Comunidad en el exterior
España: Apresan 8 dominicanos integran red de trata de personas y narcotráfico
Agentes de la Policía Española. Foto: PD.
SANTO DOMINGO, Rep. Dominicana.- La Policía Española desmanteló una red liderada por dominicanos que introducía personas ilegales a España tras una ruta que incluía escalas en Holanda, Turquía y Grecia,a demás de tráfico de drogas.
Según consigna hoy el diario ABC.es, la red daba instrucciones precisas a los extranjeros ilegales para cruzar la frontera entre Turquía y Gregia, desde donde días después las introducían a España.
Indica que la Policía ha apresado a ocho de los implicados en la red, quienes disponían de viviviendas rentadas en cada país fronterizo para esconder a los ilegales.
Precisa que las investigaciones comenzaron hace tres meses en Tenerife, cuando la Policía apresó a una dominicana ilegal, quien reveló que había llegado a la nación ibérica tras hacer un largo viaje desde la República Dominicana, con una primera escala en el aeropuerto de Schiphol, Holanda, para luego pasar a la ciudad de Estambul hasta el cruce fronterizo con Gregia y de ahí desplazarse en vía aérea hasta España.
“A partir de esta información y de nuevos datos obtenidos por los investigadores, se averiguó la existencia de una red compuesta fundamentalmente por ciudadanos dominicanos, dedicada al tráfico de personas”, refiere la investigación.
Los miembros de la red residían en la provincia de Barcelona y en Tenerife, desde donde, a través de contactos en República Dominicana, ofrecían a compatriotas la posibilidad de entrar irregularmente en España.
Operac ión
Las personas interesadas en viajar a España abonaban una cantidad inicial de 1.500 euros, con lo que la organización les gestionaba un viaje turístico a Turquía que incluía reserva de hotel y billetes de ida y vuelta, con escala en Holanda. Una vez allí, eran alojados en «pisos patera» donde podían permanecer varios días. Antes de cruzar la frontera con Grecia, debían abonar un segundo plazo de entre 1.000 y 1.500 euros, y recibían instrucciones precisas para burlar los controles policiales y cómo actuar si eran detenidos por la policía griega.
El cruce de frontera lo hacían siempre sin ningún tipo de documentación para dificultar su identificación en el caso de ser arrestados —la red se hacía cargo de sus pasaportes en territorio turco y se los devolvía en Grecia—.
Si eran detenidos, debían negar siempre su condición de dominicanos, manifestar pertenecer a algún país subsahariano y solicitar asilo político. En el país heleno volvían a ser alojados en «pisos patera» hasta que viajaban por avión a Madrid, previo pago de otros 1.000 euros. Las cantidades se podían hacer efectivas en metálico o mediante la cesión de alguna propiedad en República Dominicana.
Una vez es España los miembros de la red ofrecían a los inmigrantes regularizar su situación mediante matrimonios convenidos con ciudadanos españoles, para lo cual pagaban altas sumas de dinero.
También narcotráfico
Paralelamente, varios integrantes de la red se dedicaban al tráfico de estupefacientes. Relacionado con esta actividad, en los registros practicados en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) y San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), los agentes se incautaron de 300 gramos de sustancias estupefacientes (cocaína y marihuana) preparados en dosis de 2 gramos para su venta.
NEW HAMPSHIRE.- Una dominicana fue sentenciada a 24 meses de cárcel y tres años en libertad condicional por tráfico de drogas.
María Camacho, de 44 años, se declaró culpable en mayo pasado de un cargo de conspiración para distribuir sustancias controladas.
“La acusada era una agente de una importante organización de tráfico de drogas con sede en Massachusetts que suministraba drogas aquí en New Hampshire, lo que alimentaba la crisis de los opioides”, dijo la fiscal Jane E. Young en un comunicado.
De su lado, la agente especial a cargo de la División de Boston del FBI, Jodi Cohen, explicó que “a pesar de tener una fuente de ingresos alternativa, María Camacho no tenía vergüenza de traficar con veneno letal en New Hampshire en nombre de una gran organización de tráfico de drogas con sede en Massachusetts”.
“La sentencia de hoy responsabiliza a esta narcotraficante por el daño que ha infligido tanto a sus clientes como a la comunidad. El FBI quisiera agradecer a nuestros socios en la aplicación de la ley por trabajar con nosotros para desmantelar organizaciones de tráfico de drogas en expansión como esta con el fin de hacer que nuestras calles sean más seguras”, añadió.
jt/am
CONNECTICUT.- Un oficial de policía de origen dominicano fue acusado de varios cargos criminales tras un incidente de violencia doméstica.
A Julio Gil Martínez, del departamento de policía en el distrito de Waterford, se le imputan amenazas, asalto, estrangulamiento, restricción ilegal e interferencia con una llamada de emergencia.
El incidente supuestamente ocurrió en una casa donde vivía la pareja en New London.
A Gil Martínez le fue fijada una de 75,000 dólares y fue puesto bajo licencia.
jt/am
Nueva York enfrenta un escándalo que involucra a un director escolar y su esposa, acusados de liderar una red de explotación de maestros dominicanos.
Durante los últimos dos años, Emmanuel Polanco, exdirector de la escuela JHS 80 en el Bronx, y su esposa, Sterling Báez, han recibido más de $500,000 en salarios combinados mientras se encuentran bajo investigación federal por tráfico humano, según reportó The New York Post.
El caso gira en torno a 20 docentes de la República Dominicana que fueron reclutados para enseñar en escuelas bilingües en Nueva York. Estos maestros han quedado atrapados en una compleja situación legal, donde no pueden abandonar Estados Unidos sin arriesgarse a perder sus trabajos y un programa de maestría financiado por el Departamento de Educación de Nueva York (DOE).
Según la investigación, los docentes fueron obligados a alquilar habitaciones a precios exorbitantes en propiedades vinculadas a Polanco y otros administradores escolares de origen dominicano.
ESQUEMA DE EXPLOTACION
La investigación, que comenzó en noviembre de 2022, apunta a que Polanco y Baez lideraban un esquema en el que los maestros debían alquilar apartamentos propiedad de la familia Polanco o de ADASA, una organización de administradores dominicanos.
En uno de los casos más graves, 11 maestros fueron alojados en una casa dúplex del Bronx, pagando hasta $1,450 por habitaciones individuales con cocina y baño compartidos. Estas prácticas generaban ganancias netas de hasta $8,900 al mes.
Sterling Baez, quien fue removida de su puesto como maestra, cobraba personalmente $3,000 mensuales por un apartamento propiedad de su difunta suegra. Además, otros administradores escolares, como Daniel Calcaño, exasistente de dirección y tesorero de ADASA, también recolectaban rentas de manera agresiva, llegando a tocar puertas a altas horas de la noche para exigir pagos.
IMPACTO EN DOCENTES DOMINICANOS
Atrapados en un limbo migratorio, los maestros afectados tienen un estatus especial otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), conocido como «Presencia Continuada», el cual se reserva para víctimas de tráfico humano. Este estatus les prohíbe salir de los Estados Unidos mientras avanza la investigación. Varios maestros han relatado que no han podido visitar a sus familias en la República Dominicana, incluso en situaciones urgentes como enfermedades graves de sus seres queridos.
De los 25 maestros originalmente involucrados, cinco han renunciado a sus empleos y regresado a su país. Los 20 restantes han conseguido viviendas por su cuenta, pero continúan sintiéndose abandonados. “Estamos en limbo”, expresó uno de los maestros, quien pidió anonimato por temor a represalias.
SALARIOS ELEVADOS
Mientras los maestros enfrentan incertidumbre, Polanco y Baez permanecen en la nómina del DOE con salarios que sumaron $311,303 en el año fiscal 2024. Ambos fueron reasignados a roles administrativos, donde cumplen pocas o ninguna función mientras se desarrolla la investigación. Daniel Calcaño, otro de los acusados, también sigue en la nómina con un salario anual de $151,409.
La investigación, liderada por el Departamento de Seguridad Nacional, permanece activa, aunque no se han presentado cargos formales contra Polanco, Baez ni los otros implicados. Una portavoz del DHS se negó a comentar sobre el caso debido a «sensibilidades relacionadas con la aplicación de la ley».
Mientras tanto, los maestros afectados, que ganan entre $66,000 y $75,000 anuales más horas extras, continúan asistiendo a la Universidad City College para completar sus maestrías en educación, un programa financiado por el DOE que podría llevar a la certificación y estatus migratorio permanente.
Este caso destaca las vulnerabilidades de los trabajadores extranjeros en programas educativos y cómo la burocracia puede convertir sus sueños en una pesadilla.