La comisión bicameral y la Finjus organizaron un taller en agosto pasado sobre los “Desafíos de la Ley de extinción de dominio en el país”. (FOTO: FUENTE EXTERNA)
En el salón de la asamblea nacional la comisión bicameral que está apoderada del estudio del proyecto de Ley sobre extinción de dominio hará este viernes vistas públicas para recibir observaciones de diversos sectores sobre esa pieza legislativa.
La actividad se desarrollará desde las 10:00 de la mañana y será transmitida en vivo por las redes sociales del Senado de la República, órgano que encabeza la presidencia de la comisión bicameral, representada por el senador Pedro Catrain.
El diputado perremeísta Elías Báez, vicepresidente de esa comisión, aseguró que, aunque existen muchos “miedos” de diversos sectores sobre las consecuencias que podría tener esa disposición legal, los comisionados incorporarán previsiones para evitar que pueda utilizarse para la persecución o retaliación política.
Reveló que el pasado miércoles terminaron de analizar el ley el proyecto de ley que consta de 101 artículos y este viernes realizarán las vistas públicas para posteriormente, concentrarse en aprobar o modificar esa pieza legislativa.
Además, dijo que tendrán que lograr consenso sobre los artículos más controversiales.
Informó que, aunque esa comisión está apoderada de dos proyectos de leyes, decidió leer el presentado por el senador Antonio Taveras y que, si existen algunos artículos que estén mejores redactados en la otra iniciativa presentada por Félix Bautista, Yván Lorenzo y José Manuel del Castillo Saviñón, los tomarían en cuenta.
También, dio a conocer que los comisionados han planteado la creación de un consejo que administre los bienes que serían incautados y que para “evitar retaliación, vamos a poner candados”, razón por la que aseguró que nada habría que temer por la aprobación de esa iniciativa legislativa.
Consideró como algo novedoso que permitiría la ley, de ser aprobada, que si una persona evade la justicia en materia penal y el acusado es extraditado puedan decomisarse sus bienes y además, que si una persona es descargada porque las pruebas que fueron usadas para su sometimiento a la justicia fueron ilegalmente recopiladas esa disposición legal, de aprobada, permitiría que sus bienes le fueran decomisados.
Como aspectos controversiales, además, de citar la retroactividad de la ley, mencionó que hay quienes rechazan que se produzca juicios paralelos, uno penal y otro de extinción de dominio.
“Esa ley, muchos sectores les tienen miedo… si a la persecución política vamos cuando se te quiere hacer daño se puede utilizar cualquier ley. Yo entiendo que el que no comete hechos ilícitos no tiene nada que temer, porque para eso están los jueces que son independientes”, expresó.
Precisó que la Constitución establece que cualquier funcionario que abuse de poder puede ser demandado de forma civil y condenado a pagar indemnización por ese delito.
“Además, nosotros estamos previendo poner en la ley que a un funcionario que actúe irresponsablemente, con fines de hacer daño político, pues haya una consecuencia, incluso penal, contra ese funcionario”, acotó.
Análisis legislativo
De acuerdo a un análisis de la Dirección Técnica de Revisión Legislativa, el proyecto de ley de Extinción de Dominio es de vital importancia pues se constituiría en un referente normativo en el país para implementar medidas eficaces, complementarias a las existentes, que permitan a las autoridades proceder sobre vienes que tengan relación directa o indirecta con actividades ilícitas.
Lo anterior se haría mediante un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso.
Señala que esa iniciativa constituiría una herramienta clave para incautar y hacer efectivo el decomiso de los bienes propiedad de personas que se presume son narcotraficantes, están ligadas al lavado de activos u otras actividades ilícitas.
El informe, rubricado por Weinel D. Féliz, director del Departamento Técnico de Revisión Legislativa, del pasado 4 de agosto, consigna que esa pieza tiene como sustento un documento auspiciado por la Oficina de Las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que define la Extinción de Dominio como una medida jurídica dirigida contra bienes de origen o destinación ilícita.
“La ley modelo sobre extinción de dominio es un instrumento jurídico que interesa cada vez más a Latinoamérica: Colombia, Ecuador, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Perú, Bolivia y Argentina, que adoptaron este mecanismo novedoso como respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se dirige solamente a la persecución y retorno de los bienes obtenidos de la actividad ilícita”, señala.
Santo Domingo, R.D.- La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles de la detención de 1,784 haitianos en situación migratoria irregular, mientras que otros 1,149 fueron deportados.
Las operaciones se realizaron en el Gran Santo Domingo, donde fueron detenidos 116 haitianos, 76 en Santiago, 42 en La Vega, 75 en Valverde, 153 en la Zona Este, 13 en Azua, 27 en Barahona, 62 en Puerto Plata, 213 en Dajabón, 128 en Elías Piña, 113 en Jimaní, 63 en Pedernales y 54 en Montecristi.
A estos se agregan 572 aprehendidos por el Ejército de República Dominicana, 59 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y 18 por la Policía Nacional.
Respecto a los haitianos deportados, 550 fueron devueltos a través de la puerta binacional de Dajabón, mientras que otros fueron desde Elías Piña (375), por Jimaní (161) y por Pedernales (63).
La República Dominicana deportó a 153,144 haitianos indocumentados en los primeros cinco meses de 2025, en medio de su ofensiva contra la inmigración irregular.
Santo Domingo, R.D.- En una acción combinada de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), continúan con los operativos de control y fiscalización a vehículos pesados que transitan sin autorización en zonas de Acceso Restringido (ZAR) del Distrito Nacional, en cumplimiento de la Ordenanza 14-2021 del Ayuntamiento.
Los operativos buscan hacer cumplir la normativa que establece restricciones al tránsito de vehículos de carga en áreas específicas del Gran Santo Domingo, con el objetivo de mejorar la movilidad, proteger la infraestructura urbana y reforzar la seguridad vial.
Estos controles se están realizando en puntos estratégicos del Distrito Nacional, incluyendo: Las Avenidas Luperón con carretera Sánchez, para evitar el ingreso de vehículos pesados al Distrito Nacional, John F. Kennedy antes de la Núñez de Cáceres, Padre Castellanos con Josefa Brea, Bolívar con José Contreras, próximo a la Máximo Gómez, calle México esquina Emilio Prud’ Homme.
El director de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, P.N., estuvo supervisando personalmente los operativos realizados en cada zona donde los agentes de la entidad y técnicos del INTRANT verifican que los camiones cuenten con los permisos correspondientes para circular en las ZAR, y que respeten los horarios y rutas autorizadas. Los vehículos que violan esta normativa están siendo retenidos y sancionados conforme a lo establecido por la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
La DIGESETT exhorta a los conductores y empresas transportistas a cumplir con los requerimientos legales y gestionar los permisos correspondientes ante el INTRANT, a fin de evitar sanciones y contribuir a un tránsito más seguro y ordenado.
Ambas instituciones reiteran su compromiso con la regulación del transporte de carga, la seguridad vial y la organización del tránsito en beneficio de todos los ciudadanos.
Santo Domingo, R.D.-En un operativo del Ministerio Público conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que contó con la colaboración internacional de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fueron ocupadas distintas evidencias documentales en un allanamiento practicado en una propiedad de Blanca Bautista Martínez (la Doña), vinculada a una red de narcotráfico internacional y lavado de activos.
En el allanamiento del inmueble ubicado en el Distrito Nacional los fiscales Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocuparon documentaciones vinculantes entre la acusada y la red, las cuales permiten robustecer los cargos en contra de los miembros de la organización criminal procesados en República Dominicana.
Bautista Martínez, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por narcotráfico en el Distrito Sur de la Florida, se entregó a las autoridades de Estados Unidos el pasado 27 de mayo.
La acusada, vinculada a una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos con ramificaciones en la provincia María Trinidad Sánchez, también tiene conexión con otros imputados, incluyendo a Omar Ortiz Mosquea, pendiente de audiencia preliminar.
El Ministerio Público indicó que al grupo criminal le fueron ocupados 243 paquetes de un polvo blanco, que resultaron ser cocaína clorhidratada, con un peso total de 250.58 kilogramos, durante un allanamiento a propiedades de la red, ejecutado en el municipio Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, el 20 de febrero de 2023.
Bautista Martínez ya había cumplido una condena de cinco años de prisión, con dos suspendidos, que le fue impuesta el 12 de diciembre de 2019, mediante la sentencia núm. 249-04-2019-SSEN-00221, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
La magistrada Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, y el fiscal investigador Luis Alberto García, explicaron a que las unidades del Ministerio Público continúan ampliando la investigación a los fines de identificar y procurar sanción penal contra todos los miembros de la referida estructura criminal en el proceso judicial que se lleva en su contra en tribunales del país.