Opinión
Estafa mercadológica y financiamiento electoral en República Dominicana
Por Narciso Isa Conde
En nuestra República Dominicana existe un gobierno sometido a un proceso de endurecimiento de la estrategia y la recolonización neoliberal, profundamente conservador, gerenciado directamente por empresarios privados, con un presidente empeñado en reelegirse en los comicios del 2024 y una oposición electoral de igual calaña.
El acceso a cuantiosos recursos y la estrategia mercadológica empleada favorecen en buena medida las pretensiones reeleccionistas dentro de un diseño general en el que las votaciones, el mercado electoral clientelizado y la política como negocio imponen una especie de oligopolio conservador.
Es un oligopolio político-partidista llamado además –y fundamentalmente- a reelegir un Estado que garantice la reelección del neoliberalismo endurecido, la aceleración de la privatización de la naturaleza (incluidas fuentes de agua), la minería destructiva, la desprotección de áreas protegidas, el turismo costero depredador de manglares y playas, la transferencia del patrimonio nacional a corporaciones transnacionales, la anulación de la soberanía, el narco-estado correspondiente y otros tipos de fraude.
Las fuentes de financiamiento electoral para lograr esos propósitos son fundamentalmente seis:
1) La asignación legal del Estado a la JCE para alimentar partidos corruptores.
2) Los dineros procedentes de la narco-economía (narco-política).
3) Las inversiones del gran capital privado en la política convertida en negocio.
4) El uso del poder y diversos recursos del Estado para manipular el mercado electoral.
5) La parcialidad de los medios de comunicación por el poder que detentan sus dueños y la publicidad del Estado.
6) El dinero previamente robado por elites de la partidocracia y del empresariado asociado a ellas.
Entiendo que realidades parecidas están presentes en no pocos país latino-caribeños bajo el dominio neocolonial y sometidos a la estrategia neoliberal; como también prácticas parecidas en materia de mercadología electoral en el contexto de estas falsas democracias; por lo que entiendo importante dar a conocer las diferentes experiencias.
· UN DECRETO ENGAÑOSO PARA ENCUBRIR UNA COMPETENCIA ESPURÍA..
En este contexto el reciente y difundido decreto mediante el cual supuestamente se establecen a estas alturas nuevos criterios para contratar medios de comunicación y plataformas digitales, regular la publicidad oficial e impedir la utilización de recursos estatales y el dinero de la corrupción en la campaña electoral, es una gran burla, un intento de engaño, que es preciso denunciar.
La campaña electoral no comenzó ahora como se ha anunciado recientemente, y es muy importante que esta realidad, como las propias características y profundidades del proceso, se conozcan en todas sus magnitudes a nivel nacional e internacional; sobre todo cuando agencias y medios globales, regionales y nacionales, y el Departamento de Estado de EEUU y sus agencias se empeñan en presentar a nuestro país como un modelo de democracia y desarrollo.
La campaña electoral dominicana comenzó hace más de tres años con todo el ventajismo de lugar en favor del partido de gobierno y aliados, y de la re-postulación del presidente Luis Abinader; pero también con una oposición política electoralista que representa los mismos intereses y evade sistemáticamente las causas de todos los factores que nutren la multi-crisis en expansión; lo que le garantiza enormes recursos y grandes privilegios electorales.
La campaña desplegada por una oposición también neoliberal, entreguista y corrupta (Partido de la Liberación Dominicana-PLD y Fuerza del Pueblo-FP) -apelando a sus arcas repletas de dinero robado durante los 20 años de gestión gubernamental que precedieron al régimen actual- le siguió los pasos a la oficialista; coexistiendo ambas como «clase política» gobernante, subordinada a las elites capitalistas.
Desde su primer día de gobierno, en el marco de la competencia entre opciones del sistema, Abinader volcó todos los recursos de comunicación y todo el poder útil del Estado en favor de la reelección del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de su reelección.
Toda la asesoría de imagen del gobierno y la estrategia de promoción la gestión de Estado se mezcló con la estrategia de campaña electoral.
El colombiano Mauricio De Vengoechea, asesor de imagen del gobierno, y demás mercadólogos del oficialismo, están contratados y pagados por la presidencia de la república para promover el régimen y la persona de Abinader, su partido y sus socios políticos.
Es el preferido de ocasión, pero las otras dos opciones, con tendencia a unificarse en segunda vuelta (si la hay), igual representan la reelección de todas las calamidades señaladas.
La mayoría de los ministerios y entidades gubernamentales han saturado al país de una propaganda que a la vez que promueve su gestión, a base de no pocas falsedades, promueve sus candidatos alrededor de la exaltación de la figura presidencial elevada a la condición de nuevo monarca efímero.
Todos los escenarios de la asociación público-privada han sido usados -y siguen usándose- con esos fines.
Los shows mediáticos electorales, las pasarelas politiqueras con la presencia del presidente, los picazos y palazos en las inauguraciones, son incontables.
Todos los medios de movilización, ejecución, soborno, compra de partidos y dirigentes. han operado permanente. Ningún contrato de publicidad ha sido fiscalizado, menos aún la compra de más de 20 franquicias partidistas acompañantes.
Mediante el enorme crecimiento de un asistencialismo destinado a paliar limitadamente un enorme empobrecimiento en expansión, se ha conformado un voluminoso sistema político clientelista manejado desde el Palacio Nacional, que viene de atrás y sigue creciendo.
Es cierto que las alcancías, cajas fuertes y patrimonios de la oposición tradicional (PLD y FP) -repletas de dineros y bienes robados- han sido utilizadas con iguales fines y con todo el descaro del mundo; contando con la complicidad de este gobierno y de la clase dominante-gobernante que han favorecido un régimen impunidad que les permite actuar desde su condición de partidos delincuentes.
Todo el diseño de los comicios y sus bases legales garantizan de nuevo, en el marco de una competencia espuria, el predominio de las derechas neoliberales y racistas anti-haitianas, de las fuerzas más conservadoras y pro-colonialistas del país.
· DEL PLATO ELECTORAL DE TRES COMEN LOS TRES, UNO MÁS QUE OTROS.
Ahora bien, entre los tres dueños de casi la totalidad de los fondos asignados a la Junta Central Electoral (JCE) para distribuirlo entre los partidos matriculados, el PRM recibe la mayor parte.
De la inversión privada en el mercado electoral, Abinader disfruta, en su condición de gobierno operado por grandes empresarios y sometido al coloniaje estadounidense, de una porción de recursos muy superior al resto de los actores.
En la narco-política que lo financia a todos, son los campeones.
Cuenta con el favor de sus medios de comunicación del Estado y del gran capital privado en mucho mayor escala que sus contrincantes.
Del plato electoral de tres, el PRM y Abinader se comen temporalmente la mayor parte. Ni hablar respecto a los sectores marginales del arcoíris político del sistema.
Así pasaba durante los pasados gobiernos de las otras facciones de derecha. El movimiento es pendular y el relevo es cíclico.
Dinero robado, el PRM tiene menos, pero tiene mucho.
Pero la nueva corrupción empresarial, en esta fase de neoliberalismo duro, de apropiación privada de gran parte del patrimonio público y natural del país, los recursos derivados del tráfico de influencia correspondiente y del respaldo empresarial que concita, dan para asignarle a la reelección una gran cantidad de recursos.
En esa variante de la corrupción está incluida la bonanza turística al servicio y para beneficio colosal de unos pocos, entre ellos la propia familia del presidente y empresarios de su entorno.
Por todo esto no es exagerado afirmar, que además de que la degradación en el ejercicio de las funciones públicas no respeta ni Constitución, ni leyes, ni los decretos que las rigen, ese decreto no es más que otro show mediático orquestado por el conjunto de mercenarios de la publicidad mentirosa que impulsa la estrategia electoral al servicio de Abinader y su Corte político-empresarial, en competencia con adversarios de igual calaña.
Solo los tontos o atontados pueden creer que ese paso podría cambiar el rumbo de trampas, hipocresías, simulaciones y engaños, trazado y trillado durante la mayor parte de este periodo de gobierno, de cara a las contiendas municipales, congresuales y presidenciales programadas para febrero y mayo del 2024; bajo control de las derechas y de las fuerzas más conservadoras de esta sociedad.
En ese fraude de múltiples colores todos ellos son beneficiarios y se re-insertarán en un Estado que los reelige en diferentes proporciones y funciones a nivel ejecutivo, congresual y municipal. Y lo peor: que victimiza al pueblo trabajador y a la madre tierra, reeligiendo todos los males acumulados.
Ojalá que estas reflexiones y valoraciones puedan ayudar a la necesidad imperiosa a nivel continental y nacional de crear fuerzas capaces de echar abajo este tipo de regímenes y construir democracia. soberanía real, ambiente sano, economía solidaria y justicia social.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026