Nacionales
Acuerdos entre Leonel y el PTD quedan plasmados de manera definitiva.
El acuerdo fue firmado el pasado vierenes 18, dos días antes de la alocución del expresidente Fernández.
Los firmantes son el antiguo presidente del PTD, Antonio Florián y Leonel Fernández y en él señala que LFP tendrá un total de 35 miembros dentro del Comité Político, según documentos a los que ha tenido acceso este diario.
De esa membresía, 10 serán propuestos por Florián; 20 serán colocados por el expresidente, mientras que los cinco restantes serán definidos de común acuerdo entre las partes, según el documento firmado.
El acuerdo estipula a Leonel Fernández como presidente de LFP mientras que Antonio Florián se convertirá en el secretario general de la nueva entidad política. La misma constará de cinco vicepresidentes, dos designados por Florián y tres por Fernández.
El expresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) garantizó que las postulaciones a los diferentes cargos electivos ya realizadas por el PTD no serán modificadas. Fernández también obtiene potestad para realizar alianzas en los diferentes niveles electorales para el próximo periodo electoral.
El acuerdo fue firmado por ambas partes el pasado viernes 18 de este mes, aprobado durante la convención del PTD el pasado domingo y será anunciado de manera oficial en una rueda de prensa hoy en lo que será la casa nacional de La Fuerza del Pueblo, ubicada en donde funciona la oficina política de Leonel Fernández, en la calle Benito Monción, en el sector Gascue.
Fernández confirmó su salida del PLD durante una alocución el domingo por la noche, luego de acusar en varias ocasiones a la corriente danilista de dicho partido de realizar un fraude electoral durante las primarias del pasado 06 de octubre.
Junto con Leonel, al menos otros cinco exmiembros han salido de las filas del PLD. En la celebración del Congreso Extraordinario del PTD, donde fueron aprobados los puntos de dicho acuerdo, estuvieron presentes el exvicepresidente Rafael Alburquerque, el expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Roberto Rosario, el exministro de Interior y Policía Franklin Almeyda, entre otros.
Santo Domingo, R.D.-La República Dominicana y otros países de Centroamérica lanzaron una iniciativa coordinada para frenar el tráfico ilegal de armas en la región, informó este jueves la Organización de los Estados Americanos (OEA) en un comunicado.
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana adoptaron la llamada ‘Hoja de ruta para prevenir el tráfico y la proliferación ilícita de armas, municiones y explosivos’, una iniciativa impulsada por la OEA con el respaldo de Naciones Unidas y la Unión Europea.
Esta estrategia conjunta para los próximos diez años contempla el fortalecimiento de normativas y de la coordinación entre países, un mayor control de la vida de las armas, una mejora de las investigaciones y una mayor prevención de la violencia.
Cada uno de los países se comprometió a desarrollar un plan de acción nacional alineado con esos ejes.
La hoja de ruta incluye, además, la creación de un mecanismo de seguimiento gestionado por la OEA.
Ministros de esos países se reunieron el miércoles en la sede de la OEA, en Washington, para firmar la creación de este nuevo instrumento regional.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo al respecto que se trata de «un hito en la agenda de seguridad en Centroamérica y República Dominicana».
«Estoy convencido de que la Hoja de Ruta será una herramienta clave para apoyar a los gobiernos centroamericanos en sus valiosos esfuerzos para disminuir el impacto de la violencia armada y promover países más seguros para nuestras comunidades», declaró.
Según la OEA, Centroamérica y República Dominicana registran una tasa de homicidios que supera el promedio global, de 17,3 por cada 100.000 habitantes en 2023.
En 2022, cuatro de cada cinco homicidios fueron perpetrados con armas de fuego en la región.
La ubicación geográfica de Centroamérica y República Dominicana convierte a esta subregión en un punto estratégico para el tráfico de armas, municiones y explosivos, alimentando los niveles de violencia armada, apuntó la OEA.
Santo Domingo, R.D.-Este jueves el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) demandó que se haga público el uso de los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el país, pero aclaro que su solicitud no está motivada por resentimiento ni revancha.
Durante una rueda de prensa en la sede del partido opositor, el secretario general, Johnny Pujols, afirmó que el PLD no ha señalado ni acusado a periodistas, comunicadores ni a ninguna persona u organización en específico.
Esta declaración surge en un contexto de controversia, luego de que en redes sociales circularan acusaciones sobre presuntos pagos de la USAID a periodistas dominicanos. Entre los señalados, el periodista Marino Zapete denunció que es víctima de una campaña de desprestigio, la cual, según él, es financiada con «mucho dinero, desde mi punto de vista, dinero robado del pueblo dominicano», con el propósito de desacreditarlo a él y a otros colegas.
Ante la polémica, el Colegio Dominicano de Periodistas expresó su respaldo a los comunicadores que han sido cuestionados en redes sociales, rechazando los señalamientos y defendiendo la independencia del ejercicio periodístico en el país.
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazada este jueves por la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana la audiencia para conocer la medida de coerción contra los implicados en la Operación Guepardo, acusados formar parte de una red de estafa inmobiliaria.
La decisión fue tomada con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa de los imputados, para que los abogados estudien a fondo el expediente y presenten los presupuestos correspondientes.
El tribunal fijó la nueva audiencia para el 18 de febrero de 2025, a las 9:00 de la mañana.
Las autoridades continúan con las investigaciones sobre este caso, que forma parte de los esfuerzos del Ministerio Público para desmantelar presuntas redes delictivas en el país.