Opinión
¿Es Venezuela culpable de la retoma de la lucha armada por FARC-EP?
Por Narciso Isa Conde
En esa conspiración macabra participa, además de Trump e Iván Duque, una comparsa continental de presidentes neofascistas; destacándose la demencial amenaza del régimen ultraderechista chileno, que amenaza con enviar sus aviones a bombardear a Venezuela.
Los responsables de 60 años de guerra sucia y terrorismo de Estado -el poder imperialista estadounidense, la oligarquía colombiana y las cúpulas políticas y militares pervertidas- culpan ahora a la Venezuela bolivariana y chavista, que tanto odian, del relanzamiento de las FARC-EP como fuerza insurgente.
Las culpan y usan esa falaz acusación como pretexto para reemprender sus planes de desestabilización, sus trajines golpistas y su pretensión de invadir militarmente y fraccionar el territorio venezolano con el propósito de instalar en el poder a su instrumento neofascista que por el momento encabeza Juan Guaidó.
En esa conspiración macabra está comprometida una comparsa continental agringada de calaña neofascista, destacándose en la demencial declaratoria del presidente chileno, que sin medir la capacidad de defensa anti-área venezolana, amenaza con su enviar sus bombarderos pinochetistas a Venezuela si su Guaidó es tocado con el pétalo de una flor.
Pero más allá de esas fanfarronadas peligrosas, es necesario seguir examinando los por qué de la retoma por FARC-EP de la ruta de la insurgencia armada, siendo la paz un anhelo vital del pueblo colombiano y países vecinos; algo fundamental para pulverizar los falsos argumentos de esta patraña.
- RAZONES DE LA INSURGENCIA POPULAR ARMADA Y EL RELANZAMIENTO DE FARC-EP.
Seguro estoy de que no es una determinación caprichosa y menos una receta del Estado vecino al que las fuerzas dominantes en EEUU y en Colombia tienen dos décadas agrediendo con nuevas modalidades de guerras imperialistas; procurando persistentemente hacer fracasar su autodeterminación y reeditando en escala tipo Libia, Afganistán, Irak, Yemen, Brasil, Argentina, Honduras… una agenda desestabilizadora parecida a la aplicada contra Cuba en las últimas 59 años y re-actualizada permanentemente.
Tampoco lo es el hecho de que el ELN, a la luz de los hechos vividos, no se haya desarmado ni desmovilizado a pesar de su vocación de paz.
Las razones reales son, sin dudas, de fuerza mayor, tanto por sus raíces históricas como por el impacto de una actualidad violenta con impronta de tragedia impuesta desde el poder imperial.
En ese plano y a propósito de lo que ha acontecido y sigue aconteciendo en Colombia, me parece oportuno recordar estos párrafos de uno de mis artículos escrito hace casi 4 años cuando, en la cercanía de la firma de los Acuerdos de Paz de la Habana, aparecieron los primeros nubarrones del sabotaje interno y externo al proyecto de paz con justicia social, democracia y soberanía; asumido con vehemencia, talento y creatividad por la delegación de paz de las FARC-EP, encabezada precisamente por los comandantes Iván Márquez y Jesús Santrich:
“La paz, como anhelo inmensamente mayoritario, no debe ser obviada por la insurgencia armada; pero tampoco ella puede sujetarse al pérfido interés evidenciado por las fuerzas enemigas, que por demás han estructurado un país sin soberanía con un sistema neoliberal perverso.”
“El camino de la paz verdadera, no el de la paz como farsa, a mí entender precisa tener muy en cuenta esa realidad y enfrentar con decisión esa actitud del poder supranacional y local establecido, sin hacer concesiones unilaterales”.
“Por eso debe pensarse en construir -previamente a cualquier tipo de desmovilización guerrillera- bases sólidas para una paz con justicia social, soberanía y dignidad en medio de un cese al fuego bilateral y una progresiva desmilitarización bilateral de la lucha política; situando en el centro de las grandes metas a alcanzar el rescate de la soberanía que posibilite sacar a Colombia del tablero guerrerista del imperialismo occidental.”
“Los temas fundamentales de las conversaciones de paz -aquellos que implican desmonte del Estado terrorista, democracia, justicia, equidad social y soberanía reales- al tiempo de acordarse con precisión, deberían de inmediato convertirse en hechos consistentes antes de contemplarse la pretendida desmovilización de los ejércitos populares creados por FARC y ELN durante medio siglo de heroísmo; que bien podrían asumir nuevos roles en medio del cese al fuego bilateral, la detención de la confrontación armada y el nuevo periodo de refundación democrática del Estado vía Constituyente Popular y Soberana.” (DESARMATE… Y YO ME QUEDO CON LAS BASES Y LOS HIERROS, por Narciso Isa Conde, noticiassin.com, Blog Tiro al Blanco, noviembre 2015, Santo Domingo, RD.)
Los resultados finales de los diálogos de la Habana se distanciaron de esas perspectivas porque la mayoría del Secretariado de las FARC, bajo la jefatura de Timochenko, contrarió a una parte significativa de sus dirigentes y desde la cúpula impuso a contra-corriente la línea de entrega de armas y desmovilización unilateral a breve plazo, la renuncia al proceso constituyente y la evasión del necesario compromiso para erradicar el para-militarismo y anular los principales componentes del Estado Terrorista, incluidas las bases militares y de todo el aparato militar estadounidense e israelí en ese hermano país.
Pero no solo, sino que a continuación se produjo el recorte brutal y la perversión rampante a cargo de la oligarquía y la extrema derecha -con la complicidad y/o tolerancia del partidismo tradicional y el poder imperialista- de importantes vertientes de la temática acordada; especialmente de todo aquello que atentara contra la impunidad, que impidiera o limitara las represalias contra los ex–guerrilleros y luchadores/as sociales y garantizara la defensa de soberanía y la superación del modelo neoliberal.
El proceso hacia la paz fue prostituido por los promotores de la violencia de Estado, la guerra integral y las injusticias sociales.
La venganza mafiosa reapareció con un saldo impresionante de asesinatos selectivos, falsos positivos, apresamientos ilegales, torturas y violación de la amnistía a favor de centenares de presos políticos.
La paz fue hecha trizas.
Esas, entre otras, son causas que justifican el relanzamiento de las FARC-EP y ninguna de ellas ha sido auspiciada por el Gobierno y el Estado venezolanos, que de buena fe acompañó ese proceso de paz pérfidamente burlado por el Estado colombiano con el padrinazgo de de la Administración Trump; ambos, poder imperial y poder re-colonizado, comprometidos con la oleada de golpes, conspiraciones, agresiones paramilitares, guerras económicas, proyectos neofascistas, militarismo y amenazas de intervención militar directa en amplias zona del Continente y más allá.
Venezuela bolivariana ha sido víctima, no victimaria.
Más de sesenta años de Estado Terrorista y de su devenir en narco-Estado, presidido ahora por uno de los engendros políticos del narco-paramilitarismo, violador impenitente de todo esfuerzo pro-paz y justicia, no pueden separarse de la existencia y razón de ser de la insurgencia campesina, popular y patriótica, y de su resurgir cada vez que ha sido estafada su voluntad de paz.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.