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Vistas públicas este viernes sobre proyecto de ley de Extinción de Dominio
En el salón de la asamblea nacional la comisión bicameral que está apoderada del estudio del proyecto de Ley sobre extinción de dominio hará este viernes vistas públicas para recibir observaciones de diversos sectores sobre esa pieza legislativa.
La actividad se desarrollará desde las 10:00 de la mañana y será transmitida en vivo por las redes sociales del Senado de la República, órgano que encabeza la presidencia de la comisión bicameral, representada por el senador Pedro Catrain.
El diputado perremeísta Elías Báez, vicepresidente de esa comisión, aseguró que, aunque existen muchos “miedos” de diversos sectores sobre las consecuencias que podría tener esa disposición legal, los comisionados incorporarán previsiones para evitar que pueda utilizarse para la persecución o retaliación política.
Reveló que el pasado miércoles terminaron de analizar el ley el proyecto de ley que consta de 101 artículos y este viernes realizarán las vistas públicas para posteriormente, concentrarse en aprobar o modificar esa pieza legislativa.
Además, dijo que tendrán que lograr consenso sobre los artículos más controversiales.
Informó que, aunque esa comisión está apoderada de dos proyectos de leyes, decidió leer el presentado por el senador Antonio Taveras y que, si existen algunos artículos que estén mejores redactados en la otra iniciativa presentada por Félix Bautista, Yván Lorenzo y José Manuel del Castillo Saviñón, los tomarían en cuenta.
También, dio a conocer que los comisionados han planteado la creación de un consejo que administre los bienes que serían incautados y que para “evitar retaliación, vamos a poner candados”, razón por la que aseguró que nada habría que temer por la aprobación de esa iniciativa legislativa.
Consideró como algo novedoso que permitiría la ley, de ser aprobada, que si una persona evade la justicia en materia penal y el acusado es extraditado puedan decomisarse sus bienes y además, que si una persona es descargada porque las pruebas que fueron usadas para su sometimiento a la justicia fueron ilegalmente recopiladas esa disposición legal, de aprobada, permitiría que sus bienes le fueran decomisados.
Como aspectos controversiales, además, de citar la retroactividad de la ley, mencionó que hay quienes rechazan que se produzca juicios paralelos, uno penal y otro de extinción de dominio.
“Esa ley, muchos sectores les tienen miedo… si a la persecución política vamos cuando se te quiere hacer daño se puede utilizar cualquier ley. Yo entiendo que el que no comete hechos ilícitos no tiene nada que temer, porque para eso están los jueces que son independientes”, expresó.
Precisó que la Constitución establece que cualquier funcionario que abuse de poder puede ser demandado de forma civil y condenado a pagar indemnización por ese delito.
“Además, nosotros estamos previendo poner en la ley que a un funcionario que actúe irresponsablemente, con fines de hacer daño político, pues haya una consecuencia, incluso penal, contra ese funcionario”, acotó.
Análisis legislativo
De acuerdo a un análisis de la Dirección Técnica de Revisión Legislativa, el proyecto de ley de Extinción de Dominio es de vital importancia pues se constituiría en un referente normativo en el país para implementar medidas eficaces, complementarias a las existentes, que permitan a las autoridades proceder sobre vienes que tengan relación directa o indirecta con actividades ilícitas.
Lo anterior se haría mediante un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso.
Señala que esa iniciativa constituiría una herramienta clave para incautar y hacer efectivo el decomiso de los bienes propiedad de personas que se presume son narcotraficantes, están ligadas al lavado de activos u otras actividades ilícitas.
El informe, rubricado por Weinel D. Féliz, director del Departamento Técnico de Revisión Legislativa, del pasado 4 de agosto, consigna que esa pieza tiene como sustento un documento auspiciado por la Oficina de Las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que define la Extinción de Dominio como una medida jurídica dirigida contra bienes de origen o destinación ilícita.
“La ley modelo sobre extinción de dominio es un instrumento jurídico que interesa cada vez más a Latinoamérica: Colombia, Ecuador, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Perú, Bolivia y Argentina, que adoptaron este mecanismo novedoso como respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se dirige solamente a la persecución y retorno de los bienes obtenidos de la actividad ilícita”, señala.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.