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¿Está Latinoamérica preparada para el coronavirus?

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A muchos de los sistemas sanitarios de la región les falta capacidad para enfrentarse a un nuevo virus añadido al catálogo de los que conviven con la humanidad

Desde que el nuevo coronavirus llegó a nuestras vidas (las mediáticas y conversadas por ahora: apenas hay un puñado de casos confirmados en el mundo hispanohablante) hemos aprendido bastante sobre él. El rango de incertidumbre es aún altísimo, pero ya la vamos conociendo. Con los datos de que disponemos parece probable que sea al menos tan contagiosa, letal (tasa de mortalidad) y severa (tasa de casos que requerirían hospitalización) como la gripe. Es muy posible que sea peor. No podemos confirmarlo con seguridad porque aún es pronto, y los números que tenemos cambian mucho de país a país (por ejemplo: la mortalidad estimada de China e Italia es cinco o seis veces mayor a la de Corea del Sur, y en Irán es una incógnita porque el número de casos reales lo es también). Además, aunque las cifras actuales apuntan precisamente en esa dirección, en el pasado nos hemos encontrado con que la gravedad calculada de un virus nuevo se reajusta con el paso del tiempo, a medida que somos capaces de proyectar mejor el total de casos así como de discriminar mejor entre quienes se recuperan y quienes no.

 

Ningún país destaca por su preparación, y algunos se encuentran en una situación francamente débil: Guatemala, Haití, Honduras, Guyana y, sobre todo, Venezuela presentan una alta vulnerabilidad ante nuevas emergencias.

Así, si las hipótesis más pesimistas se confirman y resulta que el virus que produce la enfermedad COVID-19 es algo más contagioso, o produce una mayor proporción de casos graves, que las dolencias respiratorias masivas que ya conviven con la humanidad, entonces pondría seriamente a prueba los sistemas sanitarios de Latinoamérica (y de todo el mundo). Sistemas en los que, por regla general, abunda la desigualdad en el grado de protección. Con una epidemia de magnitudes y severidad considerable, las diferencias se sentirían con toda intensidad.

Ya se pudo intuir algo así en China durante las primeras semanas de contagio: un estudio reciente publicado en The Lancet demuestra que la mortalidad fue mayor en aquellos lugares con mayor incidencia de casos. Resulta trágicamente lógico: cuando el sistema se siente saturado en un lugar específico, su capacidad para salvar vidas tratando los casos más graves disminuye.

Un indicador que sirve como primera aproximación, incluido en el propio Índice Global, es el número de camas de hospital por habitante.

La variación es enorme: los países a la cabeza de la lista quintuplican la disponibilidad para ingresos hospitalarios de Bolivia o Nicaragua. Ahora bien, mientras un valor bajo indica claramente un problema, una cifra elevada no supone la salvación ni mucho menos. Si recordamos el mapa, algunos de los países con alta capacidad hospitalaria aparente sacan nota baja en el índice global. Si ponemos ambas dimensiones en común el mapa es mucho más ajustado.
 
 
 
Aquí se observa cómo los países que realmente cuentan con un grado de seguridad y equipamiento superior a la media son pocos y concentrados en Norteamérica y la punta sur del continente. Hay más en el otro extremo: con la guardia baja en ambos frentes, particularmente en Centroamérica. Las pequeñas islas caribeñas tienen una especie de ilusión de protección por su alto ratio de camas favorecido por su escasa población, pero su puntuación general es baja. Y con los grandes países de ingreso medio-alto (Colombia, México) sucede justo lo contrario: presentan mejor preparación que acceso hospitalario, siendo que a pesar de mejoras probables en las últimas décadas el equipamiento no ha podido mantener el ritmo demográfico.

De hecho, si nos centramos en uno de estos países, Colombia, y observamos qué pasa en su interior, nos daremos cuenta de que las disparidades regionales van más allá de las diferencias de país a país. Colombia está dividida en departamentos que disfrutan de niveles muy distintos de renta, riqueza y sobre todo presencia estatal. Como no podría ser de otra manera, el número de capas de hospital per capita refleja las desigualdades territoriales.

Un habitante de la costa Caribe o de las cafeteras zonas del Quindío o Antioquia (capital: Medellín) tiene más del doble de plazas efectivas a su disposición comparado con algunas zonas del sur Pacífico-Amazónico (Cauca, Vichada, Vaupés). Como se aprecia, además, la contribución de la infraestructura pública al total es menor que la privada. En Colombia, como en tantos otros lugares de Latinoamérica y el Caribe, no hay sistema de salud universal. La ley crea un mercado de entidades proveedoras de servicio a las que los trabajadores deben afiliarse. Éstas, a su vez, tienen acuerdos de acceso con clínicas y hospitales. Existe un sistema subsidiado de acceso a los proveedores para quien no esté en disposición de cubrir el coste, pero por el extremo superior también hay todo un mercado de seguros privados con acceso a las mejores instalaciones disponible solo para quien se lo pueda costear. La resultante desigualdad en el acceso a servicios sanitarios se mezcla con las diferencias territoriales para crear “puntos negros”. Una epidemia local sobrevenida de un virus con alta incidencia, virulencia y severidad, precisamente como un nuevo coronavirus de perfil agresivo, pondría en jaque al sistema precisamente en esos puntos.

Las plazas de hospital, por supuesto, tiene que operarlas un personal especializado compuesto sobre todo por equipos de medicina y enfermería. Cabe esperar que estas tres variables vayan de la mano: cuando hay más de uno de los componentes del sistema, tendría sentido que hubiese más de los otros. Y así es por regla general en el mundo.

Sin embargo, Latinoamérica tiene la particularidad de encontrarse por debajo de la línea de relación media. Es decir: en la práctica totalidad de países de la región hay más médicos per capita que enfermeros o camas, subrayando el déficit comparado de personal y plazas.

Como resultado de todo ello, la región no se encuentra en la mejor forma posible para enfrentar una potencial pandemia. Aún asumiendo una severidad relativamente baja, si un virus nuevo se difunde lo suficiente las zonas con menos recursos y sistemas de seguridad en funcionamiento podrían saturarse con rapidez (en algunos casos ya lo están a día de hoy). Si además el nuevo coronavirus ha llegado para quedarse, a los países no les quedará más remedio que mejorar y adaptar sus capacidades. Los epidemiólogos suelen bromear con que se pasan cada nueva emergencia vírica hablando sobre “la siguiente pandemia” y lo que habría que hacer para prepararse ante su eventual llegada. Bien: ya está aquí. Otras seguirán en el futuro. Lo fundamental es que no olvidemos dónde están los agujeros una vez baje la marea.

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Estudio revela hombres de países ricos y con igualdad de género comen más carne que las mujeres

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AGENCIA EFE

El objetivo del equipo era analizar las diferencias del consumo de carne entre hombres y mujeres en países con distintos niveles de desarrollo social y económico (medidos por la esperanza de vida, los años de escolarización y la renta nacional bruta)

Suiza.- Los hombres tienden a comer carne con más frecuencia que las mujeres, una diferencia que aumenta en los países con mayores niveles de igualdad de género, desarrollo social y desarrollo económico, según un estudio publicado este jueves en Scientific Reports.

Los autores del estudio, dirigido por Christopher Hopwood, de la Universidad de Zurich (Suiza), atribuyen esta diferencia a que los individuos de estos países tienen más oportunidades de expresar sus preferencias alimentarias.

El objetivo del equipo era analizar las diferencias del consumo de carne entre hombres y mujeres en países con distintos niveles de desarrollo social y económico (medidos por la esperanza de vida, los años de escolarización y la renta nacional bruta).

También tuvieron en cuenta el nivel de igualdad de género del país, medido según la participación económica, los niveles de educación, el empoderamiento político, la salud y la supervivencia.

Para hacer el estudio, utilizaron los datos de una encuesta realizada en 2021 a 20.802 participantes de 23 países de América del Norte y del Sur, Europa y Asia que debían declarar su sexo y la frecuencia con la que comían carne.

Los autores descubrieron que, a excepción de China, India e Indonesia, los hombres solían comer carne con más frecuencia que las mujeres.

Las diferencias en el consumo de carne en ambos sexos tendían a ser mayores en los países con mayores niveles de igualdad de género y desarrollo social y económico, con mayores diferencias en Alemania, Argentina, Polonia y Reino Unido.

También descubrieron que los hombres y las mujeres de países con mayores niveles de igualdad de género y desarrollo social y económico tendían a comer carne con más frecuencia que los de países con menores niveles de renta.

El consumo total de carne era mayor en Tailandia, China, Estados Unidos y España.

Reducir el consumo de carne

El equipo cree que unos niveles más altos de igualdad de género y desarrollo pueden proporcionar a las mujeres una mayor libertad para elegir comer carne con menos frecuencia y también pueden permitir a los hombres comprar y comer carne con más frecuencia.

Los resultados también indican que pueden ser necesarias diferentes estrategias para fomentar la reducción del consumo de carne en países con distintos niveles de desarrollo social y económico para reducir el impacto medioambiental de la agricultura.

Así, los investigadores sostienen que ofrecer a los consumidores más oportunidades de consumir alternativas a la carne de origen vegetal o carne cultivada (de laboratorio) puede ser más eficaz en los países con mayores niveles de desarrollo.

En paralelo, incentivar la producción de alternativas a la carne de origen vegetal o de carne cultivada puede ser más eficaz en los países con menores niveles de desarrollo, concluye el estudio.

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Estados Unidos ofrece 170 millones a Guatemala para prevenir la migración irregular

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El presidente de Guatemala aprovechó su gira en Washington para pedir acompañamiento de la OEA en el proceso de elección de magistrados para las Cortes del país.

Ciudad de Guatemala.- El Gobierno de los Estados Unidos ofreció esta semana durante la visita a Washington del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, que aportará 170 millones de dólares más para el país centroamericano destinados a proyectos de salud, desarrollo y seguridad con el objetivo de combatir las causas centrales de la migración.

Alrededor del mediodía, Arévalo y Harris dieron una conferencia de prensa en la que vicepresidenta reiteró el apoyo de su Gobierno hacia Guatemala. “Su elección ha traído un sentido de optimismo a la gente de los Estados Unidos y alrededor del mundo. (…) Mientras usted responsabiliza a los actores corruptos y promueve una buena gobernanza, nosotros lo apoyamos”, manifestó Harris al presidente guatemalteco.

Harris recalcó la importancia de la lucha contra la corrupción tanto para mitigar la migración irregular como para atraer inversión económica hacia Guatemala. “La corrupción empodera a las organizaciones criminales y perpetúan la violencia, factores que obligan a la gente a dejar su país de origen”, agregó.

Por su parte, Arévalo agradeció el apoyo recibido por el Gobierno estadounidense durante el “difícil proceso de elección presidencial y de transición” y reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción. “Mantendremos nuestro compromiso como gobiernos para fomentar la participación de todos los sectores para construir una Guatemala nueva, democrática y mucho más próspera”, señaló el mandatario.

El anuncio de los 170 millones más que se adicionarán para invertir en Guatemala, se anunciaron por medio de un comunicado de prensa previo al encuentro de los funcionarios. Esto forma parte de la ruta de trabajo que Estados Unidos ha implementado, según Harris, en los últimos tres años para abordar las causas fundamentales de la migración irregular de Centroamérica.

Arévalo pide ayuda a la OEA

Como parte de su gira en Washington la que inició el domingo y concluyó este miércoles, el presidente Arévalo participó el martes en la Sesión Protocolaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que manifestó su agradecimiento por todo el apoyo recibido durante la transición de Gobierno y les pidió el acompañamiento para la elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, un proceso que se realizará en los próximos cinco meses y en el que el Congreso de Guatemala, deberá elegir a los magistrados que dirigirán ambas cortes para el periodo 2024-2029.

“Guatemala solicita a la Organización de Estados Americanos que de acompañamiento a la selección de autoridades del sistema de justicia mediante una misión de observación de este proceso”, dijo. El mandatario indicó que el país está a la víspera de iniciar una “batalla” jurídica y política contra grupos que controlan el aparato judicial y por eso pidió el apoyo de la OEA.

En la nación centroamericana, la elección de magistrados para ambas Cortes ha sido un proceso viciado en el que abogados, magistrados, exfuncionarios públicos y empresarios han estado en prisión debido al tráfico de influencias y el manejo ilegal que en su momento descubrió e investigó la extinta Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) para nombrar magistrados. Esta elección es una de las más esperadas y complejas en el Legislativo desde hace más de cuatro años.

elpais.com

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Cómo acelerar la transición energética en América Latina

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“Podríamos transformarnos en potencia energética”, dice el ministro de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho. Pero expertos coinciden en que es necesaria una mayor planificación

Buenos Aires.- La transición energética es una de las claves del momento en materia ambiental. El reto es reducir el uso de combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón) para reemplazarlos progresivamente por energías renovables. En este escenario, América Latina se encuentra ante una gran oportunidad. Con un enorme potencial para el desarrollo de energía fotovoltaica, eólica, biocombustibles o hidrógeno verde, la cuestión es cómo aprovecharla y qué camino tomar para acelerar el proceso.

Las energías renovables, en aumento

Según el panorama energético 2023 de América Latina y el Caribe, publicado por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), la capacidad de generación eléctrica con fuentes de energías renovables no convencionales en 2022 se incrementó: la eólica, un 10% y la solar, 46%. “El 95% de la nueva capacidad instalada en generación eléctrica en el año 2022 fue renovable y aún existe una brecha que cubrir de 16,2 millones de habitantes en cuanto a cobertura del servicio eléctrico”, aclara el informe.

Brasil, por ejemplo, es uno de los líderes mundiales en inversión en energía eólica, “además de contar con un buen nivel de inversión en investigación y desarrollo tanto público como privado”, agrega Bersalli. Mientras en Chile, según María Trinidad Castro Crichton, directora ejecutiva del World Energy Council (WEC) en ese país, “las energías renovables alcanzan un 54% en la matriz energética, explica. Además, “tiene una capacidad proyectada de producir 70 veces los requerimientos en combustibles tales como el hidrógeno bajo en emisiones”. A eso se le suma, apunta la experta, la gran capacidad de generación de energía fotovoltaica, gracias especialmente a la alta radiación solar en el norte y también de energía eólica por los fuertes vientos del sur de Chile.

La importancia de la planificación

El país sudamericano se comprometió al desafío de la carbono neutralidad para el año 2050 con una transición energética que debe considerar la accesibilidad, seguridad y sustentabilidad del suministro energético, recuerda Castro. “Chile centró su política energética como parte de su estrategia de desarrollo. Es una visión a largo plazo que trasciende los Gobiernos de turno. En este sentido, contamos con una hoja de ruta que define ejes estructurales que vamos actualizando de forma participativa conforme avanzan los años”, señala.

En esta misma línea, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho, destaca que hay dos elementos clave para el proceso de transición energética justa que está desarrollando su país: que sea una apuesta de todas las áreas del Gobierno —no sólo de las de energía— y que haya una respuesta favorable por parte de la sociedad. “Buscamos reducir el extractivismo, desarrollando otros sectores de la economía, como el campo, la industria y el turismo. La idea es garantizar fuentes de ingreso que sustituyan las del petróleo, gas y carbón”, detalla a América Futura el funcionario.

Incluso, recuerda que Colombia tomó la decisión de no conceder más contratos de exploración de petróleo ni hidrocarburos y, así, no aumentar más la frontera extractiva. Además, están llevando adelante un proyecto de comunidades energéticas: “Estamos en pleno desarrollo de más de 5000 comunidades energéticas en todo el país que tienen el propósito democratizar la energía. Tenemos agua, sol y viento para aprovechar. Como continente podríamos transformarnos en potencia energética, complementándonos con los países que tienen minerales, que nos daría un buen margen de competitividad en la disputa geopolítica que el mundo está recorriendo”.

En el caso de Costa Rica, “lo que más se explota es la energía hidroeléctrica que ocupa más del 70% de la matriz”, explica Federico Varela, Gerente General de HiPower, empresa costarricense líder en energía solar. ”Lo que sucede es que cuando se tiene tan alta dependencia de un tipo de energía, la planificación de la demanda es crucial. En 2023, al extenderse el fenómeno de El Niño los embalses se vaciaron, provocando que se tuviera que importar energía de otros países . Ante esto, la energía solar y eólica deberían ser alternativas a la hidroeléctrica”, sostiene. Sin embargo, la política pública actual en Costa Rica no fomenta la adopción de este tipo de energía, lo que viene con aumentos en la tarifa.

¿Y qué pasa con Argentina? Martín Dapelo, especialista en energías renovables y fundador de la empresa On Networking, afirma que, con el nuevo Gobierno de Javier Milei y los cambios que está llevando, “se quitaron beneficios a las renovables y se les mantiene a los hidrocarburos”. En ese sentido, menciona el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, que “derogó los beneficios fiscales en materia energética que tenía la generación distribuida”, aquella que permite que cada usuario de la red eléctrica pueda generar su propia energía a partir de fuentes renovables y pueda inyectar los excedentes al sistema energético tradicional. Mientras, los hidrocarburos aún tienen subsidios.

Los retos de América Latina

Los especialistas coinciden en que Latinoamérica necesita saldar ciertas asperezas para unirse en pos de una alianza regional que facilite y dé fortaleza a esta clase de políticas. “Los desafíos que impone la emergencia climática, los conflictos geopolíticos, la era post pandemia, entre otros, necesitan del liderazgo de personas que sirvan de guía para construir en conjunto una casa común mejor para todos”, asegura Crichton, de WEC Chile.

En el mismo sentido, Anahí Urquiza, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, dice que en la región hay muchísimo que hacer en materia de investigaciones propias y desarrollo de la ciencia, sin dejar de mirar a los pueblos originarios que “viven de manera diferente en su relación con los ecosistemas”. “Debemos ganar fortaleza para no perder el foco frente a los vaivenes políticos”, sostiene Urquiza. “Para avanzar en estas áreas, necesitamos que las inversiones sean mayores, crear institucionalidad que permita generar una articulación adecuada entre la evidencia científica, el diálogo con los territorios y las decisiones de largo plazo”. ¿Estará Latinoamérica a la altura de poder realizar una transición soberana a largo plazo, poniendo foco en las fortalezas de la región?

Cómo acelerar la transición energética

Los especialistas consultados por América Futura coinciden en una serie de pasos en los que cada país debe trabajar para acelerar la transición:

1. Focalizar en medidas de eficiencia energética e invertir en renovables.
2. A nivel macro, facilitar las inversiones en tecnologías de energía renovable pero también en infraestructura, como líneas de transmisión y distribución, sistemas de almacenamiento.
3. Adecuar normativas, legislaciones y reorientar progresivamente los subsidios energéticos que benefician a los combustibles fósiles hacia las energía limpias.
4. Desarrollar alianzas sólidas a nivel latinoamericano para crear cadenas de valor regionales en torno a las energías renovables, la movilidad eléctrica, transporte público como, por ejemplo, líneas de ferrocarriles rápidos.

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