Nacionales
Este año, 31 mujeres han ido a prisión preventiva en el Distrito Nacional
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El sistema carcelario registra 740 féminas presas en todo el país, tanto preventivas como condenadas
Mientras motivaba las razones para emitir las medidas de coerción a los implicados en el caso de la Operación Antipulpo, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, apeló a cuestiones de género para justificar la prisión domiciliaria que otorgó a la única mujer procesada: Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina.
Vargas le informó que se beneficiaría de lo que ha sido una costumbre en sus decisiones. “Este juez ha sido siempre muy medido en el trato que les dispensa a las mujeres, porque al sacar a una mujer de su casa, se ponen en juego muchas cosas. El hombre puede irse”, comentó previo a dictarle los tres meses de prisión domiciliaria, uso de brazaletes electrónicos, garantía económica de RD$10 millones e impedimento de salida del país.
La decisión del magistrado se da en momentos en que el sistema carcelario dominicano resguarda a 740 mujeres que, en la mayoría de los casos, violaron la ley de droga o cometieron robo u homicidio. Los hombres privados de libertad superan los 26,000.
Las cifras representan un pequeño porcentaje en torno a la cantidad de casos judicializados en esa demarcación. Por ejemplo, en el trimestre abril junio, en la fiscalía del Distrito Nacional se judicializaron 361 casos. La cantidad de mujeres a las que se le impuso prisión preventiva en se periodo fue de 19.
“Si ustedes ven mi historial, para yo mandar a una mujer a la cárcel, yo lo pienso mucho, analizo mucho las infracciones porque, además, es difícil que una mujer se fugue. La mujer es difícil que se fugue porque, ciertamente, los sentimientos las atan siempre a la familia”, motivó el juez Vargas, quien también dispuso prisión domiciliaria a otros dos de los once a los que les conoció medida el pasado martes.
Según el Ministerio Público, representado por la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) el grupo conforma un entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano con miles de millones de pesos.
Tanto el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, como el excontralor de la República, Rafael Germosén, también tienen arresto domiciliario, imposición de brazaletes electrónicos y garantía económica, por su presunta participación en la red de corrupción.
Mientras que se dictó prisión preventiva contra Alexis Medina Sánchez, a quien la Pepca le atribuye ser la cabeza visible del grupo.
La misma medida se dictó en contra del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, y el exdirector de fiscalización de la Oisoe, Aquiles Cristopher Sánchez, quienes deben cumplirla en el Centro Conductual y de Rehabilitación de San Cristóbal.
El juez también dictó prisión preventiva en contra de Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, la que deben cumplir en la cárcel de San Pedro de Macorís.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.