Opinión
¿Es Venezuela culpable de la retoma de la lucha armada por FARC-EP?
Por Narciso Isa Conde
En esa conspiración macabra participa, además de Trump e Iván Duque, una comparsa continental de presidentes neofascistas; destacándose la demencial amenaza del régimen ultraderechista chileno, que amenaza con enviar sus aviones a bombardear a Venezuela.
Los responsables de 60 años de guerra sucia y terrorismo de Estado -el poder imperialista estadounidense, la oligarquía colombiana y las cúpulas políticas y militares pervertidas- culpan ahora a la Venezuela bolivariana y chavista, que tanto odian, del relanzamiento de las FARC-EP como fuerza insurgente.
Las culpan y usan esa falaz acusación como pretexto para reemprender sus planes de desestabilización, sus trajines golpistas y su pretensión de invadir militarmente y fraccionar el territorio venezolano con el propósito de instalar en el poder a su instrumento neofascista que por el momento encabeza Juan Guaidó.
En esa conspiración macabra está comprometida una comparsa continental agringada de calaña neofascista, destacándose en la demencial declaratoria del presidente chileno, que sin medir la capacidad de defensa anti-área venezolana, amenaza con su enviar sus bombarderos pinochetistas a Venezuela si su Guaidó es tocado con el pétalo de una flor.
Pero más allá de esas fanfarronadas peligrosas, es necesario seguir examinando los por qué de la retoma por FARC-EP de la ruta de la insurgencia armada, siendo la paz un anhelo vital del pueblo colombiano y países vecinos; algo fundamental para pulverizar los falsos argumentos de esta patraña.
- RAZONES DE LA INSURGENCIA POPULAR ARMADA Y EL RELANZAMIENTO DE FARC-EP.
Seguro estoy de que no es una determinación caprichosa y menos una receta del Estado vecino al que las fuerzas dominantes en EEUU y en Colombia tienen dos décadas agrediendo con nuevas modalidades de guerras imperialistas; procurando persistentemente hacer fracasar su autodeterminación y reeditando en escala tipo Libia, Afganistán, Irak, Yemen, Brasil, Argentina, Honduras… una agenda desestabilizadora parecida a la aplicada contra Cuba en las últimas 59 años y re-actualizada permanentemente.
Tampoco lo es el hecho de que el ELN, a la luz de los hechos vividos, no se haya desarmado ni desmovilizado a pesar de su vocación de paz.
Las razones reales son, sin dudas, de fuerza mayor, tanto por sus raíces históricas como por el impacto de una actualidad violenta con impronta de tragedia impuesta desde el poder imperial.
En ese plano y a propósito de lo que ha acontecido y sigue aconteciendo en Colombia, me parece oportuno recordar estos párrafos de uno de mis artículos escrito hace casi 4 años cuando, en la cercanía de la firma de los Acuerdos de Paz de la Habana, aparecieron los primeros nubarrones del sabotaje interno y externo al proyecto de paz con justicia social, democracia y soberanía; asumido con vehemencia, talento y creatividad por la delegación de paz de las FARC-EP, encabezada precisamente por los comandantes Iván Márquez y Jesús Santrich:
“La paz, como anhelo inmensamente mayoritario, no debe ser obviada por la insurgencia armada; pero tampoco ella puede sujetarse al pérfido interés evidenciado por las fuerzas enemigas, que por demás han estructurado un país sin soberanía con un sistema neoliberal perverso.”
“El camino de la paz verdadera, no el de la paz como farsa, a mí entender precisa tener muy en cuenta esa realidad y enfrentar con decisión esa actitud del poder supranacional y local establecido, sin hacer concesiones unilaterales”.
“Por eso debe pensarse en construir -previamente a cualquier tipo de desmovilización guerrillera- bases sólidas para una paz con justicia social, soberanía y dignidad en medio de un cese al fuego bilateral y una progresiva desmilitarización bilateral de la lucha política; situando en el centro de las grandes metas a alcanzar el rescate de la soberanía que posibilite sacar a Colombia del tablero guerrerista del imperialismo occidental.”
“Los temas fundamentales de las conversaciones de paz -aquellos que implican desmonte del Estado terrorista, democracia, justicia, equidad social y soberanía reales- al tiempo de acordarse con precisión, deberían de inmediato convertirse en hechos consistentes antes de contemplarse la pretendida desmovilización de los ejércitos populares creados por FARC y ELN durante medio siglo de heroísmo; que bien podrían asumir nuevos roles en medio del cese al fuego bilateral, la detención de la confrontación armada y el nuevo periodo de refundación democrática del Estado vía Constituyente Popular y Soberana.” (DESARMATE… Y YO ME QUEDO CON LAS BASES Y LOS HIERROS, por Narciso Isa Conde, noticiassin.com, Blog Tiro al Blanco, noviembre 2015, Santo Domingo, RD.)
Los resultados finales de los diálogos de la Habana se distanciaron de esas perspectivas porque la mayoría del Secretariado de las FARC, bajo la jefatura de Timochenko, contrarió a una parte significativa de sus dirigentes y desde la cúpula impuso a contra-corriente la línea de entrega de armas y desmovilización unilateral a breve plazo, la renuncia al proceso constituyente y la evasión del necesario compromiso para erradicar el para-militarismo y anular los principales componentes del Estado Terrorista, incluidas las bases militares y de todo el aparato militar estadounidense e israelí en ese hermano país.
Pero no solo, sino que a continuación se produjo el recorte brutal y la perversión rampante a cargo de la oligarquía y la extrema derecha -con la complicidad y/o tolerancia del partidismo tradicional y el poder imperialista- de importantes vertientes de la temática acordada; especialmente de todo aquello que atentara contra la impunidad, que impidiera o limitara las represalias contra los ex–guerrilleros y luchadores/as sociales y garantizara la defensa de soberanía y la superación del modelo neoliberal.
El proceso hacia la paz fue prostituido por los promotores de la violencia de Estado, la guerra integral y las injusticias sociales.
La venganza mafiosa reapareció con un saldo impresionante de asesinatos selectivos, falsos positivos, apresamientos ilegales, torturas y violación de la amnistía a favor de centenares de presos políticos.
La paz fue hecha trizas.
Esas, entre otras, son causas que justifican el relanzamiento de las FARC-EP y ninguna de ellas ha sido auspiciada por el Gobierno y el Estado venezolanos, que de buena fe acompañó ese proceso de paz pérfidamente burlado por el Estado colombiano con el padrinazgo de de la Administración Trump; ambos, poder imperial y poder re-colonizado, comprometidos con la oleada de golpes, conspiraciones, agresiones paramilitares, guerras económicas, proyectos neofascistas, militarismo y amenazas de intervención militar directa en amplias zona del Continente y más allá.
Venezuela bolivariana ha sido víctima, no victimaria.
Más de sesenta años de Estado Terrorista y de su devenir en narco-Estado, presidido ahora por uno de los engendros políticos del narco-paramilitarismo, violador impenitente de todo esfuerzo pro-paz y justicia, no pueden separarse de la existencia y razón de ser de la insurgencia campesina, popular y patriótica, y de su resurgir cada vez que ha sido estafada su voluntad de paz.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026