Reportaje A Fondo
“Estamos sobreviviendo”: las redadas asestan un golpe fuerte y persistente a los negocios hispanos en Los Ángeles
En nueve corredores comerciales frecuentados por migrantes en esa ciudad hubo pérdidas de casi 3,2 millones de dólares en 2025 debido a la agresiva ofensiva migratoria de Trump, revela un estudio de UCLA
La irrupción de decenas de agentes migratorios, lanzados a la caza de migrantes indocumentados, vació las calles de Pico Rivera, California. En junio de 2025 los vecinos de este suburbio al este de Los Ángeles comenzaron a acostumbrarse a una escena hasta entonces impensable: caravanas de camionetas blancas con franjas verdes recorriendo sus avenidas una y otra vez. La Patrulla Fronteriza había puesto la mira en una ciudad santuario para migrantes con el propósito de enviar un mensaje de fuerza y anticipar lo que vendría después en otras comunidades del país. En uno de esos operativos, varios agentes se detuvieron frente a una llantera cercana al bulevar Rosemead e intentaron detener a sus trabajadores. Alguien transmitió la redada en Facebook Live y el video se viralizó de inmediato. Fue el acabose para los negocios cercanos.
“De ahí fue bajando, bajando, bajando. No nos hemos podido recuperar”, lamenta Roberto Godínez, propietario de una tienda de autoservicio donde las ventas dependen, sobre todo, del agua purificada, las cervezas y las frituras. “Estamos sobreviviendo, como si estuviéramos en una crisis económica. De vender 3.500 dólares al día ahora apenas llegamos a 1.400 dólares. Apenas sale para cubrir el sueldo de los trabajadores”. Godínez, un inmigrante originario de Jalisco que ha pasado en este lado de la frontera la mayor cantidad de sus 65 años de vida, confiaba que la Copa del Mundo diera un respiro a sus finanzas. El torneo, sin embargo, transcurrió durante 39 días sin alterar el desánimo que se instaló en el vecindario tras las redadas. “La gente no sale ni a comprar cervezas”, dice.
Lo ocurrido con este pequeño negocio durante el arranque de la ofensiva migratoria de la Administración de Donald Trump no es un caso aislado. Su historia resume la de cientos de comercios hispanos en esta zona metropolitana, golpeados por el miedo que sembraron las redadas. Un informe de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) concluye que el incremento de las redadas provocó lo que define como “una perturbación económica inmediata y duradera” en los corredores comerciales latinos del condado. Tan solo en las dos primeras semanas de junio de 2025, estos establecimientos recibieron 46.000 visitas menos, una caída que se tradujo en pérdidas estimadas en casi 3,2 millones de dólares. Incluso un año después, muchos de sus propietarios siguen esperando una recuperación que no termina de llegar.
Golpes al bolsillo y la salud
El estudio se centró en 75 empresarios latinos con negocios repartidos en nueve corredores comerciales frecuentados por inmigrantes hispanos, entre ellos Huntington Park, Whittier, Westlake, Pacoima y el Distrito de la Moda. Los investigadores de UCLA documentaron el impacto incluso en el flujo peatonal, que cayó de forma generalizada en los días posteriores al inicio de las redadas.
El 59% de los entrevistados reportó desplomes de ingresos superiores al 50%, mientras que la mitad aseguró que algunos de sus empleados dejaron de acudir a trabajar por miedo a ser detenidos por agentes migratorios. Como consecuencia, siete de cada diez establecimientos redujeron su horario de atención o cerraron temporalmente. Muchos comerciantes afirmaron que las ventas apenas alcanzaban para cubrir los gastos operativos y, en ocasiones, ni siquiera eso. Este año el panorama apenas ha cambiado: el 95% reconoció que seguía enfrentando dificultades financieras debido a la ausencia de clientes. El impacto también ha sido personal. El 76% de estos empresarios dijo haber sufrido un deterioro emocional que terminó afectando su salud.
“Un año después, muchos dueños de negocios siguen en una situación de vulnerabilidad financiera. El miedo, la incertidumbre y la presión económica continúan deteriorando su salud y bienestar”, señaló en un comunicado Amada Armenta, coautora del informe y directora del Instituto de Políticas y Política Latina (LPPI) de UCLA. “La pérdida de clientes afectó a negocios de distintos sectores y tamaños, independientemente del estatus migratorio de sus propietarios”.
Uno de los corredores analizados fue el bulevar Pacific, en Huntington Park, uno de los municipios con mayor concentración de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Desde el verano pasado, los letreros de “Se renta” se han multiplicado en los escaparates de los locales vacíos. Solo las victorias de la selección mexicana durante el Mundial devolvieron por unas horas el bullicio a sus calles, como en los tiempos de mayor prosperidad. Fueron, sin embargo, destellos efímeros.
“Pequeñas empresas y corredores comerciales han quedado vacíos, mientras los propietarios y trabajadores luchan por salir adelante y las familias sufren”, dijo Rudy Espinoza, director ejecutivo de Inclusive Action, que colaboró en el estudio. “Esta investigación pone de relieve el terrible impacto de estas políticas y ofrece a los miembros de nuestra comunidad una plataforma para compartir su verdad”.
16,000 detenidos en Los Ángeles
El mayor despliegue de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se centró en Los Ángeles el verano de 2025 y continuó hasta enero del año siguiente. Durante meses se hicieron habituales en las redes sociales los videos de agentes federales persiguiendo a jornaleros, albañiles, vendedores ambulantes y jardineros en estacionamientos, gasolineras y calles de barrios latinos. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, más de 16.000 inmigrantes han sido detenidos en esta zona metropolitana, más del triple que durante los últimos años de la Administración de Joe Biden, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Las cifras oficiales muestran que el 52% de los detenidos nació en México y que su edad promedio era de 41 años. La inmensa mayoría (el 87%) eran hombres y el 39% carecía de antecedentes penales.
Muchos fueron trasladados al centro de detención de Adelanto, una prisión migratoria privada situada en el desierto de Mojave, a unos 150 kilómetros de Los Ángeles. El centro acumula desde hace años denuncias por presuntos malos tratos, negligencia médica, alimentación deficiente e incluso por el suministro de agua sucia a los detenidos. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca han muerto allí cuatro ciudadanos mexicanos. Un informe publicado recientemente por el Departamento de Justicia de California, elaborado a partir de inspecciones en cárceles del ICE en el Estado, muestra además el drástico aumento de la población recluida: de apenas siete personas bajo custodia en noviembre de 2023 a 1.570 en julio de 2025.
La Administración Trump, sin embargo, rechaza que su estrategia de deportaciones masivas haya perjudicado a la economía local. “Seamos claros: si existiera alguna correlación entre la inmigración ilegal desenfrenada y una buena economía, Biden habría tenido una economía en auge”, afirmó el DHS en una respuesta escrita enviada a EL PAÍS. La agencia sostiene que, a su parecer, las detenciones y deportaciones “hacen que las comunidades sean más seguras para los dueños de negocios y sus clientes”.
“Sé que habrá un cambio”
Arturo Aguilar abrió el restaurante El Valle Oaxaqueño, en el oeste de Los Ángeles, en el año 2000. Creía que su negocio ya había sobrevivido a las peores tormentas: la crisis hipotecaria de 2008 y la pandemia del COVID-19. Nunca imaginó que una campaña de deportaciones masivas pondría en jaque su establecimiento durante tantos meses. “Claro que nos pegó duro, tanto en las ventas como con los empleados, que tenían miedo de venir a trabajar. Los clientes dejaron de venir. El restaurante estaba vacío: dos o tres mesas ocupadas, y apenas un poco más los fines de semana”, recuerda.
El empresario atribuye este bache a lo que llama un “paquete” de factores. “Además de las redadas, la inflación subió el precio de los productos, subió el costo de la gasolina y, ya que aumentó el desempleo, también aparecieron más vendedores ambulantes. Eso nos afecta a todos. No estoy en contra de ellos, yo empecé así hace más de treinta años, pero se ponen en las esquinas, a veces frente a los negocios. No pagan renta, empleados, impuestos, nada. Al final se convierten en una competencia”.
Aguilar, un inmigrante oaxaqueño de 64 años que llegó a Estados Unidos en 1990, reconoce que haber diversificado sus inversiones le ha permitido amortiguar el golpe. Además del restaurante, es propietario de un mercado y una panadería. En conjunto, sus negocios generan cerca de 90 empleos. Mientras El Valle Oaxaqueño ha perdido hasta el 70% de su clientela, las otras empresas le han permitido mantenerse a flote. Él resume esa estrategia con una palabra muy mexicana: “campechanear”. Sus hijos ya se hicieron cargo de la operación cotidiana de los negocios y son ellos quienes hoy cargan con buena parte de las preocupaciones.
Aun así, Aguilar no pierde el optimismo. Confía en que las elecciones legislativas de medio mandato, en las que los demócratas buscarán recuperar el control de la Cámara de Representantes, marquen un punto de inflexión. “Tengo mucha esperanza y sé que habrá un cambio”, dice con emoción. “No falta mucho para verlo, tanto en la política migratoria como en la economía”.
https://elpais.com/
São Paulo.-Hace cuatro años Brasil eligió uno de los Congresos más conservadores de las últimas décadas. Un Parlamento de mayoría bolsonarista, dominado de nuevo por señores de tez blanca, traje, corbata y Biblia. Basta comparar el poder político de los religiosos al de las mujeres. Los escaños de la bancada evangélica duplican a los ocupados por legisladoras. Pese a haber tenido una presidenta, el porcentaje de diputadas en Brasil es menor que en cualquier otro país latinoamericano… Y menor que en Arabia Saudí. Pero en aquella misma elección los brasileños también eligieron por primera vez en la historia a dos diputadas transexuales: las izquierdistas Erika Hilton, 32 años, y Duda Salabert, 44 años.
Paradojas de un país que es al mismo tiempo paraíso e infierno para ese colectivo, porque en pocos rincones del mundo tiene tanta visibilidad, pero ninguno es tan letal (al menos 80 asesinatos en 2025).
La reciente elección de una de ellas, Hilton, como presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer ha desatado una polémica formidable en torno a la diputada, la definición de mujer y la representatividad. “Siempre seré mujer”, contestó ella.
Con once votos a favor y diez en blanco, su designación fue saludada por sus aliadas de la izquierda parlamentaria como un paso más a favor de la inclusión en la política institucional. Toma el relevo al frente de la comisión de una parlamentaria indígena, también del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). La diputada Hilton también suele definirse como “una travesti negra, de la periferia”. Erika Santos Silva creció en una favela de Francisco Morato, una ciudad en la zona metropolitana de São Paulo.
En esta controversia, a la cuestión trans, que desgarra al feminismo en medio mundo, se le suman los componentes de raza y clase, una arraigada polarización, la toxicidad de las redes sociales y la cuenta atrás para unas elecciones muy reñidas.
Los más reaccionarios intentaron sabotear la designación con una campaña para la que se apropiaron del lema Ele, não (Él, no), con el que la izquierda intentó galvanizar en 2018 la oposición a que Jair Bolsonaro alcanzara el poder, y lo resignificaron como ofensa tránsfoba. Fracasaron. Una vez electa, los ultras atacaron sin piedad a la diputada Hilton al grito de que no es una mujer “de verdad” y, por tanto, carecería de legitimidad para el cargo. Otras voces combinaron la defensa de los derechos de los transexuales con el temor a que las cuestiones identitarias monopolicen el debate en la Comisión de la Mujer y los problemas cotidianos y acuciantes que atañen a las brasileñas de a pie acaben arrinconados o diluidos en una discusión ideológica.
La nueva presidenta de la comisión ha anunciado que su prioridad será fiscalizar la red de acogida de mujeres maltratadas (en un momento en que Brasil contabiliza cuatro feminicidios al día, más que nunca), luchar contra la violencia política de género y promover políticas de salud integral para las brasileñas.
Blanco de incontables ataques y bregada en frecuentes polémicas, la parlamentaria celebró el nombramiento como “una reparación de la historia para tantas mujeres a las que les negaron la dignidad”. Y a sus críticos los despachó con el estilo combativo que ha convertido en marca de la casa: “La opinión de transfóbicos e imbeCIS es loúltimoo que me importa”, tuiteó con esas mayúsculas, haciendo un juego de palabras en portugués con imbécil y cisgénero, las personas que se identifican con el género con el que nacieron.
Antes de saltar en 2022 al Congreso en Brasilia, Erika Hilton triunfó en las municipales de 2020 como la concejala más votada del país. Destaca entre sus señorías porque entra al embate directo, tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram y es objeto preferencial de ataques y amenazas de la derecha más radical. Y por su aspecto. Sí, tacones, vestidos ajustados y melena siempre impecable. Ella misma ha contado que de niña soñaba con ser presentadora o artista, y que decidió entrar en política al verse tirada en la calle, forzada a ganarse la vida con la prostitución, cuando era una cría de 14 años.
En una larga entrevista con el podcast Mano a mano contó que la misma madre que la crio con su abuela en un hogar donde tuvo la libertad ser tal y como se sentía abrazó un día el fundamentalismo religioso y la expulsó de casa. “De repente, era un demonio, un animal”. Ese dolor la impulsa y la acompañará siempre, aunque se haya reconciliado con su madre. “Queremos caminar con la cabeza erguida, vivir más allá de los 30 años y ser algo más que putas”, explicó en aquella entrevista.
Con un 18% de parlamentarias, los problemas de las mujeres brasileñas siempre han resultado bastante secundarios para el Parlamento. Por la presidencia de la Comisión de la Mujer ya han pasado diputadas de derechas, centro e izquierda, pero si un partido tan pequeño como el PSOL logra presidirla es porque no es ahí donde se libran las batallas políticas más relevantes para sus señorías. Un veterano observador del Congreso dice que la Comisión de la Mujer nunca, desde que fue creada en 2016, había concitado tanta atención.
Tanto Hilton como Salabert se han esforzado hacer política parlamentaria más allá de la defensa de los derechos LGTBQ+. Tienen estilos muy distintos, pero ambas son blanco preferencial de ataques derechistas, sea por su condición de mujeres, por ser transexuales o por sus propuestas. Mientras la primera centra su trabajo en cuestiones de derechos humanos o derechos laborales, como la ampliación de uno a dos días libres por semana, la segunda aborda esos asuntos además de cuestiones mediaombientales y educativas. Mientras a Hilton se la ve cómoda en la confrontación directa, Salabert, del Partido Democratico Trabalista ( PDT), de centro-izquierda, apuesta más por la conciliación.
Al hilo de la polémica, la parlamentaria Salabert ha criticado “la indignación selectiva” y recordado algunos hechos a los desmemoriados que ahora salen a defender a las mujeres: que Brasil ya tuvo una comisión municipal de la mujer integrada solo por hombres (en São Paulo, en 2024), partidos que usan candidatas femeninas fraudulentas para beneficiarse de las cuotas de género o que la dirección del Partido de la Mujer Brasileña es netamente masculina.
Todas las formaciones políticas calientan ya motores para las elecciones de octubre, de las que saldrán el presidente, los gobernadores y el Congreso. Las negociaciones para formar candidaturas y alianzas son intensas. Ni una sola mujer suena como candidata a la presidencia en unos comicios dominados por Lula y Bolsonaro hijo. Tampoco se espera ninguna revolución que propicie un desembarco de mujeres que coloque a Brasil en la parte alta de la tabla de la representación parlamentaria femenina, junto a países como México, Bolivia o Costa Rica, que rondan el 50%.
elpais.com
La embajada estadounidense afirma: “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado” en la designación de nuevos funcionarios de la Corte
En lo que parece ser una razón más de indignacion de los paises latinoamericanos, según una publicaciñn del periódico El Pais de España, la cual es reproducida inextensa por este diario, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó este martes de que su Gobierno consultó con el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre una supuesta injerencia en la elección de dos magistrados, entre ellos la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien, según la información del mandatario, sería nombrada para ocupar una silla en la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país.
“Nos hemos enterado de que se está intentando aparentar que la Embajada de los Estados Unidos está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros, como Roberto Molina Barreto y Consuelo Porras”, dijo Arévalo en una conferencia de prensa y en un comunicado emitido más tarde por el Gobierno. “Esta situación es altamente irregular y preocupante. Acciones como estas son incongruentes con el excelente estado de las relaciones entre nuestro Gobierno y el de Estados Unidos. Por ello, hemos comenzado las consultas con el Departamento de Estado para aclarar esta situación”, informó el mandatario.
Consuelo Porras en Guatemala, en septiembre de 2025.Congreso de Guatemala
Guatemala deberá designar este año a los nuevos magistrados de la Corte para el periodo 2026-2031. Para integrar ese ente, el Congreso, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios y la Universidad de San Carlos, la principal del país, votan a lo interno para nombrar a un magistrado titular y un suplente eligiendo así cinco magistrados titulares y cinco suplentes que dirigirán esa Corte.
Las declaraciones del presidente surgieron luego de que uno de los candidatos que apoyaba el Ejecutivo a través de su bancada oficial y de diputados aliados, Rony López, actual magistrado suplente de la CC, quien ha denunciado al MP por seguimiento y amenazas, perdió los votos y en su lugar comenzó a correr el rumor de que el actual magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, sería reelecto.
Molina Barreto fue candidato a la vicepresidencia en 2018 con Zury Ríos, la hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt, acusado de haber cometido un genocidio contra las poblaciones indígenas de Guatemala. Además, ha sido criticado por sus fallos judiciales en los que anuló la condena por genocidio contra Ríos Montt, por fallar a favor del expresidente condenado por corrupción Otto Pérez Molina y por beneficiar al líder del Barrio 18, Aldo Ochoa.
Medios locales, que han documentado dos lobbys pagados por políticos de oposición y algunos empresarios de la élite guatemalteca, atribuyen el apoyo de la mayoría de diputados y de la embajada de Estados Unidos a favor de Barreto debido a ese cabildeo. La embajada estadounidense en Guatemala no respondió a las consultas sobre la denuncia del presidente. John Barrett, encargado de negocios de la embajada, dijo en la red social X que “como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”.
Reportaje A Fondo
Una segunda vida para los disfraces de Carnaval: la idea de Río para que los residuos de la fiesta no acaben en el vertedero
El proyecto ‘Sustenta Carnaval’ ha recuperado casi 70 toneladas de los vestuarios que se usan en el Sambódromo, reduciendo emisiones e integrando a población en riesgo de exclusión social
Río de Janeiro.-En la bella canción del sambista carioca Martinho da Vila llamada ‘Para tudo se acabar na quarta feira (Para que todo se acabe el miércoles)’ el compositor exalta, con cierta melancolía, a los artesanos del carnaval, esas personas anónimas que trabajan todo el año “empeñadas en construir la ilusión” para que después, todo se termine el Miércoles de Ceniza. El carnaval es, por definición, la fiesta de la alegría efímera, pero en el caso del Sambódromo de Río de Janeiro, con sus monumentales desfiles, esa fugacidad tiene un coste ambiental considerable. En las noches en que reinan las escuelas de samba, desfilan decenas de miles de personas vestidas con aparatosos disfraces, unos 100.000 cada año. Su vida útil es lo que se tarda en cruzar el gran estadio del carnaval durante el desfile, menos de 90 minutos. Hasta hace pocos años, después de brillar bajo los focos y los aplausos muchos de ellos acababan en el vertedero. Para luchar contra ese problema ambiental y convertir el residuo en oportunidad, hace unos años surgió el proyecto ‘Sustenta Carnaval’.
La sede de la organización está en la zona portuaria de Río, a pocos pasos de la Cidade do Samba, el gigante recinto donde se construyen las carrozas y se confeccionan los disfraces del carnaval. Aquí el almacén es menos opulento, pero igualmente colorido: montañas de disfraces se acumulan en el suelo y suben varios metros hasta casi tocar el techo en algunos puntos. Son los restos de los carnavales de otros años, que tras pasar por aquí tendrán una segunda oportunidad: los clientes de a pie más creativos pueden llevarse piezas tras un módico precio en función del peso, pero además hay convenios con agrupaciones carnavalescas con menos recursos o incluso con ayuntamientos de otras ciudades que buscan organizar un carnaval más económico. También se donan a escuelas públicas, o se alquilan a compañías teatrales y rodajes de cine. La idea es reciclar de todas las maneras posibles. De momento, en los últimos cinco años, los impulsores de la idea ya han salvado de la basura 66 toneladas.
Pululando entre esta marea de sombreros, faldas, plumas y todo tipo de tejidos aparece, siempre sonriente, Jean Santos, el coordinador técnico del proyecto. Recuerda divertido la aventura del primer año: “Fue un test, alquilamos un camión y recolectamos tres toneladas. Las colocamos provisionalmente en mi casa y en casa de una amiga, fue una locura”. En realidad, las propias escuelas de samba recopilan sus propios disfraces para reutilizar lo que se pueda al año siguiente (tras un minucioso trabajo de descarte, reconversión, pintura, tinte, etc).
No obstante, muchas no tienen los recursos ni la logística necesaria para movilizar camiones, personal y almacenes y acaban desechando parte de sus disfraces. Durante años, muchos quedaban acumulados al final del Sambódromo durante horas, pero generaban problemas incluso de seguridad, porque se generaban auténticas montañas que dificultaban la salida del recinto de los componentes de las escuelas, un flujo continuo que dura toda la madrugada durante cinco noches consecutivas.
El proyecto ha sido premiado incluso en el Reino Unido y ha logrado la certificación ISO20121, por su minucioso trabajo para mitigar la huella de carbono de estas piezas. Se sabe que la industria textil es de las más contaminantes del mundo, y según estudios de ‘Sustenta Carnaval’ un kilo de un estos disfraces generalmente sintéticos y procedentes de China o India ha supuesto, a lo largo toda su trayectoria, la emisión de 47,2 kilos de CO2 equivalente. Por eso estiman que con todo lo que se ha reusado hasta ahora se ha evitado la emisión de más de 3.115 toneladas de CO2 en a la atmósfera.
Pero la preocupación no es sólo ambiental, sino también social. En el almacén de Río trabajan personas en riesgo de exclusión social y parte de los disfraces son transformados en carteras por mujeres inmigrantes y vecinas de una favela de la ciudad de Niterói. En el propio almacén de la organización estos días se imparten talleres de reciclaje de disfraces y accesorios.
‘Sustenta Carnaval’ cuenta con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente del ayuntamiento de Río y de la Liga Independiente de las Escuelas de Samba, pero faltan recursos. Santos explica que el sueño que acarician ahora es poder construir un entresuelo para ganar espacio y clasificarlo todo. Además, así también podrían impartir clases continuamente. “Nuestro sueño es que las personas que trabajan todos los años en el carnaval puedan hacer un curso y certificarlas como profesionales. Hoy en día ya hay cursos de posgrado en temas de carnaval, pero sobre todo en el mundo académico. La gente que está en la base no está certificada, nuestra idea es revertir eso”, dice optimista. Mientras tanto, una vez termine el carnaval, la rueda volverá a ponerse en marcha: será hora de hacer espacio para otra veintena de toneladas y de ir pensando en cómo aprovechar esa infinidad de posibilidades.
elpais.com