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Este año, 31 mujeres han ido a prisión preventiva en el Distrito Nacional

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  • El sistema carcelario registra 740 féminas presas en todo el país, tanto preventivas como condenadas

Mientras motivaba las razones para emitir las medidas de coerción a los implicados en el caso de la Operación Antipulpo, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, apeló a cuestiones de género para justificar la prisión domiciliaria que otorgó a la única mujer procesada: Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina.

Vargas le informó que se beneficiaría de lo que ha sido una costumbre en sus decisiones. “Este juez ha sido siempre muy medido en el trato que les dispensa a las mujeres, porque al sacar a una mujer de su casa, se ponen en juego muchas cosas. El hombre puede irse”, comentó previo a dictarle los tres meses de prisión domiciliaria, uso de brazaletes electrónicos, garantía económica de RD$10 millones e impedimento de salida del país.

La decisión del magistrado se da en momentos en que el sistema carcelario dominicano resguarda a 740 mujeres que, en la mayoría de los casos, violaron la ley de droga o cometieron robo u homicidio. Los hombres privados de libertad superan los 26,000.

Las cifras representan un pequeño porcentaje en torno a la cantidad de casos judicializados en esa demarcación. Por ejemplo, en el trimestre abril junio, en la fiscalía del Distrito Nacional se judicializaron 361 casos. La cantidad de mujeres a las que se le impuso prisión preventiva en se periodo fue de 19.

“Si ustedes ven mi historial, para yo mandar a una mujer a la cárcel, yo lo pienso mucho, analizo mucho las infracciones porque, además, es difícil que una mujer se fugue. La mujer es difícil que se fugue porque, ciertamente, los sentimientos las atan siempre a la familia”, motivó el juez Vargas, quien también dispuso prisión domiciliaria a otros dos de los once a los que les conoció medida el pasado martes.

Según el Ministerio Público, representado por la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) el grupo conforma un entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano con miles de millones de pesos.

Tanto el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, como el excontralor de la República, Rafael Germosén, también tienen arresto domiciliario, imposición de brazaletes electrónicos y garantía económica, por su presunta participación en la red de corrupción.

Mientras que se dictó prisión preventiva contra Alexis Medina Sánchez, a quien la Pepca le atribuye ser la cabeza visible del grupo.

La misma medida se dictó en contra del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, y el exdirector de fiscalización de la Oisoe, Aquiles Cristopher Sánchez, quienes deben cumplirla en el Centro Conductual y de Rehabilitación de San Cristóbal.

El juez también dictó prisión preventiva en contra de Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, la que deben cumplir en la cárcel de San Pedro de Macorís.

diariolibre.com

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Apelación del caso Senasa llega a la corte de apelación: imputados buscan revocar prisión

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Santo Domingo, R.D.-La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue apoderada de un recurso de apelación contra la sentencia de 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim y otras seis personas implicadas en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Esa sala deberá decidir si declara o no admisibles los recursos de apelación en contra de la decisión del juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien además declaró el caso complejo.

En caso de que la Corte lo declare los recursos admisibles, deberá fijar fecha para el conocimiento de los mismos. Estas apelaciones fueron presentadas por separado por los abogados Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito, Jaime Caonabo Terrero, entre otros, quienes alegan no están conforme con la decisión del tribunal de enviar a sus clientes al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y la cárcel de Najayo Mujeres.

El grupo de detenidos incluye a Santiago Hazim (exdirector del SeNaSa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor Jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Asimismo, la Corte fue apoderada de un recurso de apelación presentado por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.

El Ministerio Público sostiene que el entramado operó desde el 2020 hasta el 2025, defraudando hasta el momento con más de 15,000 de millones de pesos del sistema público de riesgos de salud.

Los cargos que pesan sobre el grupo incluye, coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.

El Ministerio Público enfatizó que el caso no está cerrado. Además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación.

Se espera que, conforme avancen las indagatorias, se produzcan nuevos sometimientos vinculados a este millonario desfalco.

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Casos Brianna y Roldany reactivan debate de Alerta Amber en RD

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Santo Domingo, R.D.-La desapariciones de los menores Brianna Genao y Roldany Calderón vuelven a colocar en el centro del debate nacional la urgencia de que República Dominicana cuente con una ley que implemente el sistema de Alerta Amber. Especialistas sugieren que ambos casos evidencian los vacíos legales y limitaciones en la respuesta institucional ante desapariciones de menores.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, exhortó al Congreso Nacional a priorizar en la próxima legislatura el proyecto de ley que establece el sistema de Alerta Amber, iniciativa que recientemente perimió con el cierre del período legislativo.

La Alerta Amber es un sistema de respuesta inmediata diseñado para localizar rápidamente a niños, niñas y otras personas vulnerables que han sido reportadas como desaparecidas. Su objetivo principal es movilizar a toda la sociedad en las primeras horas del hecho, cuando las probabilidades de localización con vida son mayores.

La Alerta Amber trata de un conjunto de acciones coordinadas entre instituciones públicas, organismos de emergencia, medios de comunicación y ciudadanía, que se activa únicamente cuando se cumplen criterios específicos: indicios claros de secuestro o desaparición forzada, riesgo inminente para la vida del menor y disponibilidad de información verificable.

Las autoridades evalúan si el caso cumple los criterios para activar la alerta. De ser así, se inicia la difusión pública con datos clave como descripción del menor, lugar de desaparición, posibles sospechosos y vehículos involucrados. Una vez activada, la alerta se difunde de forma masiva a través de televisión, radio, plataformas digitales, redes sociales, teléfonos móviles y paneles electrónicos, permitiendo que millones de personas reciban la información de manera casi inmediata.

El sistema prioriza las primeras horas, consideradas críticas, y mantiene la alerta activa hasta que el menor aparece o se descarta el riesgo. En países donde está implementado, la Alerta Amber ha permitido resolver miles de casos en lapsos muy cortos.

Actualmente, la Alerta Amber funciona en alrededor de 30 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, México, España, Francia y Alemania.

FINJUS urge acción legislativa inmediata

Castaños Guzmán sostuvo que el Congreso no puede mantener engavetada una pieza que responde a una problemática social de alta sensibilidad, y que exige herramientas legales eficaces y una respuesta inmediata del Estado. Recordó que en los últimos años varios proyectos de Alerta Amber pasaron por el hemiciclo, incluyendo uno del senador Rafael Barón Duluc, pero todos han perimido sin convertirse en ley.

El caso de Brianna Genao ha contado incluso con apoyo del FBI, incluyendo unidades caninas, como parte del reforzamiento de las labores de búsqueda. A este hecho le preceden otros casos, el último de ellos el de Roldany Calderón, de tres años, desaparecido el 30 de marzo de 2025 en Manabao, Jarabacoa, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

El debate de la Alerta Amber en RD

La Cámara de Diputados aprobó en julio de 2025 en segunda lectura y por unanimidad el proyecto de ley de prevención y respuesta nacional ante la ausencia de población vulnerable, conocido como Alerta Amber, quedando a la espera de su paso al Senado.

La iniciativa, presentada por las diputadas Liz Mieses y Carmen Ligia Barceló, crea el Sistema Nacional de Alertas (AlertaRD) para la localización, asistencia y resguardo de personas desaparecidas, especialmente menores y otros grupos vulnerables.

El proyecto establece acciones coordinadas entre instituciones públicas, medios de comunicación y ciudadanía, y contempla cooperación jurídica internacional en casos de tráfico de personas u otros delitos transnacionales.

Sin embargo, la iniciativa no ha concitado el interés necesario. El proyecto que perimió de la Cámara de Diputados incluye, además, Alerta Silver, para adultos mayores; Alerta Azul, para discapacitados; y Alerta Rosa, para mujeres violentadas.

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Aguilera juramenta a Luis Valdez como nuevo vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas

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Santo Domingo, R.D.-El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, juramentó este martes a Luis Valdez Veras como el nuevo vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, quien se suma a la filial del grupo bancario yd e servicios financieros para aportar su experiencia gerencial a la empresa aseguradora.

Luego de juramentar al nuevo incumbente, Aguilera expresó su satisfacción de poner al frente de la entidad Valdez, a quien, dijo, entrega el reto de superar los logros alcanzados por Seguros Reservas.

“Lo hemos hecho bien y lo vamos a seguir haciendo mejor con la gestión de Luis, probado en el sector público”, destacó el ejecutivo bancario.

“Nosotros lo que sabemos hacer es lo mismo que ustedes, trabajar”, dijo Valdez luego de juramentarse en una ceremonia en la sede principal de la empresa, en presencia de ejecutivos de Banreservas, de Seguros Reservas y del anterior incumbente, Nelson Arroyo.

Sobre Luis Valdez

El nuevo incumbente es licenciado en Derecho y posee especialización en Derecho Tributario y Procesal Tributario, con años de experiencia en el sector público. Actualmente cursa un Doctorado en Derecho y Sociedad en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), España.

Valdez se ha desempeñado en el área como consultor presupuestario en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; además de haber integrado en la Liga Municipal Dominicana la Comisión de Fiscalización y Control de los fondos de la Ley 166-03.

En la administración pública dirigió la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) desde el 2020 hasta la semana pasada.

Seguros Reservas

Esta empresa aseguradora es una subsidiaria del Banco de Reservas. Fue creada en el 2002 y ofrece soluciones financieras integrales a sus clientes, logrando hitos significativos en rentabilidad y expansión.

Rápidamente se consolidó en el mercado como una de las entidades más fuertes y de mayor crecimiento del sector.

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