Opinión
Ese dinero es de los trabajadores
Por Juan Bolívar Díaz
En la medida en que aumentan los fondos de pensiones acumulados, que ya pasan de 270 mil millones de pesos, hay que afinar la vigilancia para evitar que la rapacidad y las centrífugas concentradoras pretendan apoderarse de ellos, secuestrarlos o dilapidarlos. La Ley de Seguridad Social 87-01 tiene suficientes previsiones para preservarlos, pero eso no será suficiente mientras prevalezca una cultura autoritaria y de despojo que pasa por encima de toda ley y principio constitucional.
En las últimas semanas se han verificado dos atentados contra los fondos de pensiones: por un lado un proyecto de ley que pretende apropiarse del diez por ciento de los mismos para destinarlos a recapitalizar el mal administrado Banco Nacional de la Vivienda para, cambiándole el nombre, destinarlo al financiamiento de exportaciones. El otro es la congelación de los fondos de los mayores de 60 años que se retiran sin haber podido acumular lo necesario para una pensión digna.
El intento de apropiarse por ley del diez por ciento de los fondos de pensiones atenta contra la filosofía del sistema, basado en la capitalización individual a través de empresas administradoras en las que descansa la responsabilidad de invertirlos adecuadamente en instrumentos financieros que permitan una rentabilidad que supere la tasa de inflación para que se reproduzcan en vez de extinguirse.
La ley tiene muchas previsiones para garantizar que los aportes de los trabajadores y sus empleadores sean preservados. Podrán invertirse en instrumentos financieros que deben ser aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Social, sólo previa ponderación y recomendación de una Comisión Clasificadora de Riesgos. Y como ocurre con todas las decisiones del sistema, se trata de organismos donde los representantes de los empleadores y los trabajadores tienen poder de veto.
Ninguna ley puede disponer de esos fondos, ni siquiera en mínima proporción, porque equivaldría a un despojo. Y de ninguna forma se puede permitir un precedente, porque eso pondría en peligro las pensiones de todos los contribuyentes, dada la voracidad de los administradores del sector público. La experiencia de aquel Banco de los Trabajadores, quebrado por la corrupción política, debe ser suficiente alerta.
La Resolución 356-13 de la Superintendencia de Pensiones constituye una apropiación de los aportes acumulados en las cuentas de capitalización individual de las personas que ingresaron al sistema cuando ya tenían más de 45 años, a quienes desde el principio se les garantizó que podrían recibir la totalidad de sus fondos cuando se retiraran después de los 60 años de vida. Así lo instituyó la Resolución 126-14 del Consejo de la Seguridad Social, el 10 de marzo del 2005.
Como la ley establece un mínimo de 300 cuotas (25 años) para disfrutar de las pensiones, se asumió que los que sobrepasaban los 45 años de edad y no alcanzaran la acumulación suficiente para una pensión mínima, podrían retirar la totalidad de sus ahorros cuando decidieran pensionarse. Más aún, podrían hacer contribuciones adicionales a la cuota legal. Cambiar eso en el 2013 es un despojo, un cambio retroactivo de la norma, que contradice principios constitucionales.
El superintendente de Pensiones, Joaquín Gerónimo, ha prometido una revisión de la nueva normativa, que esperamos se produzca de inmediato y sin cortapisas. Al fin y al cabo el mismo funcionario ha reconocido que los fondos reclamados hasta ahora por 47 mil 996 trabajadores de ingreso tardío sólo totalizan 3 mil 323 millones de pesos, promediando apenas 69 mil 235 por persona, y representan un ínfimo 1.2 por ciento del total de los fondos de pensiones acumulados.
Es una mezquindad disponer la entrega en cuotas de cantidades irrisorias, muy lejos de la “pensión digna” y aún del salario mínimo. Más grave aún por cuanto el 75 por ciento de los fondos de pensiones están concentrados en instrumentos del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y del Banco de Reservas, lo que los deja sujetos a los vaivenes de la política. Nadie garantiza que con el progresivo endeudamiento que registra el Estado, esos fondos aparezcan cuando en unos 14 años cientos de miles de personas tengan derecho al mismo tiempo a una pensión completa.
Mientras tanto hay que preguntar quién defiende a los trabajadores. Por qué sus representantes aceptaron que se emitiera esa resolución corralito.
Por Isaías Ramos
Nuestro país se encuentra en una encrucijada crucial, donde el futuro de su democracia y la equidad social están en juego. La persistencia de una estructura política y económica que favorece a una élite, en detrimento del bienestar de la mayoría, plantea un desafío formidable que no podemos ignorar. Nuestro país clama por un cambio profundo que redefina los fundamentos de nuestra sociedad y asegure un futuro justo para todos.
La malversación de recursos y el abuso de poder no son simplemente noticias recurrentes; son realidades que coexisten con niveles alarmantes de pobreza y una inseguridad que afecta a la mayoría de nuestros hogares. Esta situación desalentadora requiere más que soluciones temporales y políticas de subsidios mal enfocadas, las cuales solo sirven para posponer lo inevitable.
Es imperativo que el pueblo dominicano tome las riendas de su destino, rechazando ser meros espectadores de un sistema que perpetúa la desigualdad y se nutre de injusticias. La historia nos enseña que las libertades y derechos se conquistan y mantienen a través de una lucha continua y consciente. Nuestro combate no es solo por necesidades económicas, sino por la dignidad y el futuro de nuestra nación.
Debemos aspirar a una transformación radical del modelo político y económico. Las políticas deben enfocarse en crear condiciones de igualdad de oportunidades, promover la inversión en infraestructura agrícola e industrial, así como apoyar decididamente a las micro, pequeñas y medianas empresas: verdaderas locomotoras del crecimiento local.
La implementación de subsidios y exenciones fiscales a sectores económicos privilegiados debe ser eliminada; estos recursos deben redirigirse hacia sectores donde tengan un impacto directo y medible. Es esencial poner fin a la política del derroche y endeudamiento, transfiriendo los recursos necesarios para incrementar la producción nacional.
El llamado es claro: construir un nuevo amanecer; un despertar nacional que eleve los intereses del pueblo por encima del egoísmo mezquino de una élite desconectada. Es momento de redefinir nuestras prioridades asegurándonos de que cada dominicano sea parte activa e informada sobre este cambio. La partidocracia actual ha fallado en atender los problemas estructurales del país; ya es tiempo promover una verdadera transformación.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que las candidaturas independientes enriquecen la pluralidad, el debate y las ideas. Trabajar unidos para hacer realidad nuestra Constitución y la visión de la Estrategia Nacional de Desarrollo, con el objetivo de vivir plenamente en un Estado Social y Democrático de Derecho para el 2030. Es nuestro norte, definido incluso por aquellos que hasta ahora lo han ignorado. Es esencial lograr su despertar a la conciencia para que no se conviertan en simples testigos, sino también en participantes activos en esta transformación hacia un Estado que verdaderamente refleje nuestros valores y aspiraciones.
Nuestra Patria tiene el potencial de ser un faro de justicia y equidad en la región. Solo mediante un compromiso renovado y genuino con el cambio, así como con la participación de cada ciudadano, podremos transformar nuestro país en un lugar donde la prosperidad sea compartida y la dignidad de todos sea una realidad palpable.
Este es el momento de unirnos y evitar que nuestra nación caiga en un abismo de miseria y opresión, como ha sucedido en otras naciones vecinas. Es el momento de actuar, despertar y luchar por una República Dominicana que honre su promesa de justicia, igualdad y democracia.
¡Despierta RD!
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
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La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.