Opinión
Estafa mercadológica y financiamiento electoral en República Dominicana
Por Narciso Isa Conde
En nuestra República Dominicana existe un gobierno sometido a un proceso de endurecimiento de la estrategia y la recolonización neoliberal, profundamente conservador, gerenciado directamente por empresarios privados, con un presidente empeñado en reelegirse en los comicios del 2024 y una oposición electoral de igual calaña.
El acceso a cuantiosos recursos y la estrategia mercadológica empleada favorecen en buena medida las pretensiones reeleccionistas dentro de un diseño general en el que las votaciones, el mercado electoral clientelizado y la política como negocio imponen una especie de oligopolio conservador.
Es un oligopolio político-partidista llamado además –y fundamentalmente- a reelegir un Estado que garantice la reelección del neoliberalismo endurecido, la aceleración de la privatización de la naturaleza (incluidas fuentes de agua), la minería destructiva, la desprotección de áreas protegidas, el turismo costero depredador de manglares y playas, la transferencia del patrimonio nacional a corporaciones transnacionales, la anulación de la soberanía, el narco-estado correspondiente y otros tipos de fraude.
Las fuentes de financiamiento electoral para lograr esos propósitos son fundamentalmente seis:
1) La asignación legal del Estado a la JCE para alimentar partidos corruptores.
2) Los dineros procedentes de la narco-economía (narco-política).
3) Las inversiones del gran capital privado en la política convertida en negocio.
4) El uso del poder y diversos recursos del Estado para manipular el mercado electoral.
5) La parcialidad de los medios de comunicación por el poder que detentan sus dueños y la publicidad del Estado.
6) El dinero previamente robado por elites de la partidocracia y del empresariado asociado a ellas.
Entiendo que realidades parecidas están presentes en no pocos país latino-caribeños bajo el dominio neocolonial y sometidos a la estrategia neoliberal; como también prácticas parecidas en materia de mercadología electoral en el contexto de estas falsas democracias; por lo que entiendo importante dar a conocer las diferentes experiencias.
· UN DECRETO ENGAÑOSO PARA ENCUBRIR UNA COMPETENCIA ESPURÍA..
En este contexto el reciente y difundido decreto mediante el cual supuestamente se establecen a estas alturas nuevos criterios para contratar medios de comunicación y plataformas digitales, regular la publicidad oficial e impedir la utilización de recursos estatales y el dinero de la corrupción en la campaña electoral, es una gran burla, un intento de engaño, que es preciso denunciar.
La campaña electoral no comenzó ahora como se ha anunciado recientemente, y es muy importante que esta realidad, como las propias características y profundidades del proceso, se conozcan en todas sus magnitudes a nivel nacional e internacional; sobre todo cuando agencias y medios globales, regionales y nacionales, y el Departamento de Estado de EEUU y sus agencias se empeñan en presentar a nuestro país como un modelo de democracia y desarrollo.
La campaña electoral dominicana comenzó hace más de tres años con todo el ventajismo de lugar en favor del partido de gobierno y aliados, y de la re-postulación del presidente Luis Abinader; pero también con una oposición política electoralista que representa los mismos intereses y evade sistemáticamente las causas de todos los factores que nutren la multi-crisis en expansión; lo que le garantiza enormes recursos y grandes privilegios electorales.
La campaña desplegada por una oposición también neoliberal, entreguista y corrupta (Partido de la Liberación Dominicana-PLD y Fuerza del Pueblo-FP) -apelando a sus arcas repletas de dinero robado durante los 20 años de gestión gubernamental que precedieron al régimen actual- le siguió los pasos a la oficialista; coexistiendo ambas como «clase política» gobernante, subordinada a las elites capitalistas.
Desde su primer día de gobierno, en el marco de la competencia entre opciones del sistema, Abinader volcó todos los recursos de comunicación y todo el poder útil del Estado en favor de la reelección del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de su reelección.
Toda la asesoría de imagen del gobierno y la estrategia de promoción la gestión de Estado se mezcló con la estrategia de campaña electoral.
El colombiano Mauricio De Vengoechea, asesor de imagen del gobierno, y demás mercadólogos del oficialismo, están contratados y pagados por la presidencia de la república para promover el régimen y la persona de Abinader, su partido y sus socios políticos.
Es el preferido de ocasión, pero las otras dos opciones, con tendencia a unificarse en segunda vuelta (si la hay), igual representan la reelección de todas las calamidades señaladas.
La mayoría de los ministerios y entidades gubernamentales han saturado al país de una propaganda que a la vez que promueve su gestión, a base de no pocas falsedades, promueve sus candidatos alrededor de la exaltación de la figura presidencial elevada a la condición de nuevo monarca efímero.
Todos los escenarios de la asociación público-privada han sido usados -y siguen usándose- con esos fines.
Los shows mediáticos electorales, las pasarelas politiqueras con la presencia del presidente, los picazos y palazos en las inauguraciones, son incontables.
Todos los medios de movilización, ejecución, soborno, compra de partidos y dirigentes. han operado permanente. Ningún contrato de publicidad ha sido fiscalizado, menos aún la compra de más de 20 franquicias partidistas acompañantes.
Mediante el enorme crecimiento de un asistencialismo destinado a paliar limitadamente un enorme empobrecimiento en expansión, se ha conformado un voluminoso sistema político clientelista manejado desde el Palacio Nacional, que viene de atrás y sigue creciendo.
Es cierto que las alcancías, cajas fuertes y patrimonios de la oposición tradicional (PLD y FP) -repletas de dineros y bienes robados- han sido utilizadas con iguales fines y con todo el descaro del mundo; contando con la complicidad de este gobierno y de la clase dominante-gobernante que han favorecido un régimen impunidad que les permite actuar desde su condición de partidos delincuentes.
Todo el diseño de los comicios y sus bases legales garantizan de nuevo, en el marco de una competencia espuria, el predominio de las derechas neoliberales y racistas anti-haitianas, de las fuerzas más conservadoras y pro-colonialistas del país.
· DEL PLATO ELECTORAL DE TRES COMEN LOS TRES, UNO MÁS QUE OTROS.
Ahora bien, entre los tres dueños de casi la totalidad de los fondos asignados a la Junta Central Electoral (JCE) para distribuirlo entre los partidos matriculados, el PRM recibe la mayor parte.
De la inversión privada en el mercado electoral, Abinader disfruta, en su condición de gobierno operado por grandes empresarios y sometido al coloniaje estadounidense, de una porción de recursos muy superior al resto de los actores.
En la narco-política que lo financia a todos, son los campeones.
Cuenta con el favor de sus medios de comunicación del Estado y del gran capital privado en mucho mayor escala que sus contrincantes.
Del plato electoral de tres, el PRM y Abinader se comen temporalmente la mayor parte. Ni hablar respecto a los sectores marginales del arcoíris político del sistema.
Así pasaba durante los pasados gobiernos de las otras facciones de derecha. El movimiento es pendular y el relevo es cíclico.
Dinero robado, el PRM tiene menos, pero tiene mucho.
Pero la nueva corrupción empresarial, en esta fase de neoliberalismo duro, de apropiación privada de gran parte del patrimonio público y natural del país, los recursos derivados del tráfico de influencia correspondiente y del respaldo empresarial que concita, dan para asignarle a la reelección una gran cantidad de recursos.
En esa variante de la corrupción está incluida la bonanza turística al servicio y para beneficio colosal de unos pocos, entre ellos la propia familia del presidente y empresarios de su entorno.
Por todo esto no es exagerado afirmar, que además de que la degradación en el ejercicio de las funciones públicas no respeta ni Constitución, ni leyes, ni los decretos que las rigen, ese decreto no es más que otro show mediático orquestado por el conjunto de mercenarios de la publicidad mentirosa que impulsa la estrategia electoral al servicio de Abinader y su Corte político-empresarial, en competencia con adversarios de igual calaña.
Solo los tontos o atontados pueden creer que ese paso podría cambiar el rumbo de trampas, hipocresías, simulaciones y engaños, trazado y trillado durante la mayor parte de este periodo de gobierno, de cara a las contiendas municipales, congresuales y presidenciales programadas para febrero y mayo del 2024; bajo control de las derechas y de las fuerzas más conservadoras de esta sociedad.
En ese fraude de múltiples colores todos ellos son beneficiarios y se re-insertarán en un Estado que los reelige en diferentes proporciones y funciones a nivel ejecutivo, congresual y municipal. Y lo peor: que victimiza al pueblo trabajador y a la madre tierra, reeligiendo todos los males acumulados.
Ojalá que estas reflexiones y valoraciones puedan ayudar a la necesidad imperiosa a nivel continental y nacional de crear fuerzas capaces de echar abajo este tipo de regímenes y construir democracia. soberanía real, ambiente sano, economía solidaria y justicia social.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!