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Vistas públicas este viernes sobre proyecto de ley de Extinción de Dominio
En el salón de la asamblea nacional la comisión bicameral que está apoderada del estudio del proyecto de Ley sobre extinción de dominio hará este viernes vistas públicas para recibir observaciones de diversos sectores sobre esa pieza legislativa.
La actividad se desarrollará desde las 10:00 de la mañana y será transmitida en vivo por las redes sociales del Senado de la República, órgano que encabeza la presidencia de la comisión bicameral, representada por el senador Pedro Catrain.
El diputado perremeísta Elías Báez, vicepresidente de esa comisión, aseguró que, aunque existen muchos “miedos” de diversos sectores sobre las consecuencias que podría tener esa disposición legal, los comisionados incorporarán previsiones para evitar que pueda utilizarse para la persecución o retaliación política.
Reveló que el pasado miércoles terminaron de analizar el ley el proyecto de ley que consta de 101 artículos y este viernes realizarán las vistas públicas para posteriormente, concentrarse en aprobar o modificar esa pieza legislativa.
Además, dijo que tendrán que lograr consenso sobre los artículos más controversiales.
Informó que, aunque esa comisión está apoderada de dos proyectos de leyes, decidió leer el presentado por el senador Antonio Taveras y que, si existen algunos artículos que estén mejores redactados en la otra iniciativa presentada por Félix Bautista, Yván Lorenzo y José Manuel del Castillo Saviñón, los tomarían en cuenta.
También, dio a conocer que los comisionados han planteado la creación de un consejo que administre los bienes que serían incautados y que para “evitar retaliación, vamos a poner candados”, razón por la que aseguró que nada habría que temer por la aprobación de esa iniciativa legislativa.
Consideró como algo novedoso que permitiría la ley, de ser aprobada, que si una persona evade la justicia en materia penal y el acusado es extraditado puedan decomisarse sus bienes y además, que si una persona es descargada porque las pruebas que fueron usadas para su sometimiento a la justicia fueron ilegalmente recopiladas esa disposición legal, de aprobada, permitiría que sus bienes le fueran decomisados.
Como aspectos controversiales, además, de citar la retroactividad de la ley, mencionó que hay quienes rechazan que se produzca juicios paralelos, uno penal y otro de extinción de dominio.
“Esa ley, muchos sectores les tienen miedo… si a la persecución política vamos cuando se te quiere hacer daño se puede utilizar cualquier ley. Yo entiendo que el que no comete hechos ilícitos no tiene nada que temer, porque para eso están los jueces que son independientes”, expresó.
Precisó que la Constitución establece que cualquier funcionario que abuse de poder puede ser demandado de forma civil y condenado a pagar indemnización por ese delito.
“Además, nosotros estamos previendo poner en la ley que a un funcionario que actúe irresponsablemente, con fines de hacer daño político, pues haya una consecuencia, incluso penal, contra ese funcionario”, acotó.
Análisis legislativo
De acuerdo a un análisis de la Dirección Técnica de Revisión Legislativa, el proyecto de ley de Extinción de Dominio es de vital importancia pues se constituiría en un referente normativo en el país para implementar medidas eficaces, complementarias a las existentes, que permitan a las autoridades proceder sobre vienes que tengan relación directa o indirecta con actividades ilícitas.
Lo anterior se haría mediante un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso.
Señala que esa iniciativa constituiría una herramienta clave para incautar y hacer efectivo el decomiso de los bienes propiedad de personas que se presume son narcotraficantes, están ligadas al lavado de activos u otras actividades ilícitas.
El informe, rubricado por Weinel D. Féliz, director del Departamento Técnico de Revisión Legislativa, del pasado 4 de agosto, consigna que esa pieza tiene como sustento un documento auspiciado por la Oficina de Las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que define la Extinción de Dominio como una medida jurídica dirigida contra bienes de origen o destinación ilícita.
“La ley modelo sobre extinción de dominio es un instrumento jurídico que interesa cada vez más a Latinoamérica: Colombia, Ecuador, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Perú, Bolivia y Argentina, que adoptaron este mecanismo novedoso como respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se dirige solamente a la persecución y retorno de los bienes obtenidos de la actividad ilícita”, señala.
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Banco agradece a autoridades por eficiencia en investigación del caso de acreditaciones irregulares
Santo Domingo, R.D.-La celeridad y el profesionalismo del Ministerio Público y la Policia Nacional fue reconocido por el Banco BHD en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad y la entidad financiera expresó que se mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso.
Desde marzo pasado, tras una investigación interna, el BHD desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica para sí mismo, violando la confianza que fue depositada en él a través de su rol.
También sometió a la justicia a un grupo de personas externas al banco que recibió los fondos irregulares. La denuncia formal fue colocada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El BHD informó que, tan pronto detectó el movimiento irregular de acreditaciones, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos.
La entidad indicó que, más allá de las pérdidas financieras, que fueron absorbidas por el Banco y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dado el tamaño de la institución, se trata de una conducta inadmisible en una empresa que se ha caracterizado por hacer siempre lo correcto. También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que nunca fueron tocados.
BHD reiteró su posición de cero tolerancia a cualquier conducta que comprometa la confianza y los valores institucionales, y su compromiso absoluto con una cultura organizacional sustentada en la ética, la transparencia y la responsabilidad.
SANTO DOMINGO.- Fueron detenidos los responsables de atacar e intimadar al chofer de un autobús escolar en un incidente ocurrido en el sector Cafe de Herrera de Santo Domingo Este, según lo anunció la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
“El comportamiento de turba iracunda tendrá su castigo”, expresó la funcionaria al confirmar que los implicados serán sometidos de inmediato ante el Ministerio Público.
El caso involucra al conductor Henrry González, quien fue agredido mientras trasladaba estudiantes hacia la escuela Rafaela Santaella, luego de un roce entre el autobús escolar y una motocicleta que presuntamente transitaba en vía contraria.
Según testigos, el motorista reaccionó de forma violenta y comenzó a golpear al conductor frente a varios menores que viajaban en el vehículo escolar. Posteriormente, otros motoconchistas se habrían sumado a la agresión, provocando escenas de pánico entre estudiantes y residentes de la zona.
Santo Domingo, R.D.-Precariedades extremas denunciaron jueces, juezas y servidores judiciales en el Placio de Justicia de Ciudad Nueva de la capital dominicana, la cual fue hecha con el lema «¡Que la dignidad comience por casa!», ya que dicen que el Consejo del Poder Judicial gasta millones de pesos en un árbol navideno, pero que no hay fondos para mejorar las condiciones de trabajo de los actores del sistema de justicia.
A través del documento titulado «Manifiesto por la Dignidad de la Justicia«, leído por la jueza Suinda Brito, el colectivo declaró su profunda preocupación y el agotamiento acumulado ante las precarias condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales en las que desempeñan sus delicadas funciones.
El documento enfatiza que la administración de justicia no puede sostenerse de forma exclusiva sobre la base de la vocación y el sacrificio personal de quienes operan el sistema.
Sostienen que esto provoca que un solo servidor o magistrado termine asumiendo la carga laboral de dos, tres o hasta cuatro personas.
Los sueldos percibidos están completamente desactualizados frente al constante aumento del costo de la vida y no guardan coherencia con la alta responsabilidad de sus cargos.
Aducen que una fuga constante de personal administrativo debido al desgaste laboral crónico.
Abandono severo de las plantas físicas de múltiples tribunales a nivel nacional y desprotección en los palacios de justicia.
Uno de los puntos más álgidos y contundentes del manifiesto radica en la abierta denuncia a la disparidad económica existente dentro del Poder Judicial.
Los manifestantes contrastaron la realidad de los tribunales frente a las esferas de dirección interna, detallando que ciertos secretarios o empleados administrativos de la cúpula devengan salarios que superan con creces los de cualquier juez o jueza titular.
Asimismo, criticaron con severidad que mientras los juzgados operan con carencias básicas, las altas direcciones cuentan con presupuestos millonarios destinados a gastos de viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers.
Como ejemplo de este desvío de prioridades, revelaron la indignante inversión de cerca de 11 millones de pesos en la instalación de un árbol navideño institucional, catalogado por los servidores como una ofensa frente a las urgencias operativas del sistema.
Los magistrados aclararon que esta protesta surge tras años de haber agotado todos los canales institucionales formales, solicitudes y llamados al diálogo por parte de las asociaciones judiciales, los cuales fueron históricamente recibidos con «silencio, indiferencia, irrespeto y desdén institucional».
De igual forma, expresaron su enérgico rechazo a las respuestas que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) emitió el pasado 19 de mayo, calificándolas de «imprecisas, condicionadas e ineficaces».
Detallaron que la propuesta de indexación salarial quedó sujeta de forma incierta a la aprobación de un presupuesto complementario por parte del Ministerio de Hacienda, sin plazos ni parámetros claros de ejecución.
Las medidas de movilidad judicial se redujeron a una indefinida «hoja de ruta» sujeta a futuros procesos participativos, careciendo de acciones específicas inmediatas.
Se omitieron temas trascendentales como la eliminación de la ilegal suplencia horizontal, la desigualdad generada por el actual manual de salarios y la movilidad de la carrera administrativa.
El manifiesto concluye con una advertencia contundente por parte del cuerpo judicial, afirmando que este movimiento es solo el inicio de una lucha firme y que no se dejarán amedrentar ni desmayarán hasta recibir soluciones ejecutables y hechos concretos.
«Porque no puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana, no tienen dignidad propia», sentencia el enérgico cierre del documento.
Previo, a la lectura del manifiesto se entorno el himno nacional y el himno del Poder Judicial.