Reportaje A Fondo
¿Está Latinoamérica preparada para el coronavirus?
A muchos de los sistemas sanitarios de la región les falta capacidad para enfrentarse a un nuevo virus añadido al catálogo de los que conviven con la humanidad
Desde que el nuevo coronavirus llegó a nuestras vidas (las mediáticas y conversadas por ahora: apenas hay un puñado de casos confirmados en el mundo hispanohablante) hemos aprendido bastante sobre él. El rango de incertidumbre es aún altísimo, pero ya la vamos conociendo. Con los datos de que disponemos parece probable que sea al menos tan contagiosa, letal (tasa de mortalidad) y severa (tasa de casos que requerirían hospitalización) como la gripe. Es muy posible que sea peor. No podemos confirmarlo con seguridad porque aún es pronto, y los números que tenemos cambian mucho de país a país (por ejemplo: la mortalidad estimada de China e Italia es cinco o seis veces mayor a la de Corea del Sur, y en Irán es una incógnita porque el número de casos reales lo es también). Además, aunque las cifras actuales apuntan precisamente en esa dirección, en el pasado nos hemos encontrado con que la gravedad calculada de un virus nuevo se reajusta con el paso del tiempo, a medida que somos capaces de proyectar mejor el total de casos así como de discriminar mejor entre quienes se recuperan y quienes no.
Ningún país destaca por su preparación, y algunos se encuentran en una situación francamente débil: Guatemala, Haití, Honduras, Guyana y, sobre todo, Venezuela presentan una alta vulnerabilidad ante nuevas emergencias.
Así, si las hipótesis más pesimistas se confirman y resulta que el virus que produce la enfermedad COVID-19 es algo más contagioso, o produce una mayor proporción de casos graves, que las dolencias respiratorias masivas que ya conviven con la humanidad, entonces pondría seriamente a prueba los sistemas sanitarios de Latinoamérica (y de todo el mundo). Sistemas en los que, por regla general, abunda la desigualdad en el grado de protección. Con una epidemia de magnitudes y severidad considerable, las diferencias se sentirían con toda intensidad.
Ya se pudo intuir algo así en China durante las primeras semanas de contagio: un estudio reciente publicado en The Lancet demuestra que la mortalidad fue mayor en aquellos lugares con mayor incidencia de casos. Resulta trágicamente lógico: cuando el sistema se siente saturado en un lugar específico, su capacidad para salvar vidas tratando los casos más graves disminuye.
Un indicador que sirve como primera aproximación, incluido en el propio Índice Global, es el número de camas de hospital por habitante.
De hecho, si nos centramos en uno de estos países, Colombia, y observamos qué pasa en su interior, nos daremos cuenta de que las disparidades regionales van más allá de las diferencias de país a país. Colombia está dividida en departamentos que disfrutan de niveles muy distintos de renta, riqueza y sobre todo presencia estatal. Como no podría ser de otra manera, el número de capas de hospital per capita refleja las desigualdades territoriales.
Las plazas de hospital, por supuesto, tiene que operarlas un personal especializado compuesto sobre todo por equipos de medicina y enfermería. Cabe esperar que estas tres variables vayan de la mano: cuando hay más de uno de los componentes del sistema, tendría sentido que hubiese más de los otros. Y así es por regla general en el mundo.
Sin embargo, Latinoamérica tiene la particularidad de encontrarse por debajo de la línea de relación media. Es decir: en la práctica totalidad de países de la región hay más médicos per capita que enfermeros o camas, subrayando el déficit comparado de personal y plazas.
Como resultado de todo ello, la región no se encuentra en la mejor forma posible para enfrentar una potencial pandemia. Aún asumiendo una severidad relativamente baja, si un virus nuevo se difunde lo suficiente las zonas con menos recursos y sistemas de seguridad en funcionamiento podrían saturarse con rapidez (en algunos casos ya lo están a día de hoy). Si además el nuevo coronavirus ha llegado para quedarse, a los países no les quedará más remedio que mejorar y adaptar sus capacidades. Los epidemiólogos suelen bromear con que se pasan cada nueva emergencia vírica hablando sobre “la siguiente pandemia” y lo que habría que hacer para prepararse ante su eventual llegada. Bien: ya está aquí. Otras seguirán en el futuro. Lo fundamental es que no olvidemos dónde están los agujeros una vez baje la marea.
elpais.com
La embajada estadounidense afirma: “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado” en la designación de nuevos funcionarios de la Corte
En lo que parece ser una razón más de indignacion de los paises latinoamericanos, según una publicaciñn del periódico El Pais de España, la cual es reproducida inextensa por este diario, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó este martes de que su Gobierno consultó con el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre una supuesta injerencia en la elección de dos magistrados, entre ellos la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien, según la información del mandatario, sería nombrada para ocupar una silla en la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país.
“Nos hemos enterado de que se está intentando aparentar que la Embajada de los Estados Unidos está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros, como Roberto Molina Barreto y Consuelo Porras”, dijo Arévalo en una conferencia de prensa y en un comunicado emitido más tarde por el Gobierno. “Esta situación es altamente irregular y preocupante. Acciones como estas son incongruentes con el excelente estado de las relaciones entre nuestro Gobierno y el de Estados Unidos. Por ello, hemos comenzado las consultas con el Departamento de Estado para aclarar esta situación”, informó el mandatario.
Consuelo Porras en Guatemala, en septiembre de 2025.Congreso de Guatemala
Guatemala deberá designar este año a los nuevos magistrados de la Corte para el periodo 2026-2031. Para integrar ese ente, el Congreso, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios y la Universidad de San Carlos, la principal del país, votan a lo interno para nombrar a un magistrado titular y un suplente eligiendo así cinco magistrados titulares y cinco suplentes que dirigirán esa Corte.
Las declaraciones del presidente surgieron luego de que uno de los candidatos que apoyaba el Ejecutivo a través de su bancada oficial y de diputados aliados, Rony López, actual magistrado suplente de la CC, quien ha denunciado al MP por seguimiento y amenazas, perdió los votos y en su lugar comenzó a correr el rumor de que el actual magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, sería reelecto.
Molina Barreto fue candidato a la vicepresidencia en 2018 con Zury Ríos, la hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt, acusado de haber cometido un genocidio contra las poblaciones indígenas de Guatemala. Además, ha sido criticado por sus fallos judiciales en los que anuló la condena por genocidio contra Ríos Montt, por fallar a favor del expresidente condenado por corrupción Otto Pérez Molina y por beneficiar al líder del Barrio 18, Aldo Ochoa.
Medios locales, que han documentado dos lobbys pagados por políticos de oposición y algunos empresarios de la élite guatemalteca, atribuyen el apoyo de la mayoría de diputados y de la embajada de Estados Unidos a favor de Barreto debido a ese cabildeo. La embajada estadounidense en Guatemala no respondió a las consultas sobre la denuncia del presidente. John Barrett, encargado de negocios de la embajada, dijo en la red social X que “como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”.
Reportaje A Fondo
Una segunda vida para los disfraces de Carnaval: la idea de Río para que los residuos de la fiesta no acaben en el vertedero
El proyecto ‘Sustenta Carnaval’ ha recuperado casi 70 toneladas de los vestuarios que se usan en el Sambódromo, reduciendo emisiones e integrando a población en riesgo de exclusión social
Río de Janeiro.-En la bella canción del sambista carioca Martinho da Vila llamada ‘Para tudo se acabar na quarta feira (Para que todo se acabe el miércoles)’ el compositor exalta, con cierta melancolía, a los artesanos del carnaval, esas personas anónimas que trabajan todo el año “empeñadas en construir la ilusión” para que después, todo se termine el Miércoles de Ceniza. El carnaval es, por definición, la fiesta de la alegría efímera, pero en el caso del Sambódromo de Río de Janeiro, con sus monumentales desfiles, esa fugacidad tiene un coste ambiental considerable. En las noches en que reinan las escuelas de samba, desfilan decenas de miles de personas vestidas con aparatosos disfraces, unos 100.000 cada año. Su vida útil es lo que se tarda en cruzar el gran estadio del carnaval durante el desfile, menos de 90 minutos. Hasta hace pocos años, después de brillar bajo los focos y los aplausos muchos de ellos acababan en el vertedero. Para luchar contra ese problema ambiental y convertir el residuo en oportunidad, hace unos años surgió el proyecto ‘Sustenta Carnaval’.
La sede de la organización está en la zona portuaria de Río, a pocos pasos de la Cidade do Samba, el gigante recinto donde se construyen las carrozas y se confeccionan los disfraces del carnaval. Aquí el almacén es menos opulento, pero igualmente colorido: montañas de disfraces se acumulan en el suelo y suben varios metros hasta casi tocar el techo en algunos puntos. Son los restos de los carnavales de otros años, que tras pasar por aquí tendrán una segunda oportunidad: los clientes de a pie más creativos pueden llevarse piezas tras un módico precio en función del peso, pero además hay convenios con agrupaciones carnavalescas con menos recursos o incluso con ayuntamientos de otras ciudades que buscan organizar un carnaval más económico. También se donan a escuelas públicas, o se alquilan a compañías teatrales y rodajes de cine. La idea es reciclar de todas las maneras posibles. De momento, en los últimos cinco años, los impulsores de la idea ya han salvado de la basura 66 toneladas.
Pululando entre esta marea de sombreros, faldas, plumas y todo tipo de tejidos aparece, siempre sonriente, Jean Santos, el coordinador técnico del proyecto. Recuerda divertido la aventura del primer año: “Fue un test, alquilamos un camión y recolectamos tres toneladas. Las colocamos provisionalmente en mi casa y en casa de una amiga, fue una locura”. En realidad, las propias escuelas de samba recopilan sus propios disfraces para reutilizar lo que se pueda al año siguiente (tras un minucioso trabajo de descarte, reconversión, pintura, tinte, etc).
No obstante, muchas no tienen los recursos ni la logística necesaria para movilizar camiones, personal y almacenes y acaban desechando parte de sus disfraces. Durante años, muchos quedaban acumulados al final del Sambódromo durante horas, pero generaban problemas incluso de seguridad, porque se generaban auténticas montañas que dificultaban la salida del recinto de los componentes de las escuelas, un flujo continuo que dura toda la madrugada durante cinco noches consecutivas.
El proyecto ha sido premiado incluso en el Reino Unido y ha logrado la certificación ISO20121, por su minucioso trabajo para mitigar la huella de carbono de estas piezas. Se sabe que la industria textil es de las más contaminantes del mundo, y según estudios de ‘Sustenta Carnaval’ un kilo de un estos disfraces generalmente sintéticos y procedentes de China o India ha supuesto, a lo largo toda su trayectoria, la emisión de 47,2 kilos de CO2 equivalente. Por eso estiman que con todo lo que se ha reusado hasta ahora se ha evitado la emisión de más de 3.115 toneladas de CO2 en a la atmósfera.
Pero la preocupación no es sólo ambiental, sino también social. En el almacén de Río trabajan personas en riesgo de exclusión social y parte de los disfraces son transformados en carteras por mujeres inmigrantes y vecinas de una favela de la ciudad de Niterói. En el propio almacén de la organización estos días se imparten talleres de reciclaje de disfraces y accesorios.
‘Sustenta Carnaval’ cuenta con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente del ayuntamiento de Río y de la Liga Independiente de las Escuelas de Samba, pero faltan recursos. Santos explica que el sueño que acarician ahora es poder construir un entresuelo para ganar espacio y clasificarlo todo. Además, así también podrían impartir clases continuamente. “Nuestro sueño es que las personas que trabajan todos los años en el carnaval puedan hacer un curso y certificarlas como profesionales. Hoy en día ya hay cursos de posgrado en temas de carnaval, pero sobre todo en el mundo académico. La gente que está en la base no está certificada, nuestra idea es revertir eso”, dice optimista. Mientras tanto, una vez termine el carnaval, la rueda volverá a ponerse en marcha: será hora de hacer espacio para otra veintena de toneladas y de ir pensando en cómo aprovechar esa infinidad de posibilidades.
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En este momento, Centroamérica experimenta el descalabro de las frágiles democracias electorales que se habían logrado
Históricamente, Centroamérica ha sido dominada por cuatro grandes tendencias: la violencia política, el intervencionismo extranjero, la desigualdad económica y social, y la ausencia de regímenes democráticos. Es decir, de regímenes estructurados en torno a un Estado de derecho más o menos viable, instituciones legítimas y, sobre todo, una administración capaz de gestionar lo público con eficacia y eficiencia.
Con excepciones, tales tendencias suelen acompañarse de algunos factores inexorables: el militarismo, la corrupción y la exclusión de la mayoría de la población, ya sea por razones étnicas, sociales, económicas o políticas. Y aunque fueron brevemente neutralizadas tras la firma del Plan de Paz de Esquipulas II (7 de agosto de 1987), en las últimas dos décadas Centroamérica ha iniciado un proceso de involución que recuerda -pero todavía no sobrepasa- los horrores de la década perdida de los años 1980.
En efecto, Centroamérica logró reencauzar sus esfuerzos de reconstrucción y reconciliación de forma gradual durante el decenio de 1990, mismo que produjo elecciones libres en todos los países, el relanzamiento del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y lo que parecía ser una etapa de estabilidad. Pero, lamentablemente, todo aquello se volvió un espejismo.
Ya para inicios del siglo XXI empezaron a despuntar nuevas, y a reverdecer viejas, disfunciones en toda la zona. Ello fue resultado de una combinación de factores como la reaparición de poderes fácticos, en particular el crimen organizado; el gradual debilitamiento de las democracias electorales; el lento proceso de reactivación económica prometido pero no concretado por el libre comercio; la inconclusa transición hacia modelos de gobierno y de sociedad más inclusivos, y el abandono del desarrollo sostenible como concepto guía del sistema regional. Pronto afloraron nuevas formas de violencia y represión, y se iniciaron masivas olas migratorias hacia Estados Unidos. En pocos años, Nicaragua cayó presa de una dictadura atroz gracias al llamado Pacto Ortega-Alemán (2000), Honduras experimentó un nuevo golpe de Estado (2009), se produjeron un sinnúmero de eventos como el asesinato de periodistas y dirigentes ambientalistas y sociales, y aparecieron poderosas redes de narcotraficantes y renovadas tensiones geopolíticas. Estos elementos configuran hoy una región que en poco tiempo, y pese a la masiva ayuda recibida de la Cooperación Internacional, ha sucumbido ante los avatares de su propia historia.
Acabar con las guerras domésticas -y particularmente con el terrorismo de Estado- fue uno de los logros más notables del Procedimiento de Esquipulas II. Sin embargo, desde entonces Centroamérica ha sido víctima de “otras violencias” no menos graves y dolorosas. Quizá la mayor de ellas sea la resultante de las acciones del crimen organizado y ordinario, cuyas raíces en el área eran de larga data, pero que se aceleraron y profundizaron como resultado de una triple coyuntura: el descalabro institucional de las democracias electorales a partir del año 2008; los rápidos cambios acaecidos en la producción, la comercialización y el control de las redes de del narcotráfico internacional, y el aumento y diversificación de los flujos de cocaína proveniente de Colombia, resultantes de las nuevas condiciones domésticas en ese país (acordadas en el plan de paz de 2016).
Ello vino acompañado de un incremento de otras formas de crimen organizado no menos perniciosas, como la trata de personas, el tráfico de armas, los diversos tipos de contrabando (oro, bienes culturales y naturales, cigarrillos, cosméticos y licores, entre otros) y el fenómeno de las pandillas o “maras”, que impusieron un virtual “estado de sitio” en amplios espacios urbanos del llamado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Las extorsiones, secuestros, estafas cibernéticas y, más recientemente, el aumento de los femicidios y los actos de violencia contra otras poblaciones en condición de vulnerabilidad son también expresiones de una realidad que afecta a todas las sociedades centroamericanas.
El miedo y la zozobra que acompañan siempre a la violencia, y en particular a la violencia criminal cuando esta se entroniza y produce una percepción generalizada de inseguridad e indefensión, han traído como consecuencia el retorno de las propuestas de mano “super dura”, que se han posicionado como “únicas e idóneas” para neutralizar tales fenómenos. Ese fue el caldo de cultivo que permitió el arrollador triunfo en el Salvador del presidente Nayib Bukele, quien fue capaz de someter a las “maras” de su país por medio de políticas represivas ampliamente apoyadas por la población. Si bien el costo de esas políticas en términos de libertades públicas y calidad democrática ha sido devastador, las mismas han catapultado a Bukele como líder internacional de un “modelo” de Estado que repudia a la democracia liberal y propone sustituirla por un régimen autocrático unipersonal.
En este momento, Centroamérica experimenta el descalabro de las frágiles democracias electorales que se habían logrado. Este proceso de deterioro ha sido resultado de las disfunciones propias de regímenes políticos que, en distintas proporciones y formas, han tenido como características comunes la ausencia de políticas públicas inclusivas, el consecuente aumento de la desigualdad y la pobreza, una masiva corrupción y el ya mencionado aumento de la violencia criminal. Todos estos fenómenos han producido, más recientemente, el surgimiento de liderazgos populistas que, emulando a otros en América Latina, Estados Unidos y Europa, proponen soluciones “contra la dominación de los de siempre” (a quienes se señala como beneficiarios de la corrupción), y de un entramado presuntamente cómplice de estos, conformado por medios de comunicación, poderes judiciales, partidos políticos, agentes legislativos y algunos sectores económicos privados.
Además del caso salvadoreño ya mencionado, hay dos ejemplos muy claros (aunque también muy distintos) de esta tendencia. El primero, de perfiles decimonónicos, es la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, que desde 2018 domina al país a sangre y fuego a través de mecanismos de represión que recuerdan los peores días del somocismo, e incluso los superan. Estos mecanismos, algunos tipificados como crímenes de lesa humanidad por el Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluyen -además de asesinatos, torturas, desapariciones y persecución de medios y periodistas independientes– el destierro, las expropiaciones arbitrarias y la eliminación de la nacionalidad de quienes el régimen considera enemigos. El segundo caso, sorpresivo y para muchos inaudito, es el de Costa Rica. Allí gobierna, con amplio respaldo popular, Rodrigo Chaves, un exfuncionario del Banco Mundial, quien fue electo en 2022 con una propuesta antisistema. Neoliberal en lo económico y conservador (aunque laico) en lo social, Chaves ha satanizado los entendimientos políticos predominantes en el país desde 1948, promovido la confrontación entre el Ejecutivo y los demás poderes de la República (incluido el Tribunal Supremo de Elecciones), deteriorado la libertad de expresión y de prensa, alimentado deliberadamente la polarización social y, últimamente, deslegitimado la institucionalidad judicial, que es la única que hasta ahora ha impedido el éxito de su proyecto político.
Los tres países restantes también discurren por sendas complicadas. En Guatemala, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, desde antes de su toma de posesión (2024), libra una batalla sin descanso contra el llamado “Pacto de Corruptos”, un conglomerado de poderes fácticos que buscan afanosamente su caída por medio de permanentes conspiraciones que involucran a la Fiscal General y a jueces corruptos del Poder Judicial. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro -quien fue electa con altas expectativas tras dos mandatos de un presidente que terminó indultado por Trump luego de haber sido condenado en los tribunales estadounidenses por narcotráfico- hoy propone anular los últimos comicios generales (noviembre de 2025) en medio de un proceso electoral de gran opacidad, persiguiendo fines de muy dudosa naturaleza. Mientras tanto, en Panamá el clima político y social se ha enrarecido en la administración de Raúl Mulino, un presidente que fue electo como sustituto del candidato de su partido, el expresidente Ricardo Martinelli, quien fue encontrado culpable de corrupción e inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral para ocupar cargos públicos.
Todo lo anterior se produce en un contexto de reconstitución hegemónica de los Estados Unidos, cuyo gobierno ha retomado su dominio histórico, basado en al menos dos ámbitos: el enfrentamiento con China y el apoyo público -e incluso la interferencia abierta en procesos electorales internos- a los gobiernos y líderes dispuestos a cumplir con sus designios en la zona (especialmente en temas migratorios y de inversiones en sectores estratégicos como las telecomunicaciones y la minería, de combate al narcotráfico y de cooperación militar). Además, buena parte de los gobiernos centroamericanos se han sumado a la diplomacia estadounidense en los foros multilaterales, alineándose en temas como el apoyo a Israel, las críticas a la Agenda 2030, el cambio climático, la invasión rusa a Ucrania, etc. Ese sometimiento, sin duda, recuerda al predominante durante la Guerra Fría.
La democracia vive hoy horas oscuras en Centroamérica, horas que, pareciera, no serán más luminosas en el futuro previsible.
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