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Con luces y sombras llegan los primeros doce años y el final del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara.
Por Elba García
El pacto de las corbatas azules fue llamado de esta manera por la coincidencia en esa prenda de vestir entre los firmantes del mismo, Leonel Fernández Reyna y Miguel Vargas Maldonado, entre cuyos resultados estuvo la designación como presidente del Tribunal Constitucional al doctor Ray Guevara.
Este jurista, quien se proyectó como un dirigente y militante del Partido Revolucionario Dominicano en la década de los 70, cuya condición lo llevó a ocupar una serie de posiciones públicas durante el gobierno de Don Antonio Guzmán Fernández, entre ellos el de cónsul en Nueva York, no se detuvo a penalizar el comportamiento de la partidocracia.
Ray Guevara, quien nadie puede negar su buena formación profesional y académica, se convirtió mediante el referido acuerdo en el primer presidente del Tribunal Constitucional que ya termina sus funciones en el mes de diciembre.
Entre los logros de este magistrado como presidente del alto tribunal está haber anulado y modificado una serie de leyes que chocaban con la supremacía de la Carta Magna, lo cual, según lugar a dudas, ha sido un paso importante para la consolidación de la democracia.
Sin embargo, Ray Guevara se va de la Presidencia del Tribunal Constitucional con una debilidad que genera muchos cuestionamientos y es en lo referente a que durante la ocupación del alto cargo nunca se produjo una sentencia en contra de la llamada partidocracia, a pesar de que no fueron pocos los recursos sometidos en contra del PRD y de su presidente Miguel Vargas Maldonado.
Mucha gente atribuye esa falencia del Tribunal Constitucional al hecho de que departe de Ray Guevara hay un agradecimiento eterno con Vargas Maldonado, quizás una de las peores figuras que ha parido la partidocracia dominicana.
Vargas Maldonado no sale de un escándalo, ficha determinante para la llegada de Ray Guevara al Tribunal Constitucional, siempre asociado a unos intereses económicos espurios y cuestionables, lo cual podría explicar el hecho de que ningún partido del país haya recibido alguna sanción por las constantes violaciones constitucionales en que incurre.
El último escándalo en que aparece el nombre del siniestro personaje es el fraude cometido en la cooperativa de ahorros y créditos COOP-Herrera, cuyos ahorros de los miembros de la misma fueron sustraídos por una red de delincuentes que ahora es procesada en la justicia.
La principal causa del referido pacto fue que Leonel Fernández quería buscar su reelección y entonces se produce el mismo el 14 de mayo de 2009 en el hotel Jaragua entre ambos personajes y para tener un control de tan importante órgano se elige a Ray Guevara como una garantía de los propósitos buscados, dada su reconocida militancia partidaria.
Durante todo el tiempo que lleva el Tribunal Constitucional no ha habido forma de que a través de esta alta corte se haya producido una sola sentencia que cuestione y sancione el comportamiento de los partidos políticos en la República Dominicana, los cuales son el peor lastre de la sociedad.
Incluso parece misión imposible que prospere un recurso de revisión de una acción de amparo electoral en el Tribunal Constitucional, los cuales son fallados cuando ya no surten ningún efecto como una forma de no penalizar el comportamiento de la llamada partidocracia.
Si algo queda intacto en el sistema político partidista son las organizaciones que le sirven de soporte, cuyos dirigentes sustraen los fondos públicos entregados a través de la Junta Central Electoral (JCE), órgano que también mira para otro lado cuando se trata de fiscalizar las distorsiones que hoy se encuentran por doquier en estas entidades, las cuales en la realidad se han convertido en sociedades comerciales que se compran y se venden al mejor postor ante la mirada indiferente de quienes tienen la responsabilidad de castigar su antiético comportamiento.
Entonces, Ray Guevara ya se va del puesto con muchas luces por su trabajo de corregir una serie de normas jurídicas que chocaban con la Constitución, pero sin tocar ni con el pétalo de una rosa la llamada partidocracia, que es la peor plaga que impacta la institucionalidad y la democracia.
La sustitución de los cinco jueces del Tribunal Constitucional en la próxima sesión del Consejo Nacional de la Magistratura convocada por el presidente Luis Abinader, se producirá de los primeros trece magistrados de la alta corte.
Todos estos jueces fueron juramentados en sus cargos el 27 de diciembre del año 2011, quienes tuvieron la misión de conformar el primer órgano de este tipo en el país luego de la aprobación de la nueva ley de leyes del 26 de enero del 2010.
Confrontar jurídicamente a través del mandato constitucional los partidos políticos son de las grandes responsabilidades del nuevo presidente del alto tribunal y de los demás jueces a ser escogidos en la convocatoria del consejo nacional de la magistratura.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.