Por Nicole Acevedo — NBC News

SAN JUAN.- En Barrio Obrero, un vecindario de mayoría dominicana en Puerto Rico, el efecto de las redadas migratorias ha sido paralizador para muchos en el territorio estadounidense.

Casas y negocios lucen desolados, mientras un camión con altavoces recorre las calles del barrio con un mensaje: “Inmigrantes, ustedes tienen derechos”, según relata Ariadna Godreau, abogada de derechos humanos en la isla.

La organización sin ánimo de lucro que Godreau dirige, Ayuda Legal Puerto Rico, contrató el camión conocido popularmente como tumba coco para concienciar a la gente sobre sus derechos y anunciar el lanzamiento de una línea de atención telefónica, la primera en Puerto Rico que ofrece apoyo legal a los inmigrantes.

Más de 300 familias ya han llamado para hablar con abogados de forma gratuita, con el fin de averiguar sus opciones legales ante el volátil panorama en materia migratoria, indicó Godreau.

Muchos inmigrantes que residen en Puerto Rico temen que los esfuerzos de Gobierno de Donald Trump de realizar deportaciones masivas cambien la forma en que se aplican las leyes en un territorio que durante mucho tiempo ha sido percibido como un santuario para los inmigrantes.

Esa percepción comenzó a cambiar el 27 de enero, la misma semana en la que Trump asumió el cargo. Las autoridades de inmigración hicieron una redada en Barrio Obrero y arrestaron a más de 40 personas. Testigos le dijeron a Telemundo Puerto Rico, que vieron a agentes derribar las puertas de varias casas y negocios. Los detenidos fueron esposados y metidos en camionetas.

En sus 40 años viviendo en Puerto Rico, Ramón Muñoz, un inmigrante dominicano, había visto a las autoridades detener esporádicamente a personas indocumentadas, pero nunca “con la agresividad” de esa redada.

Para complicar las cosas, los detenidos son trasladados al territorio continental de Estados Unidos, a un océano de distancia de sus familias y de los abogados que gestionan sus casos de inmigración.

No hay centros de detención permanentes en la isla que puedan acoger a los detenidos durante períodos prolongados, según Rebecca González-Ramos, agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan.

“Esposada como una criminal”

Aracely Terrero, una de al menos 732 inmigrantes detenidos por las autoridades federales de inmigración en Puerto Rico en lo que va de año, pasó un mes en tres centros de detención diferentes en Estados Unidos antes de ser puesta en libertad la semana pasada después de que un juez de inmigración determinara que nunca debió haber sido detenida.

Un agente de policía de la localidad costera de Cabo Rojo alertó a las autoridades federales de inmigración sobre Terrero después de que el oficial la encontrara vendiendo helados en la playa sin permiso comercial, informó Telemundo Puerto Rico.

Terrero tenía un visado y estaba en proceso de obtener su residencia permanente o green card cuando fue puesta bajo custodia de inmigración, dijeron su abogado, Ángel Robles, y Annette Martínez, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico.

Las políticas de Puerto Rico limitan la coordinación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración, añadió Martínez.

Sin embargo, la ACLU en Puerto Rico está viendo más casos en los que se sospecha que la policía local usa perfiles raciales de los inmigrantes dominicanos antes de alertar a las autoridades federales de inmigración, lo que reaviva la preocupación por el resurgimiento de “prácticas policiales discriminatorias” que dieron lugar a reformas policiales la isla hace una década.

El caso de Terrero también puso de relieve lo difícil que es para las familias y los abogados seguir la pista de los detenidos una vez que son enviados a Estados Unidos, añadió Martínez.

“Fue una pesadilla”, aseguró Terrero a Telemundo Puerto Rico tras su liberación. “Fue un viaje muy difícil porque nunca me habían arrestado en mi vida. Nunca me había visto así, con esposas, como una criminal”.

Críticas a la gobernadora

González-Ramos, la agente especial del HSI, dijo en una entrevista con la radio local la semana pasada que su oficina se había estado preparando para intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración en Puerto Rico desde noviembre. Afirmó que empezaron a “reorganizar” los recursos y a “cambiar las prioridades” tras la victoria de Trump.

Sin embargo, la gran redada del 27 de enero fue una sorpresa para la mayoría de la gente. La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, había tranquilizado a los inmigrantes en una entrevista con Telemundo Puerto Rico esa misma semana diciendo que Trump sólo estaba “centrado en lo que está pasando en México y en Estados Unidos, en esa frontera”.

La gobernadora contribuyó a crear una “falsa sensación de seguridad”, precisó Godreau. “Redadas consecutivas comenzaron entonces en zonas históricamente habitadas por la población dominicana”.

A medida que las autoridades de inmigración intensifican sus esfuerzos en Puerto Rico con redadas en hoteles, obras de construcción y barrios, más de 500 de los inmigrantes detenidos hasta ahora proceden de la República Dominicana.

Los dominicanos constituyen la mayor parte de la población inmigrante de Puerto Rico. Se calcula que en la isla viven más de 100,000 dominicanos. Se cree que alrededor de un tercio son indocumentados. Muchos de ellos son propietarios de negocios o trabajan en los sectores de la hostelería, la construcción y el cuidado de ancianos, dos áreas que sufren escasez de mano de obra, de acuerdo con Godreau y Martínez.

González-Ramos había dicho que su oficina detendría a las personas presentes ilegalmente en Puerto Rico, “específicamente aquellas cuyos antecedentes penales suponen una amenaza para nuestras comunidades y la seguridad nacional”.

Pero sólo el 13% de los 732 inmigrantes detenidos este año tienen antecedentes penales, según datos de HSI en San Juan.

Tras una citación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Administración de González-Colón, una republicana que apoya a Trump, entregó recientemente los nombres y direcciones de 6,000 personas que obtuvieron licencias de conducir bajo una ley favorable a los inmigrantes de 2013 que permitía obtenerlas a personas sin estatus migratorio.

González-Colón ha dicho que no desafiará las políticas migratorias de Trump para no arriesgarse a perder fondos federales.

“Las actitudes y expresiones de la gobernadora han sido bastante engañosas”, dijo Martínez, añadiendo que las jurisdicciones locales con frecuencia desafían y se oponen a las políticas federales en un esfuerzo por proteger a los residentes locales.

NUEVA YORK.- Los dominicanos Miguel Estrella, Arelis Mejía y José Sandoval fueron electos en las recientes primarias del Partido Republicano como candidatos a líderes de los distritos 70 y 71 de esta  ciudad.

El doctor Estrella es un reconocido líder comunitario y analista político con participación permanente en Teleradio América en Vivo y El Gobierno de la Tarde, en la Z-101; Mejía es una comunicadora, especialista en mercadeo internacional y tecnología digital, y Sandoval es un respetado periodista.

Su elección representa un duro desafío para el Partido Demócrata en estas localidades, donde su liderazgo se ha desgastado a niveles históricos, con apenas un 29% de aprobación.

Estrella, Mejía y Sandoval tienen programado implementar programas a favor de sus munícipes bajo una plataforma de alerta sensible, la cual permitirá identificar los problemas que los afectan y saber cómo enfrentarlos.

Los distritos 70 y 71 tienen una población de 134,772 personas, de las cuales el 52.2% es de ascendencia hispana, el 32.2% afroamericana y el 10.9% de raza blanca.

Ambos distritos están siendo afectados por un alto desempleo, escasez de viviendas asequibles, elevados niveles de pobreza, falta de programas para jóvenes que los mantengan alejados de las calles y de las drogas, así como una alta proliferación de personas sin hogar, dada la abusiva acumulación de refugios para desamparados dentro de estos sectores.

Estrella, Mejía y Sandoval manifestaron su enorme agradecimiento por el apoyo del líder comunitario y presidente del Dominican American Republican Club, Sammy Ravelo, y su fantástico equipo directivo.

Por Agencias

NUEVA YORK.- Un juez federal de Nueva York impidió que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump pusiera fin al estatus legal temporal para más de 500.000 haitianos que ya están en la nación.

El juez del tribunal de distrito Brian M. Cogan en Nueva York dictaminó que adelantar la expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), por al menos cinco meses para los haitianos, algunos de los cuales han vivido en Estados Unidos por más de una década, es ilegal.

El gobierno del expresidente Joe Biden había extendido el TPS para las personas procedentes de Haití hasta al menos el 3 de febrero de 2026, debido a la violencia de las pandillas, la agitación política, un gran terremoto en 2021 y varios otros factores, según documentos judiciales.

POSIBLE DEPORTACION

Pero la semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que iba a poner fin a esas protecciones legales tan pronto como el dos de septiembre, preparando a los haitianos para una posible deportación.

El departamento dijo que las condiciones en el país habían mejorado y que los haitianos ya no cumplían con las condiciones para las protecciones legales temporales.

El fallo se produce mientras Trump trabaja para poner fin a las protecciones y programas para inmigrantes como parte de sus promesas de deportaciones masivas.

VIOLA ESTATUTO TPS

La opinión de 23 páginas del juez establece que la medida del Departamento de Seguridad Nacional de terminar las protecciones legales antes de tiempo viola el estatuto del TPS que requiere una cierta cantidad de aviso antes de reconsiderar una designación.

«Cuando el gobierno confiere un beneficio por un período de tiempo fijo, un beneficiario puede esperar razonablemente recibir ese beneficio al menos hasta el final de ese periodo fijo», según el fallo.

El juez también hizo referencia al hecho de que los demandantes han comenzado trabajos, se han inscrito en escuelas y han comenzado a recibir tratamiento médico con la expectativa de que la designación de TPS del país se extendería hasta el final del año.

Manny Pastreich, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Local 32BJ, que presentó la demanda, describió el fallo como un «paso importante», pero dijo que la lucha no ha terminado.

«Seguiremos luchando para asegurarnos de que esta decisión se mantenga», dijo Pastreich en un comunicado. «Seguiremos luchando por los derechos de nuestros miembros y de todos los inmigrantes contra el gobierno de Trump, en las calles, en el lugar de trabajo y también en los tribunales. Y cuando luchamos, ganamos».

ARGUMENTO DEL GOBIERNO

El DHS no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios. Pero el gobierno había argumentado que el TPS es un programa temporal y, por lo tanto, «la terminación de la designación de TPS de un país es una posibilidad que los beneficiarios siempre deben esperar».

El estatus de TPS de Haití se activó inicialmente en 2010 después del catastrófico terremoto y ha sido extendido múltiples veces, según la demanda.

La violencia de las pandillas ha desplazado a 1,3 millones de personas en todo Haití mientras el gobierno local y la comunidad internacional luchan con la crisis, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones. Ha habido un aumento del 24% en personas desplazadas desde diciembre, y hombres armados han expulsado al 11% de los casi 12 millones de habitantes de Haití de sus hogares, de acuerdo con el informe.

En mayo, la Corte Suprema federal permitió al gobierno de Trump retirar el TPS a 350.000 venezolanos, exponiéndolos potencialmente a la deportación. La orden suspendió un fallo de un juez federal de San Francisco que mantenía las protecciones legales vigentes.

La decisión del juez de Nueva York también se produce a raíz de que el gobierno de Trump revocara las protecciones legales para miles de haitianos que llegaron legalmente a Estados Unidos a través de un programa de libertad condicional humanitaria.

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