Nacionales
Este año, 31 mujeres han ido a prisión preventiva en el Distrito Nacional
-
El sistema carcelario registra 740 féminas presas en todo el país, tanto preventivas como condenadas
Mientras motivaba las razones para emitir las medidas de coerción a los implicados en el caso de la Operación Antipulpo, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, apeló a cuestiones de género para justificar la prisión domiciliaria que otorgó a la única mujer procesada: Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina.
Vargas le informó que se beneficiaría de lo que ha sido una costumbre en sus decisiones. “Este juez ha sido siempre muy medido en el trato que les dispensa a las mujeres, porque al sacar a una mujer de su casa, se ponen en juego muchas cosas. El hombre puede irse”, comentó previo a dictarle los tres meses de prisión domiciliaria, uso de brazaletes electrónicos, garantía económica de RD$10 millones e impedimento de salida del país.
La decisión del magistrado se da en momentos en que el sistema carcelario dominicano resguarda a 740 mujeres que, en la mayoría de los casos, violaron la ley de droga o cometieron robo u homicidio. Los hombres privados de libertad superan los 26,000.
Las cifras representan un pequeño porcentaje en torno a la cantidad de casos judicializados en esa demarcación. Por ejemplo, en el trimestre abril junio, en la fiscalía del Distrito Nacional se judicializaron 361 casos. La cantidad de mujeres a las que se le impuso prisión preventiva en se periodo fue de 19.
“Si ustedes ven mi historial, para yo mandar a una mujer a la cárcel, yo lo pienso mucho, analizo mucho las infracciones porque, además, es difícil que una mujer se fugue. La mujer es difícil que se fugue porque, ciertamente, los sentimientos las atan siempre a la familia”, motivó el juez Vargas, quien también dispuso prisión domiciliaria a otros dos de los once a los que les conoció medida el pasado martes.
Según el Ministerio Público, representado por la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) el grupo conforma un entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano con miles de millones de pesos.
Tanto el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, como el excontralor de la República, Rafael Germosén, también tienen arresto domiciliario, imposición de brazaletes electrónicos y garantía económica, por su presunta participación en la red de corrupción.
Mientras que se dictó prisión preventiva contra Alexis Medina Sánchez, a quien la Pepca le atribuye ser la cabeza visible del grupo.
La misma medida se dictó en contra del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, y el exdirector de fiscalización de la Oisoe, Aquiles Cristopher Sánchez, quienes deben cumplirla en el Centro Conductual y de Rehabilitación de San Cristóbal.
El juez también dictó prisión preventiva en contra de Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, la que deben cumplir en la cárcel de San Pedro de Macorís.
diariolibre.com
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.