Nacionales
He aquí algunas de las víctimas del fraude en COOP-Herrera.
Santo Domingo, R.D.-Unas veinte personas figuran como víctimas y querellantes a la fecha contra los ejecutivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera, INC, (Coop-Herrera), donde, de acuerdo con el Ministerio Público se ejecutó un esquema de fraude que afectó a sus socios con más de 2,500 millones de pesos.
Entre los afectados, hay hombres y mujeres nacionales y extranjeros, incluidas personas que llegaron a la cooperativa con certificaciones financieras que recibieron como pago y que carecían de sustento, según se detalla en la solicitud de medidas de coerción contra los siete que están implicados en el caso.
La primera de las víctimas que se cita en el documento es la propia cooperativa Coop-Herrera, seguido de Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) como órgano de control de esas entidades en el país.
Son víctimas también Najib David Neder Rodríguez y Adria Dolores Machuca de Neder, con certificados de depósitos de unos dos millones de pesos.
Certificados como pago
Félix Rafael Hernández Casado, a quién el imputado Gabriel Santana Borsilea le habría comprado varias propiedades, incluyendo una embarcación de 30 pies de eslora. El monto de la venta, igual a 1,165,000 dólares, Santana Borsilea lo pagó en certificado de depósito a plazo fijo de Coop-Herrera.
El Ministerio Público señala que, en junio de 2023, Hernández Casado se entera de un problema por falta de liquidez en la cooperativa y que se comunica con Santana Borsilea para resolver la situación de manera amigable, buscando cancelar su certificado. «Sin embargo, al intentar recuperar sus pertenencias del apartamento en Malecón Center, se encuentra con que está ocupado por el Dr. Pedro Tomas Botello Soliman, representante de Gabriel Santana. Gabriel promete resolver la situación, pero después de una reunión, no cumple con sus compromisos y no responde a los mensajes».
Entre los otros inmuebles comercializados entre ambos, se señala apartamento 321-A de Torre Mar Azul, un condominio en Malecón Center y un solar en CAP Cana.
Otra de las víctimas es el francés Alain Riche, que se señala como vendedor de propiedades a Santana Borsilea, también bajo el mismo esquema de pago.
Otras víctimas que se citan en la solicitud de medidas son Virgilio Antonio Méndez Amaro, Librada C. Castillo Pérez, Yarilis Nicaules Soler Encarnación y José Ramón Ortiz.
También Matilde Elizabeth Pacheco Ortiz, Gabriel De Jesús Willmore, Katherine Martínez, Belkys Antonia Reinoso Jiménez, Alba Valdez Encarnación, Matilde De Jesús Berroa, Simón Radhames Marte Rodríguez, Jonathan Castillo Gómez Domínguez, Buenaventura Núñez.
Los detenidos
Por el caso fueron detenidos Jorge Eligio Méndez, exadministrador general, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea Juan, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.