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He aquí algunas de las víctimas del fraude en COOP-Herrera.
Santo Domingo, R.D.-Unas veinte personas figuran como víctimas y querellantes a la fecha contra los ejecutivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera, INC, (Coop-Herrera), donde, de acuerdo con el Ministerio Público se ejecutó un esquema de fraude que afectó a sus socios con más de 2,500 millones de pesos.
Entre los afectados, hay hombres y mujeres nacionales y extranjeros, incluidas personas que llegaron a la cooperativa con certificaciones financieras que recibieron como pago y que carecían de sustento, según se detalla en la solicitud de medidas de coerción contra los siete que están implicados en el caso.
La primera de las víctimas que se cita en el documento es la propia cooperativa Coop-Herrera, seguido de Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) como órgano de control de esas entidades en el país.
Son víctimas también Najib David Neder Rodríguez y Adria Dolores Machuca de Neder, con certificados de depósitos de unos dos millones de pesos.
Certificados como pago
Félix Rafael Hernández Casado, a quién el imputado Gabriel Santana Borsilea le habría comprado varias propiedades, incluyendo una embarcación de 30 pies de eslora. El monto de la venta, igual a 1,165,000 dólares, Santana Borsilea lo pagó en certificado de depósito a plazo fijo de Coop-Herrera.
El Ministerio Público señala que, en junio de 2023, Hernández Casado se entera de un problema por falta de liquidez en la cooperativa y que se comunica con Santana Borsilea para resolver la situación de manera amigable, buscando cancelar su certificado. «Sin embargo, al intentar recuperar sus pertenencias del apartamento en Malecón Center, se encuentra con que está ocupado por el Dr. Pedro Tomas Botello Soliman, representante de Gabriel Santana. Gabriel promete resolver la situación, pero después de una reunión, no cumple con sus compromisos y no responde a los mensajes».
Entre los otros inmuebles comercializados entre ambos, se señala apartamento 321-A de Torre Mar Azul, un condominio en Malecón Center y un solar en CAP Cana.
Otra de las víctimas es el francés Alain Riche, que se señala como vendedor de propiedades a Santana Borsilea, también bajo el mismo esquema de pago.
Otras víctimas que se citan en la solicitud de medidas son Virgilio Antonio Méndez Amaro, Librada C. Castillo Pérez, Yarilis Nicaules Soler Encarnación y José Ramón Ortiz.
También Matilde Elizabeth Pacheco Ortiz, Gabriel De Jesús Willmore, Katherine Martínez, Belkys Antonia Reinoso Jiménez, Alba Valdez Encarnación, Matilde De Jesús Berroa, Simón Radhames Marte Rodríguez, Jonathan Castillo Gómez Domínguez, Buenaventura Núñez.
Los detenidos
Por el caso fueron detenidos Jorge Eligio Méndez, exadministrador general, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea Juan, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.