Se ha convertido en un gran dolor de cabeza la cantidad, sobre todo de funcionarios electos, que pasan a un partido diferente al que permitió su escogencia, sin que exista una razón evidente o convincente que lo justifique.

El fenómeno, visto desde la perspectiva de la conducta de la partidocracia, la cual es la principal causa del descredito y la desvergüenza que afecta al sistema político dominicano, toma cuerpo en la sociedad dominicana.

El mismo hecho de que los partidos tradicionales tengan las puertas abiertas para que personajes seriamente comprometidos con la corrupción entren a su seno, nos dice que el país no camina por un sendero que permita el adecentamiento de la vida nacional.

Ahora el transfuguismo ha estado más presente en aquellos ciudadanos que fueron escogidos para dirigir los municipios, muchos de los cuales se pasan de un partido a otro, principalmente para el que tiene el control del Estado, cuya conducta deja una estela de dudas que daña la democracia nacional.

El último en anunciar su pase del PLD al PRM es el exsenador de la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán Rojas, primo hermano del actual administrador general del Banco de Reservas.

Cualquiera se resiste a pensar que ese paso obedezca a cuestiones de principios o porque este exsenador quiera adecentar la administración pública y el comportamiento de los partidos políticos del país, sino que en su caso se ajusta mucho la expresión de que por la plata vale el mono.

Evidentemente que la razón de ese cambio depende de algún interés especial y personal y se podría asegurar que su primo tiene algo que ver con el asunto, ya que ambos formaron parte del escandaloso caso de los Super Tucanos.

Luis René Canaán Rojas es un peledeísta que se ha visto envuelto en una serie de escándalos y que en esa virtud no parece que sea mucho lo que le sume al PRM.

Pero, esas tachas de este hombre, no implica nada para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuyos dirigentes y su ¨¨pragmatismo¨¨ son comunes a las organizaciones que sólo han dejado un gran rastro de dolor y sufrimiento al pueblo dominicano.

Los Asuntos con raíces culturales no son tan fáciles de borrar de la conducta de quienes son impactados por ellos, porque el inconsciente de su gente está programado para actuar de esa manera.

La informalidad es una parte fundamental de la vida de los países pobres y subdesarrollados, porque amplios sectores de la sociedad tienen que reinventarse cada día para poder sobrevivir.

Este fenómeno, no exclusivo de los que están en la parte más baja de la pirámide social, sino que también impacta a los que están en la parte más alta de la misma, es decir, que ambos son víctimas de una cuestión con implicaciones profundamente culturales.

Tanto es así que el Estado no hace nada para ayudar a combatir el problema y en cambio promueve este fenómeno social, cultural y económico.

Nadie puede poner en duda que los logros del país en algunos renglones de la economía, como el turismo, las zonas francas y las remesas, no obedece a una política pública bien planificada y formal, sino que tiene mucho de informalidad y de improvisación, pero cuestiones que proporciona la naturaleza ha ayudado bastante

Sin embargo, es muy válido el esfuerzo que se hace internacionalmente en esta materia, pero en opinión de La República debe hacerse sobre la base de un plan que involucre a los Estados.

Para sólo mencionar un aspecto, se debe decir que se pasa de la informalidad a la formalidad en términos de inversión extranjera con una suficiente seguridad jurídica y con la existencia de mano de obra, acompañada del restablecimiento de la cultura del trabajo y de exportación, para que el capital invertido regrese con facilidad al que lo ha puesto confiado en reproducirlo.

De esa manera, los resultados podrían caminar a una mayor velocidad, aunque de cualquier modo se necesita de un plan muy bien concebido para que a largo plazo haya resultados de grandes avances, sobre todo en materia de educación.

La informalidad está asociada a la pobreza y al subdesarrollo, pero debe existir la seguridad de que si se combate con las herramientas que recomiendan las ciencias sociales muy probablemente serán muchas las naciones que transitarán del tercer al segundo o al primer mundo.

La informalidad obstaculiza el acceso al crédito en el sector comercial y empresarial y es motivo de grandes enemistades, rupturas económicas y de otras índoles.

Hay ejemplos en el mundo de que esos paradigmas pueden ser cambiados con esfuerzos privados y públicos, así que manos a la obra, porque mucho que lo necesita la República Dominicana.

El Gobierno del presidente Luis Abinader cae en el campo de la ilegalidad cuando no respeta ni promueve la aplicación de las leyes que constituyen un soporte vital de la democracia.

Los funcionarios perremeístas se han especializado en promover el irrespeto de la ley e incluso de las sentencias que sientan jurisprudencias  del Tribunal Constitucional.

Esa alta corte acaba de emitir una sentencia en la que obliga a pagar al Ministerio de Hacienda por concepto de astreinte un millón doscientos veinte mil pesos en favor de una viuda cuya pensión se ha negado a acoger la institución competente en esta materia del Gobierno.

Pero al propio tiempo ayer se publicó una información en la que se denuncia que son muy pocas las instituciones publicas que cumplen con el mandato de la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública.

El llamado Gobierno del Cambio parece no darse cuenta, aunque naturalmente es mucho pedir, que con esa conducta daña el estado de derecho y la democracia.

De la irregularidad ni el jefe del Estado se da cuenta, porque está tan ocupado de inaugurar hasta la limpieza de una cuneta que no le da el tiempo para ocuparse de cosas más de fondo y compleja porque sus daños son cuantiosos para la democracia nacional.

 Prácticamente todos los órganos y entes del Estado cuentan con oficinas de libre acceso a la información pública, pero  ninguna cumple con el mandato del derecho positivo dominicano e internacional.

Se sabe de más que no se le puede pedir peras al olmo, dado que hace algunos días que el ignorante que dirige la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) se atrevió a decir al principal periódico del país que el presidente Abinader había autorizado que le cortaran el agua a todo aquel que no la pague, cuyo funcionario se olvidó que hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que lo impide por tratarse de un asunto de derechos humanos.

Pero de ser cierto lo que puso en la boca del presidente el director de Coraazan, entonces no hay otra cosa que se pueda esperar de los funcionarios y de un mandatario que da órdenes a sus subalternos para que violen las sentencias del Tribunal Constitucional y el mandato de la Ley 200-04, sobre libre acceso a la información publica.

Siendo así, no hay nada que se le pueda pedir a los perremeístas para que abandonen  la practica de acabar  con la poca institucionalidad de que goza el país.