenta esa realidad y enfrentar con decisión esa actitud del poder supranacional y local establecido, sin hacer concesiones unilaterales”.
“Por eso debe pensarse en construir -previamente a cualquier tipo de desmovilización guerrillera- bases sólidas para una paz con justicia social, soberanía y dignidad en medio de un cese al fuego bilateral y una progresiva desmilitarización bilateral de la lucha política; situando en el centro de las grandes metas a alcanzar el rescate de la soberanía que posibilite sacar a Colombia del tablero guerrerista del imperialismo occidental.”
“Los temas fundamentales de las conversaciones de paz -aquellos que implican desmonte del Estado terrorista, democracia, justicia, equidad social y soberanía reales- al tiempo de acordarse con precisión, deberían de inmediato convertirse en hechos consistentes antes de contemplarse la pretendida desmovilización de los ejércitos populares creados por FARC y ELN durante medio siglo de heroísmo; que bien podrían asumir nuevos roles en medio del cese al fuego bilateral, la detención de la confrontación armada y el nuevo periodo de refundación democrática del Estado vía Constituyente Popular y Soberana.” (DESARMATE… Y YO ME QUEDO CON LAS BASES Y LOS HIERROS, por Narciso Isa Conde, noticiassin.com, Blog Tiro al Blanco, noviembre 2015, Santo Domingo, RD.)
Los resultados finales de los diálogos de la Habana se distanciaron de esas perspectivas porque la mayoría del Secretariado de las FARC, bajo la jefatura de Timochenko, contrarió a una parte significativa de sus dirigentes y desde la cúpula impuso a contra-corriente la línea de entrega de armas y desmovilización unilateral a breve plazo, la renuncia al proceso constituyente y la evasión del necesario compromiso para erradicar el para-militarismo y anular los principales componentes del Estado Terrorista, incluidas las bases militares y de todo el aparato militar estadounidense e israelí en ese hermano país.
Pero no solo, sino que a continuación se produjo el recorte brutal y la perversión rampante a cargo de la oligarquía y la extrema derecha -con la complicidad y/o tolerancia del partidismo tradicional y el poder imperialista- de importantes vertientes de la temática acordada; especialmente de todo aquello que atentara contra la impunidad, que impidiera o limitara las represalias contra los ex–guerrilleros y luchadores/as sociales y garantizara la defensa de soberanía y la superación del modelo neoliberal.
El proceso hacia la paz fue prostituido por los promotores de la violencia de Estado, la guerra integral y las injusticias sociales.
La venganza mafiosa reapareció con un saldo impresionante de asesinatos selectivos, falsos positivos, apresamientos ilegales, torturas y violación de la amnistía a favor de centenares de presos políticos.
La paz fue hecha trizas.
Esas, entre otras, son causas que justifican el relanzamiento de las FARC-EP y ninguna de ellas ha sido auspiciada por el Gobierno y el Estado venezolanos, que de buena fe acompañó ese proceso de paz pérfidamente burlado por el Estado colombiano con el padrinazgo de de la Administración Trump; ambos, poder imperial y poder re-colonizado, comprometidos con la oleada de golpes, conspiraciones, agresiones paramilitares, guerras económicas, proyectos neofascistas, militarismo y amenazas de intervención militar directa en amplias zona del Continente y más allá.
Venezuela bolivariana ha sido víctima, no victimaria.
Más de sesenta años de Estado Terrorista y de su devenir en narco-Estado, presidido ahora por uno de los engendros políticos del narco-paramilitarismo, violador impenitente de todo esfuerzo pro-paz y justicia, no pueden separarse de la existencia y razón de ser de la insurgencia campesina, popular y patriótica, y de su resurgir cada vez que ha sido estafada su voluntad de paz.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?