Opinión
Estafa mercadológica y financiamiento electoral en República Dominicana
Por Narciso Isa Conde
En nuestra República Dominicana existe un gobierno sometido a un proceso de endurecimiento de la estrategia y la recolonización neoliberal, profundamente conservador, gerenciado directamente por empresarios privados, con un presidente empeñado en reelegirse en los comicios del 2024 y una oposición electoral de igual calaña.
El acceso a cuantiosos recursos y la estrategia mercadológica empleada favorecen en buena medida las pretensiones reeleccionistas dentro de un diseño general en el que las votaciones, el mercado electoral clientelizado y la política como negocio imponen una especie de oligopolio conservador.
Es un oligopolio político-partidista llamado además –y fundamentalmente- a reelegir un Estado que garantice la reelección del neoliberalismo endurecido, la aceleración de la privatización de la naturaleza (incluidas fuentes de agua), la minería destructiva, la desprotección de áreas protegidas, el turismo costero depredador de manglares y playas, la transferencia del patrimonio nacional a corporaciones transnacionales, la anulación de la soberanía, el narco-estado correspondiente y otros tipos de fraude.
Las fuentes de financiamiento electoral para lograr esos propósitos son fundamentalmente seis:
1) La asignación legal del Estado a la JCE para alimentar partidos corruptores.
2) Los dineros procedentes de la narco-economía (narco-política).
3) Las inversiones del gran capital privado en la política convertida en negocio.
4) El uso del poder y diversos recursos del Estado para manipular el mercado electoral.
5) La parcialidad de los medios de comunicación por el poder que detentan sus dueños y la publicidad del Estado.
6) El dinero previamente robado por elites de la partidocracia y del empresariado asociado a ellas.
Entiendo que realidades parecidas están presentes en no pocos país latino-caribeños bajo el dominio neocolonial y sometidos a la estrategia neoliberal; como también prácticas parecidas en materia de mercadología electoral en el contexto de estas falsas democracias; por lo que entiendo importante dar a conocer las diferentes experiencias.
· UN DECRETO ENGAÑOSO PARA ENCUBRIR UNA COMPETENCIA ESPURÍA..
En este contexto el reciente y difundido decreto mediante el cual supuestamente se establecen a estas alturas nuevos criterios para contratar medios de comunicación y plataformas digitales, regular la publicidad oficial e impedir la utilización de recursos estatales y el dinero de la corrupción en la campaña electoral, es una gran burla, un intento de engaño, que es preciso denunciar.
La campaña electoral no comenzó ahora como se ha anunciado recientemente, y es muy importante que esta realidad, como las propias características y profundidades del proceso, se conozcan en todas sus magnitudes a nivel nacional e internacional; sobre todo cuando agencias y medios globales, regionales y nacionales, y el Departamento de Estado de EEUU y sus agencias se empeñan en presentar a nuestro país como un modelo de democracia y desarrollo.
La campaña electoral dominicana comenzó hace más de tres años con todo el ventajismo de lugar en favor del partido de gobierno y aliados, y de la re-postulación del presidente Luis Abinader; pero también con una oposición política electoralista que representa los mismos intereses y evade sistemáticamente las causas de todos los factores que nutren la multi-crisis en expansión; lo que le garantiza enormes recursos y grandes privilegios electorales.
La campaña desplegada por una oposición también neoliberal, entreguista y corrupta (Partido de la Liberación Dominicana-PLD y Fuerza del Pueblo-FP) -apelando a sus arcas repletas de dinero robado durante los 20 años de gestión gubernamental que precedieron al régimen actual- le siguió los pasos a la oficialista; coexistiendo ambas como «clase política» gobernante, subordinada a las elites capitalistas.
Desde su primer día de gobierno, en el marco de la competencia entre opciones del sistema, Abinader volcó todos los recursos de comunicación y todo el poder útil del Estado en favor de la reelección del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de su reelección.
Toda la asesoría de imagen del gobierno y la estrategia de promoción la gestión de Estado se mezcló con la estrategia de campaña electoral.
El colombiano Mauricio De Vengoechea, asesor de imagen del gobierno, y demás mercadólogos del oficialismo, están contratados y pagados por la presidencia de la república para promover el régimen y la persona de Abinader, su partido y sus socios políticos.
Es el preferido de ocasión, pero las otras dos opciones, con tendencia a unificarse en segunda vuelta (si la hay), igual representan la reelección de todas las calamidades señaladas.
La mayoría de los ministerios y entidades gubernamentales han saturado al país de una propaganda que a la vez que promueve su gestión, a base de no pocas falsedades, promueve sus candidatos alrededor de la exaltación de la figura presidencial elevada a la condición de nuevo monarca efímero.
Todos los escenarios de la asociación público-privada han sido usados -y siguen usándose- con esos fines.
Los shows mediáticos electorales, las pasarelas politiqueras con la presencia del presidente, los picazos y palazos en las inauguraciones, son incontables.
Todos los medios de movilización, ejecución, soborno, compra de partidos y dirigentes. han operado permanente. Ningún contrato de publicidad ha sido fiscalizado, menos aún la compra de más de 20 franquicias partidistas acompañantes.
Mediante el enorme crecimiento de un asistencialismo destinado a paliar limitadamente un enorme empobrecimiento en expansión, se ha conformado un voluminoso sistema político clientelista manejado desde el Palacio Nacional, que viene de atrás y sigue creciendo.
Es cierto que las alcancías, cajas fuertes y patrimonios de la oposición tradicional (PLD y FP) -repletas de dineros y bienes robados- han sido utilizadas con iguales fines y con todo el descaro del mundo; contando con la complicidad de este gobierno y de la clase dominante-gobernante que han favorecido un régimen impunidad que les permite actuar desde su condición de partidos delincuentes.
Todo el diseño de los comicios y sus bases legales garantizan de nuevo, en el marco de una competencia espuria, el predominio de las derechas neoliberales y racistas anti-haitianas, de las fuerzas más conservadoras y pro-colonialistas del país.
· DEL PLATO ELECTORAL DE TRES COMEN LOS TRES, UNO MÁS QUE OTROS.
Ahora bien, entre los tres dueños de casi la totalidad de los fondos asignados a la Junta Central Electoral (JCE) para distribuirlo entre los partidos matriculados, el PRM recibe la mayor parte.
De la inversión privada en el mercado electoral, Abinader disfruta, en su condición de gobierno operado por grandes empresarios y sometido al coloniaje estadounidense, de una porción de recursos muy superior al resto de los actores.
En la narco-política que lo financia a todos, son los campeones.
Cuenta con el favor de sus medios de comunicación del Estado y del gran capital privado en mucho mayor escala que sus contrincantes.
Del plato electoral de tres, el PRM y Abinader se comen temporalmente la mayor parte. Ni hablar respecto a los sectores marginales del arcoíris político del sistema.
Así pasaba durante los pasados gobiernos de las otras facciones de derecha. El movimiento es pendular y el relevo es cíclico.
Dinero robado, el PRM tiene menos, pero tiene mucho.
Pero la nueva corrupción empresarial, en esta fase de neoliberalismo duro, de apropiación privada de gran parte del patrimonio público y natural del país, los recursos derivados del tráfico de influencia correspondiente y del respaldo empresarial que concita, dan para asignarle a la reelección una gran cantidad de recursos.
En esa variante de la corrupción está incluida la bonanza turística al servicio y para beneficio colosal de unos pocos, entre ellos la propia familia del presidente y empresarios de su entorno.
Por todo esto no es exagerado afirmar, que además de que la degradación en el ejercicio de las funciones públicas no respeta ni Constitución, ni leyes, ni los decretos que las rigen, ese decreto no es más que otro show mediático orquestado por el conjunto de mercenarios de la publicidad mentirosa que impulsa la estrategia electoral al servicio de Abinader y su Corte político-empresarial, en competencia con adversarios de igual calaña.
Solo los tontos o atontados pueden creer que ese paso podría cambiar el rumbo de trampas, hipocresías, simulaciones y engaños, trazado y trillado durante la mayor parte de este periodo de gobierno, de cara a las contiendas municipales, congresuales y presidenciales programadas para febrero y mayo del 2024; bajo control de las derechas y de las fuerzas más conservadoras de esta sociedad.
En ese fraude de múltiples colores todos ellos son beneficiarios y se re-insertarán en un Estado que los reelige en diferentes proporciones y funciones a nivel ejecutivo, congresual y municipal. Y lo peor: que victimiza al pueblo trabajador y a la madre tierra, reeligiendo todos los males acumulados.
Ojalá que estas reflexiones y valoraciones puedan ayudar a la necesidad imperiosa a nivel continental y nacional de crear fuerzas capaces de echar abajo este tipo de regímenes y construir democracia. soberanía real, ambiente sano, economía solidaria y justicia social.
Por Isaías Ramos
La reciente marcha en Friusa, convocada por la «Antigua Orden Dominicana», ha vuelto a poner de relieve la profunda crisis que enfrentamos. Este grupo nacionalista, que se opone a la presencia de extranjeros indocumentados, no solo refleja la legítima preocupación de todo un pueblo ante una invasión extranjera en constante aumento, sino también subraya la urgente necesidad de replantearnos nuestro futuro. ¿Cómo podemos seguir ignorando las señales de alerta que nos rodean?
Este evento, al que asistieron dominicanos con genuinos sentimientos patrióticos, fue lamentablemente aprovechado por actores políticos que no necesariamente comparten esos mismos valores. Es triste ver cómo un acto que debería expresar el sentir y la preocupación de toda una nación puede ser manipulado para poner en riesgo la ya vulnerable estabilidad económica y social del país. ¿Estamos dispuestos a imitar las tácticas irracionales de aquellos que viven en el caos, o buscamos una solución real y duradera que cure la enfermedad y no solo sus síntomas?
Cada caso de inmigración ilegal en nuestro país simboliza las fallas de un sistema que ha traicionado la confianza de la población, reflejando un acto de irresponsabilidad, corrupción y cobardía.
«Cuando la cabeza está podrida, la cola apesta», reza un refrán que bien describe la situación de nuestra nación. Desde 1996, nuestros gobernantes, que deberían proteger y servir a la patria, han demostrado ser lo contrario. Han actuado a su antojo y capricho, sin cumplir ni hacer cumplir nuestra Constitución ni nuestras leyes, y sin amor por la patria ni compasión por su pueblo. Leonel Fernández, al regresar al poder en 2004, tardó más de siete años en reglamentar una ley de migración que exigía acción en seis meses, dejando al país sin una política migratoria efectiva. Tras el terremoto de 2010, nuestras fronteras permanecieron completamente abiertas, exacerbando el caos.
El presidente Luis Abinader prometió en 2021 que la construcción de una verja perimetral para enfrentar los problemas de inmigración ilegal y crimen transfronterizo se completaría en dos años. Cuatro años después, seguimos esperando, atrapados en un ciclo de promesas incumplidas y excusas vacías. ¿Cómo podemos aceptar esta continua evasión de responsabilidades mientras los problemas estructurales de nuestro país siguen sin resolverse?
En el Frente Cívico y Social entendemos que es imperativo adoptar un enfoque holístico que aborde las causas de raíz de nuestros problemas con honestidad y determinación. Necesitamos líderes que realmente fomenten el amor por la patria y creen políticas sustentables que promuevan la justicia social, la equidad económica y el respeto por los principios de nuestro pueblo.
Una élite política carente de principios y valores patrióticos es la verdadera responsable de esta invasión que ha debilitado nuestra nación. Recordemos la frase del padre de la patria: “Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones”. Solo a través de un despertar cívico y un compromiso genuino con la justicia y la equidad podremos cerrar las heridas que nos afligen y comenzar a construir un futuro más prometedor y unido para todos los dominicanos.
En el FCS estamos convencidos de que mientras abunde la impunidad y escasee la justicia, nuestra nación estará condenada a perecer.
Es hora de actuar, no solo para apagar las llamas visibles, sino para extinguir el fuego oculto que socava los cimientos de nuestra nación.
¡Despierta, RD!
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Por Rommel Santos Diaz
De conformidad con el Estatuto de Roma cuando el Fiscal de la Corte Penal Internacional considere que se presenta una oportunidad única de proceder a una investigación, que tal vez no se repita a los fines de un juicio, de recibir el testimonio o la declaración de un testigo o de examinar, reunir o verificar pruebas, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
La Sala de Cuestiones Preliminares, a petición del Fiscal, podrá adoptar las medidas que sean necesarias para velar por la eficiencia e integridad de las actuaciones y, en particular, proteger los derechos de la defensa.
El Estatuto de Roma establece que a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene otra cosa, el Fiscal proporcionará la información correspondiente a la persona que ha sido detenida o que ha comparecido en virtud de una citación en relación con la investigación a que se refiere el artículo 56, a fin de que pueda ser oída.
Otras medidas a que hace referencia el Estatuto de Roma podrán ser consistir en formular recomendaciones o dictar ordenanzas respecto del procedimiento que habrá de seguirse, ordenar que quede constancia de las actuaciones y nombrar a un experto para que preste asistencia.
Se podrá autorizar al abogado defensor del detenido o de quien ha comparecido ante la Corte Penal Internacional en virtud de una citación a que participe o, en caso de que aún no se hayan producido esa detención o comparecencia o no se haya designado abogado, a nombrar otro para que comparezca y represente los intereses de la defensa.
Siguiendo el procedimiento anterior, también se podrá encomendar a uno de sus miembros o, de ser necesario, a otro magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares o la Sección de Primera Instancia que formule recomendaciones o dicte ordenanzas respecto de la reunión y preservación de las pruebas o del interrogatorio de personas. Así mismo se deberán tomar todas las medidas que sean necesarias para reunir o preservar las pruebas.
La Sala de Cuestiones Preliminares cuando considere que el Fiscal no ha solicitado medidas previstas en el artículo 56 del Estatuto de Roma que, a su juicio, sean esenciales para la defensa en juicio, le consultará si se justificaba no haberlas solicitado. La Sala podrá adoptar de oficio esas medidas si, tras la consulta, llegare a la conclusión de que no había justificación para no solicitarlas.
El Fiscal podrá proceder a apelar de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio con arreglo a lo expuesto anteriormente. La apelación se sustanciará en un procedimiento sumario.
Finalmente, la admisibilidad o la forma en que quedara constancia de las pruebas reunidas o preservadas para el juicio de conformidad con el presente artículo se regirá en el juicio por lo dispuesto en el artículo 69 del Estatuto de Roma y la Sala de Primera Instancia decidirá cómo ha de ponderar esas pruebas.
Por Narciso Isa Conde
La marcha neofascista de un falso y violento ultra-nacionalismo huele a sangre y es la expresión de algo muy grave que podría devenir en recurrentes tragedias.
Nuestro Movimiento Caamañista-MC advierte y alerta sobre las dramáticas señales que evidencian, que, en este país, está en marcha un proceso de formación de un poder dominante integrado por diversas corrientes y grupos ultraconservadores y neofascistas.
Sus fuentes conceptuales son el racismo, específicamente el racismo contra la población negra, la xenofobia (odio y represión contra los/as migrantes haitianos/as), el machismo, la homofobia, el anticomunismo, el sionismo israelí y ciertos fundamentalismos religiosos; acompañadas de una alta dosis de violencia y de iniciales expresiones PARAMILITARES.
La clase dominante-gobernante -a todos los niveles institucionales y en sus cúpulas militares, policiales, partidistas y empresariales- se está compactando cada vez más alrededor de esas ideas y esas actitudes; potenciadas en mayor grado en este periodo por el ascenso del trumpismo, las maquinaciones de la CIA y el impacto de la extrema derecha continental y sus modelos aberrantes tipo Milei, Bukele, Noboa…
Esa manera de ser, pensar y actuar está presente al interior y en los liderazgos de los partidos tradicionales, del Congreso, de muchas alcaldías, medios de opinión, sectas religiosas y entidades como el Instituto Duartiano.
Los contenidos de dos proyectos de código penal presentado en las cámaras legislativas, alimentan ideológicamente el neofascismo. Su eventual aprobación le daría más estímulos y más bases legales pervertidas.
En el pasado reciente, aquí y en otros países, ideas y actitudes parecidas han nutrido cruzadas represivas de los cuerpos castrenses y grupos paramilitares, con abierta protección y apoyo de la PN, de la inteligencia militar y los gobiernos de turno.
Ahora se destaca un grupo con uniformes negros, evidentemente armado, que se ha dedicado a provocar, amenazar y agredir violentamente personas y actividades solidarias con los derechos de los inmigrantes, de los/as descendientes de familias haitianas, de las mujeres dominicanas, de la comunidad gay y actividades de solidaridad con la resistencia palestina.
Se trata de un grupo que en este momento ha decidido provocar directamente a miles de trabajadores haitianos radicados aquí, en el Este turístico del país, que por razones muy justas han denunciado y están protestando por la negativa de maestros constructores y empresarios a pagarles sus salarios retenidos durante varios meses.
Ese grupo, en otras oportunidades, ha incitado a quemar viviendas de familias haitianas radicadas aquí y a matar o golpear a nacionales haitianos y dominico-haitianos.
En este momento está anunciando irrumpir en una de las grandes barriadas de la zona turística del Este del país habitadas trabajadores de la construcción de origen haitiano y sus familiares; determinación grupal, ya aprobada por el gobierno, que podría derivar en una gran tragedia.
Abinader sabe perfectamente que esa organización está bien armada y opera como grupo paramilitar e incita abiertamente a movilizarse portando armas y con financiamientos soterrados de sectores de poder.
Sabe, además, que el fascismo no debe legalizarse ni protegerse, porque eso facilita su expansión y su radicalización. El fascismo es criminal y este gobierno y su PN lo está protegiendo.