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Coerción se conocerá esta tarde del caso Cobra
Santo Domingo.-Roberto Sena, juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, fijo para las 2:00 pm la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción que solicita el Ministerio Público contra los imputados por los actos de corrupción en SeNaSa.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, para los imputados y que el caso sea declarado complejo.
Entre los imputados del caso figuran: Santiago Marcelo F. Hazim Albainy (exdirector de SeNaSa) Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Martínez Hazim y Heiry Mariela Pinela.
De acuerdo con el expediente, esta estructura actuaba bajo directrices del entonces director ejecutivo, Hazim, con el objetivo de favorecer intereses particulares y garantizar beneficios económicos y políticos a su círculo cercano.
Dentro de esta supuesta red, el consultor jurídico Germán Robles ocupaba una posición determinante. El documento señala que Robles habría intervenido para imponer aprobaciones irregulares de prestadores de servicios, actuando fuera del procedimiento establecido y otorgando ventajas selectivas a terceros vinculados al esquema. Su rol, según la investigación, fue clave para blindar legalmente decisiones previamente acordadas y ejecutadas al margen de la normativa institucional.
Otro señalado es Francisco Iván Minaya, gerente de Salud, quien presuntamente tenía a su cargo la homologación de acuerdos y la dirección de reuniones de un Comité de Contrataciones de Prestadores creado de manera irregular por Hazim Albainy.
La acusación indica que Minaya validaba convenios y habilitaciones pese a informes internos que advertían incumplimientos de requisitos técnicos, legales o de infraestructura por parte de algunos proveedores.
En la misma línea, el expediente menciona al gerente de Atención al Usuario, Roberto Canaán, quien habría utilizado su posición para ejercer presión interna con el propósito de habilitar o ampliar la cartera de prestadores sin la documentación requerida o condiciones reglamentarias. Este patrón, según la acusación, beneficiaba a aliados estratégicos del entramado.
Finalmente, se señala la participación de Carmen José Velázquez, gerente de Afiliación, acusada de validar y firmar de manera recurrente actas que contenían decisiones previamente definidas por la supuesta estructura. Su papel habría sido asegurar la formalización administrativa de maniobras coordinadas internamente.
Las autoridades sostienen que estos funcionarios no actuaban a favor del interés público ni conforme a la Constitución ni a la normativa vigente, incluyendo la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y la Ley 87-01 sobre Seguridad Social. Por el contrario, habrían operado como ejecutores de un esquema organizado de corrupción que utilizó recursos estatales para fines particulares y políticos, en perjuicio del patrimonio público y del sistema de salud nacional.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Militar condenado a 20 años de prisión por abuso sexual contra niña de siete años en Los Tres Brazos
Santo Domingo, R.D.-El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó este miércoles a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad, en un hecho ocurrido en el año 2024, en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
Acción penal
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
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Defensa Pública llama a respetar el escalafón en la selección de jueces de la Suprema Corte
Santo Domingo, R.D.-La coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, Elizabeth Rodríguez Díaz, hizo un llamado a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.